En el estado donde el martes fue ejecutado el juez Uriel Villegas, al menos nueve funcionarios, exfuncionarios y políticos electos para cargos federales, estatales y municipales han sido asesinados en Colima durante la administración de Ignacio Peralta.
De acuerdo con un recuento realizado por La Razón, el primero de estos casos ocurrió el 6 de julio de 2016, cuando Jaime Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y hermano del exgobernador Gustavo Vázquez, fue asesinado en la Avenida De los Maestros.
El 9 de agosto de 2017, el director de la Comisión de Agua Potable de Manzanillo, Daniel Cortés, fue asesinado a unos metros del domicilio de sus padres, en la colonia Infonavit Brisas.
No habían pasado ni dos meses cuando la mañana del 20 de octubre de 2017 Crispín Gutiérrez, alcalde de Ixtlahuacán, fue asesinado a bordo de su vehículo.
En noviembre de ese mismo año, Christian Montero, exdirector operativo de Tránsito y Vialidad de Manzanillo, fue acribillado. En 2011 había sido detenido por nexos con delincuentes y en 2014 ya había sufrido un atentado.
El 20 de febrero de 2018, hombres armados arribaron a un predio en la periferia de Tecomán, y con armas de fuego ejecutaron al regidor Martín Cázares, quien aspiraba a ser diputado local.
Exactamente un mes después, el 20 de marzo, fiue ultimado Javier Álvarez, subdirector jurídico del Centro de Reinserción Social del estado, cerca de su domicilio.
La siguiente víctima fue Rosalío González, regidor electo por Morena para el Ayuntamiento de Armería, asesinado en una tienda de la que era dueño, el 2 de agosto de 2018.
También un exfuncionario de otro estado fue víctima de la violencia en el estado; Mario Álvarez, quien dos veces ocupó la presidencia municipal de Aquila, Michoacán, fue ejecutado en agosto de 2019 cuando circulaba en la colonia Burócratas de la capital de Colima.
Apenas el pasado 3 de junio, fue localizado en una fosa clandestina el cuerpo de la diputada local Anel Bueno, quien llevaba 34 días desaparecida, luego de ser presuntamente secuestrada cuando repartía despensas en Ixtlahuacán. La legisladora fue diputada suplente y secretaria particular de Crispín Gutiérrez.
Además, en el estado han sido asesinados 22 policías desde 2018, de acuerdo con la organización Causa en Común: siete en 2018, cuatro durante 2019 y en lo que va de 2020 suman 11.
Destacan los casos de Mayra Janeth Gálvez y Eliseo Victoriano, quienes eran directora y subdirector de la corporación municipal de Armería y fueron atacados a tiros en mayo de 2018.
Asimismo, alcanzaron relevancia mediática los siete policías localizados el 2 de junio pasado en la finca La Huerta, en los límites con Jalisco, a donde habían sido enviados para escoltar a empresarios; esto derivó en la renuncia del exsecretario de Seguridad, Enrique Sanmiguel.
El estado, que tiene la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de todo el país desde 2016, reporta tres mil 74 víctimas de asesinatos entre febrero de 2016 (mes en el que inició la administración de Peralta Sánchez) y abril de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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