Con la distancia de algunos días, ya sabemos que Estados Unidos hizo una solicitud de extradición de Ovidio Guzmán, y que lo sucedido en Culiacán sí se trató de un operativo para ejecutar dicha orden. Sin embargo, lo más interesante es lo que se sigue negando: amplias regiones de México son gobernadas por redes de macrocriminalidad.
Una red de macrocriminalidad se conforma por tres estructuras: empresariales, criminales y políticas. El hecho de que dentro de las redes de macrocriminalidad haya estructuras políticas supone una demanda explícita de impunidad. Los integrantes de la red de macrocriminalidad saben que pueden cometer cualquier delito (el que sea: homicidios, desapariciones, extorsiones, robos, el que sea) porque, en la medida que pertenecen a la misma red que las estructuras políticas, no pasará nada, habrá impunidad. En estos casos, los gobiernos no investigan porque distintas posiciones políticas pertenecen a esa red de macrocriminalidad. El caso del fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, recientemente sentenciado en EUA por sus lazos con los cárteles del narcotráfico es el ejemplo más claro, pero no el único.
En otras palabras, los sistemas de seguridad y justicia se encuentran capturados por las redes de macrocriminalidad. Esto hace que la impunidad sea más grave, no es sólo un problema de omisión, de falta de capacidades. Cuando los sistemas de seguridad o de justicia actúan, lo hacen para desviar las investigaciones, o para limitarlas, como sucedió con la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa, o con la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
El problema no comenzó en el año 2007, con el gobierno de Felipe Calderón. El inicio de la construcción de las redes de macrocriminalidad varía por región, por cártel, pero algunas de ellas pueden tener más de 50 años. Estas redes son herencia del viejo régimen. Son parte de las reglas autoritarias y gansteriles que nunca fueron ni discutidas ni modificadas en el proceso de transición a la democracia en México.
Este tipo de redes de macrocriminalidad no van a desaparecer con programas sociales para las y los jóvenes, tampoco con leyes de amnistía como la que en este momento se discute en el Congreso (menos aún con abrazos, con llamados a la paz, con amenazas de ser acusados con sus madres, ni con descalificaciones como “fuchi” o “guácala”). Pero tampoco van a desaparecer poniendo militares en las calles, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, modificando las escenas de esas ejecuciones, o practicando la tortura. Igual que la violencia, tienen su propia dinámica, sus propios incentivos y, especialmente, tienen muy fuertemente cimentados sus intereses y sus estructuras.
Un proceso que en un mediano o largo plazo desmantele ese tipo de redes de macrocriminalidad debe iniciar con la descaptura de los sistemas de justicia y de seguridad nacional y locales. Mientras participen políticos en las redes de macrocriminalidad, la impunidad seguirá siendo la regla. Sin sistemas de seguridad y justicia autónomos, no habrá investigaciones, ni sanciones, ni desmantelamiento de redes. Por ello, si la 4T de verdad quiere transformar algo, tiene que olvidarse del pacto de impunidad y comenzar a investigar a todos aquellos políticos de todos los partidos (incluyendo sus propias filas) que pertenecen a estas redes, y les han brindado apoyo e impunidad. Reconstruir el Estado desde dentro y, con él, construir una idea mínima de Estado de derecho.
Lamentablemente en México, la impunidad se ha convertido en una herramienta de construcción de la estabilidad política. Lo fue desde el viejo régimen, donde el presidente saliente sabía que no sería investigado por el entrante. Esto no cambió con la alternancia. En el 2000, en el 2006, en el 2012 y ahora se han reeditado estos pactos de impunidad. En el mejor de los casos, los políticos consideran que investigar a sus antecesores y a los actuales miembros de las redes puede desestabilizar al país; en el peor, forman parte de las redes.
La democracia a la mexicana se conforma por cinco procesos: negación, simulación, corrupción, impunidad y clientelismo[i]. Como parte de la negación, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007 se ha negado que amplias regiones de México son gobernadas por redes de macrocriminalidad y que, en sus filas, participan políticos de diversos partidos. Después del culiacanazo, ¿será que la 4T lo va a seguir negando?
[i] Para un mayor desarrollo de este punto es útil: https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/impunidad-mexico-tres-actos/
Fuente.-@LDVazquezV
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