En el mismísimo pleno del «Cártel de la Toga», donde se supone que los capos del derecho reparten el pastel constitucional con elegancia procesal, se armó un mitote de vecindad que dejó al descubierto el más puro estilo de la justicia morena,tan legitima que fue elegida tan solo por el 13% de participación ciudadana y por la via del acordeón.
Aquí no hubo fino litigio ni técnica jurisprudencial: lo que presenciamos fue un vulgar encontronazo de plaza entre la ministra del pueblo y la presidencia de la Corte. Un auténtico «topon verbal» donde los egos pesaron más que el Código y la investidura terminó arrastrada como botín de asalto.
—«No veo el plazo en estos artículos, pero el plazo que estamos proponiendo es de tres meses… si quieren lo confirmamos para que yo lo ponga expreso y el ministro no interprete algo distinto» —soltó la comadre, marcando territorio con la sutileza de un pistolero sin seguro.
—«Ministro, no es una interpretación, presidente» —reviraron desde la cabecera del cártel, frenando en seco el viaje.
Y ahí reventó el tiroteo reglamentario:
—«Perdón, discúlpeme… estaba terminando la frase, es que yo la tenía primero». —«A ver, entonces permítame». —«Si me permite». —«Sí, permítame tantito». —«Si quiere darme la palabra el día que usted guste…» —escupió con un sarcasmo digno de quien cobra piso en audiencia pública.
La presidencia, sintiendo que le brincaban las trancas en su propio búnker, buscó la salida táctica metiendo a un tercero al fuego cruzado: pedirle la venia a otro ministro para ver si así calmaban los ánimos de la doña. Pero el descaro ya estaba consumado.
El remate fue una puñalada con guante blanco, digna de un capo que ve venir la sucesión del mando:«Por alguna razón parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña. A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo».
De «puerco completo»: ni decoro republicano, ni respeto a la liturgia jurídica. Dos correligionarios disputándose el micrófono como si fuera la esquina de un tianguis judicial, recordándole a todo el país que, detrás del armiño y las solemnidades procesales, la impartición de justicia a veces se opera con el rigor de un pleito de cantina.
El descaro del Cártel del Golfo bajo la batuta de los hermanos Morfín Morfín ha cruzado esa delgada línea entre la bravata criminal y el suicidio geopolítico en Tamaulipas donde han sido solapados por su socios en el gobierno.
Tras el episodio donde gatilleros de la facción de Los Metros abrieron fuego hacia territorio estadounidense retando a patrullas federales, la cúpula que encabezan César Morfín Morfín, alias “El Primito” y su hermano Álvaro Noé Morfín Morfín, alias “El R8”, parece decidida a acelerar su propia sentencia.
El delirio quedó plasmado en un mensaje manuscrito dirigido a toda la estructura operativa criminal de la frontera: «Metal, Cromo, Los Ángeles, Rancherías, El Cadillo, San Pancho, Bala, Dorado y toda la orilla del río Bravo». Estas son las denominaciones que el Cártel del Golfo utiliza para referirse a las poblaciones del corredor fronterizo bajo su control territorial, que comienza en Reynosa e incluye la frontera chica, desde Díaz Ordaz hasta Miguel Alemán en Tamaulipas.
En un pedazo de cartulina trascendida a las redes, la orden de la jefatura es directa y suicida: responder al fuego de las autoridades estadounidenses con el argumento simplón de que «el voludo no está blindado, también pegan las balas», sentenciando que “no se dejen de ningún gringo, sean bordes, marchas [marshals] o lo que sea”.
Mandar a la tropa a «tragar lumbre» contra agencias y aeronaves de EE.UU desde territorio ribereño,asi sea impune, no es valentía operativa; es la desesperación de capos que operan desde la distancia mientras empujan a su carne de cañón a provocar una respuesta militar binacional.
A esta temeridad armada, que ya no sorprende si atendemos a otros retos y desafíos de los mismos criminales, se suma el teatro de su «base social» por encargo.
En la misma zona de Camargo que presume controlar el “R8”, la farsa quedó al descubierto tras el aseguramiento de un vehículo por parte de la Guardia Estatal en Guardados de Abajo. En la cajuela no solo hallaron fusiles, chalecos tácticos y cargadores; también aseguraron paquetes de cartulinas fosforescentes prediseñadas y sobres con dinero, el kit completo para montar manifestaciones exprés de «ciudadanos indignados» exigiendo la salida de las fuerzas de seguridad pública.
Es el libreto clásico del narco: usar a civiles pagados como escudo humano para bloquear operativos legales, mientras por radio azuzan a dispararle al vecino del norte.
Todo esto ocurre mientras el Departamento del Tesoro de EE. UU. y agencias federales mantienen a la dinastía Morfín Morfín —incluidos César, Álvaro Noé y Remigio— catalogada formalmente bajo designaciones de narcoterrorismo.
Que dice EE.UU de la dinastia narcoterrorista:
«Alvaro Noe Morfin Morfin, Primito’s older brother, is also involved in narcotics trafficking. He played a leadership role within their Cartel del Golfo faction and helped to forge its alliance with CJNG. In 2021, he and Primito were included in a list of 10 Most Wanted criminals threatening peace and development in Texas and Tamaulipas jointly published by U.S. Customs and Border Protection and the Government of Mexico. Recently, Alvaro Noe Morfin Morfin has shifted to dealing primarily in stolen crude alongside Primito.
Primito’s younger brother Remigio Morfin Morfin operates in Hidalgo, Mexico. He oversees plaza bosses and reports directly to Primito. In addition to narcotics trafficking, Remigio Morfin Morfin has also been involved in the theft of crude oil alongside his brothers. He supplies Primito with stolen crude from Hidalgo, Mexico.
OFAC designated Alvaro Noe Morfin Morfin and Remigio Morfin Morfin pursuant to E.O. 14059 for having engaged in, or attempted to engage in, activities or transactions that have materially contributed to, or pose a significant risk of materially contributing to, the international proliferation of illicit drugs or their means of production.»…U.S Treasury/
Creer que se puede tirotear impunemente a agentes federales estadounidenses a través de la frontera y apagar el fuego con protestas compradas en cartulina neón no es solo un exceso de arrogancia: es comprar todos los boletos para que la respuesta de ambos lados de la frontera caiga con todo su peso.
Cuando la clase política necesita silenciar el eco de sus escandalos, borrar incómodas investigaciones digitales o blindarse contra el escarnio público, nunca recurre al argumento honesto de “no publiquen eso porque me arruina la carrera”. En su lugar, desempolva el comodín infalible del manual autoritario: la sacrosanta e incuestionable “protección al interés superior de la niñez”.
Comisiones del Congreso de Tamaulipas avalaron una iniciativa para obligar a las plataformas digitales a verificar la identidad y edad de sus usuarios antes de activar cuentas. La propuesta, promovida por el diputado Francisco Cruz Martínez y respaldada por la diputada Eva Araceli Reyes, busca reformar tres leyes federales con el argumento de frenar perfiles falsos, suplantaciones de identidad y proteger a menores de edad en el entorno digital.
Es la coreografía predilecta del poder en todos sus niveles, desde las tribunas federales hasta los Congresos locales. Funciona con precisión quirúrgica: un ciudadano,un medio o una cuenta denuncia nexos criminales, corruptelas o liberaciones sospechosas; acto seguido, el político en turno acude a los tribunales o a las comisiones alegando que ventilar la verdad “vulnera los derechos de los menores de la familia”.
Así, por arte de magia jurídica, investigar el parentesco entre curules y cárteles pasa de ser ejercicio de libertad ciudadana o ejercicio periodístico a “violencia digital infantil”.
El trasfondo no resiste el menor análisis de decoro. Mientras en el discurso oficial se ondea la bandera de la pureza institucional, en los hechos los lazos familiares cruzan alegremente la frontera de la narcopolítica: consuegros con apodos de capo de la vieja guardia, yernos detenidos por fuerzas armadas que se evaporan misteriosamente del Registro Nacional de Detenciones convertidos en “anécdota”, y diputadas que presiden comisiones legislativas mientras en la mesa del domingo se comparte el pan con el crimen organizado.
Lo que realmente incomoda no es la presunta exposición de menores, sino la caída libre del perfil impoluto que el régimen intenta vender. Les aterra que la ciudadanía documente cómo la justicia tiene miopía selectiva: inflexible con el ciudadano común, pero con una puerta giratoria aceitada para quien lleve el apellido correcto o el parentesco adecuado.
Disfrazar la censura de tutela a la infancia es, en el fondo, la confesión de una bancarrota moral: usar a los niños como escudo humano legal para evitar que el país mire el retrato completo de una élite donde ya no se distingue dónde termina la bancada y dónde empieza el cártel.
Nadie sabe exactamente dónde está Guadalupe Taddei. Dicen que la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral está escondida en Arizona. Y que su proveedor queridísimo, José Alfredo Hernández Casillas, ya disfruta de unos buenos bifes en Buenos Aires.
A pesar de ser tan clara y tan abundante la evidencia de los ilícitos perpetrados para saquearle miles de millones al supremo órgano electoral de México, los dos personajes andan libres, si acaso apenas con algunas cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lo que debería ser perseguido de oficio, aquí pasó de noche.
Ah, pero que no hubieran sido opositores o denunciantes como Ernesto Ruffo o los Almirantes Fernando y Manuel Farías Laguna, porque antes de que cantara un gallo la ex titular del INE y su proveedor ya estarían detrás de las rejas haciendo a un lado el debido proceso. A Guadalupe Taddei y a quien le preparaba su sopita de fideo -de las que tanto le gustan a ella- ni tocarlos con el pétalo de un citatorio de la Fiscalía General de la República. Para ellos, pasaporte libre, para que puedan irse a esconder a donde mejor les acomode y evadan la acción de la justicia. Y no es para menos.
Guadalupe Taddei tiene todo para esquivar a la Ley. A pesar de tantos videos, sin importar las confesiones a cámara del reparto de los “moches” millonarios, la ex directora del INE tiene suficiente información comprometedora -o incluso la puede fabricar- para ponerle un hasta aquí a Morena y que le acaben por aceptar que todo aquello es “una persecución política”.
Porque a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en que Guadalupe Taddei debe pagar las consecuencias de sus desfalcos -al igual que su amigo proveedor de quién sabe qué tantas cosas- lo cierto es que ese criterio presidencial no parece compartirlo la Fiscalía General de la Nación.
Bajo cualquier otra fiscalización, la ex presidenta del INE debería estar citada -de oficio- a rendir las malas cuentas que le entregó a los mexicanos con dineros del Erario Federal. No fueron decenas de millones, ni cientos de millones, sino miles de millones. Tanto que no tiene empacho en discutir el tamaño de esos “moches” en la cámara del teléfono de su proveedor, José Alfredo Hernández Casillas.
¿Y por qué Guadalupe Taddei puede actuar con ese blindaje de seguridad de que nada le pasará? Sencillamente, porque ella tiene las llaves de los secretos más turbios de la Cuarta Transformación. Y son tres esos secretos que le crean un halo de intocable.
Uno, la ex directora del INE fue elegida para asumir su cargo el 31 de marzo de 2023, 15 meses antes de la elección presidencial en la que fue electa la morenista Claudia Sheinbaum. Guadalupe Taddei conoce al pie de la letra todo lo que se operó aquella noche del 2 de junio de 2024. Para bien y para mal.
Dos, a ella le correspondió validar todos los procedimientos -traiciones incluidas- dentro de los nuevos integrantes del Poder Legislativo para darle forma y legalidad a la llamada “mayoría calificada” con la que Morena se adueñó de las dos cámaras legislativas y puede hoy proponer y aprobar cualquier enmienda constitucional. La Oposición es un cero a la izquierda.
Y tres, Guadalupe Taddei también es quien fue omisa frente a la maloliente elección del llamado Poder Judicial, en la que no sólo se postularon personajes impresentables, abogados muy cuestionados, defensores de capos, sino que se validó el método del “acordeón” para garantizar que los “electores” morenistas no se equivocaran y llevaran una guía en mano que les dijera por quién votar y garantizar que el Partido en el Poder acabara como dueño de lo que debería ser el poder del equilibrio, el de la última opción para buscar justicia.
Sea cierto o sea falso, Guadalupe Taddei amenaza con hablar y denunciar lo que sabe si no la cuidan, si no la protegen. O, al menos, si no la dejan como prófuga en cualquier país en el que no exista extradición.
Nada diferente a lo que sucedió con el huachicolero presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien amenazó con denunciar los repartos del dinero ilícito de contrabando de combustibles entre los candidatos de Morena, en 2021 y 2024, si no lo cuidaban, si no lo protegían. Y fue así -mediante el chantaje- que lo encumbraron para ser -sin mérito alguno- Secretario de Educación.
Hoy la pregunta que está en boca de todos los mexicanos con sentido común es ¿por qué frente a tanta evidencia no se tomaron las llamadas “medidas cautelares” para retener en territorio mexicano a Guadalupe Taddei y a su cómplice José Alfredo Hernández Casillas, para evitar decir -como se dice hoy- “no sabemos en dónde están”?
Y para colmo, buscando inútilmente bajarle presión política a la culpa de Morena por la insaculación de Guadalupe Taddei, ahora resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere fabricar en el anterior presidente del INE, Lorenzo Córdova, al culpable de que una mujer corrupta se les colara en el proceso del sorteo.
Tan evidente es el desvío de la atención, que sólo baste ver lo que en su momento declaró el verdadero “padrino” de Guadalupe Taddei -Andrés Manuel López Obrador- quien era el presidente en funciones cuando fue electa presidenta del INE.
O las reiteradas declaraciones elogiosas de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la hoy “con paradero desconocido” ex presidenta del INE.
El lado trágico de este cuento de corrupción es que -si fuera necesario- México no tendría cara para solicitar la extradición de Guadalupe Taddei después de que el gobierno de la Cuarta Transformación rechazó la petición de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ¿O podría hacerse un canje?
Por eso, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Quién dejó ir a Guadalupe Taddei? ¿Está huida en Palominas, Arizona? ¿Va a volver por su propio pie? ¿La van a regresar? ¿O tal vez sabe tanto, que es mejor que se quede allá? Pronto lo sabremos.
Bienvenidos al tradicional festival matutino de la gimnasia matemática en Palacio Nacional, donde las curvas epidemiológicas del crimen siempre encuentran la manera de verse «históricas», siempre y cuando no mires lo que pasó antier.
En el episodio de octubre: los muertos y los atracos volvieron a subir, pero la vocería oficial te pide una fanfarria porque, si te fijas bien en el telescopio y comparas con el peor día de hace dos años, ¡vamos ganando por goleada!
Los fríos datos dicen que el país lleva dos meses seguidos calentándose: los homicidios pasaron de 40.8 diarios en agosto a 42.2 en septiembre y a 43.4 en octubre (un brinco acumulado del 6% que a nadie en la calle le hace gracia).
¿Los delitos de alto impacto? De 394.5 a casi 410 diarios. ¿El robo de coche con violencia? Subió un alegre 7.6% en apenas treinta días. Es decir: si sales a la calle hoy, tienes más probabilidad de que te quiten la camioneta a punta de pistola que hace un par de meses.
Pero llegó Marcela Figueroa con el proyector encendido para aplicar la vieja confiable: «No vean la lumbre de hoy, admiren el incendio que apagamos antier».
Anatomía de la propaganda: ¿Dónde está el truco?
Para transformar un mes malo en un comunicado de victoria se aplicaron tres recetas clásicas del manual de relaciones públicas gubernamentales:
La técnica de la seleccion conveniente con esteroides (Línea base inflada):
El relato oficial:«¡Los homicidios cayeron 50%!»
La trampa: Comparan octubre de 2026 contra septiembre de 2024 (86.9 diarios), exactamente el mes de salida de López Obrador y uno de los picos históricos de mayor violencia registrada. Al tomar como punto de partida el fondo del abismo, cualquier número posterior parecerá un milagro sueco
La falacia de la foto fija vs. la película en movimiento:
El relato oficial:«Es el octubre más bajo desde 2015».
La trampa: Ocultar la tendencia inmediata. Si tu paciente tenía 40°C de fiebre hace dos años, bajó a 37°C y hoy va por 39°C en ascenso por segundo mes consecutivo, el médico propagandista festeja que no está en 40°C, mientras el paciente vuelve a convulsionar. El repunte bimestral del 6% en homicidios dolosos y el rebote en robo con violencia se entierran debajo de un promedio anual.
La piñata de los promedios desiguales:
El relato oficial:«Las 32 entidades federativas redujeron su promedio diario».
La trampa: Meter en la misma licuadora a San Luis Potosí (-77%) o Nayarit (-71.8%) con estados donde la violencia apenas pestañeó, como Tlaxcala (-7.8%) u Oaxaca (-6.4%).
Al promediar casos de éxito atípicos con entidades estancadas o en guerra soterrada, el tablero nacional parece homogéneamente pacificado, diluyendo el fracaso regional en una cifra agregada amable para el boletín.
Los propios autores del informe del Colegio de México y del Instituto Nacional de Salud Pública se preocupan por si el título Salud quebrada suena «muy fuerte». Tienen razón: peca de tímido. Llamarle «quebrado» a un sistema donde el Estado invierte un miserable 2,8% del PIB —mientras la OMS sugiere el 6% y vecinos como Argentina o Colombia superan con creces el 5%— es casi un cumplido burocrático. En México no hay un sistema roto; hay un simulacro institucional sostenido con cinta de aislar, donde enfermarse califica como delito financiero grave.
Las cuentas de la caridad pública retratan la farsa sin piedad: el Gobierno destina unos 5,600 pesos al año para atender la salud de un ciudadano sin seguridad social. Como referencia moral de prioridades presupuestarias, ese mismo Estado pagaba más de 6,600 pesos al día a una empresa privada por cada reclusa en el Cefereso 16. La aritmética oficial concluye que para el erario sale más barato que te de un infarto en la banqueta a que cometas un delito federal.
El catálogo del desamparo acumula hitos escalofriantes:
Infraestructura de museo: Tres miserables resonadores y dos equipos de radioterapia por cada millón de habitantes. Para tocar una cama de hospital (1,1 por cada mil personas, un cuarto de la media OCDE) el protocolo exige ganar la batalla campal de aguardar días enteros en una silla de plástico o directamente en el piso de urgencias.
Mártires en bata: Tres de cada cuatro médicos y dos de cada tres enfermeras subsisten en la precarización absoluta, con jornadas extenuantes y sueldos de hambre. Tras enviarlos a poner el pecho sin cubrebocas contra el COVID-19, la recompensa nacional ha sido normalizar su asfixia laboral. La indignación llegó al punto en que los trabajadores del IMSS deben abandonar los quirófanos para tomar las calles porque el colapso ya no cabe en las salas de espera.
El costo de la improvisación: El desmantelamiento caprichoso del Seguro Popular para parir el fallido Insabi —sepultado a los 40 meses sin autopsia pública— para luego improvisar un IMSS-Bienestar sobrecargado, provocó un retroceso de tres décadas en muerte materna.
En los municipios más vulnerables, los desprotegidos pasaron del 6% al 62%. Un logro impecable de la retórica del «primero los pobres»: dejarlos sin aspirinas, sin camas y catapultar a seis millones de familias a la bancarrota por comprar medicinas de su bolsillo.
Muerte por trámite: Las muertes evitables triplican la media de la OCDE. El cáncer de mama ya no es solo una enfermedad celular, sino un filtro socioeconómico: si no tienes cuenta bancaria para pagar diagnósticos privados, la estadística decreta tu suerte.
Frente a la carnicería de datos, la reacción institucional roza la comedia burocrática: el INSP apresurándose a lanzar un comunicado para lavarse las manos y aclarar que el informe «no representa su postura oficial», mientras el Ejecutivo promete una enésima refundación con el «Sistema Universal de Salud» para 2027 sumándole una limosna del 0,1% del PIB.
Pretenden fusionar un cascarón vacío con dos instituciones al borde del colapso y resolver con credenciales de plástico lo que se niegan a fondear con presupuesto real. No hace falta adornarlo: el ciudadano promedio ya memorizó la única receta garantizada que expide el Estado: prohibido enfermarse.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció ayer desde sus redes sociales la vinculación a proceso de Axel “N” y Daniel “N”, detenidos en Matamoros, Tamaulipas, en posesión de armas de fuego y droga.
De acuerdo con el reporte oficial, el hijo de Alfredo Cardenas,alias El Contador, capo del Cartel del Golfo de Matamoros y su escolta, se les imputó por su probable participación en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El contraste entre la formalidad del Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la percepción pública en zonas de alta violencia suele ser abismal.
En el papel oficial, la imagen no deja lugar a dudas: una barra negra sobre los ojos para proteger la identidad, el apellido reducido a su pertenencia a la extensiva familias «N» y la solemne leyenda que dicta que al individuo se le presume inocente hasta que un juez determine lo contrario.
Para el aparato judicial, se trata de un ciudadano cualquiera que simplemente coincidió en tiempo y espacio con un cargamento de armas y sustancias ilícitas, amparado por las garantías del debido proceso,que ademas podria ser encausado penalmente por delincuencia organizada.
En el Matamoros real, sin embargo, la ficción jurídica choca de frente con la memoria colectiva. Mientras los comunicados institucionales se apegan a la prudencia técnica de la «posible participación», las calles ya tienen su propio juicio sumario basado en el historial de desveladas con escoltas, caravanas blindadas, violaciones en antros, tableteos de madrugada y la conocida genealogía criminal ligada a los vástagos del clan Cardenas.
La barra en los ojos y la «N» intentan borrar un rostro de quien ya escapo por la puerta del frente del penal federal en su primera captura y que la población local lo ubica no por fichas del ministerio público, sino por el eco de las detonaciones y la zozobra cotidiana de saber exactamente de quién se trata.
El boletín pretende presentarlo como una incógnita procesal, pese a que su captura detonó seis muertes, entre ellas la de una niña acribillada por el gobierno de Américo Villarreal. Las pesquisas sobre su muertes siguen empantanadas por los mismos responsables.
Para las leyes y los códigos de procedimiento, el asunto se resolverá en audiencias, expedientes y alegatos de manual con los mejores abogados del inculpado que pronto estara en libertad; para la genética del noreste, el diagnóstico ya estaba sellado desde el cariotipo.
No hay prueba pericial que compita con las leyes de Mendel cuando se aplican a la plaza: lo que se hereda no se hurta, se calibra.
El árbol genealógico del sujeto no arroja ramas, sino calibres gruesos. Su fenotipo de blindajes, amanecidas bélicas y desparpajo con charola de impunidad no es más que la expresión natural de una cadena de ADN mutada en los laboratorios del cinismo institucional.
Un linaje moldeado por el progenitor, un ilustre espécimen que ha convertido con ayuda de MORENA y el sistema judicial en puerta giratoria y se graduó con honores como triple escapista, saliendo siempre por la aduana principal con alfombra roja y complicidad burocrática.
Con esa carga cromosómica, el retoño estaba biológicamente programado para la descomposición. No había margen para que los alelos derivaran en un oficinista o un ciudadano común; la selección natural del cartel dictaba que la cría emulara al semental de la impunidad.
Así que, mientras los jueces revisan la carpeta y se apegan al sacrosanto principio de la inocencia formal, la biología criminalística de Matamoros ya cerró el caso: no es coincidencia procesal, es simple y llana herencia de cepa brava apapachada por el Estado moreno-criminal en Tamaulipas,corresponsable de las muertes de inocentes.
