LOS «ZETAS TAMBIÉN BOTAN: MORENOS y sus PADRINOS PELEAN por CANDIDATURA de NUEVO LAREDO BAJO la SOMBRA del VETO ARMADO»… catedrática nos explicó, cuando hablaba del CDV, por qué «no se puede gobernar sin elloZ».

En Nuevo Laredo, la “defensa de la transformación” amenaza con convertirse en una pelea por la administración de las bendicioneZ: la del gobernador que tenia de asesor al abogado de Zetas del Cartel del Noreste , la de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas y una tercera que nadie debería normalizar ni esconder debajo de la propaganda: la capacidad del crimen organizado para intimidar a quienes participan en política. Porque una cosa es competir por los votos y otra hacerlo donde existen antecedentes de amenazascumplidas para decidir a quién se permite hacer campaña y que terminaron en «arreglo o medio arreglado».

Carlos Germán de Anda Hernández ya dejó la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para buscar la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, antesala de las definiciones electorales de 2027 y ya sabe que no es el candidato del gobernador.

Su renuncia, efectiva el 9 de octubre, llegó acompañada de una declaración que ahorra cualquier examen de filiación: “Soy y seré por siempre, orgullosamente Canturrosista”. No salió del Ayuntamiento rompiendo con Carmen Lilia Canturosas; salió llevando su camiseta debajo del saco. 

En la otra esquina aparece Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía del gobierno de Américo Villarreal que no solo es favorecida por estese familia goza de la simpatía del ex-presidente Andres Manuel Lopez «hablador». 

Esa lectura retrata una disputa entre padrinazgos y deja servida la ironía: tanta invocación al pueblo para acabar mirando quién levanta el dedo desde el despacho correcto. 

La sedicente defensa de la transformación puede presumir nombre largo, solemnidad patriótica y vocación de asamblea. Lo que no debería hacer es confundir una competencia interna con una ceremonia para descubrir cuál de los grupos políticos consiguió primero la bendición superior.

Pero reducir Nuevo Laredo al jaloneo entre el Palacio estatal y el Ayuntamiento sería contar la película quitándole al personaje que mete miedo.

El actor que no necesita registrarse

El título habla de Los Zetas; la precisión importa: el Cártel del Noreste, heredero de aquella organización, mantiene su influencia en esta frontera y tiene en Nuevo Laredo un bastión histórico. No es una metáfora inventada para condimentar la columna: es una estructura criminal cuyo poder territorial ha sido documentado por insightcrime y la realidad tamaulipeco que habla de la pudrición del gobernador Américo Villarreal,ya convertida en causa probable del otro lado del Río.

Y el antecedente electoral tampoco es imaginario. En mayo de 2024, Elefante Blanco informó sobre amenazas y privaciones de la libertad contra operadores, líderes de sectores y funcionarios vinculados con Morena, atribuidas a integrantes del Cártel del Noreste. 

Los muy atrevidos,entonces de color azulceleste en la camiseta de partido, fueron sanguinarios e incluso le mataron al compadre a la alcaldesa.

De acuerdo con la información de los plagios perpetrados por Zetas,que incluyeron «levanton» al ahora candidato de Carmen Lilia, los captores advirtieron que apoyar las candidaturas de la coalición “Sigamos haciendo historia” tendría consecuencias físicas. 

La propia Carmen Lilia denunció entonces el retiro forzado de espectaculares, vallas y publicidad móvil de su campaña. 

Eso obliga a plantear la pregunta incómoda sin convertirla en acusación gratuita: ¿ a quien va favorecer el crimen organizado ,a quien va obstaculizar o que condiciones va imponer en esta próxima contienda?

No hay, por lo pronto, evidencia que permita adjudicar al cártel un respaldo claro a Ninfa Cantú Deándar, cuya familia es propietaria del periódico El Mañana, que acumula ataques perpetrados por Zetas, algunos de ellos ligados a la autoridad municipal.

• Ataque de 2006: Un grupo armado ingresó a la redacción del diario, disparó contra las instalaciones y lanzó una granada; un periodista resultó herido y quedó paralítico.
• Ataques de 2012: El 11 de mayo de 2012, hombres armados dispararon y detonaron un explosivo en el exterior del edificio. El 10 de junio de 2012, el diario sufrió otro atentado con granadas que dejó daños materiales. Tras estas amenazas por la cobertura de disputas entre cárteles, el periódico anunció públicamente que se abstendría de publicar información sobre enfrentamientos violentos entre grupos delictivos. 
• Incidente de 2017: Integrantes de la delincuencia organizada (vinculados al Cártel del Noreste o Zetas de la vieja escuela) agredieron a distribuidores del periódico e incendiaron una unidad repartidora después de que la dirección editorial se negó a publicar cierta información, lo que obligó a suspender la circulación temporalmente.

Carlos de Anda tampoco ha sido ajeno al amago zeta que presume acuerdos para llevar la fiesta en paz. En la elección anterior, de la que fue parte activa como operador político, no solo hubo denuncias de coerción contra la campaña de quien hoy gobierna el municipio: él fue parte de los amagos que ahora podrían darle ventaja por el acercamiento posterior.

Una encuesta no detiene una amenaza

Ahí está el verdadero problema. Morena podrá discutir quién resulta más competitivo, quién tiene mejores relaciones o quién llega mejor acomodado a la coordinación. Pero ninguna encuesta partidista resuelve por sí sola la pregunta de quién garantiza que los ciudadanos, los aspirantes y sus equipos puedan participar de esa intimidación que se repite en gubernaturas.

Y que, muy atinadamente, aborda la catedrática Guadalupe Correa-Cabrera, quien nos dice por qué en esta entidad nadie puede ocupar un cargo público sin el permiso del cártel.

Entonces la diferencia es elemental: el respaldo político se disputa; el veto criminal se combate. Mezclarlos como si fueran ingredientes normales de la cocina electoral sería concederle al miedo una silla en la mesa.

Por eso, la interrogante no debería quedarse en “¿a quién apoyarán los Zetas?”, como si se tratara de otro sector al que hay que convencer (…y si). También hay que preguntar quién impedirá que una estructura criminal vuelva a amenazar operadores, retirar propaganda o castigar preferencias políticas, como se denunció en 2024. 

Los Zetas también Botan: es mas que un juego de palabras que funciona porque la amenaza no consiste en que depositen una boleta, sino en que pretendan sacar de la competencia a quienes les estorben. 

«Nuevo Laredo no necesita una transformación que cambie de padrino mientras conserva el miedo. Necesita que la sucesión se decida con votos, no con permisos; con ciudadanos, no con amenazas; y que la única derrota admisible sea la de las urnas, no la que alguien dicte apuntando contra la campaña en medio de una paz mafiosa conseguida por la complicidad e inacción del gobierno putrefacto de Américo Villarreal.

Con información: NOROESTE/ CPJ/

«¿GARANTIZA HARFUCH?: ESTRATEGA que TIENE SINALOA SINALIVIO PROMETE MAQUETA de NUEVO PENAL que NO TAPA el FRACASO»… 5 episodios con 22 muertos entre 4 mil más.

El estratega de la seguridad federal que tiene a Sinaloa SINALIVIO, Omar García Harfuch, tiene una respuesta para la violencia penitenciaria: construir otro penal. Moderno, seguro y con infraestructura, promete el anuncio en redes. El problema es que, mientras el Gobierno presume los atributos de una cárcel que todavía no existe, no ha conseguido garantizar la seguridad dentro de las que ya funcionan. La oferta de futuro llega justo cuando el presente exige explicaciones.

El saldo publicado por REFORMA es brutal: al menos 22 personas muertas en cinco episodios de violencia entre mayo y octubre en los penales de Aguaruto, en Culiacán, y El Castillo, en Mazatlán. 

Entre las víctimas, un niño de dos años que estaba de visita familiar. No estaba purgando una condena ni participando en una disputa criminal. Había entrado a un lugar bajo custodia del Estado.

Frente a ese muerterío, anunciar una obra permite cambiar de conversación: de los muertos a los terrenos; de las responsabilidades a la infraestructura; del control que no se ha conseguido al control que ahora se promete construir.

Pero la seguridad no se inaugura con un corte de listón.

La prueba del fracaso está dentro

El argumento más demoledor contra el anuncio como respuesta inmediata no requiere adivinar el futuro. Está en la secuencia de El Castillo: el 8 de octubre murieron nueve internos y el niño de dos años; hubo, además, 16 reclusos lesionados. Las autoridades intervinieron. A menos de 24 horas, otros dos internos fueron asesinados en el mismo penal.

Ese segundo episodio revienta la comodidad del discurso oficial. No basta con desplegar uniformados y anunciar que las instalaciones están “reforzadas”: hay que demostrar que ese despliegue impide otra matanza. Harfuch informa de la presencia de la Guardia Nacional y de personal federal penitenciario en Mazatlán, pero presencia y control no son sinónimos.

Made with Flourish • Create a chart

Si después de la primera matanza hubo otra, la pregunta no es cuántos elementos llegaron para la fotografía institucional. La pregunta es qué pudieron controlar, qué siguió fuera de su alcance y por qué.

El problema no cabe en una maqueta

Una cárcel nueva puede formar parte de una respuesta. Lo que no puede hacer es sustituirla. El propio anuncio plantea que la infraestructura contribuirá a fortalecer el control penitenciario y reducir la violencia; no explica, sin embargo, cómo se corregirán las fallas que permitieron los enfrentamientos dentro de los centros actuales.

Ahí está el hueco que la retórica de “moderno y seguro” pretende rellenar con adjetivos. ¿Cómo se explica la presencia de armas de fuego? ¿Qué falló en los controles? ¿Quién tenía la responsabilidad de proteger a los visitantes? ¿Por qué la intervención posterior al primer episodio no evitó el segundo? ¿Qué responsabilidades se investigan y con qué resultados? en medio de un diagnóstico penitenciario que exhibe las respuestas y apunta al gobierno que no gobierna ni los encerrados.

Son preguntas sobre mando, vigilancia, investigación y rendición de cuentas. No sobre metros cuadrados.

Sin respuestas, el nuevo penal corre el riesgo de convertirse en la misma crisis con domicilio distinto: paredes nuevas para problemas que nadie ha explicado cómo va a resolver.

Gobernar no es anunciar la siguiente obra

Harfuch agradece la disposición de la gobernadora para aportar los terrenos y atribuye el proyecto a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. El anuncio identifica quién ordena, quién financia y quién pone el suelo. Lo que no ofrece es una explicación del desastre que vuelve urgente esa promesa.

Y ése es el punto: después de 22 muertes, la obligación inmediata no es vender una futura instalación como emblema de eficacia. Es mantener la gobernanza dentro del penal y esclarecer lo ocurrido estableciendo responsabilidades.

Un niño muerto durante una visita familiar no puede quedar reducido al antecedente incómodo de un anuncio de obra.

Sinaloa no necesita que le dibujen una cárcel donde, ahora sí, todo estará bajo control. Necesita que el Gobierno explique por qué no pudo impedir estas matanzas y demuestre qué ha cambiado para evitar la siguiente.

Porque combatir la violencia no es encontrarle otro edificio. Y administrar la tragedia con promesas de construcción no equivale a recuperar el control.

Con información: REFORMA/ ELNORTE/

EL “CALENDARIO de la MUERTE: SI se MANTIENE la MATAZÓN DIARIA de CADA DÍA, SHEINBAUM podría TERMINAR el SEXENIO con 140 MIL CADÁVERES”… y así sumaría con AMLO más de 340 mil.

Si se mantienen los 63 homicidios diarios que muestra el gráfico de la Guerra en Numeros de TResearch, el sexenio de Claudia Sheinbaum terminaría con aproximadamente 138,282 víctimas: las 46,743 ya contabilizadas más otras 91,539 durante los 1,453 días restantes. No es una predicción inevitable: es una proyección aritmética que supone si el promedio no mejora ni empeora. 

El calendario de la muerte

Tomando como corte el 9 de octubre de 2026, fecha de la publicación mas reciente, han transcurrido 738 días desde el inicio de la administración. 

El mandato constitucional comprende del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030: 2,191 días en total. Los 738 días transcurridos y los 1,453 restantes que presenta el gráfico encajan con ese calendario, contando hasta el comienzo del 9 de octubre.

Concepto	Desmenuce
Días transcurridos al corte	738
Parte del sexenio transcurrida	33.7%
Días restantes según el gráfico	1,453
Homicidios acumulados	46,743
Promedio diario mostrado	63
Víctimas adicionales si se mantiene ese promedio	91,539
Total proyectado al terminar el mandato	138,282

Los datos de partida proceden de la imagen; los porcentajes y las proyecciones son cálculos derivados de ellos. 

La lectura más dura es esta: apenas ha transcurrido un tercio del mandato, pero, bajo ese supuesto, todavía quedarían por registrarse casi dos víctimas adicionales por cada una ya contabilizada. No porque el futuro esté escrito, sino porque faltan casi dos tercios del calendario.

El redondeo también cuenta

El promedio de 63 que muestra el gráfico está redondeado. Dividir 46,743 entre 738 días arroja aproximadamente 63.34 homicidios diarios. Si se mantiene ese promedio sin redondear durante los 1,453 días restantes, la proyección subiría a unas 138,772 víctimas: alrededor de 490 más que usando exactamente 63. 

“Al ritmo acumulado que presenta el gráfico, el sexenio se encamina aritméticamente hacia unos 138 mil a 139 mil homicidios, si ese promedio permanece constante”. 

La muerte puesta en el reloj

A 63 homicidios diarios, las equivalencias son:

Unidad de tiempo	Equivalencia
Una hora	2.6 víctimas
Un homicidio, en promedio	Cada 22 minutos y 51 segundos
Una semana	441 víctimas
Un mes de 30 días	1,890 víctimas
Un año de 365 días	22,995 víctimas

Son equivalencias del promedio del gráfico, no una descripción de cómo se distribuyen realmente los hechos: la violencia no ocurre a intervalos regulares. 

Dicho sin anestesia: el reloj estadístico no alcanza a completar 23 minutos antes de sumar otra víctima. Mientras una conferencia discute porcentajes, ese promedio equivale a más de dos vidas perdidas por hora. 

Menos homicidios no significa, por sí solo, pacificación

El propio gráfico permite una comparación incómoda, pero debe hacerse completa: el total proyectado de 138,282 quedaría por debajo de los 202,336 que se atribuye a López Obrador y de los 156,066 que atribuye a Peña Nieto; sin embargo, superaría los 120,463 que atribuye a Calderón. 

Frente al total de AMLO, representaría aproximadamente 31.7% menos. Esa comparación utiliza las cifras de la imagen, sin certificar aquí la homogeneidad de sus series históricas. 

Ahí está la distinción editorial: una disminución puede ser real y, al mismo tiempo, dejar una carga de violencia enorme. “Menos que antes” es una comparación; “pacificación” es una conclusión mucho más amplia.

Además, los 63 diarios son el promedio acumulado, no necesariamente el ritmo más reciente. Los 53 de “ayer” corresponden a una sola jornada y no bastan para establecer una tendencia. Como contraste puramente matemático, mantener 53 diarios durante los mismos 1,453 días daría un cierre de 123,752 víctimas; eso muestra cuánto depende el resultado del promedio elegido, no que ese escenario vaya a cumplirse.

Analogías para dibujar la crisis

Estas imágenes retóricas se construyen sobre las equivalencias del gráfico; no describen sucesos adicionales ni víctimas distintas.

• El reloj funerario. “Un homicidio cada 23 minutos: el segundero avanza, el contador engorda y una familia se queda sin alguien”.
• El autobús que nunca llega. “Con un autobús imaginario de 63 asientos, el promedio equivale a perder a todos sus ocupantes cada día. Mañana aparece otro; pasado mañana, otro más”.
• La escuela vaciada. “En una semana, 441 víctimas: el equivalente numérico a una escuela de ese tamaño que se queda sin nadie. No son necesariamente estudiantes; la comparación sirve para devolverle dimensión humana a la cifra”.
• El estadio del duelo. “Las 46,743 víctimas acumuladas equivalen a llenar un estadio imaginario de ese aforo. Si el ritmo permanece, todavía faltarían casi otros dos estadios iguales”.
• El incendio administrado. “Que el fuego consuma menos que antes puede ser una mejora. Pero si sigue cobrando 63 vidas al día, no está apagado: sigue ardiendo”.
• La contabilidad contra la vida. “Una gráfica puede bajar y el cementerio seguir creciendo. El descenso mide una diferencia; las familias entierran una ausencia”.

El gráfico atribuido a TResearch pone el horror en horario: 46,743 homicidios en 738 días de gobierno y un promedio redondeado de 63 víctimas diarias. Traducido al reloj, equivale a una vida perdida cada 22 minutos y 51 segundos. No es que la violencia tenga puntualidad; es que el promedio ya permite medirla con cronómetro. 

Quedan 1,453 días del sexenio. Si esa terca realidad mantiene el mismo ritmo, se sumarían otras 91,539 víctimas y el conteo cerraría en aproximadamente 138,282. Apenas ha pasado un tercio del mandato; bajo esa hipótesis, todavía faltarían casi dos muertos futuros por cada víctima ya registrada. No es una profecía: es la multiplicación de un promedio que no cambia. 

El gobierno podría terminar con menos homicidios que los contabilizados en administraciones anteriores y, aun así, dejar un saldo devastador. Ambas cosas caben en la misma frase. El error es confundir una comparación favorable con una paz consumada.

Porque una gráfica puede descender mientras las tumbas aumentan. Y si el reloj sigue agregando una víctima cada 23 minutos, la palabra “pacificación” necesita mucho más que una flecha hacia abajo. 

TResearch señala que sistematiza reportes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es esta la base del cálculo: no una auditoría independiente de sus 46,743 víctimas. 

El resultado es una “proyección valida del promedio constante”, no una cifra oficial futura. El acumulado, por sí solo, tampoco permite identificar responsables individuales ni medir todas las dimensiones de la seguridad. 

Con información: TRESEARCH/