UN “PROBLEMA de PESO y de PESOS: la CUENTA de las PENSIONES YA se está COMIENDO el MANDADO en MÉXICO”… una bomba presupuestal con corbata y fecha de cobro.

México no tiene una bronca pensionaria: tiene una bomba presupuestal con corbata, calculadora actuarial y fecha de cobro. Si las proyecciones se cumplen, el gasto en pensiones alcanzará en 2030 el equivalente a 9% del PIB, mientras el Gobierno seguirá apartando una porción cada vez más grande del presupuesto para tapar los hoyos de sistemas que llevan años gastando como si el dinero naciera en maceta.

El actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, presidente ejecutivo de Grupo VAN, plantea poner orden en ese tianguis de regímenes pensionarios: una Ley General de Pensiones y hasta una Secretaría especializada que deje de tratar el problema como un pendiente de ventanilla en Hacienda.

Mil 500 cajas, muchas sin fondo

En México operan alrededor de mil 500 esquemas de pensiones —IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y una larga fila de regímenes estatales, municipales, universitarios y empresariales—. Según Aguirre Farías, 70% de ellos ya está descapitalizado; es decir, prometieron pagar una renta vitalicia, pero su alcancía anda sonando más a lata vacía que a fondo financiero.

Y el 30% que todavía no está en terapia intensiva tampoco puede cantar victoria: eventualmente requerirá subsidios, probablemente dentro de una década. Traducido a lenguaje de banqueta: hay sistemas que ya están pidiendo prestado para llegar a la quincena y otros que todavía aparentan estabilidad, pero ya traen el crédito revolvente al límite.

El problema es que cada esquema se ha ido arreglando —o desarreglando— por su cuenta. Unos cambian requisitos, otros suben aportaciones, algunos recortan beneficios y varios dejan la factura al siguiente gobierno. Para Aguirre Farías, una Ley General debería fijar el manual: cómo reformar cada régimen, qué criterios usar y hasta dónde puede crecer el gasto.

Porque, como resumió el especialista: si no se ponen reglas, “cada quien lo hace como quiere”. Y en materia pensionaria, dejar que cada quien improvise equivale a administrar una cooperacha nacional sin libreta, sin tesorero y con varios compadres prometiendo dinero ajeno.

El presupuesto ya trae mordidas

Actualmente, el gasto gubernamental en pensiones representa 23% del Presupuesto de Egresos. La expectativa, según el actuario, es que suba a 28% en 2040 y que, aun después de bajar, se mantenga en 26% hacia 2060.

No es una cifra decorativa. Significa que de cada 100 pesos presupuestales, más de una cuarta parte podría estar comprometida con pensiones. Antes de reparar una carretera, contratar médicos, comprar medicamentos, financiar escuelas o reforzar seguridad, el Gobierno tendrá que pasar por la caja pensionaria, que ya tiene apartado su sobre.

Aguirre Farías advierte que el gasto pensionario ya rebasa lo destinado a salud y educación. Es decir, el presupuesto público se parece cada vez más a una familia que usa buena parte de su ingreso para cubrir deudas viejas: paga lo indispensable para no caer en incumplimiento, pero le queda menos margen para invertir en lo que evita problemas nuevos.

IMSS y Bienestar: dos presiones distintas

El caso del IMSS ilustra la dimensión del compromiso. Las transferencias federales al instituto equivalen hoy a 8.5% del Presupuesto de Egresos; la proyección es que suban a 10.2% en 2036. Después caerían hasta 3% en 2064, como efecto de reformas previas.

Pero la Pensión para el Bienestar —la transferencia universal para personas adultas mayores— va por una ruta distinta. Hoy representa cerca de 6% del presupuesto y podría llegar a 17% después de 2060. No porque cada beneficiario reciba una fortuna: los 3 mil 200 pesos mensuales están lejos de resolver la vida de una persona mayor. El problema es la escala: una pensión modesta multiplicada por una población envejecida termina siendo una cuenta gigantesca.

Es la clásica trampa del “poquito por persona”: individualmente parece manejable; en volumen, se convierte en una marea que se lleva el margen fiscal.

La reforma que nadie quiere cobrar

Aguirre Farías insiste en que el país necesita un pacto nacional porque no todos los esquemas pueden recibir el mismo tratamiento. En algunos habrá que reforzar aportaciones o subsidios; en otros, inevitablemente, habrá que contener beneficios. Y ahí empieza la parte tóxica de la conversación: dar menos es políticamente explosivo, aunque seguir prometiendo sin fondear sea financieramente suicida.

Crear una Secretaría de Pensiones no resolvería por sí sola el desfalco actuarial, pero sí podría concentrar diagnóstico, reglas, información y capacidad de negociación. Hoy el asunto está repartido entre dependencias, instituciones y regímenes con intereses propios; una arquitectura ideal para que nadie se haga responsable de la factura completa.

La conclusión es incómoda, pero sencilla: las pensiones no son un gasto prescindible ni una dádiva que pueda recortarse con tijera de escritorio. Son un derecho y una obligación pública. Pero precisamente por eso requieren financiamiento real, reglas parejas y reformas hechas antes de que el presupuesto termine convertido en una máquina de pagar compromisos pasados mientras el presente se queda sin medicinas, escuelas, policías ni obra pública.

Con información: ELNORTE/

“200 MIL DÓLARES ABRIERON la REJA al GOYITO: YERNO de DIPUTADA de MORENA, LIBERADO por la FGR, EXIGE ESCULCAR a MANDO de TAMAULIPAS”… ahí donde la FGR investiga a los suyos y ellos dicen: “a los otro$”.

La reciente salida del delegado de la FGR en Guanajuato —por la puerta trasera de un episodio que exhibe las costuras de la dependencia— vuelve inevitable mirar hacia Reynosa, donde la palabra “liberado” apareció en favor de reconocido lugarteniente del Cartel del Golfo emparentado con la Diputada de Morena,Eva Reyes, con una velocidad que no suele acompañar a la justicia, salvo cuando la justicia parece correr para otro lado.

En la FGR ya ni siquiera hace falta que una captura llegue a juez para convertirse en recuerdo: basta con que aparezca en el Registro Nacional de Detenciones y, poco después, alguien presione la tecla institucional que cambia el destino de un detenido por la palabra más cómoda para el poder: “liberado”.

Gregorio Sauceda del Toro, identificado públicamente como hijo del capo del Cartel del Golfo ,también recien liberado, Gregorio Sauceda Gamboa, “El Caramuela”, fue detenido el 18 de septiembre en Reynosa por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La consulta oficial del Registro Nacional de Detenciones lo asentó después con un estatus que no necesita interpretación ni traductor: “liberado”.

La pregunta no es decorativa: ¿qué diligencia se practicó, qué fiscal intervino, qué carpeta se integró, qué autoridad ministerial o judicial determinó la libertad y bajo qué fundamento? Porque una captura atribuida al Ejército, seguida de una liberación de velocidad olímpica, no se explica con la palabra “liberado”; se explica con documentos, nombres, sellos, horarios y responsabilidades.

Y mientras esas respuestas no aparezcan, el trascendido que circula sobre un presunto pago de 200 mil dólares para destrabar la operación no puede tratarse como chisme de sobremesa, pero tampoco puede archivarse como si nada. 

Es una versión grave que exige investigación formal y verificable, no propaganda defensiva ni carpetazos anticipados, pues la «Guera Sanchez» existe y ya ha sido exhibida.

No hay evidencia pública, por ahora, que permita presentar ese pago como un hecho probado; precisamente por eso corresponde a la FGR esclarecer si la versión es falsa y de serlo, qué ocurrió realmente entre la detención y la liberación.

Emparentado con Diputada de Morena,cercana a Américo Villarreal

La escena se vuelve todavía más tóxica por el contexto familiar y político: Sauceda del Toro ha sido señalado públicamente como familiar político de la diputada local de Morena Eva Araceli Reyes González. 

El parentesco no acredita delito, influencia ni intervención; las responsabilidades penales no se heredan ni se transmiten por parentesco. Pero sí vuelve indispensable una explicación completa, sobre todo si la captura de un personaje vinculado públicamente al entorno del Cártel del Golfo termina reducida a una línea administrativa: “liberado”.

Reynosa: una delegación bajo sospecha fundada

La sospecha no cae en el vacío ni nació con esta liberación. En Reynosa, la delegación de la FGR carga una historia reciente que obliga a desconfiar de los silencios oficiales: su anterior delegado fue ejecutado y la oficina federal tuvo que recibir como nuevo mando a Manuel Eduardo Leon Torres en una plaza donde las fronteras entre autoridad, información y crimen organizado suelen resultar demasiado porosas.

A ello se suman antecedentes difundidos sobre funcionarios de la propia FGR vinculados a proceso por la misma FGR en Reynosa,de acuerdo con el comunicado oficial y sin que ello se hubiera traducido necesariamente en una depuración visible, inmediata y contundente de la estructura. 

Cuando una institución investiga a los suyos donde ellos investigan a los otros, pero las piezas señaladas siguen orbitando la misma plaza, el discurso de combate a la corrupción empieza a parecerse a una diligencia sin detenido: se levanta el acta, se toma la foto y luego todos regresan a trabajar.

Por eso el caso Sauceda del Toro no admite la salida burocrática de “fue liberado”. La ciudadanía merece saber:

• Si existía orden de aprehensión, flagrancia o algún otro supuesto legal de detención.
• Qué delitos se investigaban y ante qué fiscalía se puso a disposición al detenido.
• Cuánto tiempo estuvo bajo custodia militar y ministerial.
• Qué agente del Ministerio Público recibió el caso.
• Si hubo judicialización, audiencia inicial, resolución judicial o desistimiento ministerial.
• Quién ordenó o validó la liberación.
• Si la FGR abrió una investigación interna para descartar sobornos, presiones o tráfico de influencias.

La FGR y la velocidad selectiva

El reciente cese del delegado de la FGR en Guanajuato exhibió que dentro de la Fiscalía también hay operaciones que se presentan como históricas, pero resultan histriónicas, el montaje se cae y el funcionario termina saliendo por la puerta de atrás. En ese contexto, Reynosa no necesita discursos de pulcritud: necesita trazabilidad.

Porque cuando la FGR presume eficacia, pero en una captura de alto impacto aparecen de inmediato la liberación, los parentescos políticamente incómodos y un trascendido de soborno, no basta con pedir confianza. La confianza no se decreta; se construye publicando el expediente, aclarando la cadena de custodia, identificando a quienes intervinieron y permitiendo que la duda sea investigada, no administrada.

En Tamaulipas, la justicia parece tener dos velocidades: una para detener, registrar y posar; otra, mucho más rápida, para liberar antes de que alguien pregunte demasiado. El problema es que esa rapidez inaudita no limpia a la institución: la ensucia más y todo indica ,esa es la regla,no la excepción y por eso le faltan mas de 30 mil detenidos al «cuenteo oficial».

Con información: Medios/ Redes/

“HAY NUEVOS COBRONES: CDG del PRIMITO SACRIFICA PIEZAS y se las OFRENDA al GOBIERNO de AMÉRICO para que EXTORSIÓN SIGA IGUAL en REYNOSA”… cobran por todo y son proveedores obligatorios de todo.

México y particularmente Tamaulipas,aun bajo el gobierno de MORENA de Americo Villarreal, se están convirtiendo en una república de cuotas, amenazas y funcionarios que administran el silencio. La extorsión crece como espuma, pero no por generación espontánea: crece donde la autoridad finge no verla, donde la denuncia se archiva y donde la impunidad funciona como incentivo empresarial para el crimen que tiene a ciudadanos convertidos en cajero automático y toda actividad productiva, licita e ilícita bajo cuota donde todos pagan, hasta el gobierno.

La extorsión ya no se esconde: se anuncia en mantas, se cobra en comercios y se disfraza de proveedor “obligatorio”. Mientras el poder vende mesas de seguridad y comunicados de utilería, en Monterrey y Reynosa el ciudadano está haciendo el trabajo que el Estado dejó tirado.

En Monterrey, el hartazgo ya cuelga de puentes y estructuras públicas. Mantas dirigidas a autoridades denuncian cobros de piso, amenazas a locatarios y presunta venta de droga en bares del centro. 

Es la postal de un Estado rebasado —o cómodamente ausente—: ciudadanos exhibiendo en letras enormes lo que las instituciones aseguran combatir desde sus oficinas climatizadas.

Y mientras Nuevo León pone el desorden en mantas, Reynosa,la ciudad que sobrevive con percepción ciudadana de inseguridad cercana al 90%,según el INEGI, lo padece en la mesa por los malos oficios de su gobernador.

Ahí la extorsión no se limita al cobro de piso: se mete a la cocina, al mercado y al negocio pequeño. El mecanismo es brutalmente simple: imponer quién vende el huevo, el limón, el aguacate, el tomate o el pollo; cerrar la libertad comercial a punta de amenaza; transformar una red de distribución en una aduana criminal donde el comerciante paga, compra y calla.

De acuerdo con nuevos señalamientos difundidos en redes y publicaciones locales, tras la detención de Jesús Daniel Alcaraz Requena, el control de la venta forzada de huevo habría quedado en manos de Juan Manuel Flores Zapata y su hijo, conocido como “JR” ,pero ademas identifica a los «cobrones» del limón,tomate y aguacate.

La acusación de comerciantes es que los operadores del Cartel del Golfo recorren negocios para intimidar y forzar compras exclusivas; si alguien intenta adquirir mercancía con otro proveedor, llega la advertencia de siempre: “la compañía” o “la maña” irá a revisar el local. No venden productos: venden miedo con factura informal. 

El crimen organizado, como hidra de mil cabezas, sacrifica una pieza cuando le conviene y enseguida coloca otra. Detienen a un operador, anuncian un golpe, presumen resultados y hasta ponen cara de triunfo frente a las cámaras. 

Pero la maquinaria sigue encendida porque el problema no es un individuo: es la reconocida estructura de intimidación que dirigen dos ex-militares,captura rutas, proveedores, mercados, taxis, bares, colonias y silencios.

La diferencia ahora es que las redes sociales se han convertido en inteligencia colectiva callejera. Cuando fiscalías, policías y mesas de coordinación parecen llegar tarde —o no llegar—, ciudadanos fotografían, identifican, denuncian y documentan. 

No sustituyen una investigación ministerial ni deberían cargar con esa obligación, pero están dejando en evidencia una verdad incómoda: la gente ya entendió que el crimen se reorganiza más rápido de lo que el gobierno redacta un boletín.

No basta con sentarse alrededor de una mesa, repartir café y bautizar la ceremonia como “coordinación por la paz”. Reynosa no necesita otro montaje institucional con micrófonos, chalecos y estadísticas maquilladas. Necesita investigaciones que sigan el dinero, desarmen las redes de proveedores impuestos, protejan a los comerciantes, persigan a los cobradores y aclaren sin evasivas cualquier nexo, cercanía o protección política denunciada públicamente.

Porque cuando al comerciante le elige el proveedor una célula criminal, cuando en Monterrey la protesta termina colgada en una manta, y cuando en Reynosa las redes exhiben a quienes ejercen el control territorial, ya no estamos ante hechos aislados. 

Estamos viendo un país donde el crimen pretende cobrar impuestos sin tener que ganar elecciones, y donde demasiados gobiernos parecen conformarse con administrar el desastre y vender humo como política pública.

Con información: @VivoenMarte2/ Medios/

"ESO NO DA RISA: "VIOLENCIA e INSEGURIDAD OBLIGARON INTEGRANTES de 14.6 MIL HOGARES a HUIR de TAMAULIPAS: INEGI"... 46 mil 900 personas en los hogares afectados.

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI incorpora por primera vez una medición nacional del desplazamiento forzado interno. El dato central es contundente: entre octubre de 2020 y octubre de 2025, al menos una persona de 510 mil hogares tuvo que cambiar de residencia por violencia o inseguridad delictiva; esos hogares reunían a 1.6 millones de personas. No significa que las 1.6 millones hayan sido desplazadas: es el total de habitantes que vivían en hogares donde hubo al menos un caso. 

A escala nacional, la EIC también contabilizó 152 mil hogares con al menos una persona obligada a desplazarse por desastres naturales o de origen humano. Esos hogares concentraban cerca de 486 mil personas. Se trata de una causa distinta a la violencia y no debe sumarse automáticamente a los casos de inseguridad, pues una vivienda puede reportar una u otra situación.

La violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 14.6 mil hogares de Tamaulipas a cambiar de residencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los hogares afectados estaban conformados por 46 mil 900 personas. La precisión es relevante: esa cifra no equivale necesariamente al número de personas desplazadas, sino al total de habitantes de hogares donde al menos una persona tuvo que abandonar su residencia a causa de la violencia o la inseguridad delictiva.

El indicador, incluido por primera vez en la Encuesta Intercensal, documenta una dimensión menos visible de la crisis de seguridad: la expulsión silenciosa de personas y familias de sus comunidades, viviendas o municipios. El comunicado estatal no identifica los municipios de origen, los sitios de destino, los responsables de la violencia ni el número individual de desplazados dentro de cada hogar; tampoco permite establecer, con ese dato aislado, cuántos casos fueron temporales o definitivos.

Tamaulipas registró además 4 mil 500 hogares con al menos una persona desplazada obligadamente por catástrofes naturales o de origen humano. En conjunto, esos hogares estaban integrados por 13 mil 700 personas. Esta categoría es distinta a la del desplazamiento provocado por violencia o delincuencia y debe mantenerse separada para no inflar el dato de víctimas de inseguridad.

Contexto migratorio

La Encuesta también registra formas de movilidad que no deben confundirse con el desplazamiento forzado. Entre 2020 y 2025,24 mil 605 personas que vivían en Tamaulipas cambiaron su residencia hacia otro país y 2 mil 743 regresaron a México. El comunicado no atribuye esa migración internacional a la violencia: se trata de una medición diferente y no permite concluir que quienes salieron del país lo hicieron por inseguridad.

También se estima que, entre la población tamaulipeca de 5 años y más, 95.3% continuaba en octubre de 2025 en el mismo municipio donde vivía cinco años antes; 1.3% se había mudado a otro municipio del estado, 2.7% a otra entidad y 0.5% a otro país. Esas cifras describen movilidad residencial general, no desplazamiento forzado.

Con información: ELNORTE/ INEGI EIC 2025/ INEGI 2025