«GOBERNADORA de MORENA VIOLENTÓ TITIPUCHAL de ARTÍCULOS de la LEY de SEGURIDAD NACIONAL al OFRECERSE IGUAL que AMERICO como SAPO de EE.UU»…a cambio de impunidad.

La conducta que se desprende del audio y de la propia carta de Marina del Pilar encaja más con un uso personal y discrecional de información de seguridad que con la cooperación institucional regulada por la Ley de Seguridad Nacional; en ese sentido, no es que haya un “artículo único” violado, sino un probable choque con varios principios y prohibiciones de esa ley y de la Constitución.

1. El marco legal aplicable

La Ley de Seguridad Nacional define la seguridad nacional como las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, regidas por principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

También tipifica como amenazas “actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano” y actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia.

El Título Sexto (artículos 65‑67) ordena cómo deben cooperar los estados: su papel es aportar información a la Red Nacional de Información, coordinarse con la Federación y celebrar convenios de colaboración, siempre respetando los artículos 117, 118 y 119 constitucionales sobre relaciones con gobiernos extranjeros.

El Título Séptimo (arts. 68 y ss., reforma de 2020) regula expresamente la cooperación con gobiernos extranjeros y la actuación de “agentes extranjeros”, que deben operar bajo convenios bilaterales y con principio de reciprocidad, no mediante gestiones privadas de actores locales.

2. Lo que ella admite hacer

En el audio filtrado la gobernadora reconoce que sostuvo conversaciones “con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses”, a quienes ofreció información sobre mesas de seguridad o “algo en particular” que el Gobierno de EU quisiera saber, para intentar resolver su cancelación de visa y frenar posibles cargos, sanciones o incluso una extradición.

En el audio, se le escucha decir que está dispuesta a “hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”, incluyendo lo que ha escuchado mientras expresa temor a que OFAC le finque lavado de dinero y que se dicte orden de extradición.

La carta intenta reconducir eso diciendo que se trató solo de “escenarios legales” sin documentos oficiales y que las referencias de cooperación corresponden a la coordinación institucional que mantiene Baja California con autoridades de México y EU en materia de seguridad.

Sin embargo, en el audio el contexto no es un programa bilateral firmado por la Federación, sino una negociación individual para obtener beneficios personales frente a investigaciones en Estados Unidos.

3. Artículos y principios potencialmente vulnerados

No hay tipificación penal directa dentro de la Ley de Seguridad Nacional, pero sí principios y reglas que pueden haber sido infringidos o eludidos:

• Artículo 3 y 4 (finalidad y principios de seguridad nacional)
  • La seguridad nacional debe servir a la integridad y permanencia del Estado, y se rige por legalidad, confidencialidad y lealtad.
  • Ofrecer información obtenida en mesas de seguridad, fuera de los canales institucionales, para evitar sanciones personales en EU, desvirtúa esa finalidad y rompe el principio de lealtad y confidencialidad: la información de seguridad se convierte en moneda de cambio para la protección de una funcionaria, no del Estado.
• Artículo 5, fracción II (interferencia extranjera en asuntos nacionales)
  • La ley considera amenaza “actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano”.
  • Cuando una gobernadora abre la puerta a que agencias extranjeras usen información de mesas de seguridad para procesarla a ella o presionar actores políticos locales, sin mediación del gobierno federal ni convenios formales, puede configurarse una forma de interferencia que ella facilita, en contra del diseño institucional previsto.
• Artículo 30 y 31 (quién puede recabar y usar información de seguridad)
  • La información con fines de seguridad nacional solo puede ser recabada, procesada y diseminada por las instancias autorizadas (Centro, Consejo, dependencias federales).
  • Una gobernadora que promete entregar a intermediarios de un gobierno extranjero lo que escucha en mesas de seguridad está, en los hechos, diseminando información fuera de las instancias autorizadas y sin control del Consejo o del Centro.
• Artículos 51‑55 (información reservada y confidencialidad)
  • Se considera reservada la información que revele métodos, fuentes, procedimientos de inteligencia o que pueda potenciar amenazas, y se prohíbe su difusión no autorizada.
  • Las mesas de seguridad contienen precisamente información sensible sobre operaciones contra crimen organizado, capacidades de fuerzas federales y alianzas institucionales; ofrecer esa inteligencia a terceros como moneda de negociación personal vulnera el deber de confidencialidad y resguardo.
• Artículos 65‑67 (cooperación de entidades federativas)
  • Los estados deben cooperar aportando información a la Red Nacional de Información y mediante convenios de colaboración firmados por el Secretario Ejecutivo del Consejo; se les recuerda que están sujetos a los artículos 117‑119 constitucionales sobre relaciones con estados extranjeros.
  • Negociar directamente con “personas que se presentan como agentes o intermediarios” para obtener inmunidad o frenar cargos, fuera de convenios federales, desborda esa competencia y se acerca a una relación autónoma con un gobierno extranjero, que el artículo 117 constitucional prohíbe a los estados.
• Título Séptimo (cooperación con gobiernos extranjeros)
  • La reforma de 2020 introduce el concepto de “agentes extranjeros” y establece que su actuación debe darse en el marco de convenios bilaterales y programas de cooperación que contribuyan a preservar la seguridad nacional, bajo principio de reciprocidad.
  • En el caso de Marina del Pilar, lo que hay es una negociación privada para proteger su situación migratoria y penal, usando información de seguridad como ficha; eso no encaja en la figura de cooperación regulada, sino que la distorsiona hacia la protección de intereses particulares.

Con información: ELNORTE/ LEY de SEGURIDAD NACIONAL/

«EE. UU. NO se ANDUVO con RODEOS y QUIERE que el BOSS se QUEDE en la CÁRCEL de por VIDA… y de paso confiscarle 15 mil millones de dólares.

A Ismael “El Mayo” Zambada le están cerrando la llave con todo: la Fiscalía de EU pidió cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares, como para dejar claro que no solo buscan mandarlo tras las rejas, sino vaciarle también el bolsillo.

La solicitud llega a unos días de la audiencia de sentencia, con el mensaje implícito de que en este caso no hay espacio para la nostalgia, ni para acuerdos suaves, ni para salidas elegantes.

En otras palabras: si el capo pensaba que el expediente iba a cerrarse con un regaño institucional, Washington le respondió con la versión más brutal del “y además me pagas todo”.

La Fiscalía estadounidense básicamente le dijo a “El Mayo”: no solo te queremos lejos del mapa, también queremos que tu fortuna deje de existir como si nunca hubiera sido tuya.

Es el clásico golpe de Estado judicial, pero con contabilidad incluida.

Con información: NOROESTE/

LO “PERDONA la ESPOSA y… la LEY: PREPARAN la SALIDA de PRISIÓN del VIOLENTO EX-DIRECTOR de PEMEX”… traducido sin eufemismos: la voluntad de la víctima no extingue la acción penal.

La Fiscalía de Morelos ratificó ayer lunes la vinculación a proceso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por el delito de violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, y de su hijo de 6 años de edad. La decisión, que ha cobrado otros matices después de que la mujer presentase una carta en la que otorga el perdón a Padilla, puede cambiar el futuro del proceso en las próximas horas y quedará en manos de la dependencia estatal, que abrió la investigación de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presentara una denuncia formal. 

La Fiscalía estatal inició el expediente al darse a conocer un video y entrevistas con la mujer en las que quedaban evidenciados dos delitos: violencia vicaria y violencia familiar. Uno de los abogados de Padilla ha dicho que no sabían de la carta de perdón y ha indicado que, “de aplicarse la ley”, su cliente continuará el proceso en libertad.

La carta de perdón suena a giro dramático… pero jurídicamente huele más a distractor que a salvavidas.

En Morelos, la violencia familiar no es un pleito privado que se arregla con una disculpa manuscrita y buena caligrafía. Es un delito de persecución oficiosa: el Estado entra aunque la víctima se retire, dude o perdone. Y entra, precisamente, porque la experiencia muestra que el “perdón” en contextos de violencia no siempre es libre, ni espontáneo, ni seguro. Traducido sin eufemismos: la voluntad de la víctima no extingue la acción penal.

El Codigo Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es todavía más claro y menos romántico. El artículo 187 cierra la puerta a los acuerdos reparatorios en violencia familiar. Es decir, no hay “arreglo entre particulares” que valga. Si alguien esperaba que una carta resolviera lo que la ley prohíbe negociar, está confundiendo justicia penal con conciliación de vecindario.

Ahora bien, donde sí se pone interesante —y donde la defensa intenta colarse— es en las salidas alternas. La suspensión condicional del proceso no depende del perdón, pero una víctima que “otorga” puede suavizar la narrativa de riesgo y facilitar que el juez considere condiciones menos estrictas. No cancela el delito; reconfigura el tablero. Es una diferencia clave: no absuelve, pero puede abrir la puerta a que el imputado enfrente el proceso fuera de prisión si cumple condiciones.

El argumento de la defensa (“de aplicarse la ley, seguirá en libertad”) juega con esa ambigüedad. Porque “aplicar la ley” aquí no significa liberar por perdón, sino evaluar riesgos, medidas cautelares y viabilidad de una salida alterna. Y ahí pesan factores como edad, salud, riesgo para la víctima y, sí, el mensaje que envía la propia víctima. Pero mensaje no es mandato.

Hay además un elefante en la sala: el video. Si la evidencia muestra agresión directa, el perdón no borra el hecho ni su tipicidad. En delitos de esta naturaleza, el proceso no se sostiene en el ánimo actual de la víctima, sino en la acreditación de la conducta y el deber del Estado de perseguirla.

Y un punto incómodo para quien quiera cerrar el caso con una carta: el menor. La violencia ejercida frente a un niño introduce una dimensión de interés superior que tampoco se negocia con tinta. Aunque la jueza haya descartado la violencia vicaria por falta de prueba, el contexto sigue siendo relevante para medidas y valoración de riesgo.

En suma, el “perdón de la esposa” no opera como botón de apagado del proceso. A lo mucho, funciona como pieza táctica en la estrategia de la defensa para buscar beneficios procesales. Pero si alguien vende que con eso se cae el caso, está vendiendo humo jurídico con membrete.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ ERIKA ROSETE

UN “TERRORISTA DE LAS IDEAS ?”: el FBI INVESTIGÓ a MONSIVÁIS al RELACIONARLO con los BLACK PANTHERS"…perseguido por leer, pensar y juntarse con chicanos.

El primer informe llegó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 4 de agosto de 1969. Un informante aseguró que el escritor mexicano Carlos Monsiváis (Ciudad de México, 1938-2010) y otros personajes destacados habían respaldado a Eldridge Cleaver, uno de los dirigentes más conocidos de los Black Panthers, quien entonces permanecía refugiado en Argelia tras ser acusado de intentar asesinar a dos policías en California. Aquel apoyo público a quien el Gobierno estadounidense consideraba uno de los principales líderes radicales del país bastó para que el autor de Días de guardar acabara en la lista negra de Washington, según revelan documentos desclasificados del FBI obtenidos por EL PAÍS.

Cuatro años después, en noviembre de 1973, la agencia volvió a posar la mirada sobre Monsiváis. El escritor había solicitado una visa de turista para participar en un congreso académico organizado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Le otorgaron el permiso sin demoras, pero activaron las alertas de los servicios de inteligencia.

“Se informó que el individuo no era elegible para ingresar a Estados Unidos debido a su afiliación con organizaciones proscritas”, señala un reporte que la Embajada estadounidense en la Ciudad de México envió al director del FBI. Con el término “proscritas” la representación diplomática aludía a grupos vetados, entre ellos los Black Panthers y activistas del movimiento chicano, que por aquellos años encabezaban multitudinarias protestas contra la guerra de Vietnam en Los Ángeles.

La tensión política en el sur de California atravesaba uno de sus momentos más álgidos. Ese mismo año, la indignación se multiplicó tras la muerte del periodista Rubén Salazar. Un proyectil de gas lacrimógeno que fue disparado por un policía golpeó el rostro del reportero del diario Los Angeles Times y le quitó la vida. Ocurrió mientras cubría una manifestación del movimiento chicano en esa ciudad. El FBI temía que Monsiváis viniera a echar más leña a ese fuego.

Interesado por la disidencia del norte

Considerado el padre de la crónica moderna en México, Monsiváis fue un crítico permanente del intervencionismo estadounidense, en particular del peso que Washington ha ejercido sobre América Latina. Le preocupaba la subordinación política, económica y cultural de México frente a su vecino del norte, así como la criminalización de los migrantes.

Los organismos de inteligencia mexicanos también siguieron de cerca al autor de Catecismo para indios remisos. Una ficha de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), citada por El Universal, lo describía como un “espécimen indescifrable” y un “resentido personal”, además de acusarlo de haber obtenido rédito personal de la matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

Una antigua entrevista publicada hace unos días por El Universal volvió a poner a Monsiváis en el centro de la conversación. En el texto, el cronista supuestamente hacía varias referencias al expresidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, el periodista Edmundo Cázarez no pudo acreditar la autenticidad del encuentro cuando el medio le solicitó la grabación. Ante ello, el diario ofreció disculpas y retiró la publicación.

Monsiváis vivió un tiempo en Estados Unidos durante la década de 1960, donde observó de cerca las luchas por los derechos civiles y los movimientos sociales que transformaron aquella época. “Uno sentía que estaba viendo algo distinto, que además iba necesariamente a impregnar a México, que en muy buena medida está constituido por la influencia norteamericana”, dijo en 1997 en un programa televisivo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). “Todos estos movimientos de los sesenta tuvieron una consecuencia formidable al crear lo que no había en México”, agregó.

Personas cercanas al escritor aseguran que siempre mantuvo interés por los grupos de resistencia en EE. UU. “Todas las expresiones de independencia política y cultural dentro de Estados Unidos: el movimiento chicano, los Black Panthers, los Students for a Democratic Society. Él tenía esa capacidad de acercarse a ellos, preguntar, observar cómo vivían. Le interesaba la naturaleza de los disidentes dentro de Estados Unidos”, recuerda el historiador mexicano Lorenzo Meyer, quien participó en la convención académica de 1973 para la que Monsiváis solicitó la visa de turista. “Le interesaba casi como respirar conocer qué pasaba al norte de nuestra frontera en materia de críticas y disidentes de la política imperialista”.

Meyer evoca con dificultad aquel evento, el Cuarto Congreso Internacional de Estudios Mexicanos, celebrado durante cinco días de octubre de 1973 en el hotel Miramar de Santa Mónica, California. El historiador participó en la mesa sobre ‘Partidos Políticos’, mientras que Monsiváis estuvo presente el primer día del evento, en el panel ‘Pasado, presente y futuro del México contemporáneo’, donde compartió espacio con el poeta José Emilio Pacheco.

“Fue una reunión bastante grande, pero no hubo un hecho extraordinario que merezca ser recordado. Fue uno de tantos encuentros entre académicos estadounidenses y mexicanos. También acudieron políticos. Entre ellos estaba quien años después sería presidente de México: (José) López Portillo”, recuerda Meyer.

La investigación en Los Ángeles

Al FBI le interesaba qué había hecho el escritor en los días posteriores al congreso de UCLA. Monsiváis declaró al solicitar la visa que se quedaría unos días más visitando Estados Unidos, sin especificar en qué lugares estaría ni con quién. En su ficha informativa lo identificaron como “autor”, “soltero”, con domicilio en “San Simón”, hijo de “Esther Monsiváis”. En el apartado para el nombre del padre, la embajada escribió: “No lo dio”.

En diciembre de 1970, un informante aseguró que Monsiváis era “uno de los miembros del grupo ‘Nueva Izquierda’ en México que publicó una revista que fue distribuida en universidades locales”, según un documento del FBI. La fuente afirmó que la publicación no tenía nombre y que Monsiváis, junto con otros personajes, había colaborado con la organización desde mayo de 1963.

Ante ese señalamiento y la posibilidad de que el escritor hubiera participado en actividades del movimiento chicano en Los Ángeles, el FBI ordenó buscar nuevas fuentes que pudieran aportar información sobre su visita. “Basados en los resultados de estas solicitudes en Los Ángeles, se hará una determinación respecto a realizar más investigaciones sobre este asunto”, señala el documento.

El 15 de enero de 1974, otro informe del FBI registró los esfuerzos de la agencia por reconstruir la participación de Monsiváis en el congreso académico de UCLA. Los agentes obtuvieron el programa del evento, con los nombres de los participantes, y una fuente les informó que las discusiones habían girado principalmente en torno a “programas educativos”. Pero no pudieron confirmar si el escritor mexicano había asistido.

Por esa incertidumbre, el FBI recurrió a otro informante, descrito en el expediente como una persona “familiarizada con grupos mexicoestadounidenses en Los Ángeles”. Los agentes le entrevistaron en tres ocasiones, entre el 14 de diciembre de 1973 y el 8 de enero de 1974. La respuesta fue contundente: aseguró que “no podría proporcionar información” sobre Monsiváis, es decir, no lo había visto en ninguna actividad en la ciudad. Aun así, el Gobierno pidió a sus informantes “permanecer alerta por cualquier información referente al sujeto”.

Poco después, el FBI cerró el seguimiento. “En vista de que no hay pistas pendientes en este asunto, (la oficina del FBI en) Los Ángeles no está llevando a cabo más investigaciones”, concluye el reporte.

Para Lorenzo Meyer, estos documentos desclasificados reflejan “un ejemplo de ociosidad de los servicios de inteligencia norteamericanos” y una “pérdida de tiempo y estupidez del FBI al gastar el dinero de los contribuyentes norteamericanos en seguir a personajes como Carlos Monsiváis”. El historiador considera que las posiciones críticas del escritor y su cercanía con activistas eran ampliamente conocidas y no justificaban una investigación de esa naturaleza.

Monsiváis continuó viajando a Estados Unidos durante las décadas siguientes y sus cuestionamientos a Washington jamás cedieron. Murió en junio de 2010, a los 72 años. “Lo interesante es que nunca tuvo restricciones para ir a Estados Unidos”, afirma Meyer. “Hasta su muerte siguió yendo y viniendo”.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ISAIAS ALVARADO/

“CHOQUE de MAFIAS: DESENCUENTRO de MORENA y el PAN EXHIBE INTENTONA de REINSTALAR GOBERNADOR MORENO-NARCO de SINALOA”… organización político-criminal sigue desafiando a EE. UU

La presidenta de Morena impuesta por Andres Manuel Lopez Obrador,Ariadna Montiel ,respondió a los señalamientos de representante del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, en el sentido de que el partido junto con el gobierno federal «está preparando las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el narcogobernador Rubén Rocha Moya regrese a su cargo en Sinaloa«.

A través de redes sociales, Montiel acusó a la oposición de recurrir a la desinformación como estrategia política para desviar la atención de su propio historial.

Pero lo que es un hecho,es que en este ring de la política mexicana todos juran combatir a las mafias mientras afinan sus propios códigos de silencio, Morena y el PAN protagonizan otro episodio digno de serie criminal. Ariadna Montiel acusa al “PRIAN” de actuar como mafia; el PAN responde indignado, como si en este negocio alguien todavía pudiera presumir manos limpias sin provocar risa nerviosa.

Morena se asume —y actúa— como una suerte de Mafia Italiana,una Cosa Nostra tropicalizada: estructura cerrada, lealtades férreas, disciplina interna y una narrativa de causa superior que justifica todo hacia adentro. Como en la mafia clásica, el mensaje es claro: la familia primero, las decisiones no se cuestionan en público y las grietas se sellan desde dentro. La diferencia es que aquí no se esconden en las sombras, sino que gobiernan desde el poder formal.

El PAN, por su parte, se parece más a un viejo consorcio empresarial con prácticas de clan: apellidos que pesan, redes que se reciclan y una institucionalidad que funciona como fachada respetable. Si Morena es la Cosa Nostra que opera bajo lógica de lealtad y control interno, el PAN es ese holding de élite que defiende su territorio con discurso legalista mientras protege a los suyos como si fueran accionistas vitalicios.

El choque no es ideológico, es territorial. Lo que se disputa no es la verdad, sino quién logra imponer la etiqueta de “mafia” sin que el espejo le devuelva la imagen. En ese juego, la acusación deja de ser denuncia y se vuelve estrategia: señalar al otro para desviar la mirada propia.

Y así, entre declaraciones y desmentidos, el espectáculo termina siendo el de dos estructuras que se acusan de operar como mafia mientras perfeccionan, cada una a su estilo, sus propias reglas de pertenencia, silencio y poder.

Con información: ELUNIVERSAL/

«CUÁNTO SABE EE.UU ?…TODO: PENILEY EXHIBE en REFORMA la PUTRIDA y VIEJA RELACION del ABUELO de CARTELES UNIDOS y MILITARES»… han sido mas enfermedad que remedio.

Era 2024. En una corte penal de Washington, un gran jurado aprobó una investigación contra Juan José Farías, alias «El Abuelo». Lo acusan de dirigir en Michoacán Cárteles Unidos, uno de los mayores productores de metanfetaminas del mundo, con redes de distribución que abarcan desde Texas hasta Georgia, Missouri, California, Colorado e Illinois, incluso Europa y Australia.

Según la acusación, este cártel extorsiona a aguacateros, limoneros y ganaderos, recluta mercenarios extranjeros y emplea artefactos explosivos improvisados, drones armados y vehículos blindados. Su líder, dicen las autoridades, ha recurrido a sobornos a militares durante más de dos décadas para mantener el control territorial, mientras ha mantenido tratos cercanos con el gobierno.

En 2009, el Ejército detuvo a Farías, acusándolo de ser lugarteniente y jefe de plaza de Tepalcatepec del Cártel del Milenio. Poco después, detuvieron a su hermano, entonces alcalde de Tepalcatepec por el PRI. Ambos recuperaron su libertad pronto por falta de pruebas.

Eran los años duros de la violencia en Michoacán. Una investigación del Strategic Studies Institute del US Army War College explicó que los grupos michoacanos lograron una suerte de «narco-administración» que generaba empleo, cobraba extorsiones y controlaba el territorio de Tierra Caliente. Los fiscales en Washington aseguran que desde 2003 Farías participaba en la distribución de cocaína y heroína hacia EU, recurría a las armas de fuego y se relacionaba con el narcotráfico.

Años después de que fue absuelto, Farías se incorporó a los grupos de autodefensa de Tierra Caliente que combatían a Los Caballeros Templarios, junto a Hipólito Mora y José Manuel Mireles. Más tarde, se unió a las Fuerzas Rurales, promovidas por el gobierno federal. Y después, dice la acusación de Washington, fundó Cárteles Unidos (también conocido como Cártel de Tepalcatepec o Cártel del Abuelo).

En septiembre de 2023, un gran jurado comenzó a escuchar las investigaciones contra Farías por fabricar y distribuir cocaína y metanfetaminas. Los datos habían sido recabados por Homeland Security Investigations, fiscales especializados en lavado de dinero, narcóticos y decomisos, y por un fiscal del Distrito Este de Tennessee. La acusación se formalizó en enero de 2024, pero se mantuvo en secreto.

En octubre de ese año, en Morelia, Apatzingán y Uruapan aparecieron narcomantas -firmadas supuestamente por el CJNG y Los Viagras- que acusaban al Ejército Mexicano de proteger al Cártel de Tepalcatepec. Señalaban directamente a Enrique Covarrubias, entonces subsecretario de la Defensa Nacional, por recibir pagos mensuales de «El Abuelo» a cambio de protección.

Meses después, en Tierra Caliente apareció otro mensaje, dirigido a Claudia Sheinbaum, al secretario de la Defensa Nacional y a Omar García Harfuch. Señalaba que un general de brigada y un coronel eran miembros de Cárteles Unidos. Ambas denuncias coinciden con la investigación de Washington: apuntan a que mandos militares en Michoacán se coludieron con Cárteles Unidos.

En 2025, EU designó a los cárteles como organizaciones terroristas. En agosto de ese año, anunció cargos contra cinco líderes de Cárteles Unidos. El Departamento del Tesoro incluyó en sus listas de personas bloqueadas a siete miembros. EU ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre Farías. En México, entonces no se anunció formalmente ningún cargo contra él.

Este 30 de abril, en la misma corte de Washington en la que acusaron a Farías, ahora se fincó otra acusación ante un gran jurado contra su hijo, Juan José Farías, alias «Juanjo», y su sobrino, Israel Vega Farías, alias «Papo». Los fiscales los acusan de distribuir metanfetaminas desde 2021. Según estas indagatorias los Farías tienen control territorial, acceso a laboratorios de drogas y a la logística para transportarlas. También indican que solo han logrado este volumen de operaciones gracias a la protección del Ejército.

El caso de «El Abuelo» es incómodo para el gobierno porque fue el propio gobierno quien los armó cuando se crearon las autodefensas. Ahora, EU lo acusa de encabezar una organización de narcotráfico y terrorismo que ha recurrido a tratos corruptos con militares para operar en Michoacán. Veremos cuánto se investiga en México sobre este asunto, que lleva años asolando a campesinos, productores y empresarios en Michoacán.

Fuente.-PENILEY RAMIREZ/REFORMA/