La presidenta de Morena impuesta por Andres Manuel Lopez Obrador,Ariadna Montiel ,respondió a los señalamientos de representante del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, en el sentido de que el partido junto con el gobierno federal «está preparando las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el narcogobernador Rubén Rocha Moya regrese a su cargo en Sinaloa«.
A través de redes sociales, Montiel acusó a la oposición de recurrir a la desinformación como estrategia política para desviar la atención de su propio historial.
Pero lo que es un hecho,es que en este ring de la política mexicana todos juran combatir a las mafias mientras afinan sus propios códigos de silencio, Morena y el PAN protagonizan otro episodio digno de serie criminal. Ariadna Montiel acusa al “PRIAN” de actuar como mafia; el PAN responde indignado, como si en este negocio alguien todavía pudiera presumir manos limpias sin provocar risa nerviosa.
Morena se asume —y actúa— como una suerte de Mafia Italiana,una Cosa Nostra tropicalizada: estructura cerrada, lealtades férreas, disciplina interna y una narrativa de causa superior que justifica todo hacia adentro. Como en la mafia clásica, el mensaje es claro: la familia primero, las decisiones no se cuestionan en público y las grietas se sellan desde dentro. La diferencia es que aquí no se esconden en las sombras, sino que gobiernan desde el poder formal.
El PAN, por su parte, se parece más a un viejo consorcio empresarial con prácticas de clan: apellidos que pesan, redes que se reciclan y una institucionalidad que funciona como fachada respetable. Si Morena es la Cosa Nostra que opera bajo lógica de lealtad y control interno, el PAN es ese holding de élite que defiende su territorio con discurso legalista mientras protege a los suyos como si fueran accionistas vitalicios.
El choque no es ideológico, es territorial. Lo que se disputa no es la verdad, sino quién logra imponer la etiqueta de “mafia” sin que el espejo le devuelva la imagen. En ese juego, la acusación deja de ser denuncia y se vuelve estrategia: señalar al otro para desviar la mirada propia.
Y así, entre declaraciones y desmentidos, el espectáculo termina siendo el de dos estructuras que se acusan de operar como mafia mientras perfeccionan, cada una a su estilo, sus propias reglas de pertenencia, silencio y poder.
Era 2024. En una corte penal de Washington, un gran jurado aprobó una investigación contra Juan José Farías, alias «El Abuelo». Lo acusan de dirigir en Michoacán Cárteles Unidos, uno de los mayores productores de metanfetaminas del mundo, con redes de distribución que abarcan desde Texas hasta Georgia, Missouri, California, Colorado e Illinois, incluso Europa y Australia.
Según la acusación, este cártel extorsiona a aguacateros, limoneros y ganaderos, recluta mercenarios extranjeros y emplea artefactos explosivos improvisados, drones armados y vehículos blindados. Su líder, dicen las autoridades, ha recurrido a sobornos a militares durante más de dos décadas para mantener el control territorial, mientras ha mantenido tratos cercanos con el gobierno.
En 2009, el Ejército detuvo a Farías, acusándolo de ser lugarteniente y jefe de plaza de Tepalcatepec del Cártel del Milenio. Poco después, detuvieron a su hermano, entonces alcalde de Tepalcatepec por el PRI. Ambos recuperaron su libertad pronto por falta de pruebas.
Eran los años duros de la violencia en Michoacán. Una investigación del Strategic Studies Institute del US Army War College explicó que los grupos michoacanos lograron una suerte de «narco-administración» que generaba empleo, cobraba extorsiones y controlaba el territorio de Tierra Caliente. Los fiscales en Washington aseguran que desde 2003 Farías participaba en la distribución de cocaína y heroína hacia EU, recurría a las armas de fuego y se relacionaba con el narcotráfico.
Años después de que fue absuelto, Farías se incorporó a los grupos de autodefensa de Tierra Caliente que combatían a Los Caballeros Templarios, junto a Hipólito Mora y José Manuel Mireles. Más tarde, se unió a las Fuerzas Rurales, promovidas por el gobierno federal. Y después, dice la acusación de Washington, fundó Cárteles Unidos (también conocido como Cártel de Tepalcatepec o Cártel del Abuelo).
En septiembre de 2023, un gran jurado comenzó a escuchar las investigaciones contra Farías por fabricar y distribuir cocaína y metanfetaminas. Los datos habían sido recabados por Homeland Security Investigations, fiscales especializados en lavado de dinero, narcóticos y decomisos, y por un fiscal del Distrito Este de Tennessee. La acusación se formalizó en enero de 2024, pero se mantuvo en secreto.
En octubre de ese año, en Morelia, Apatzingán y Uruapan aparecieron narcomantas -firmadas supuestamente por el CJNG y Los Viagras- que acusaban al Ejército Mexicano de proteger al Cártel de Tepalcatepec. Señalaban directamente a Enrique Covarrubias, entonces subsecretario de la Defensa Nacional, por recibir pagos mensuales de «El Abuelo» a cambio de protección.
Meses después, en Tierra Caliente apareció otro mensaje, dirigido a Claudia Sheinbaum, al secretario de la Defensa Nacional y a Omar García Harfuch. Señalaba que un general de brigada y un coronel eran miembros de Cárteles Unidos. Ambas denuncias coinciden con la investigación de Washington: apuntan a que mandos militares en Michoacán se coludieron con Cárteles Unidos.
En 2025, EU designó a los cárteles como organizaciones terroristas. En agosto de ese año, anunció cargos contra cinco líderes de Cárteles Unidos. El Departamento del Tesoro incluyó en sus listas de personas bloqueadas a siete miembros. EU ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre Farías. En México, entonces no se anunció formalmente ningún cargo contra él.
Este 30 de abril, en la misma corte de Washington en la que acusaron a Farías, ahora se fincó otra acusación ante un gran jurado contra su hijo, Juan José Farías, alias «Juanjo», y su sobrino, Israel Vega Farías, alias «Papo». Los fiscales los acusan de distribuir metanfetaminas desde 2021. Según estas indagatorias los Farías tienen control territorial, acceso a laboratorios de drogas y a la logística para transportarlas. También indican que solo han logrado este volumen de operaciones gracias a la protección del Ejército.
El caso de «El Abuelo» es incómodo para el gobierno porque fue el propio gobierno quien los armó cuando se crearon las autodefensas. Ahora, EU lo acusa de encabezar una organización de narcotráfico y terrorismo que ha recurrido a tratos corruptos con militares para operar en Michoacán. Veremos cuánto se investiga en México sobre este asunto, que lleva años asolando a campesinos, productores y empresarios en Michoacán.
Circular a exceso de velocidad -cercana a los 160 kilómetros por hora– llevó a cuatro jóvenes a morir tras impactar el camellón central de la Carretera Nacional, invadir los carriles contrarios y chocar de frente contra una camioneta, en Santiago.
Las víctimas mortales fueron identificadas ayer ante las autoridades como Mauricio Muñoz, de 19 años; Kelly Escobedo, Patricia Arizpe y Ana Carreón, todas de 20.
El grupo de jóvenes viajaba en un auto Toyota Camry, que terminó partido en dos tras el fuerte impacto.
El vehículo contra el que chocaron, un Audi Q3, era conducido por Ángela Lizeth, de 21 años, quien fue trasladada a un hospital particular.
El accidente se registró alrededor de las 22:50 horas del viernes en el kilómetro 260 de la Carretera Nacional, a la altura de El Cerrito, en Santiago.
Esto no fue solo “exceso de velocidad”. Es física básica aplicada sin margen de error… y la física no negocia.
El dato clave: 160 km/h
A 160km/h≈44.4m/s. La energía cinética depende del cuadrado de la velocidad:
Ek=21mv2
Si duplicas la velocidad, cuadruplicas la energía. A ese ritmo, un sedán promedio (unos 1,400 kg) lleva una energía brutal, equivalente a caer desde varios pisos de altura. No es metáfora: es literalmente la misma física.
Primer acto: pérdida de control
El video describe que “derrapa con las llantas traseras”. Traducción física:
Las llantas pierden adherencia: la fricción estática (la buena) se convierte en fricción cinética (la mala).
A 160 km/h, cualquier corrección del volante genera sobreviraje: la parte trasera se adelanta.
El conductor ya no “maneja”, negocia con la inercia… y pierde.
Aquí entra la primera ley de Newton: el auto quiere seguir en línea recta, aunque el conductor quiera otra cosa.
Segundo acto: el camellón no es decoración
El coche cruza carriles y sube al camellón. Ahí ocurre el primer golpe serio:
Impacto contra el árbol: desaceleración brutal en milisegundos.
El árbol no “cede”; el auto sí. La estructura absorbe energía deformándose.
Ese impacto probablemente inicia la ruptura estructural. A esas velocidades, el vehículo empieza a comportarse más como lata que como “cápsula de seguridad”.
Tercer acto: invasión y choque frontal
Luego viene lo peor: invade carriles contrarios y choca de frente con la Audi.
Aquí la física se vuelve despiadada:
Si ambos vehículos se aproximan, las velocidades se suman en términos de impacto relativo.
La desaceleración es extrema: de 44 m/s a 0 en una fracción de segundo.
Fuerza aproximada:
F=ΔtΔp
Momento (p=mv) altísimo, tiempo de impacto diminuto → fuerzas gigantes.
Eso explica el dato más crudo: el Camry “partido en dos”. No es exageración mediática; es fallo estructural por energía excedida.
Cuarto acto: el cuerpo humano vs la física
El cuerpo no está diseñado para esto:
Los órganos siguen moviéndose dentro del cuerpo (inercia interna).
El cerebro golpea el cráneo.
La desaceleración supera lo que cinturones y bolsas de aire pueden mitigar.
A partir de cierto umbral de energía, los sistemas de seguridad dejan de ser suficientes. No es falta de tecnología: es límite físico.
La lectura incómoda
No fue “un accidente” en el sentido de algo imprevisible. Fue una cadena:
Velocidad extrema
Pérdida de adherencia
Obstáculo rígido (árbol)
Trayectoria descontrolada
Impacto frontal
Cada paso está perfectamente descrito por leyes físicas conocidas desde hace siglos.
Un ejemplo simple para dimensionarlo: Chocar a 160 km/h no es “el doble de grave” que a 80 km/h. Es aproximadamente cuatro veces más violento en energía. Y en la práctica, muchas veces pasa de sobrevivible a letal.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó buscar cualquier acuerdo “en lo oscurito” con las autoridades de Estados Unidos, luego de que en este espacio se diera a conocer el audio de una conversación suya con “un intermediario” que la ayudaría a resolver posibles acusaciones en su contra.
La funcionaria dijo que tenía reuniones constantes y transparentes con autoridades estadounidenses, “donde lo que buscamos es el beneficio y el bienestar de las familias de ambos lados de la frontera”.
Una nueva grabación la desmiente. En esta, uno de esos “intermediarios”, que ha sido definido como un asesor externo del FBI, le comunica que las agencias de Estados Unidos “ahorita” no quieren hablar con ella porque “sienten que han perdido el tiempo”.
Le dan, sin embargo, una última oportunidad “para frenar los cargos o sanciones a tiempo”.
En la grabación se aclara que el FBI ha tomado el caso. Se oye la voz de un agente especial que le informa que de momento no puede hablarle de los cargos.
“Él comentó que intentaron ya por muchas puertas, que usted ya fue a hablar a las agencias. Hemos estado apoyando al 100 para poder lograr que se haga la última oportunidad de hablar… que usted pueda tener la última oportunidad de hablar con la procuradora”, le dice el asesor.
Ávila Olmeda pregunta de dónde es la procuradora y él le contesta: “de allá, la encargada de los ‘charges’ e ‘intentions’”.
Ella replica: “¿Me quieren levantar cargos?”, y confiesa más adelante que ya se ha reunido “por iniciativa de ellos, no mía”.
El “intermediario” le responde que el FBI no busca a las personas, sino al contrario.
Ávila Olmeda afirma que ya estuvo en una oficina del FBI, “y ahí estuve platicando con el adjunto, luego nos volvimos a ver en México, agendamos, luego a través de mis abogados nos volvimos a reunir en México”.
“Incluso el otro día –sigue–, hace dos o tres semanas, nos sentamos con todas las agencias, ahí estaban todos, también el Departamento de Justicia”.
El agente especial explica que “hay mucha frustración porque ahorita las tres juntas que ha habido con el gobierno de Estados Unidos no han sido muy productivas”.
“¿Todavía tiene a su abogado de Miami?”, le preguntan.
“Pues sí”, responde ella.
“¿No ha cambiado?”.
“No…Es Michael Nadler, de Miami”, contesta la gobernadora.
La parte más explosiva y más grave del audio se da en el momento en el que Ávila Olmeda se alarma ante la posibilidad de ser extraditada:
“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?… ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”, dice.
Poco después le explican que en este caso el FBI está “dándole la atención para que pueda solucionarlo antes de tiempo”.
“Yo la verdad… se han portado mal, cada vez que me siento me hacen algo –dice Ávila–. Salgo de ahí y ya pasó algo… No he visto como un buen avance, muy buena atención, nada, al contrario, parece que me vaya a sancionar la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros)”.
Agrega la gobernadora: “Están diciendo que me van a levantar cargos y con orden de extradición por algo”. Y sostiene a continuación:
“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar, Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes…”.
En el tramo final del audio, Marina del Pilar acuerda que “la procuradora” contacte a su abogado y pregunta si la entrevista entre ambos sería en México, porque “yo no quiero cruzar a Estados Unidos”.
Su interlocutor le ofrece que la reunión se lleve a cabo en el consulado de Tijuana. Ella se niega y propone “que sea en algún hotel”.
Hace unas semanas Ávila Olmeda aseguró que era “totalmente falso” que hubiera entrado en negociaciones con Estados Unidos.
El nuevo audio indica otra cosa. ¿Se llevó a cabo la reunión pactada? ¿Quedó la gobernadora de Baja California como colaboradora del FBI, y para salvarse, le ha compartido a esta agencia lo que escucha y ve en las mesas de seguridad?
¿O acaso “ahorita” no quieren hablar con ella porque las agencias “sienten que han perdido el tiempo”?
Las preguntas llueven. Ojalá lluevan también las respuestas.
El contrabando de combustible desde Estados Unidos a México, el gran esquema criminal que creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tiene un epicentro claro: el Estado de Tamaulipas.
Es en sus aduanas donde se corrompieron marinos y soldados, cobrando millones de pesos por dejar pasar millones de litros, y de Tamaulipas era nativo Sergio Carmona, un empresario apodado El rey del huachicol.
También El señor de los buques, alias de Roberto Blanco Cantú, prófugo de la justicia de México por su papel como cerebro y operador en esta trama.
Los Metros, escisión del Cartel del Golfo ahora ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “unos de los principales responsables del huachicol fiscal” según la Fiscalía General de la República, tienen en Tamaulipas su centro de operaciones, y ahí asesinaron al fiscal Ernesto Vásquez Reyna en respuesta a un decomiso de millones de litros de combustible.
En sus ciudades fronterizas con Texas es donde la Red de Control de Delitos Financieros ha detectado la mayor parte de las cientos de actividades sospechosas por valor de 7.000 millones de dólares durante este último año.
Una base de datos construida por EL PAÍS, combinando informes confidenciales con estadísticas de comercio exterior de diez empresas identificadas como contrabandistas en documentos filtrados del ejército e investigaciones de la Fiscalía, revela que, de los 2.800 millones de litros de lubricantes derivados del petróleo, aditivos para lubricantes y aceites de petróleo que estas empresas importaron a México desde 2019, casi 2.700 entraron por las aduanas de Tampico, Matamoros, Altamira, Nuevo Laredo y Ciudad Reynosa. Todos los caminos del huachicol fiscal, el estraperlo de gasolina refinada oculta bajo el manto de otra mercancía para no pagar impuestos, llevan a Tamaulipas.
Huachicol fiscal en aduanas de Tamaulipas
Mercancías sospechosas importados por empresas acusadas de contrabando de combustible entre 2019 y 2025. En millones de litros.
Total
El hilo que desmadejó la trama
Puerto de Tampico, marzo de 2025. El petrolero Challenge Procyon arriba a la aduana. Sus papeles dicen que viene desde Texas, cargado de aditivos para aceites lubricantes, pero cuando las autoridades inspeccionan sus bodegas, éstas cuentan otra historia: van llenas de combustible, y comienza un cateo que les lleva a un predio cercano donde incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos.
Este fue el primer gran caso mediático de huachicol fiscal y, según han declarado las autoridades, fue clave para tirar del hilo que llevó a desmadejar una conspiración criminal que unió a marinos de alto rango, funcionarios de aduanas y empresarios para contrabandear a México un mínimo de 564 millones de litros en 69 barcos petroleros desde 2023, según una investigación de este diario.
Comandada, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, por Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, marinos de alto rango y sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina López Obrador (2018-2024), la operación ocurrió principalmente en los recintos vecinos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, la mejor ruta marítima para traer mercancías desde Texas. En las pesquisas se identifican a 19 personas implicadas que trabajaron en estas aduanas.
Una de las empresas que se encargaba de distribuir por todo el país el combustible traficado era Mefra Fletes. Aunque fue fundada en Jalisco, desde marzo de 2019 tuvo como socio a Roberto Blanco Cantú, El señor de los buques.
La investigación señala que se vio a sus camiones cisterna en los muelles de Tampico y que fue justo una de estas pipas la que llevó a la policía desde el Challenge Procyon hasta el predio de la vecina ciudad de Altamira, donde hallaron los millones de litros de gasolina de contrabando que hicieron a las autoridades poner el foco sobre las aduanas.
Blanco Cantú lleva prófugo desde septiembre del 2025, cuando, prácticamente al mismo tiempo que se anunciaba la detención y desmantelamiento de la red de la marina, se liberó otra orden de captura contra ocho personas vinculadas con Mefra Fletes.
Vista la magnitud del esquema criminal —se calcula que durante el sexenio de López Obrador hubo un daño al erario público de 7.000 millones de dólares y que entre un 20% y un 30% del mercado de combustibles era de origen ilícito—, la gran duda era qué ocurría en las fronteras terrestres.
Las fuerzas militares controlan desde mediados de 2020 del control de las aduanas, siendo los marinos los encargados de los puertos, mientras los soldados se quedaron con las entradas de tierra.
De nuevo, el escándalo estalló en Tamaulipas. Esta semana se hizo público que tres soldados de alto rango están prófugos de la justicia mexicana, acusados de permitir, como cabezas de la aduana de Matamoros, el contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025.
EL PAÍS reveló que, desde que la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo cargo del control de esta aduana, este crimen se multiplicó hasta el infinito.
De acuerdo con documentos internos de la Secretaría filtrados en los Guacamaya Leaks, el Gobierno tenía información de que las operaciones de contrabando se remontan a más de cinco años. “La logística, traslado y cruce se realiza principalmente por Tamaulipas debido a las condiciones geográficas y de infraestructura”, dice ese informe del Servicio de Administración Tributaria.
El rey del huachicol
El huachicol es un monstruo de mil brazos y cabezas, de entre las cuales, la que más destaca es la de Sergio Carmona, un personaje que se volvió conocido nacionalmente solo tras su asesinato, en noviembre de 2021, en Nuevo León. Los primeros titulares lo identificaban como un empresario. Poco después, se conoció que era El rey del huachicol, la mano detrás del lucrativo negocio de contrabando de combustible en la frontera.
El magnánimo alias se correspondía con el tamaño de sus operaciones ilícitas. Investigaciones periodísticas apuntaban a las redes de complicidades tejidas por Carmona con políticos locales, especialmente en Tamaulipas, que alcanzaban a altas esferas del poder federal. Como es usual entre personajes corruptos y corruptores, Carmona construyó su imperio apostando a favor de políticos de todos los partidos, del PAN a Morena pasando por el PRI.
De nuevo, investigaciones periodísticas trazaron los nexos de empresas fachada de Carmona con instituciones del Gobierno de Francisco Cabeza de Vaca, mandatario de Tamaulipas de 2016 a 2022. Con el cambio de manos en la gubernatura, en los comicios de 2021, los afectos de Carmona también migraron. Dentro y fuera del oficialismo, varias fuentes señalan que El rey del huachicol aportó dinero ilícito a las campañas de los gobernadores de “la generación 21”.
Estas acusaciones han dado elementos mortíferos a la oposición, que ha colocado al oficialismo etiquetas de “narcopartido” y “narcogobierno”. Vino a dar el remate un antiguo aliado de López Obrador, el vilipendiado Julio Scherer, que, en un libro, acusó a varios políticos y funcionarios de Morena de estar relacionados con Carmona, aunque sin aportar una sola prueba, en lo que integrantes del oficialismo calificaron de traición.
El asesinato de Carmona no se ha esclarecido. En la baraja de sospechosos hay militares, políticos y narcos. Ha circulado la versión de que su hermano, Julio César, huyó a Estados Unidos y buscó el favor de las autoridades para acogerse al programa de testigos protegidos.
La oposición mexicana asegura que Julio Carmona está dando en EE UU interminables pruebas contra los “narcopolíticos” de Morena. No obstante, según fuentes en contacto con autoridades estadounidenses, no hay certeza de que el hermano del rey del huachicol esté siquiera en ese país. Lo que es cierto es que un negocio ilícito tan gigante como el del huachicol fiscal no podría prosperar sin la colaboración de múltiples políticos y funcionarios de todos los colores y niveles. Se requiere sobornar a una larga cadena de cómplices en el Gobierno para que volteen la vista e ignoren la llegada de buques con millones de litros de combustible.
Sanciones de EE UU
En agosto de 2025, la Fiscalía General de la República anunciaba la detención de Jareth Roberto H en (dónde si no) Reynosa, Tamaulipas, como presunto asesino del delegado de la agencia en el estado, Ernesto Vásquez Reyna. En su comunicado, aseguraba que “datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de Los Metros, facción del denominado Cartel del Golfo, uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona”.
El móvil para que un comando armado interceptara la camioneta del funcionario, la lanzara con una granada y luego, cuando Vásquez Reyna salió arrastrándose, lo remataron a tiros, fue la respuesta a un cateo, la última semana de julio, de 1.800.000 litros de hidrocarburos ilegales. Ese año, además, las autoridades habían decomisado otros 13 millones de litros de hidrocarburos y detenido a 19 personas en diversos operativos en Tamaulipas.
De acuerdo a documentos de inteligencia, el líder de Los Metros es César Morfin, alias Primito. Este es uno de los grupos fuertes dentro del cártel del Golfo, una organización que “se ha dividido en diversas facciones”. Los Metros se han aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación para protegerse de Los Mayos, del cártel del Noreste y de otras facciones del cártel del Golfo. A cambio, el cártel Jalisco Nueva Generación ha ganado acceso a los puertos de entrada en la frontera norte, incluyendo el puerto de Altamira. Morfin está en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos por ser “un líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Tamaulipas” que “se beneficia del robo de combustible”.
Hace menos de dos semanas, la Oficina emitió una nueva alerta sobre contrabando de combustible, sancionando a dos mexicanos y sus nueve empresas relacionadas. Más interesante que estas empresas en sí, es cómo explican el funcionamiento del huachicol fiscal la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros. Se señala a Tamaulipas, junto con Nuevo León y Coahuila, como uno de los puntos principales de entrada del contrabando, usando para este delito camiones cisterna, ferrotanques y buques petroleros. De acuerdo a estos documentos, después de que Estados Unidos detuviera a la familia Jensen en abril de 2025, se ha observado una bajada significativa del contrabando de crudo mexicano hacia refinerías texanas, aunque esto puede obedecer meramente a una pausa y reacomodo de fuerzas, que es como suele operar el crimen organizado tras cada gran golpe de la autoridad.
La alerta de Estados Unidos contradice a las autoridades mexicanas, que han declarado varias veces que el huachicol fiscal es un delito a la baja por las acciones del Gobierno Federal y las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
En el último año, la Red de Control de Delitos Financieros ha recibido 160 reportes de actividades sospechosas con valor de 7.000 millones de dólares de operaciones de Estados Unidos a México, con origen en las ciudades fronterizas de Brownsville, McAllen y Eagle Pass. Las dos primeras colindan con Matamoros y Reynosa de Tamaulipas, y la tercera lo hace con Piedras Negras de Coahuila.
Huachicol a la inversa
El del huachicol no es negocio de un solo dueño. Al lado de Sergio Carmona, hay otro gran empresario huachicolero en Tamaulipas, el misterioso Luis Ariel Rivera Rodríguez.
A diferencia de aquel, Rivera es discreto y no se muestra al público, no va a eventos llamativos, opera en las sombras. Su nombre ha llamado la atención a raíz de un juicio que se sigue en Estados Unidos contra el magnate petrolero James Jensen, acusado de un huachicol a la inversa: introducir de México a Estados Unidos combustible disfrazado de “destilado de petróleo” y “lubricante usado”. En realidad, se trata de petróleo crudo robado directamente a Pemex mediante una vasta red corrupta de empresarios de México y EE UU, agentes aduanales y narcos del Cartel Jalisco Nueva Generación, nuevos señores del negocio junto a Los Metros.
La Fiscalía de EE UU acusa a James Jensen y su familia de haber contrabandeado 4.000 cargamentos de crudo con valor de 300 millones de dólares entre 2018 y 2025 desde las aduanas de Tamaulipas a Texas. La acusación señala que los Jensen negociaban con el CJNG a través de un intermediario.
El testigo estrella de la Fiscalía es Luis Rivera, que, presuntamente, vende a los Jensen el crudo que en México hurtan los narcos del CJNG; en EE UU, empresarios como los Jensen revenden el producto a compañías refinadoras, que luego lo ingresan al mercado formal. Rivera ha relatado a las autoridades estadounidenses cuál es su relación con el cartel jaliscience, para el que comenzó a trabajar, y la mecánica de sobornos en las aduanas. Rivera, en específico, habla de su amistad con El Primito, con el que, aseguró, tiene un negocio desde el 2021.
Una investigación de este diario documentó que Rivera, a través de su firma Luxemborg Trading LLC, introdujo a EE UU alrededor de 200 millones de litros de crudo entre 2019 y 2025. Más de la mitad se contrabandeó a por la aduana de Reynosa.
El caso de los Jensen demuestra cómo el huachicol es una de las varias crisis compartidas por México y Estados Unidos y que merecen una atención conjunta. Se trata de un modelo criminal con miles de rutas de escape y que representa pérdidas milmillonarias para ambos países, aunque quizá es aún más grave para México, donde el petróleo no está privatizado y pertenece a la nación. Actuar de un lado de la frontera sin un trabajo equivalente de la contraparte no beneficia sino a las decenas, quizá cientos, de rostros de esta hidra criminal.
