¿SE «ESCAPÓ CORRIENDO»?: ALCALDE SECUESTRADO en PELIGROSA CARRETERA CONTRADICE el RESCATE CUENTERO y SIN DETENIDOS de HARFUCH y COMPAÑÍA… plagio involucra tres estados.

Que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte vaya preparando la medalla olímpica, porque el panista Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, acaba de romper todas las leyes de la física, la resistencia humana y la credibilidad política en una sola madrugada.

Ni Forrest Gump se atrevió a tanto: El alcalde de Río Bravo «escapa» corriendo un ultramaratón de 80 kilómetros sin despeinarse.

Resulta que, tras haber sido privado de la libertad, el edil reapareció saliendo muy quitado de la pena de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila con un guion digno de película de acción de bajo presupuesto (o de un milagro de «cuatro estrellas y cero esposas»).

Ante los micrófonos, Almaraz soltó con total serenidad la hazaña atlética del siglo: aseguró que lo tenían en un potrero, pero que sus captores —aparentemente los criminales más distraídos del noreste mexicano— simplemente «se salieron de ahí» y se descuidaron.

Sin esposas, sin ataduras y con el campo libre, el alcalde y su acompañante aplicaron la técnica ancestral de brincar la cerca. Pero ahí no termina la magia; apenas tocaron tierra libre, activaron el modo ultramaratonista:

«Brincamos la cerca y corrimos una hora sin parar y luego deambulamos toda la noche 80 kilómetros hasta llegar acá».

Hagamos cuentas rápidas: caminar 80 kilómetros en «una noche» (digamos, unas 8 o 10 horas de oscuridad) implica mantener un paso militar ininterrumpido de entre 8 y 10 kilómetros por hora a campo traviesa, de madrugada, después de haber corrido una hora a máxima velocidad. Básicamente, el alcalde habría recorrido casi dos maratones seguidos entre el monte, cruzando hasta Coahuila, sin linterna, sin hidratación y sin que le saliera una sola ampolla.

¿El saldo de esta brutal travesía digna de las fuerzas especiales? Cero rasguños. El propio Almaraz declaró sentirse bien y estar tranquilo: «golpes, lesiones, nada de eso, pero sustos terribles, sí». Ni un tirón en la pantorrilla, ni deshidratación severa, ni la ropa desgarrada por las ramas del potrero. Solo una «mala experiencia» que se quita con un bolillo para el susto.

La publicación en redes del Secretario de Seguridad Federal , Omar H. García Harfuch contrastan con los dichos del alcalde:

El discurso del megaoperativo interestatal: En su mensaje del 8 de noviembre de 2026, Harfuch afirma que la localización del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue producto de un despliegue masivo. Según su dicho, intervinieron el Gabinete de Seguridad federal (Defensa, SEMAR, FGR y SSPC) en coordinación con los gobiernos de cuatro estados: Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, agradeciendo directamente a los gobernadores David Monreal, Manolo Jiménez, Ricardo Gallardo y Américo Villarreal.

Cronología y Coordenadas del Trayecto

El secuestro y posterior localización del alcalde de Río Bravo (Tamaulipas), Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrido entre el 7 y 8 de noviembre de 2026, abarcó la zona limítrofe de tres estados (Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila).

Punto	Ubicación	Coordenadas (Aprox.)	Detalle del Suceso
1. Intercepción y Secuestro	Carretera San Tiburcio – Vanegas (Zacatecas)	24.0850, -101.2500	El sábado 7 de noviembre por la noche, el alcalde y sus acompañantes fueron interceptados cuando se dirigían hacia Real de Catorce.
2. Primer reporte de auxilio	Cedral (San Luis Potosí)	23.8206, -100.7231	Los acompañantes fueron liberados y lograron avanzar hasta la cabecera municipal de Cedral para pedir auxilio a la Guardia Civil Estatal.
3. Escape y Huida (80 km)	Corredor Carretera Federal 54 (Zacatecas – Coahuila)	24.5500, -101.2200	Según el relato del edil, escapó de un potrero brincando una cerca, corrió por una hora y caminó/se desplazó cerca de 80 km durante la noche hacia el norte.
4. Aparición y Resguardo	Carretera 54 / Fiscalía Gral. en Saltillo (Coahuila)	25.4194, -100.9950	Fue localizado a salvo sobre la Carretera 54 cerca de Saltillo y trasladado a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para rendir su declaración.

Mapa Interactivo

Ruta del secuestro y localización: Alcalde Miguel Ángel Almaraz

1. Secuestro (Zac)2. Auxilio Familia (SLP)3. Ruta de Escape4. Aparición (Coahuila)

1. Punto de Intercepción (Zacatecas)
Carretera San Tiburcio – Vanegas. El alcalde es privado de la libertad la noche del sábado 7 de noviembre cuando viajaba rumbo a Real de Catorce.

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Leaflet | Datos del mapa © Google

Queda claro que en la política mexicana ya no hacen falta operativos de rescate cuando se tiene la condición física de un superhéroe y captores que olvidan cerrar la puerta del potrero. ¿Le creemos la hazaña deportiva o vamos registrando el récord Guinness en la categoría de ficción política?

Con informacion: ELNORTE/

“DE MAULEÓN EXHIBE los ESCÁNDALOS de la CUATRO-TE y la TAPADERA con ‘A’ ECHANDO CULPAS al PASADO”… como lo hacen los mediocres.

La 4T ya no sabe ni en qué siglo buscar culpables: ahora andan desenterrando los sexenios de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari para justificar por qué su pupila Guadalupe Taddei se embolsó más de mil millones de pesos en plenos gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum. 

El espectáculo de los últimos días ha sido de pena ajena, con todo el oficialismo lanzado en bloque —como buen rebaño disciplinado— a echarle la culpa al exconsejero Lorenzo Córdova por los contratos millonarios que Taddei y su empresario consentido, Alfredo Hernández Casillas, se repartieron.

Pero la memoria digital es implacable y la historia no tiene pierde:

• El bautizo oficialista: Apenas el 4 de junio de 2023, en la recta final de AMLO y calentando motores para el 2024, Morena presumía en redes la llegada de Taddei —la recomendada de Alfonso Durazo— asegurando que en el INE por fin se respiraban «nuevos aires de cambio y democracia».
• Las porras del rebaño: Ahí siguen los videos de AMLO y Sheinbaum metiendo las manos al fuego por su honradez, acompañados del coro dócil y festivo de militantes, funcionarios, influencers y pseudo-periodistas a sueldo (o con contratos) que aplaudieron la «nueva era» por orden superior.
• Coronación con superpoderes: Tras salir de una quinteta a modo evaluada por un comité abrumadoramente morenista, el Congreso oficialista le regaló poderes extraordinarios para reinar en el INE y poner a dedo a directores ejecutivos y unidades técnicas, saltándose el requisito previo de juntar ocho de once votos de los consejeros.
• Romance, contratos y grabaciones: Con el cheque en blanco en la mano, la sonorense empezó a soltar miles de millones a Hernández Casillas, su contratista favorito y pareja personal, quien terminó grabándola. Nadie sabe cuántos videos, audios y trapos sucios más faltan por salir, pero sí queda claro que ella operó tanto la elección presidencial de 2024 como la que inundó el Poder Judicial de «jueces del bienestar».

El problema para Morena es que la colección de impresentables ya no cabe en la alfombra y les explota un escándalo por semana:

• El club de los intocables: Encabeza la fila «Andy», el hijo de López Obrador, vinculado al enriquecimiento exprés de su amigo Amílcar Olán, quien hoy disfruta en algún rincón de Europa los miles de millones que sacó en contratos.
• Huachicol y crimen: Se suman los embarrados en el tráfico de huachicol y los ligados al crimen organizado, destacando a Rubén Rocha Moya y su camarilla, a quienes el gobierno de Estados Unidos ya les echó el ojo pidiendo su detención.
• Impunidad garantizada: Mientras las obras estrella del sexenio pasado acumulan tranzas y desfalcos, los peces gordos viven en santa paz. Si Taddei o cualquiera de los saqueadores fueran de la oposición, ya estarían tras las rejas.

A dos años de haber tomado las riendas, el sexenio de Claudia Sheinbaum se resume en ser el tapadera del gobierno anterior y echarle la culpa al pasado.Aunque siga soltando a su jauría digital —pastoreada por los también salpicados Jesús Ramírez Cuevas e Iván Silva—, la realidad ya los rebasó. 

El discurso presidencial suena hueco, desconectado del país y reducido a repetir como disco rayado las mismas cinco o seis frases gastadas en las mañaneras. A Morena se le acabó la saliva: el escándalo de Taddei los puso contra las cuerdas y esto ya no se tapa ni con un micrófono ni invocando a los fantasmas del siglo pasado.

Con informacion: LATINUS/ HECTOR DE MAULEON/

LA "MUERTE TRAE CÁMARA: la INEXPUGNABLE FRONTERA FLUVIAL de UCRANIANOS y RUSOS es una GUERRA de PILOTOS de DRONES"... el progreso tecnológico abarata el terror.

La guerra del futuro tiene algo de taller improvisado y mucho de pesadilla. Una avioneta de unos 3.000 euros, una catapulta escondida entre árboles y dos militares mirando una pantalla desde un agujero bajo tierra. No hay cabina, ni piloto a bordo, ni épica de película. Hay un dron cargado de explosivos rumbo a la otra orilla del Dniéper.

Serpiente da la orden y el Baton sale disparado. El jefe de esta unidad del Batallón 140 de Inteligencia de los Marines ucranios dirige la operación desde una posición subterránea en la región de Jersón. Arriba queda el cielo; abajo, los hombres que intentan no convertirse en el siguiente objetivo.

El río separa a los dos ejércitos. Cruzarlo sigue siendo una manera extraordinariamente eficaz de jugarse la vida. Los drones, en cambio, pasan por encima: donde la infantería encuentra una barrera, una máquina con cámara encuentra una ruta.

«Esta ya no es una disputa a nivel de infantería. Estamos en una guerra de pilotos de drones», resume Serpiente.

Pilotos enterrados para seguir vivos. Aviones sin nadie dentro para llevar la muerte. El siglo XXI también era esto.

Una pantalla no convierte la guerra en un videojuego

Desde su refugio, el piloto y su ayudante siguen las imágenes del Baton. Al otro lado aparecen caminos, edificios y posiciones rusas. Pero para estos militares no es un escenario desconocido: es su tierra ocupada.

Buena parte de la unidad procede de Skadovsk, a orillas del mar Negro. Shamil, jefe de pilotos, tiene allí a sus suegros. Su casa queda a unos 60 kilómetros. Una distancia que, fuera de la guerra, cabría en un trayecto cotidiano; aquí separa el frente del hogar que no puede recuperar.

Serpiente tiene 48 años y ejerce de jefe y de figura paternal entre hombres más jóvenes. La semana anterior, cuenta, un bombardeo mató a uno de sus pilotos. La tecnología permite combatir a distancia, pero no ha conseguido que el duelo también sea remoto.

Y conviene no confundirse: esto no es una partida. No hay botón para reiniciar al compañero muerto.

El progreso también abarata el horror

El Baton llega desmontado en una caja. En unos diez minutos, los soldados lo tienen listo. La carga explosiva se instala al final. Después viene el lanzamiento, el vuelo y esa espera frente a la pantalla en la que una imagen puede terminar convertida en una explosión.

Según las prestaciones recogidas en el reportaje, el aparato puede alcanzar los 140 kilómetros por hora, volar durante 50 minutos y atacar objetivos hasta a 90 kilómetros del punto de despegue. La industria militar ha encontrado otra forma de hacer rendir el presupuesto: máquinas relativamente baratas para producir daños irreparables.

Serpiente no vende el invento como una maravilla del progreso. Le inquieta precisamente lo contrario: que estas tecnologías permitan matar por muy poco dinero.

«La verdad es que no me gusta nada de esto», admite.

No es una objeción menor viniendo del hombre que acaba de ordenar un lanzamiento. Es la contradicción de quien teme el mundo que está ayudando a construir, pero considera que dejar de combatir significaría abandonar el suyo.

Civiles bajo la cámara

Serpiente denuncia que los ataques rusos no distinguen entre objetivos militares y civiles. También sostiene que sus hombres deben tener presente que, en la orilla ocupada, siguen viviendo compatriotas. Es su explicación de una diferencia que, en el terreno, se mide en decisiones sobre dónde atacar y dónde no.

En Jersón, el peligro para los civiles no es una abstracción: un reportaje de EL PAÍS documenta ataques contra un autobús, una ambulancia y personas que salían a comprar pan. Vecinos y autoridades describen esa persecución con una expresión brutal: «safari humano». La ciudad incluso ha trasladado partos a una maternidad subterránea. El avance tecnológico por arriba; la vida buscando refugio por abajo.

La palabra «precisión» luce estupenda en un catálogo militar. Para quien camina bajo un dron, la pregunta es bastante menos elegante: a quién está mirando esa cámara.

El río no se conquista con una retransmisión

El Dniéper sigue ahí, indiferente a las promesas de la nueva guerra. Rusia ocupó la ciudad de Jersón en 2022 y terminó retirándose de la orilla derecha ante la contraofensiva ucrania. Después, los intentos de consolidar posiciones al otro lado volvieron a demostrar que atravesar el agua no equivale a quedarse.

Las fuerzas ucranias establecieron cabezas de puente en la margen izquierda en 2023, pero acabaron replegándose en el verano de 2024, tras la batalla de Krinki. La cámara puede llegar donde el soldado no consigue sostener una posición. Ver un territorio desde el aire no significa controlarlo.

Ahora el Baton cruza sobre ese paisaje rumbo a un edificio señalado por la inteligencia ucrania como alojamiento de tropas rusas. En la pantalla aparece un vehículo que los militares consideran enemigo, pero no es el objetivo de esta misión y lo dejan atrás.

Serpiente contempla también las dunas de Oleshki y se detiene en la belleza del paisaje. Incluso desde una máquina cargada de explosivos se reconoce la tierra a la que se quiere volver.

Pantalla negra, resultado incierto

La señal del Baton desaparece instantes antes de que alcance el objetivo previsto. Las nubes impiden enviar otro dron para comprobar el resultado.

No hay impacto confirmado. No hay balance verificable. Hay una transmisión interrumpida y una operación cuyo desenlace queda fuera de la vista.

El Dniéper continúa separando a los ejércitos. Los pilotos siguen bajo tierra. Los aparatos vuelven a prepararse.

La guerra ha cambiado de herramientas, de velocidad y de precio. Lo que no ha cambiado es su producto final: muerte. Ahora, además, llega con cámara, aunque la imagen no siempre alcance para contar cómo termina.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/LUIS DE VEGA

“MILAGRO de 4 ESTRELLAS y CERO ESPOSAS: CRIMINALES SUELTAN ALCALDE LEVANTADO y la ESTRATEGIA PRESUME RESCATE SIN DETENIDOS”… ni un solo sospechoso para la foto.

Con bombo, platillo y fanfarria de película de acción, el sesudo estratega federal, Omar García Harfuch, anunció que el Gabinete de Seguridad «localizó con vida» a Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde panista de Río Bravo, Tamaulipas.

Si uno lee el boletín oficial, casi se imagina a la Marina, al Ejército, a la FGR y a la Secretaría de Seguridad bajando en rapel desde helicópteros en cámara lenta. Lástima que a esta superproducción interinstitucional entre Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas se le olvidaron tres pequeños detalles del guion: dónde lo encontraron, cómo lo rescataron y, sobre todo, dónde están los secuestradores.

Porque sí, hubo foto triunfal para presumir el éxito, pero cero detenidos. Ni un solo sospechoso para la foto, ni una patrulla asegurando la escena del crimen; al parecer, el alcalde se «dessecuestró» por obra y gracia de la coordinación burocrática.

Para colmo de la narrativa federal —que quiso colgarse el mérito con toda la artillería del Estado—, en la única imagen de la hazaña el edil aparece muy quitado de la pena trepado en un vehículo todoterreno de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de Coahuila. Cuatro estados y cuatro dependencias federales movilizadas para terminar posando en la troca de los policías coahuilenses, sin dar explicaciones de en qué rincón del mapa apareció.

Pero si el «rescate» fue una comedia de enredos, las horas previas fueron un partido de ping-pong geográfico digno de premio.

Mientras Almaraz seguía desaparecido tras haber sido levantado el sábado (junto con su familia, a la que soltaron casi de inmediato como si fuera servicio exprés), los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas aplicaron la vieja doctrina de seguridad nacional: «aquí no fue, pregúntenle al de al lado».

Primer acto: San Luis Potosí madrugó el domingo para jurar que el secuestro ocurrió en la carretera San Tiburcio-Venegas, del lado de Zacatecas, y que ellos, como buenos vecinos solidarios, solo pusieron su granito de arena en la frontera.

Segundo acto: La Fiscalía de Zacatecas les devolvió el paquete horas después con un comunicado asegurando que ni maíz, que el levantón fue en la comunidad de Cedral, territorio de San Luis Potosí.

Nadie sabía quiénes se lo habían llevado, pero ambos gobiernos tenían peritajes milimétricos con GPS para demostrar que el muerto —o en este caso, el secuestrado— no iba a caer en su estadística.

Y como cereza de este pastel surrealista, está el currículum del propio protagonista.

Almaraz no es cualquier funcionario de escritorio: a principios de año se destapó muy campante para buscar la gubernatura de Tamaulipas en 2028 y quitarle el trono al morenista Américo Villarreal.

En aquel destape, con la frescura que da la política mexicana, recordó su «pequeño tropiezo» de seis años encerrado en el penal de máxima seguridad de El Rincón, en Nayarit. Eso sí, aclaró que todo fue un malentendido del 2009 por acusaciones injustas de delincuencia organizada, lavado de dinero y huachicoleo, de las cuales salió absuelto y listo para volver a las boletas.

Al final, todos ganan en el teatro de la seguridad: el alcalde con pasado carcelario regresa a la carrera por el 2028 con una anécdota más para la campaña, el Gobierno Federal presume un «rescate» sin disparar una bala ni presentar a un solo culpable, y San Luis Potosí y Zacatecas pueden seguir discutiendo de qué lado de la raya se cometen los delitos que ninguno de los dos persigue.

Con informacion: ELNORTE/

EL "PRESO CELEBRA: CALIFORNIA BUSCA CONMUTAR la PENA de MUERTE por CADENA PERPETUA de 548 PRESOS SENTENCIADOS"... Para la familia de dos víctimas, la ejecución era un castigo merecido.

Albert Jones quiere contárselo al mundo. James y Madalynne Florville no pueden contar nada: fueron asesinados en su casa en 1993. Ese es el desequilibrio que atraviesa esta historia. Uno tiene voz para celebrar que dejará de estar condenado a muerte; los otros dependen de que alguien recuerde que existieron antes de convertirse en antecedentes penales de su asesino.

Jones fue condenado por ambos homicidios, aunque sostiene que es inocente y busca impugnar su condena. Conviene mantener esas dos cosas en su sitio: una sentencia condenatoria no desaparece porque el condenado la rechace, y una declaración de inocencia tampoco debe silenciarse porque resulte incómoda.

El gobernador Gavin Newsom anunció que busca sustituir las penas de muerte de 548 personas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No es una absolución, no es una orden de liberación y tampoco elimina la pena capital de la legislación de California. Además, 382 de esas conmutaciones requieren la aprobación de la Corte Suprema estatal. Venderlo como una puerta de salida sería falsear la noticia: lo que cambia es la posibilidad de que el Estado los ejecute. La prisión permanece.

Desde las víctimas: que la compasión no vuelva a enterrarlas

James Florville tenía 82 años; Madalynne, 72. Según la sentencia confirmada por la Corte Suprema de California, fueron atados y asesinados a puñaladas durante un robo en su vivienda de Mead Valley. El expediente sitúa a Jones, entonces de 29 años, y a un adolescente de 15 en el ataque. No fue una tragedia sin responsables ni un accidente que se salió de control: la condena corresponde a dos asesinatos en primer grado.

Por eso, comenzar y terminar la historia con la alegría del preso tiene un problema de fondo: puede convertir a los asesinados en personajes secundarios del renacimiento emocional de quien fue condenado por matarlos. El vivo ofrece sorpresa, declaraciones y un futuro narrativo. Los muertos apenas consiguen unas líneas para explicar por qué él estaba allí.

La nota de La Opinion recoge que Rena MacNeil, nieta de la pareja, había defendido la condena con una frase tajante: «Creo en la ley del talión». No corresponde convertir esa declaración en la opinión de toda la familia.Sí permite identificar una exigencia concreta: para ella, la ejecución era un castigo merecido

Sería demasiado cómodo despacharla como una mujer sedienta de venganza. El dolor de una familia no es una molestia que deba apartarse para que luzca impecable el discurso humanitario. Pero tampoco puede convertirse, por devastador que sea, en la única medida del poder de castigar.

Ahí está el conflicto, sin maquillaje: los familiares no tienen obligación de perdonar; el Estado sí tiene obligación de justificar sus castigos. Son responsabilidades distintas. Exigirles a los primeros una lección pública de generosidad sería otra crueldad. Entregarles la decisión sobre quién debe morir tampoco resolvería qué límites debe tener la justicia.

La pregunta incómoda para el poder es esta: ¿cómo evitar que la decisión de no ejecutar se convierta, en su presentación pública, en otra forma de relegar a quienes fueron asesinados?

Desde el victimario condenado: conservar derechos no equivale a recuperar la inocencia

Jones reaccionó con sorpresa y alegría cuando un periodista le comunicó el anuncio. Según la nota, participa en actividades de mentoría y prepara bolsas con artículos básicos para otros presos. También espera que el cambio de sentencia permita condiciones menos restrictivas, aunque eso dependerá de su clasificación penitenciaria.

Nada de eso resucita a los Florville. La buena conducta no es una esponja para limpiar dos homicidios. Pero tampoco hace falta fingir que una persona queda congelada para siempre en el peor acto por el que fue condenada.

La distinción es esencial: reconocer humanidad no significa otorgar impunidad. Y negarse a ejecutar a alguien no exige declararlo admirable.

El caso tiene, además, una grieta judicial que una redacción puntillosa no debería barrer debajo de la alfombra. En 2011, la Corte Suprema de California confirmó la condena por cinco votos contra dos. Los magistrados disidentes cuestionaron la exclusión de posibles jurados negros y consideraron insuficiente el examen de las explicaciones de la fiscalía. La mayoría rechazó que esas exclusiones obedecieran a motivos raciales. Esa discrepancia no demuestra la inocencia de Jones; sí documenta una controversia sobre las garantías del proceso.

Por eso, defender su derecho a impugnar la condena no supone tomar partido contra las víctimas. Supone exigir que el Estado pruebe y sostenga su caso con todas las garantías, precisamente porque la gravedad del crimen no autoriza a rebajarlas.

También hace falta reventar el globo del final feliz. La conmutación anunciada sustituye la ejecución por prisión perpetua sin libertad condicional: no promete una segunda vida fuera de los muros. Newsom lo expresó sin adornos: morirán en prisión, pero no a manos del Estado. Hay alivio, sí; libertad, no.

El fondo: quién merece castigo y hasta dónde puede llegar el Estado

La conmutación no responde a la pregunta de si los asesinatos fueron atroces. Responde a otra: si el Estado debe ejecutar a quienes los cometieron. Newsom sostiene que matar con autorización estatal es incompatible con los valores que debe defender California. Esa es su justificación, no una conclusión que las familias estén obligadas a compartir.

El debate se empobrece cuando se plantea como un concurso de simpatías: o se acompaña a los deudos o se defiende al preso. Se puede reconocer la brutalidad de los asesinatos, exigir que no se borre a las víctimas y, al mismo tiempo, rechazar que el castigo incluya una ejecución.

También se puede cuestionar la puesta en escena política sin inventarle intenciones al gobernador. Su decisión conmuta penas existentes, pero deja vigente la posibilidad legal de nuevas condenas a muerte. El propio Newsom reconoce que derogar la pena capital corresponde a la Legislatura y a los votantes. La distancia entre el gesto y la transformación del sistema no es un detalle: es uno de los límites centrales de la medida.

El periodismo no tiene por qué escoger entre el sentimentalismo del preso que celebra y el automatismo de exigir otra muerte. Tiene una tarea más exigente: contar qué ocurrió, qué resolvieron los tribunales, qué sigue en disputa y qué cambia realmente.

Jones tiene derecho a contar su alegría. Quien publique esa alegría tiene la responsabilidad de no convertirla en una absolución narrativa. James y Madalynne Florville no son la letra pequeña del alivio de otro. Y una sociedad que decide no ejecutar tampoco debería necesitar que sus condenados parezcan santos para defender esa decisión.

Con informacion: LA OPINION/