El Estado mexicano no sólo llega tarde: en estos tres casos llega con el arma homicida limpia, el expediente acomodado y el discurso listo para decir “no hubo fallas”.
Un Estado que oye la amenaza… y se hace güey
Las tres mujeres –Rosa, Daryela y Rosaura– hicieron exactamente lo que los folletos oficiales repiten hasta el cansancio: denunciaron, avisaron que las iban a matar, pidieron refugio, boletos, patrullas, lo que fuera, con tal de seguir vivas. El Estado tomó nota, selló el documento… y las dejó formadas en la fila de espera para el feminicidio.
No son “casos aislados”; son instructivos sobre cómo funciona la burocracia de la omisión:
- Rosa pidiendo ayuda en cuatro estados, brincando de Pachuca a Zitácuaro, de Guanajuato a Jalisco, mientras oficinas y DIFs la dejaban sola con el agresor a un paso de matarla.
- Daryela marcando al 911, denunciando balazos, amenazas de sicarios pagados por su ex, y recibiendo siempre la misma receta mágica: “orientada la víctima”.
- Rosaura viendo cómo un exmilitar y ex policía, ya denunciado, sale de la cárcel por decisión de una jueza, viola medidas y termina degollando a la familia mientras las instituciones se lavan las manos en nombre de la “autonomía judicial”.
La constante: ellas sabían que las podían matar; el Estado también… y aun así las dejó solas.
Rosa: cuatro estados, cero Estado
Rosa es la caricatura más brutal del “federalismo” a la mexicana: Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Jalisco; cuatro entidades, ninguna capaz de garantizarle algo tan básico como seguir respirando. La joven casi muere por una puñalada que le perforó el pulmón, el psicólogo advierte que requiere refugio “para prevenir su muerte” y aun así el sistema la expulsa de la supuesta protección hasta dejarla otra vez a merced del mismo tipo.
Pidió ayuda al DIF de Zitácuaro, a instancias de mujeres en Jalisco, buscó refugio, refugios que la incomunican para luego abandonarla cuando sale. Terminó poniendo en Facebook el epitafio adelantado: si dejaba de publicar era porque ya estaba muerta; poco después apareció asesinada en el cuarto que rentaba, mientras el gobierno de Jalisco contestaba con una llamada tardía para avisar que “ya tenían el boleto” para regresarla con su familia.
Daryela: 911, la línea directa con la nada
Daryela hizo todo “por la vía institucional”: denuncias por disparos de arma de fuego, amenazas, violencia familiar, un historial detallado de golpes, abuso sexual y un agresor que le manda emisarios a decirle que ya le pagaron para matarla. La Fiscalía le concede medidas de protección en el papel, pero ni siquiera se las notifican bien al agresor porque se equivocan en el domicilio.
Las patrullas pasan seis veces en un mes como quien cumple el pase de lista y luego se van; tres llamadas al 911 documentan el acoso constante, la violación a las restricciones, el miedo creciente, y los reportes oficiales se repiten como fotocopia: “se orienta a la víctima”, “no se localiza al agresor”. El 15 de enero de 2023, la encuentran asesinada en la casa del mismo hombre que llevaba meses anunciando que la iba a matar, mientras las instituciones se consuelan aprobando, dos años después, una “Ley Daryela” que reconoce la negligencia, pero no revive a nadie.
Rosaura: jueza, exsoldado y licencia para matar
En Hidalgo, la historia de Rosaura es una radiografía del pacto de impunidad entre uniforme y toga. El agresor no es cualquier vecino violento: es exmilitar, ex policía municipal, con entrenamiento en armas, vínculos y acceso a información, pero para la jueza Janett Montiel Mendoza eso no pesa; lo deja salir con una suspensión condicional y la indicación ridícula de que no trabaje “cerca del domicilio de la víctima”.
Rosaura lo denuncia dos veces por privación ilegal de la libertad y violencia familiar, el caso se programa, se pospone a petición de la defensa y el feminicida se adelanta al calendario judicial: entra a la casa, asesina a Rosaura, a su madre y a su hermano, frente a un niño de ocho años. Después viene el festival del autoexculpatorio: Seguridad Pública dice que no hubo omisiones, el Poder Judicial cierra la investigación administrativa sin irregularidades, el municipio alega que ya no era su policía, y la Comisión de Derechos Humanos acumula polvo en un expediente sin resolución.
Aquí el mensaje es brutal: el sistema no se equivocó, funcionó exactamente como está diseñado para fallar… pero sin dejar huella legal de su propia complicidad.
Un Estado que firma recomendaciones, no vidas
Las tres historias terminan en el mismo lugar: recomendaciones de comisiones de derechos humanos, discursos sobre capacitación de género, leyes con nombres de mujeres asesinadas, y expedientes llenos de advertencias que nadie quiso tomar en serio mientras aún estaban vivas. El Estado se comporta como ese vecino que escucha los gritos detrás de la pared, sube el volumen de la tele y luego va al funeral a dar el pésame.
Cuando las instituciones saben que un hombre va a matar y aun así lo dejan salir, lo dejan acercarse, dejan que la amenaza se cumpla, eso ya no es sólo omisión: es coautoría política del crimen. Y mientras no haya funcionarios sentados en el banquillo por estos feminicidios anunciados, el Estado seguirá escribiendo comunicados dolidos por muertes que él mismo ayudó a que ocurrieran.
Con informacion: EMEEQUIS/
