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miércoles, 4 de febrero de 2026

«PANTEON de NEGOCIOS y GOBIERNO SIN PRISA»: EN «1 AÑO,4 MESES y 26 DIAS de NARCOGUERRA el CARTEL de SINALOA HA MATADO MAS EMPRESAS que el COVID-19″…el virus pegó menos que las balaceras y los cobros de piso.


En solo 1 año, 4 meses y 26 días la narcoguerra interna del Cártel de Sinaloa logró lo que ni una pandemia global consiguió: matar más empresas que el virus, y encima el gobierno Moreno de Rubén Rocha Moya, dice que “no pasa nada extraordinario”.

Narcoeconomía express: 16 meses para desfondar Sinaloa

La guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, desatada desde septiembre de 2024, lleva 16 meses reventando no solo balas, sino cajas registradoras, horarios laborales y cualquier idea seria de inversión. En ese lapso glorioso, Sinaloa perdió 2,347 empleadores en 2025, como si hubieran organizado un éxodo masivo del emprendimiento formal. La ironía: en 2020, en plena Covid-19, el estado todavía alcanzó a crear 681 empleadores; el virus pegó menos que las balaceras y los cobros de piso.

Panteón de negocios: micro, pequeñas, medianas… y una grande

Del cementerio empresarial de 2025, 1,759 eran microempresas de 1 a 5 trabajadores, las típicas que sostienen colonias completas, barrios, familias enteras. Les siguieron 539 pequeñas, 48 medianas y una grande, confirmando que en Sinaloa la libre empresa existe… hasta que la libre metralla y la libre extorsión se meten a la ecuación. La variación anual fue de -5.5% en número de empresas, más del doble del fregadazo nacional de -2.5%; ni para quebrar somos promedio, también ahí se compite por arriba.

Sinaloa, donde el narco manda y el mercado obedece

El Codesin coloca a Sinaloa como la segunda entidad del país con la mayor pérdida anual de empresas, y ningún municipio se salvó de perder patrones. Culiacán, la joya de la corona del cártel y del padrón productivo, se llevó la peor parte, seguida por Ahome, Mazatlán, Guasave y Navolato, todos sangrando empleadores como si fuera moda fiscal. Detrás de los números hay cosas muy concretas: recorte de horarios, despidos y un consumo en caída libre porque nadie quiere salir a comprar con el miedo instalado en la frente.

Comercio, servicios y campo: todos al hoyo

Siete de cada cien empresas formales del comercio en Sinaloa desaparecieron en 2025, un 7% volatilizado a punta de inseguridad y crisis. Los servicios para personas, empresas y hogares perdieron 654 patrones, mientras la agricultura, ganadería, pesca y caza registraron 282 empleadores menos; hasta el campo, que siempre aguanta todo, empezó a doblar las manos. El empleo formal se vino abajo: diciembre de 2025 cerró con 11,452 puestos menos que un año antes y 13,846 menos que en 2023, rompiendo incluso el repunte estacional que solía salvar la estadística.

Gobernador en otro universo

Frente a esto, al gobernador de Morena ,Rubén Rocha Moya le preguntan cómo va a afrontar la desaparición de patrones y responde con la elegancia de quien no tiene prisa: “Lo que se hace siempre”, y remata que “no está ocurriendo nada extraordinario”. Reduce el colapso empresarial a un “ciclo de negocios” donde cada dos años salen los que no logran rentabilidad, poniendo al mismo nivel al IHOP que se va por baja venta y a las tienditas que cierran porque la renta ahora se paga en sobres al gatillero. La narcoguerra “es invento”, dice; lo único que no es invento son los 2,347 patrones menos y los 16 meses de fuego cruzado que han hecho más por desindustrializar Sinaloa que cualquier recesión.

Con informacion: REVISTA ESPEJO/

«VE RAPIÑERA UNA y PRODUCTIVA la OTRA ?»: «PERIODISMO con OBJETIVIDAD que HUELE a NOMINA le TUPE a ALCALDESA de NUEVO LAREDO pero le MATA PUERCO a SENADORA de CURRICULA PERCUDIDA»…ambas suspiran por ser candidatas a gubernatura en manos de pazguato.


Nada hay más patético que un periodismo que presume independencia mientras lame la mano que le arroja un hueso. En Tamaulipas, la objetividad huele a nómina y la pluma tiene precio, no vocación.

Ahí está Felipe Martínez Chávez, paradigma del comentarista que confunde la crítica con el encargo, la opinión con el contrato. En su vitrina editorial de Opinion PublicaCarmen Lilia CantuRosas,alcaldesa de Morena en Nuevo Laredo es la heredera del saqueo, “rapiñera” por linaje, casi una Cleopatra fronteriza que asalta presupuestos y ofende la moral del articulista… claro, hasta que una pauta lo mande a besar el anillo de otra casa grande.

Pero cuando el turno es de la Senadora,tambien de Morena, Olga Sosa, la misma pluma se derrite en halagos, repite cifras, aplaude oficios, celebra “productividad legislativa” y se calla con un pudor sospechoso los expedientes turbios que otros —menos dóciles— han documentado hasta el cansancio. La ética, ya se sabe, también se cotiza por kilo.

Así, el “periodismo de opinión” se convierte en relaciones públicas con comas, un servicio de entrega inmediata al mejor postor. Mientras unos “investigan” seleccionando adjetivos como si fueran favores, otros pagan porque su nombre brille entre líneas que ya no informan: sólo justifican.

Lo más grave no es la parcialidad, sino la hipocresía. Porque aquí no hay periodistas que fiscalicen el poder —hay operadores con calumnia. Y cada texto de este tipo no describe a las suspirantes a la gubernatura de Tamaulipas … describe a Felipe Martinez Chavez,el autor, a su estómago y a su patrón.

Con informacion: OPINION PUBLICA/OPINION PUBLICA/

«OTRA GUARIDA OFICIAL de la EXTORSION»: «AMERICO NOMBRÓ JEFE de COEPRIS a HIJO del PANTERA-6 del CDG DETENIDO en REYNOSA en 2014.»…aunque responsabilidad penal no se hereda por apellido, ni se transmite por osmosis.


La responsabilidad penal no se hereda por apellido, ni se transmite por osmosis, pero en Tamaulipas, el gobierno que encabeza Morena y Americo Villarreal,nos ha demostrado fehacientemente que la complicidad sí se transmite por contacto directo con el crimen, foto de sobremesa con lugarteniente e inacción penal contra aquellos con los que gobernador cena y abraza.

De tal suerte que no es atrevido cuestionar al poder, porque Alejandro Salazar Salinas,hijo de Eleno Salazar,alias «Pantera-6», detenido en 2014 como importante mando del Cartel del Golfo en Reynosa,es jefe de la COEPRIS bajo el gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Herencias que no existen… y las que sí

En derecho, ser hijo de un capo no te hace delincuente, pero sí debería obligar al Estado a extremar filtros, controles de confianza y blindajes para que la Coepris local no termine como sucursal sanitaria del crimen organizado, como esta ocurriendo en Reynosa,donde no solo se paga cuota al Cartel del Golfo,también a la COORDINADORA ESTATAL DE RIESGOS SANITARIOS (COEPRIS) que tradicionalmente y desde el inicio del gobierno ,el saldo de la extorsion ha ido a parar al bolsillo del hijo el gobrnador, Americo Villarreal Santiago,alias «Ameriquin».

Cuando el poder ignora esta frontera consanguínea, ya no hablamos de estigma familiar, sino de un gobierno que se hace el ciego para no ver quién se sienta en la silla de regulador.

Américo, Morena y el Botox tamaulipeco

Porque mientras en los discursos se jura que “no hay pactos con nadie”, salvo con aquellos a los que el gobernador ha llevado a su mesa a cenar, como cuestiona la prensa nacional, entre apapacho y apapacho,el lugarteniente del Cartel del Golfo, el exmilitar Mario Guitián Rosas, capitaliza la influencia como importante operador politico-criminal de Los Metros y gerente multitask de la extorsión, levantón y muerte al servicio del “Primito”.

No es cosa menos la que lo acusa: ya son expedientes, sanciones de Washington y crónicas de seguridad las que colocan a la «Chispa» como cerebro logístico del terror y, al mismo tiempo, invitado VIP del proyecto político de Morena en Tamaulipas.

La pregunta incómoda sobre COEPRIS

Bajo este contexto, el del amasiato crimen-gobierno,resulta obligado preguntar cómo llegó Alejandro Salazar Salinas a la jefatura de COEPRIS en Reynosa, llevando el apellido de un capo señalado en expedientes internacionales, sin que nadie explique los filtros, los exámenes y las recomendaciones que lo catapultaron al cargo.

No se trata de culpar un hijo por los delitos del padre, sino de exigir por qué, en un gobierno que abraza al Cártel del Golfo, los puestos estratégicos acaban en manos de apellidos que cualquier sistema mínimamente serio trataría con pinzas, lupa y distancia sanitaria.

Quien es el «Pantera 6»

“Pantera 6” es el alias de Eleno Salazar Flores, padre del aludido jefe de Coepris,fue un operador histórico del Cártel del Golfo que llegó a ser uno de los administradores clave de la organización en la frontera de Tamaulipas hasta su detención en 2014,citada por REFORMA.

Dirigió la plaza de Camargo,otra vez en pugna y encabezó el grupo armado conocido como Los Pantera, integrado en buena parte por expolicías estatales reciclados como sicarios del cártel.

Su corredor era pieza estratégica para el trasiego internacional de cocaína hacia Estados Unidos, lo que lo colocó como cuadro de confianza de Mario Ramírez Treviño “El Pelón” y, tras la caída de éste, de Juan Manuel Rodríguez García “Juan Perros”. Eventualmente fue detenido por fuerzas federales y condenado a 20 años de prisión por delincuencia organizada y delitos vinculados al tráfico de drogas, armas, personas y dinero para el Cártel del Golfo.

Con informacion: REFORMA/

«TENIA SENTENCIA de 70 AÑOS»: «LIBERAN de la CARCEL a EX-DIPUTADO con ARBOL GENEALOGICO LIGADO al CARTEL de JALISCO que MATO una MADRE y su HIJO»…cuando poder y dinero van por delante, abren cualquier cerradura.


La justicia mexicana volvió a dar cátedra de su especialidad:soltar gatos, encerrar ilusos y fingir que todo es “estado de derecho” mientras el Cartel de Jalisco (CJNG se muere otra vez de risa en la primera fila.

El Gato con siete vidas… y un buen juez

Un exdiputado priista, Gustavo Díaz Sánchez, alias Gato, sentenciado a 70 años por asesinar a una madre y a su hijo, sale de prisión tras poquito más de cuatro años como si hubiera ido a un retiro espiritual, no a un penal. La puerta se abrió gracias a un amparo de esos mágicos, de los que no salen en los manuales de derecho, pero sí en las sobremesas de notaría y despacho caro. El secretario de Seguridad de Oaxaca, muy digno, explicó que ya no lo podían retener “porque el proceso concluyó”, como si el problema fuera el calendario y no el calibre de las balas.

Sentencias de utilería, amparos VIP

Un tribunal lo había condenado a 70 años: 35 por cada víctima, más una lanita de reparación del daño que seguramente suena enorme en dólares, pero en México ni te devuelve al hijo ni te regresa a la madre, solo maquilla la estadística. En papel, el tribunal dijo que había pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal en ambos homicidios; en la realidad, lo que había era suficiente voluntad para abrirle la puerta cuando llegó el amparo correcto. El mensaje es claro: las sentencias largas son para el boletín de prensa, las salidas anticipadas son para los que saben a quién marcar por teléfono.

CJNG, cargos, familia y… libertad

Al Gato no solo lo perseguía una causa penal, también la sombra deliciosa del Cártel Jalisco Nueva Generación; autoridades federales lo han señalado a él y a su familia como parte de una estructura criminal entre Veracruz y Oaxaca. 

Su hijo, Gustavo Abigaíl, alias “El Pino”, fue exhibido como líder regional del CJNG, ligado a extorsión, tráfico de drogas, robo de carga y al homicidio del periodista Julio Valdivia; otro hijo y hasta el hermano “El Balín” también han caído en operativos. Pero, curiosamente, con todo ese árbol genealógico bordado en siglas del narco, quien camina libre hoy es el exdiputado que alguna vez juró servir al pueblo.

Impunidad que te mira y te mide

Esta es la impunidad que como te ve, te trata: si eres madre asesinada, eres cifra; si eres periodista ejecutado, eres daño colateral; si eres exdiputado con presuntos vínculos con el CJNG, eres “justiciable” y rescatable por la vía del amparo. El sistema no falla, funciona exactamente como fue diseñado: duro con el pobre sin padrino, flexible con el político con historial de campaña, fuero y escoltas recicladas del crimen organizado. Cada auto de libertad como este le dice al país que el verdadero derecho humano no es a la justicia, sino a tener contactos en el poder judicial.

Moraleja para sobrevivientes

En México la condena de 70 años es un género literario, no una realidad penitenciaria. La cárcel es estación de paso para quien tiene partido, siglas y presuntos vínculos con cárteles; la condena real es para las familias de las víctimas, que se quedan mirando cómo el asesino sentenciado sale caminando por la puerta principal, con un amparo en la bolsa y la ley hecha trapo a sus espaldas.

Con informacion: LA OPINION/

«CONDENA AMNISTIA INTERNACIONAL el FRACASO y los ABUSOS de MILITARES en SINALOA»…iba ser de inteligencia y terminó otra vez en fuerza bruta.


Amnistía Internacional volvió a levantar la voz (otra vez) para ponerle nombre a lo que todos saben, pero pocos se atreven a admitir: la militarización de la seguridad pública ha sido el placebo favorito de todos los partidos que han sido gobierno y ha sido un reverendo fracaso desde hace un titipuchal de reforzamientos por todo el pais y mas de 720 mil muertos.

Según la organización, el despliegue masivo de tropas en el estado no solo ha fracasado en contener la violencia, sino que ha encendido todas las alertas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones… el menú de siempre. Todo esto documentado en su informe “Cambiando el Paradigma”.

La numeralia es brutal: de 478 homicidios en 2022, Sinaloa saltó a 1,663 en 2025, con un incremento del 67% solo en el último año. Los feminicidios se triplicaron, las personas desaparecidas casi se cuadruplicaron y los soldados alcanzaron una cifra récord de 10,516 efectivos desplegados. Es decir, una tropa por casi cada cuatro víctimas.

Y mientras los organismos internacionales se rasgan las vestiduras, el gobierno local sigue puliendo sus botas militares. Ayer martes, Rubén Rocha Moya se lució en Mazatlán durante la toma de protesta del General de División Héctor Ávila Alcocer —otro “experto anticrimen” al frente de la Tercera Región Militar— en lo que parece un déjà vu de estrategia fallida.

Porque si algo ha quedado claro, es que militarizar la paz en México equivale a apagar un incendio con gasolina condecorada.

Con informacion: ELNORTE/

EL «FIASCO de la FISCAL GODOY»: «EX-GOBERNADOR CORRUPTO de CHIHUAHUA CAMINA a la LIBERTAD por la PENDEJEZ JURIDICA de FGR»… no es la antesala de la libertad,es la antesala de la nulidad de la vinculación a proceso.


Seamos claros desde el inicio: lo que acaba de suceder con César Duarte es un golpe en toda regla contra la ineficiente Fiscalía General de la República. El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez ha hecho precisamente lo que debería hacer un juez cuando se enfrenta a un expediente con grietas legales de manual. Concedió una suspensión definitiva que congela indefinidamente el juicio oral por lavado de dinero, lo que significa que mientras el amparo se resuelve de fondo, la acusación federal contra el exgobernador queda efectivamente en pausa.

Aquí está el quid: Duarte no gana libertad (al menos no hoy), pero su defensa ha conseguido exactamente lo que buscaba—tiempo, procedimentalización y un blindaje procesal que expone las debilidades estructurales del caso que montó la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy.

Los Alcances del Amparo: Donde la FGR Cometió Todos Sus Pecados Capitales

El amparo actúa aquí como un instrumento de control constitucional que funciona cuando existe una violación procedimental grave. La defensa de Duarte argumentó (correctamente, dicho sea de paso) que existe un problema fundamental: la regla de especialidad contemplada en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Cuando Duarte fue extraditado en junio de 2022, fue por cargos de peculado y asociación delictuosa. La complicación legal es colosal: según el abogado defensor Juan Carlos Mendoza, el Tratado de Extradición prohíbe que una persona extraditada por determinados delitos pueda ser detenida, juzgada y sancionada por otros cargos distintos sin autorización específica de la nación que la extraditó.

Godoy sostiene que obtuvo esa autorización de Estados Unidos el 4 de diciembre de 2025, justo días antes de arrestar a Duarte el 8 de diciembre. Pero aquí está el problema que los jueces federales están detectando: según Mendoza, la excepción contemplada en la regla de especialidad es para que un país extraditante autorice la extradición a otro país distinto, no para que el mismo país pueda procesar por delitos adicionales. Es un detalle técnico que destruye toda la operación

Además—y esto es gravísimo—Mendoza señala que Duarte ya está siendo procesado en Chihuahua por hechos prácticamente idénticos (carpeta 3041), y ya fue absuelto en un procedimiento administrativo por los mismos hechos, las mismas cantidades (96-73 millones de pesos) y las mismas cuentas. Esto configura un triple enjuiciamiento que viola principios fundamentales del debido proceso.

La Dimensión Jurídica del Supuesto Triunfo

La suspensión definitiva no es un «triunfo» de Duarte en sentido procesal—no hay condena revocada ni libertad otorgada. Pero es un freno procesal de consecuencias devastadoras para la FGR. Lo que ha sucedido es que el juez Niño ha identificado cuestiones de constitucionalidad lo suficientemente sólidas como para congelar todo el procedimiento mientras se resuelve el amparo de fondo.

Cuando se examina esto desde la perspectiva de un litigante experimentado, se advierten tres dimensiones:

Primera: el amparo contra la vinculación a proceso tiene por objeto cuestionar si la acusación fiscal reúne los elementos constitucionales mínimos exigidos por el artículo 19 de la Constitución. Si el juez determina que la imputación viola la garantía de legalidad—como parece estar sucediendo con la cuestión de la especialidad—entonces la vinculación puede ser anulada.

Segunda: la reforma a la Ley de Amparo de octubre de 2025 cambió las reglas sobre suspensiones en delitos de lavado de dinero, pero esa reforma no retroactúa. El caso Duarte comenzó antes de esa reforma, lo que significa que la defensa podría argumentar que se le está aplicando un régimen jurídico distinto al que regía cuando fue detenido

Tercera: la suspensión definitiva mantiene a Duarte en prisión (artículo 173 de la resolución lo aclara), pero paraliza la maquinaria acusatoria. Cada día que pase sin avance procesal es un día en que la defensa puede acumular más argumentos sobre violaciones al debido proceso por dilación indebida.

¿Es Esto la Antesala de la Libertad? Análisis Frío

No es la antesala de la libertad. Es la antesala de la nulidad de la vinculación. Hay una diferencia crítica.

Si el juez de amparo determina que la vinculación a proceso es inconstitucional (ya sea por violaciones procedimentales, especialidad vulnerada, o triple enjuiciamiento), entonces el resultado será que Duarte debe ser puesto en libertad por razones de inconstitucionalidad—no por «inocencia», sino por vicio procesal irreparable.

Aquí viene el factor político: ¿qué hace la FGR entonces? Teóricamente podría reintentar la imputación, pero si los fundamentos constitucionales son sólidos, estaría persiguiendo lo mismo que acaba de ser anulado. Eso sí lleva a libertad eventual.

El Fracaso de la FGR: Diagnóstico Clínico de Negligencia Institucional

Cualquier abogado litigante lo saba: este es un fracaso catastrófico de la FGR, y particularmente de Ernestina Godoy.

Errores de Construcción del Expediente: El caso tiene 88 tomos y más de 360 anexos, un volumen colosal de documentación que debería permitir un análisis exhaustivo. Que la defensa identifique identidad de hechos, personas y cantidades entre tres procedimientos distintos sugiere que nadie en la FGR hizo un trabajo básico de revisión de precedentes. Es incompetencia administrativa de primer nivel.

Error Diplomático-Jurídico: Godoy operó bajo el supuesto de que una «autorización» de Estados Unidos para imputar nuevos cargos legitimaba procesar a Duarte. Pero no consultó adecuadamente a los abogados federales que dominen tratados internacionales. El argumento de especialidad es técnico, sí, pero es fundamental en extradiciones. Un fiscal competente lo habría previsto.

Error de Temporalización: Godoy asumió el cargo en diciembre de 2025 y aceleró esto como su «primer golpe» mediático. En México, cuando un fiscal nuevo llega y hace algo espectacular en sus primeros días, generalmente es por presión política, no por buena investigación. Esto huele exactamente así.

Error de Gestión Coordinada: La FGR operó como si el caso estuviera listo, cuando en realidad había vulnerabilidades procedimentales que cualquier juez federal mínimamente competente iba a detectar. El hecho de que sea el juez Niño quien conceda la suspensión sugiere que hay consenso en la judicatura federal sobre estos vicios.

La Verdadera Batalla: ¿Quién Ganó Qué?

Duarte: obtuvo congelamiento procesal que puede derivar en libertad por nulidad. Eso no es poco.

La Defensa: demostró incompetencia fiscal y vulnerabilidades constitucionales. Esto fortalece su narrativa de persecución política.

La FGR: obtuvo una lección pública sobre falta de rigor. Godoy está siendo «mal informada» según su propio defensor de casos, lo que sugiere que sus asesores jurídicos no le alertaron sobre estos escollos.

Conclusión: Triunfo Técnico, Derrota Estratégica

El juez Niño hizo precisamente su trabajo: identificó que hay cuestiones constitucionales que debaten resolverse antes de permitir que un juicio oral continúe. Eso es correcto procedimentalmente.

Pero para la FGR, esto es un desastre. Si la suspensión definitiva continúa hasta resolución del amparo, y el amparo se resuelve declarando la inconstitucionalidad de la vinculación, entonces el arquitecto de esta operación (Godoy y su equipo) deberá explicar cómo un caso que supuestamente llevaba año y medio en construcción presentaba estas grietas fundamentales.

Para Duarte, la suspensión indefinida es un blindaje procesal que puede convertirse en libertad jurídica. No es libertad hoy, pero es el camino. La defensa ha ganado la batalla procesal decisiva: ahora el tiempo trabaja para ellos, no para la acusación.

Este es el México actual de la justicia: donde un fiscal puede llegar al cargo buscando un caso espectacular, pero sin haberlo blindado constitucionalmente. Donde los jueces federales aún tienen autonomía suficiente para frenar atropellos. Y donde un exgobernador corrupto puede—por pura negligencia de sus perseguidores—caminar hacia la libertad por razones de derecho procesal.

No es poético. Es simplemente el funcionamiento disfuncional de nuestras instituciones.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/RODRIGO SORIANO/

martes, 3 de febrero de 2026

«PRESUMEN BIEN EMPUERCADO en TRAMA de SOBORNOS en PEMEX a SENADOR de MORENA en CORTE de EE.UU»…el «hermano» hampon de AMLO ha sido ajonjolí de todo tipo de trapacerías.


En un expediente del gobierno federal de Estados Unidos, tramitado por la Corte de Distrito correspondiente al sur de Texas con sede en Houston, aparece el nombre de Adán Augusto López como el operador de una red de corrupción en Pemex durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

El entonces secretario de Gobernación, hasta hace un par de días coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es mencionado como quien se encarga de “acercar” a empresarios para que sean beneficiados con contratos de Petróleos Mexicanos a cambio de sobornos que podrían alcanzar decenas de millones de pesos.

Quien es mencionado como operador de este esquema de corrupción es Nicolás Bellizia, hombre de todas las confianzas de Adán Augusto López. Bellizia era un recalcitrante priista hasta el sexenio pasado. Adán Augusto lo nombró titular de la Unidad Política Interior de Gobernación. Y ahora, en el Senado, es secretario técnico de la bancada de Morena. Los senadores del partido en el poder saben que por la boca de Bellizia habla Adán Augusto: él ha venido transmitiendo las instrucciones.

El expediente —referenciado como 4:25-cr-00415 ante un juez de esa misma corte de Houston y cuyo contenido me fue compartido por fuentes de primer nivel— tiene que ver con el caso del empresario Alejandro Rovirosa, detenido en Estados Unidos por realizar sobornos a Pemex.

Ramón Alejandro Rovirosa Martínez lleva varios sexenios siendo un próspero empresario en Pemex. Es tabasqueño, al igual que Adán Augusto, Bellizia, López Obrador y hasta el director de Pemex en el sexenio pasado, Octavio Romero Oropeza.

Acostumbrado a arreglarse con quien tocara, lo hizo con el hombre a quien el expresidente llamaba “hermano” y a cambio pudo gozar de una vida cada vez más próspera en Houston: mansión, vehículos deportivos, ropa con logotipos de marcas exclusivas. No era discreto. Era fácil de detectar. Y el gobierno americano lo puso en la mira: lo siguieron por meses, le intervinieron el celular, y finalmente lo arrestaron. Se les escapó uno de sus socios, Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato del PAN al gobierno de Campeche y exsubdirector en PEP de Pemex. Hay otro socio mencionado, Omar Athié.

Este caso ha sido vehementemente impulsado por empresarios estadounidenses que invirtieron en México durante la reforma energética de Enrique Peña Nieto y fueron luego pateados en la administración de López Obrador. Son petroleros influyentes que presionaron a distintas áreas del gobierno americano para que iniciara una investigación sobre las corruptelas en el sector energético mexicano. Aunque hay repetidas referencias en el expediente al director de Pemex en tiempos del PRI, Emilio Lozoya, y a Omar Olvera Monroy, considerado uno de sus operadores, es claro que el foco está sobre la administración de AMLO. Además de Adán Augusto y Bellizia, hay una treintena de funcionarios de Pemex mencionados. El caso de Rovirosa está sirviendo como primer hilo a jalar en la larga madeja de la corrupción en Pemex.

SACIAMORBOS

Para no quedarse sin ver la película, me cuentan que la FGR se acercó a platicar con Rovirosa. Le fueron a preguntar con quién veían los negocios, en qué dirección, con qué funcionarios, a quiénes les dieron dinero, de qué manera se los dieron, qué contratos obtuvieron, cómo les liberaban los pagos. Le dijeron que cooperara, porque así como andan las políticas de Trump, en una de esas lo deportan a México y su caso termina en manos de la fiscalía de Delincuencia Organizada.

Con informacion : CARLOS LORET/ELUNIVERSALJustice.Gov/