Parece que el heroísmo ya pasó de moda. En San Salvador Huixcolotla, Puebla, los compañeros de los policías asesinados dijeron “gracias, pero no gracias”. Renunciaron en bloque, y con eso quedó claro que la vida —y la muerte— en uniforme ya no valen ni una bandera doblada ni una trompeta desafinada en el panteón.
Que ocurrio:
«El ataque armado a policías se dio en San Salvador Huixcolotla en Puebla dejó como saldo tres uniformados sin vida. Un comando emboscó a los elementos quienes realizaban patrullaje de rutina.
Fueron interceptados por dos camionetas color blanco sobre la carretera federal a Tehuacán, a la altura de la Capilla de San Judas. En las unidades viajaban delincuentes armados quienes sin mediar abrieron fuego contra la patrulla y después huyeron del sitio.
Así lo confirmó el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla,Samuel Aguilar Pala, quien aseguró la intervención de la Policía Estatalpara tomar la seguridad de Huixcolotla luego del ataque armado contra los elementos municipales.
Por que pasó esto:
Ya nadie quiere ser mártir de un sistema que te olvida más rápido de lo que se borra una noticia en redes. Porque aquí, «proteger y servir» suena bonito… hasta que el chaleco antibalas es prestado, la patrulla no tiene gasolina y el respaldo institucional se evapora como la niebla en la madrugada.
No hay héroes cansados, hay trabajadores hartos. Porque para qué morir “por la patria” si la patria ni siquiera te garantiza volver a casa con vida y con justicia. En Puebla, las renuncias hablan más fuerte que cualquier discurso oficial: se acabó la fe en el uniforme. Y es que, al final, nadie quiere una bandera en el ataúd si en vida nunca tuvo quien lo defendiera, como ocurre en Sinaloa.
México eligió a sus jueces por primera vez este junio mediante voto popular en unas controvertidas elecciones que siguen originando episodios sin precedentes casi medio año después.
Ayer martes ha renunciado el primer juzgador federal de los 881 cargos que salieron de las urnas meses atrás. Se trata de Adrián Guadalupe Aguirre, juzgador en materia penal en Jalisco, que ha presentado su dimisión apenas dos meses después de haber tomado protesta del cargo.
La petición de renuncia ha llegado a la Mesa Directiva del Senado, que ya la ha trasladado a la Comisión de Justicia para su resolución. El órgano deberá dictaminar si las causas de la renuncia son o no razonables. En caso de resolver contra la petición de dimisión, si el juez persiste en su intención, el abandono puede ser motivo de responsabilidad civil o administrativa, según explican fuentes de la Comisión.
Adrián Guadalupe Aguirre se desempeñaba desde el 1 de septiembre como juez de distrito en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, la zona en la que se ubica la cárcel de alta seguridad de la que escapó el famoso narcotraficante y antiguo líder del Cartel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, clausurada parcialmente en 2020.
El juez electo había sido propuesto por el Poder Ejecutivo federal y ganó los comicios con 36.084 votos, 6.000 votos más que la segunda en la carrera, Amalia Irandery Ortiz, quien pasaría a ocupar ahora el cargo, según está previsto en la reforma judicial. Ella fue propuesta por el Poder Legislativo.
Se desconocen las razones de la renuncia y Aguirre no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha borrado, además, cualquier rastro en sus redes sociales oficiales.
En su ficha de candidato, el abogado argumentó que competía por un cargo porque quería “ser parte de los primeros jueces en la historia de México que imparten justicia al pueblo y NO a los privilegiados”. Entre sus propuestas, que incluían agilizar las resoluciones y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de los juzgadores, planteaba contar con “puertas abiertas para el pueblo en general” en su oficina “para que no haya incertidumbre respecto a sus asuntos”.
Este es el primer juez federal en intentar abandonar el cargo de forma definitiva, el segundo si se tiene en cuenta una solicitud de licencia anterior que fue rechazada por el Senado. En ese caso se trató de Gabriela Pacheco Torres, directora general de Evaluación en Aduanas, que contendió por el puesto de jueza penal de distrito en Ciudad de México, igualmente a propuesta del Poder Ejecutivo.
La candidata se hizo con el puesto por 37.414 votos, el doble que la siguiente candidata en la lista, y su solicitud de licencia llegó el día después de haber tomado posesión del cargo, según se lee en el documento. En su escrito alegó que necesitaba tiempo para resolver sus asuntos pendientes, que exigían “un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos en curso” y pidió apartarse del cargo hasta el 2 de marzo de 2026, medio año después. La comisión resolvió entonces que las razones esgrimidas no constituían una causa justificada para concedérsela y la rechazó.
A estos casos se añade otro, especialmente inédito, a nivel estatal. De los 1.800 juzgadores que salieron elegidos el pasado 1 de junio, 49 correspondían al Poder Judicial de Durango. En este Estado del noroeste, sin embargo, las candidaturas seleccionadas por los comités de evaluación de los tres poderes fueron también 49, las mismas en los tres casos, por lo que se eliminó de facto cualquier posibilidad de competencia: los puestos estaban asignados de antemano y el margen de maniobra era muy pequeño en caso de que ocurriera un contratiempo, como de hecho pasó.
El juez electo Héctor Zaragoza Solís renunció en agosto por motivos de salud y la ausencia de competidores imposibilitó que corriera el siguiente en la lista, como estipula la Constitución.
El Órgano de Administración Judicial debió entonces elegir un sustituto entre los secretarios judiciales, figuras técnicas que normalmente asisten a los jueces en sus labores. La reforma de la ley orgánica en la que se estipula el proceso de sustitución se aprobó escasos cuatro días antes de que se produjera ese escenario, en una solución ad hoc que vino a enmendar los errores previos. Como resultado, ningún candidato elegido por voto popular ocupa hoy ese puesto.
Las renuncias que comienzan a despuntar, a escasos meses de haber ocupado el cargo, alimentan la desconfianza hacia una reforma judicial que ya nació con multitud de reticencias por parte de los expertos y que ha arrojado nuevos problemas en cada paso del proceso. El mal desempeño de los comités de evaluación que seleccionaron las candidaturas encendieron una primera voz de alarma. Los órganos establecieron requisitos demasiado bajos para los contendientes y ni siquiera revisaron con cuidado que los postulantes los cumplieran. Muchos candidatos con pasados o experiencias cuestionables pasaron entonces el filtro y fueron las organizaciones civiles quienes los señalaron para evitar sus triunfos. En muchos casos lo lograron, pero en otros, no.
Tras la fase de preselección, la de los comicios no despertó más confianza. La mayoría de los postulantes que se hicieron con el cargo aparecían en los denominados acordeones, plantillas rellenas y distribuidas por los partidos en el poder, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, para orientar o inducir el voto de la ciudadanía, que no tuvo tiempo para analizar de forma independiente el aluvión de candidaturas. El caso fue especialmente notorio en órganos tan importantes como la Suprema Corte, que quedó en manos de una mayoría afín al morenismo.
Ahora se abre la fase final, la de la impartición de justicia, que a escasos dos meses desde que se conformaron los nuevos tribunales ya ha dejado un reguero de episodios cuestionables. El intenso escrutinio al que son sometidos los nuevos jueces ha inundado las redes sociales de fragmentos de vídeos en los que algún juzgador queda en evidencia por su desconocimiento técnico a la hora de resolver una cuestión o llevar una sesión. Obtener el cargo fue, en muchos casos, la parte fácil de la tarea. Queda la más difícil y no está claro que todos vayan a aguantar la presión.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELENA SAN JOSE/
Que nadie se engañe: lo ocurrido en el Centro Histórico con la presidenta Claudia Sheinbaum no solo es un episodio de abuso sexual flagrante —como reconoce el propio Código Penal capitalino—, sino un escándalo monumental de seguridad. Porque si un hombre pudo tocarla, con cámaras y decenas de escoltas a su alrededor, ¿qué habría impedido que fuera un disparo?
La frase de los comunicados oficiales suena bonita: “A la presidenta la cuida el pueblo”. Pero no, al pueblo no se le da un curso exprés de protección ejecutiva. A la presidenta la deben cuidar profesionales, y los que estaban ahí fallaron estrepitosamente.
La escena no fue solo una agresión personal. Fue una revelación brutal de lo endeble que puede ser la seguridad de la jefa del Estado mexicano. Ni el cerco humano de ayudantía, ni el despliegue preventivo, ni el protocolo funcionaron. Nadie detuvo al agresor en el momento. Nadie respondió. Nadie actuó.
Mientras las instituciones emiten comunicados indignados, la realidad se impone: si el sujeto hubiera tenido una intención letal, hoy el país estaría en vilo. ¿Dónde quedó el sentido mínimo de protección? ¿Qué clase de “cercanía con el pueblo” justifica semejante nivel de vulnerabilidad?
El discurso feminista institucional hizo lo que tenía que hacer: repudiar la agresión, exigir respeto y recordar que las mujeres no se tocan. Pero lo que nadie quiere decir abiertamente es que la falla no fue solo social o simbólica —fue operativa, estratégica, y potencialmente mortal.
El agresor, Uriel Rivera Martínez, fue detenido después. Después. Esa palabra lo dice todo. En una capital saturada de cámaras, en la caminata más vigilada del país, el sistema reaccionó tarde. Y eso no es un accidente; es un síntoma.
Porque si el cuerpo de seguridad presidencial no puede neutralizar una amenaza física mínima, entonces el verdadero riesgo no está en el pueblo, sino en el protocolo mismo de quienes no pierden oportunidad de exhibir lo mediocres en agravio del pais.
Pobre y trágico papel el de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien frente al drama del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, lo único que se le ocurre en la mañanera es preguntar a los mexicanos: “¿Qué proponen?”.
Perdón, pero creíamos que para eso fue usted electa, Señora Presidenta. Para rodearse de hombres y mujeres con experiencia, que desde su Gabinete colocaran sobre la mesa las posibles soluciones. Pero hoy confirmamos -aunque ya lo sabíamos de sobra- que no tienen la menor idea de qué hacer. Ni con la seguridad, ni con la salud, ni con la educación, ni con la energía. Lo que ayer evidenció usted como inquilina de Palacio Nacional es que tenemos un gobierno sin brújula, sin rumbo, que en un momento oscuro -como el del sábado en Michoacán- sólo acierta a preguntar: “¿Qué proponen?”.
Y viene luego la cantaleta que le heredó su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Esa de que todo lo malo que sacude a nuestro convulsionado México es culpa de Calderón, o de Peña Nieto, o de la derecha neoliberal, o de un complot de los “comentócratas”.
Señora Presidenta, los seis años de gobierno de su mentor, el hoy inquilino de La Chingada, y este su primer año en el Segundo Piso, ya no dan espacio para el pretexto. Siete años fueron ya suficientes para hacer algo. Y no sólo no lo hicieron, se entregaron, se coludieron a los intereses de los cárteles, al crimen organizado, que por un lado los abrazan porque les dan recursos para que Morena gane elecciones y por el otro les autorizan dar balazos para eliminar críticos y disidentes incómodos, como lo hicieron con el alcalde independiente Carlos Manzo y una decena más en lo que va de su primer año de gobierno.
Mejor pregunta sería ¿quién o quiénes están calentando el caldo social y con qué intenciones? Y no es difícil encontrar las respuestas.
Por supuesto, que los primeros sospechosos, son los capos de los cárteles que ya dominan más de una docena de estados en poder de Morena y que quieren silenciar a quienes no quieren pactar con ellos, como no lo quería Carlos Manzo. Y claro está, que al acallar con plomo a los políticos disidentes se tiene el beneficio colateral de eliminar a la crítica para su cuestionado gobierno. Pero esa pudiera lucir como una tesis muy simplista.
Mejor sería preguntarse ¿quién o quiénes buscan con estas ejecuciones propiciar una crisis que la pongan a usted, Señora Presidenta, contra la pared para iniciar el conteo regresivo para su revocación de mandato? A nadie escapa que, desde Palenque, usted está recibiendo presiones para defender lo indefendible. A los delitos del huachicol fiscal, a los padrinos de “La Barredora”, a los autores intelectuales de decenas de crímenes políticos insólitos. Nada de eso es culpa de los ex presidentes Calderón o Peña Nieto.
Busque una mejor respuesta en aquellos que hoy sienten que usted, Señora Presidenta, les está dando la espalda, que no los está defendiendo o protegiendo tras el descubrimiento de sus fechorías. ¿O cree usted que Andy López Beltrán, su papá y sus hermanos están muy contentos de que no salga usted a lavar la cara por el junior huachicolero? ¿Qué cree que aniden en su corrupto corazón personajes como Adán Augusto López o Audomaro Martínez, quienes desde su natal Tabasco articularon toda una red criminal de alcance nacional, buscando unificar y controlar la operación de media docena de cárteles?
Lo que se logra con asesinatos arteros como el del alcalde Carlos Manzo tiene dos filos. Un filo, el que se deje de hablar de los temas de verdad importantes, como por ejemplo el “Modus OperANDY” con el que la familia presidencial articuló, desde el interior de Pemex, la red de control del huachicol fiscal. O que se vaya olvidando la investigación de Adán Augusto López y sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena. El otro filo, que se exhiba la incompetencia del actual gobierno para hacerle frente a la crisis de inseguridad, en un intento por ir preparando el camino para arrebatarle a Claudia Sheinbaum la Presidencia por la ruta de la revocación de mandato. La mayoría calificada de Morena, en el Senado y en la Cámara de Diputados, estaría en posibilidad de designar al presidente interino, entre los que se colocaría al frente a Andy López Beltrán.
Lo que los instigadores de este sacudimiento en la víspera del Día de Muertos en Uruapan no midieron, fue el nivel de repudio social al magnicidio de Carlos Manzo, que está generando una masiva y unánime condena, una indignación pocas veces vista en los últimos años en México.
Con la cabeza más fría y con más evidencias en sus manos, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que darse cuenta que, el fuego que victimizó al alcalde de Uruapan el sábado y que dos días después desapareció al alcalde de Zinapécuaro, es “fuego amigo” desde el interior de Morena, un partido en abierta guerra civil. Con un general despachando a sus anchas a sus leales ejércitos desde Palenque.
El solo hecho de que con 14 elementos de la Guardia Nacional resguardando a Carlos Manzo, el Ejército mexicano no pudiera hacer lo necesario para salvaguardar su vida, deja en claro que tenemos un cuerpo militar altamente incompetente o abiertamente cómplice. Cualquiera que sea la respuesta, es mala.
A lo que la presidenta Claudia Sheinbaum debe renunciar es a continuar con la cantaleta de que todo lo malo que se tiene hoy es culpa de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. Y, por supuesto, dejar de preguntarle a los mexicanos “¿qué proponen?”. Usted, como presidenta -y de la mano de su Gabinete- deberían de tener la respuesta. Porque aquí, como nunca antes, aplica aquella famosa máxima que en su tiempo sentenció el empresario Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”.
El senador Ricardo Anaya tiene razón, así de claro: el gobierno, con Omar García Harfuch como el mago principal del show, ha perfeccionado el arte de esconder cadáveres en la estadística para que los ciudadanos crean que la violencia está bajo control, cuando en realidad la sangre sigue corriendo, sólo que «contabilizada al gusto del segundo piso de cuarta” y esta siendo replicado por los estados cuatreros.
La trampa en los números
Nos venden la idea de que los homicidios dolosos han bajado: “Ya no matan a 89, sino a 70 al día”, gritan felices los defensores de Harfuch y compañía, aplaudiendo como focas cada vez que les prometen que México está dejando de ser un matadero.
Pero aquí viene el truco, porque los genios de la estadística han sacado del sombrero una categoría que parece alérgica a las cámaras: “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”. Ahí la cifra, en vez de disminuir, subió de 39 a 46 diarios.
Sumado a ese maquillaje, lo que realmente está creciendo son las desapariciones: de 26 a 41 personas por día en un pais donde desaparecer es prácticamente sinónimo de morir.
Suma simple, engaño monumental
Pongan atención al truco más chafa pero efectivo: si suman homicidios dolosos, más los “otros delitos que atentan contra la vida”, más las desapariciones, resulta que el sexenio anterior tenía 154 víctimas diarias, y el actual ya va en 157. ¿Los números van para arriba? Claro. ¿La violencia se disfraza? Más que nunca.
La mentira está institucionalizada
Si en Morelos te dicen que los homicidios dolosos bajaron 29%, es porque convenientemente los homicidios culposos aumentaron 29%. En Tabasco, los “otros delitos” se dispararon un 90%, y en Zacatecas, Baja California,ni que decir de Tamaulipas ,ya lo hemos clarificado: hay más muertos que ellos mismos han registrado como “otros delitos” que directamente como homicidios dolosos.
La estrategia es simple y cínica porque nos creen ididotas: cambian de cajón los cadáveres para manipular el boletín de prensa, mientras se presume una “pacificación” que es una farsa sostenida en números maquillados y desaparecidos que jamás volverán a casa.
Argumento final
¿De qué sirve aplaudir el supuesto éxito de Harfuch y Sheinbaum de los que alardean “controlar” la violencia? Sirve para engañar a los incautos, para que la comentocracia repita la mentira y para que el país siga hundiéndose en la peor crisis de seguridad de su historia con gobiernos que ni siquiera reconocen la magnitud del desastre.
En México, la estadística oficial no es para entender la violencia, es para encubrirla. Aquí, que no te vendan la fórmula del éxito: sumar muertos en diferentes cajones no salva vidas, sólo hace que los vivos duerman más tranquilos en la ignorancia.
EL «GOBIERNO MEDIOCRE,FALAZ e INUTIL y su ESTRATEGA de CARTON NO QUIEREN HACER EL BIEN,QUIEREN VERSE BIEN»
En Michoacán el terrorismo mató la noche de muertos. Ofrendaron sangre del alcalde Carlos Manzo, para recordar y llorar a nuestros difuntos. Terror real, no representado. Tumba abierta, no simulada. Ataúd de verdad, no de disfraz.
No sólo fueron a asesinar a Carlos Manzo, el alcalde independiente del municipio de Uruapan, lo acribillaron en una de las plazas más emblemáticas de Michoacán, afuera de “La Huatápera”, uno de los edificios más significativos de la cultura purépecha-española, y en uno de los días más importantes para la mística michoacana. El mensaje es claro: la violencia es cultural, no se contenta con desaparecer a un hombre, el terror tiene que sobrevivir y mantenerse.
“Huatápera”, palabra indígena, afuera de donde corrió la sangre del presidente Manzo, quiere decir “lugar de encuentros, de ayuda”. Es un “hospital” fundado por el fraile español Juan de San Miguel, allá por 1533, como parte los testimonios de amor que dejó el otro español Vasco de Quiroga en la región. “La Huatápera” no era un hospital estrictamente médico, sino un lugar de hospedaje, acogida, consuelo, solidaridad.
Ahora todo eso estalló por los aires. La discordia, el odio esparcido desde el gobierno, los abrazos a los criminales, la impunidad, alientan un ambiente en donde matar es cotidiano, donde convivir con la muerte, no es un día de cempasúchil, sino un día de tormento. Han asesinado a La Querencia.
“La Huatápera” se mantiene en pie, como testigo de la infamia, y no es un edificio español, es mexicano; pero eso no tiene valor para el gobierno mexicano, que una y otra vez abre la herida con España, aunque quien ayudó a hacer “La Huatápera” de Uruapan nació en Sevilla, España, y pensó en aliviar el dolor de indios, criollos y forasteros. ¿Ahora, alguien puede caminar libremente por las huertas de aguacate? El gobierno atiza identidades diferentes para avivar fanatismos matones.
El gobierno de Morena necesita aceptar que la convivencia es entre diferentes, que no hay una única visión de la historia, que no hay una verdad cierta en política, que no existe el lado correcto de la historia. Que no estamos unos, la oposición, en el averno; y otros, los obradoristas, en el paraíso. Los tres municipios más poblados y ricos en comercio de Michoacán los gobierna la oposición: Morelia, Uruapan y Zamora. ¿Los van a liquidar?
Han matado la convivencia pacífica en Michoacán. Corrieron al gobernador del funeral. El terror está triunfando. No estoy seguro de que los asesinos de tantos michoacanos no tengan una cobertura de complicidad gubernamental, pero no lo descarto. Debería dar señales claras y contundente el gobierno de la República de sanciones para tanto sufrimiento. Omar García Harfuch no puede llegar a Palacio Nacional en un camino pavimentado de cadáveres, siguen campantes en sus cargos, Américo Villarreal, Rubén Rocha, Adán Augusto López.
Si Carlos Manzo tenía protección federal, ¿qué pueden esperar todos los mexicanos? Han convertido a la noche de muertos michoacana en un triunfo del terror y la maldad. Derrumbaron las “Huatáperas” con una política de connivencia con el crimen y complacencia con el cobro de piso, la extorsión y el secuestro.
La pregunta clave: ¿Garantizan que Carlos Manzo es el último alcalde michoacano asesinado? Si la respuesta es “no”, entonces por qué no preguntarse ¿son aptos y capaces de tener el mando de policías y fuerzas armas?
Culpen otra vez a Felipe Calderón, traigan al espantajo de García Luna, pero la sombra de esta última noche de muertos michoacana alcanzará a los actuales gobiernos. Michoacán está agraviado. Tiene coraje y enojo. Pero La Querencia sabe salvarse.
Autor: GERMAN MARTINEZ/Diputado federal/ELUNIVERSAL+
Carlos Loret arma la nota con el filo de una navaja y no se anda con rodeos: a Carlos Manzo no lo mató el narco, lo mató el gobierno, porque lo abandonó a la suerte , y en este país, cuando el gobierno te deja solo, lo más probable no es que sobrevivas, sino que te vuelvas una estadística, otro nombre borrado por la violencia institucionalizada y una burocracia que colecciona cadáveres como si fueran medallas.
Manzo pidió refuerzos, advirtió inminencia, insistió hasta la necedad: “me van a matar, ayúdenme”. El gobierno, ausente, eligió el papel del espectador—y ni siquiera se molestó en aplaudir al final.
Lo ejecutaron despues de abrazar a su hijo, en pleno día de muertos,mientra el narco cobra piso, extorsiona y el Estado hace lo que mejor sabe hacer… nada. ¿Para qué intervenir si el pacto ya lo habian sellado desde arriba, si la operación consistia en mirar a otro lado mientras Morena ganaba elecciones, pero mientras la Presidenta se sentaba en la silla a gobernar, los alcaldes se volvian desechables.
Las explicaciones oficiales rozan la fantasía: “tenía 14 guardias nacionales”, dice el gabinete, como si la sola presencia de uniformados fuera talismán contra el plomo. Pero ni con toda la estructura militarizada del país logran salvar al alcalde que, semanas antes, suplicaba atención. Si 14 elementos (en el México más militarizado de la historia) no evitan un asesinato anunciado, ¿qué puede esperar el ciudadano común? La presidenta responde achacando la culpa a Calderón y su guerra, como si el reloj político aún marcara 2006, mientras el actual régimen colecciona cadáveres frescos sin la menor autocrítica.
El lamento oficial es de una ruindad irritante. Claudia Sheinbaum aparece con la estatura política de un gnomo, incapaz de asumir el desastre: se victimiza, culpa a medios, ciudadanos, tuiteros, periodistas, opositores, hasta de la gente en la calle gritando “fuera Morena, Claudia asesina”.
Ahora indignarse equivale a ser ultraderecha y parte de la oligarquía; el único grito legítimo sería “es un honor estar con Obrador”, pero la ciudadanía se cansa de la mezquindad, la nula empatía y la polarización como única estrategia de gobierno.
Por si faltaba cinismo, la presidenta responde con gráficos amañados porque “en su mundo” los homicidios bajan mientras afuera las balas siguen trazando la historia real. La encuesta lo deja claro: caída de popularidad, reprobada en seguridad, reprobada en combate a la corrupción; la gente tiene más miedo y el país se destiñe entre gobernabilidad fallida y justificaciones vacías. El régimen, obnubilado por mantenerse en el poder, celebra que el candidato incómodo ya no estorba en la boleta, aunque la gente siga muriendo y suplicando justicia a un gobierno que responde con silencio ensordecedor.
En síntesis: a Carlos Manzo no lo mató el narco. Lo mató la indiferencia institucional, la complicidad oficial y la soberbia de un gobierno que prefiere las condolencias protocolarias a la justicia. El Estado eligió mirar a otro lado, y nadie está a salvo en un país donde el pacto de impunidad pesa más que la vida de quienes lo denuncian.
