En al menos 21 estados del país grupos del crimen organizadooperan con halconeo digital con cámaras de videovigilancia que colocan en postes en la vía pública, casas particulares, comercios y hasta en mercados.
En los últimos meses del Gobierno de Claudia Sheibaum,se incrementaron los reportes de las mismas autoridades federales, principalmente el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, que trabajaron para Andres Manuel Lopez Obrador,pero ahora informan del desmantelamiento de “cámaras parásitas”, antenas de repetición y centros de monitoreo clandestinosdesde donde los criminales siguen los movimientos de las autoridades, vigilan a sus rivales, a sus víctimas y coordinan sus actividades.
La ironía planteada
Sin embargo, este logro mas que felicitar al gobierno, nos permite recriminarlo fundadamente, tan asi, que criminales podrian exigir rendición de cuentas al Estado ,si subrayamos la parodia de un sistema donde la impunidad y la colusión erosionaron la autoridad legítima en perjuicio de ciudadanos, pues fueron ellos mismos quienes lo permitieron.
La instalación masiva de estas cámaras ilegales y su desmantelamiento,no es solo un “foco rojo” de seguridad: es síntoma de ese Estado o muchos estados, que se descuidaron a propósito y dejo que criminales las instalaran con su tácito permiso,les bastaba con voltear hacia arriba para ver que estas los estaban viendo a ellos y esto por muchos años no les incomodó.
Todo el pais esta igual
Se trata de una práctica que se ha convertido en un foco rojo en materia de seguridad.
Después de que se descubrió un centro clandestino de monitoreo en Culiacán, se ha reportado el retiro de mil 530 cámaras en espacios públicos.
De acuerdo con un conteo realizado por EL UNIVERSAL, durante todo 2024 y lo que va de 2025, las autoridades han consignado la desactivación de al menos 6 mil 619 cámaras de diferentes modelos en más de 75 municipios.
Aunque no en todos los estados se reporta el número de cámaras desactivadas, como en Hidalgo, donde en agosto pasado se desmanteló un centro de monitoreo clandestino, pero no se precisó el equipo incautado.
Tolerancia por parte de las autoridades
Para Leopoldo Rodríguez Aranda, especialista en seguridad, la vigilancia de los grupos criminales no es un fenómeno nuevo; sin embargo, que ahora utilicen cámaras de seguridad e instalen centros de monitoreo habla de la sofisticación y poder económico que han adquirido en los últimos años.
“La capacidad que han desarrollado los grupos delictivos para llegar al grado, por ejemplo, de hacer una instalación de centros de vigilancia con toda una red de video es por dos razones: una, porque tienen los recursos económicos para poder hacer algo así y, dos, porque hay autoridades en los tres órdenes de gobierno que toleran y permiten que lo hagan”, expuso.
Aseguró que en los últimos meses se ha reportado el hallazgo de estas cámaras porque existe una presión por parte del gobierno de Estados Unidos que obliga a “hacer lo que siempre debe hacer la autoridad, que es investigar, detener, perseguir delincuentes”.
Vigilancia criminal
En Sinaloa, desde el 19 de febrero que se descubrió un centro clandestino de monitoreo en Culiacán se ha reportado el retiro de mil 530 cámaras en espacios públicos y equipamiento urbano, localizadas —en su mayoría— en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato.
De acuerdo con los reportes de las fuerzas de seguridad, las cámaras utilizadas son modelos PTZ inalámbricas, panorámicas, con inclinación y zoom, así como equipos fijos inalámbricos. Estos aparatos tienen costos que van de los 200 a los 800 pesos, las cuales se pueden adquirir por internet y en tiendas.
En Guanajuato se han retirado unas mil 400 cámaras sólo en el municipio de Celaya. También se ha informado de estos artefactos en Irapuato y León, pero no se precisaron las cifras.
Otra entidad que ha reportado un alto número de “cámaras parásitas” es San Luis Potosí, donde las autoridades han desactivado al menos 400 en los municipios de Moctezuma, Matehuala, Venado, Tamasopo y la capital, además se reporta la detención de 15 personas vinculadas con estos hechos.
El gobierno del estado presentó ante el Congreso una iniciativa para tipificar el halconeo digital, es decir, para ubicar como figura delictiva especial a quienes presten el servicio de monitoreo de videocámaras clandestinas, instalación y/o mantenimiento a grupos de la delincuencia organizada.
En Guerrero, esta semana la Guardia Nacional y el Ejército retiraron 21 cámaras clandestinas dentro del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, de Chilpancingo, en donde en los últimos días fueron asesinados dos trabajadores de venta de carne de res y un policía auxiliar que custodiaba al propietario de una carnicería.
De 2024 a la fecha las autoridades de Jalisco desmantelaron redes de vigilancia del crimen organizado en Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo y Teocaltiche, aquí se hallaron 114 cámaras que se intentó camuflar con logotipos de la CFE y Telmex.
Incluso, se sabe que los delincuentes colocan los aparatos dentro de comercios, ya sea bajo amenaza u ofreciéndose a pagar el internet.
En Baja California, unas de 670 cámaras de vigilancia irregulares han sido removidas. Tan sólo este mes, la Secretaría de Marina informó que fueron aseguradas 29 cámaras “parásitas” en Playas Rosarito, y otras 30 en Ensenada.
En octubre de 2024, colectivos de familias que buscan desaparecidos denunciaron que durante un operativo de búsqueda en Primo Tapia, en el sur de Playas de Rosarito, tuvieron que suspender las actividades debido a que estaban siendo vigiladas por cámaras relacionadas con grupos criminales.
Leopoldo Rodríguez consideró que el problema de la instalación de cámaras y centros de monitoreo clandestino es un problema que se tiene que atender de raíz, con un combate real, científico e inteligente.
No obstante, dijo que ve poco probable que las autoridades puedan prevenir la instalación de estos centros de monitoreo, ya que para ello se tendría que “detener el avance que tienen estos grupos delictivos en la vida pública del país”.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
