Luego que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió dejar en paz al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el caso del narcorrancho en Teuchitlán, Jalisco, colectivos respondieron que las desapariciones no se contuvieron durante el sexenio pasado ni tampoco ahora.
“Usted sabe que el campo de exterminio de Teuchitlán no es un evento aislado, la desaparición forzada de personas es un horror que se remonta a la Guerra Sucia, que continuó en el largo periodo neoliberal y se agudizó en el momento en que Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas”, señalaron los colectivos en un pronunciamiento durante la jornada de luto en el Zócalo capitalino.
“Desde luego que no comenzó en su administración, ni en la de su antecesor, pero tampoco se contuvo entonces ni se contiene ahora. Por el contrario, el fenómeno se generaliza y el dolor se multiplica en todos los estados de la República y alcanza a muchos sectores sociales”, añadieron.
Sin embargo, señalaron que aún creen en la Mandataria, pero reclamaron que se reconozca el trabajo de los colectivos de todo el país que cada día buscan a sus seres queridos.
“Usted (Presidenta) debe saber que somos nosotras, las familias, quienes ante la omisión del Estado hemos asumido la responsabilidad y la carga de la búsqueda, ya sea en hospitales u oficinas, forenses, en redes sociales y bajo la tierra, y que hemos llegado a muchos rincones en los que pensamos podríamos encontrar a los nuestros desaparecidos”.
“Te hablo, Presidenta”, gritaron en la plancha del Zócalo, donde armaron una réplica del rancho de Teuchitlán.
En el pronunciamiento también pidieron que el Gobierno asuma la existencia de más de las más 120 mil personas desaparecidas.
“Que apoye a quienes vivimos amenazados, y a pesar del infierno que padecemos, salimos a buscar a la decenas de miles de mexicanos y migrantes que permanecen desaparecidos y que el Estado mexicano se ha mostrado incapaz de buscar y encontrar”, anotaron.
También exigieron que el Gobierno sancione a los servidores públicos que han permitido por omisión aquiescencia, el horror que se destapó en Teuchitlán.
“Que se identifiquen y se entreguen dignamente los restos de las personas que han sido localizadas en ese y todos los campos de exterminio y fosas clandestinas en Teuchitlán y en todo el país”, lanzaron los colectivos.
Además, exigieron que se fortalezcan las estrategias de búsqueda y se tomen las medidas necesarias para atender e identificar a los cientos de personas que se encuentran en las fosas comunes, las que administra el propio estado, que es donde van a parar los restos de las victimas después de que las familias los encuentran en los parajes donde fueron arrojados.
“Es urgente reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana, dotado de los recursos necesarios e incorporar a las familias como consejeros y coadyuvantes de la institución; frente a la emergencia nacional es urgente construir un sistema judicial que resuelva las demandas de las víctimas. Si la reforma del Poder Judicial no conduce a ese resultado, habrá fracasado”, advirtieron.
Los colectivos alertaron que el hallazgo de los campos de exterminio no deben ser un caso aislado para el Gobierno federal.
“La desaparición de personas es un delito de lesa humanidad que se comete a diario en México. Este crimen se ha convertido en una pesadilla nacional y hoy ocupa las primeras planas de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, pero para quienes tenemos seres queridos desaparecidos ocupa mucho más que exposición en la prensa, es la razón de nuestro martirio, es tortura que no cesa, dolor sin fin y sin consuelo.
Desde el 9 de septiembre del año pasado Mayos y Chapos han librado una lucha intestina con un “referi muy malo” que no ha podido impedir que no solo usen armas de fuego, sino también explosivos y un sistema de videovigilancia superior al del estado que les tumba las cámaras clandestinas y estos las vuelven a instalar.
De acuerdo con estadísticas citadas por Noroeste,entre el 9 de septiembre de 2024 y el 14 de marzo:
◉ 970 homicidios dolosos (5.2 diarios) 34 menores de edad
◉ 1,118 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 3,653 vehículos robados (19.5 diarios)
◉ 932 personas detenidas (5 diarios)
◉ 67 personas abatidas
En agosto hubo 44 asesinatos, en septiembre ya con el pleito se dispararon a 142, en octubre a 182, en noviembre hubo 175, en diciembre 156, en enero 138 y en febrero 120.
Por la ola de violencia, después de dos años de no aparecer, Culiacán volvió a la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo de 2024, en el lugar 17.
El pleito vigente entre las facciones del Cártel de Sinaloa ha sido más violento que los primeros meses de 2008 cuando los Beltrán Leyva se confrontaron con Joaquín el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada.
La pugna con los Beltrán Leyva empezó el 30 de abril con un enfrentamiento en la colonia Guadalupe y durante los primeros seis meses hubo 666 asesinatos y 2 mil 926 robos de vehículos.
El punto más alto de homicidios fue hasta 2010 cuando se cometían más de 200 asesinatos por mes y el año cerró con 2 mil 250 crímenes.
Personas desaparecidas El conflicto que inició en 2024 recrudeció la crisis de desapariciones que ya vivía el estado, y entre septiembre y marzo suman mil 263 personas desaparecidas, de las cuales solo han localizado a 436.
El 2024 cerró con mil 271 desaparecidos, mientras que en 2023 fueron 751, en 2022 ocurrieron 898, en 2021 sumaron 951, en 2020 contabilizaron 882 y en 2019 reportaron mil 089.
Colectivos de búsqueda estiman que la cifra de personas desaparecidas es superior a la reportada por la FGE debido a que hay muchos casos que no se denuncian.
Cuarto Oscuro
Robo de vehículos Con el inicio del pleito también se incrementó el robo de vehículos, principalmente en Culiacán.
Durante los primeros días despojaron camiones de carga que eran utilizados para bloquear vialidades y cientos de automóviles.
Solo el 9 de septiembre fueron robados 32 vehículos en Culiacán, de acuerdo con datos de la FGE; y el día con más despojos fue el viernes 11 de octubre cuando robaron 67 vehículos.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de 3 mil 653 vehículos robados en los últimos seis meses.
Ataques con explosivos La lucha en el cártel ha involucrado la tecnología y ya no solo se atacan con armas de fuego, sino también con drones y explosivos.
En octubre, los explosivos cobraron la primera víctima y fue circunstancial, se trata de un hombre adulto mayor que circulaba en su vehículo por la carretera que conduce de Eldorado a Las Arenitas y se bajó a mover unos costales que obstruían el paso y hubo una explosión que lo dejó sin vida.
Un mes después desde drones arrojaron explosivos en la zona de mangles del campo pesquero Las Arenitas; en Culiacán por la calzada Heroico Colegio Militar, frente a las instalaciones de la Novena Zona Militar localizaron un explosivo artesanal sin estallar; y en las comunidades de Maloya y Charco Hondo en Rosario, arrojaron explosivos desde el aire.
El viernes 28 de febrero una explosión cimbró casas y despertó a vecinos del sector oriente de Culiacán, después de que detonaron un artefacto en la colonia 5 de Febrero, sin que hubiera víctimas mortales.
La carretera que conduce a la sindicatura de Costa Rica en varias ocasiones ha sido cerrada a la circulación debido a que localizan explosivos.
El jueves 6 de marzo, en el municipio de Rosario, tras un enfrenamiento aseguraron dos drones, 14 explosivos para dron y 31 explosivos improvisados.
Cámaras y narcos C-4 En los operativos implementados tras el inicio del pleito, encontraron un centro de vigilancia en la colonia Las Quintas, desde el que monitoreaban cámaras instaladas en calles de la ciudad.
Desde el 20 de febrero a la fecha en total han retirado 635 cámaras instaladas en infraestructura pública de los municipios de Culiacán, Navolato y Mazatlán.
El sistema de videovigilancia del narco era superior al de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que tiene en operación solo 222 cámaras.
Menores asesinados Desde septiembre en la entidad han asesinado a 34 menores de edad. El 19 de enero, en el sector Los Ángeles dispararon a un vehículo en el que circulaban Antonio de Jesús, con sus hijos Alexander, de 9 años y Gael Antonio de 12; y otro menor de nombre Adolfo de 17.
El padre y sus dos hijos murieron, lo que provocó que el jueves 23 la escuela donde estudiaba uno de los niños organizara una marcha para exigir justicia.
A la convocatoria asistieron cientos de personas que llevaron la manifestación al Palacio de Gobierno donde tras quebrar puertas llegaron hasta el área donde se encuentra el despacho del gobernador Rubén Rocha Moya, para exigir justicia y la renuncia del mandatario.
Tres días después, el domingo 23 de enero, de nueva cuenta cientos de ciudadanos salieron a las calles al grito de “Fuera Rocha” y el mandatario respondió que no dejaría la gubernatura por marchas, solo por los mecanismos establecidos en la Constitución.
El martes de la semana pasada murió en un hospital, Regina, de 14 años de edad, después de que había resultado herida en un enfrentamiento en la sindicatura de Villa Juárez, el jueves 27 de febrero.
Una semana antes de que Regina resultara herida, en la colonia Adolfo Ruiz Cortínez, atacaron un auto lavado donde murió Carlos Felipe, de 14 años, quien trabajaba en el lugar.
Víctimas circunstanciales y policías Durante los enfrentamientos entre sicarios además se han registrado victimas circunstanciales que resultaron heridas.
El 17 de febrero por la tarde inició un tiroteo y persecución entre sicarios por las colonias Cañadas, Infonavit Barrancos, Antonio Nakayama, Plutarco Elías Calles, Adolfo Ruíz Cortines y Felipe Ángeles.
El saldo fue de dos sicarios muertos y nueve personas lesionadas, entre ellos un menor de 5 años de edad. Todos los heridos fueron víctimas circunstanciales.
Las corporaciones policiales también han sido atacadas por la delincuencia y en seis meses han asesinado a 25 agentes y ex agentes, principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.
Apenas la semana pasada localizaron asesinados a los policías municipales, Ezequiel, Petra Emilia y Joel Alberto, levantados el 28 de febrero cuando acudían a atender un reporte de un homicidio en la sindicatura de Costa Rica.
Desde septiembre han asesinado a ocho agentes de policía municipal de Culiacán; cinco de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán; dos de la Policía Estatal Preventiva; dos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Navolato; tres de la Policía de Investigación de la FGE, uno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y cuatro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
No solo es Culiacán Los primeros días del pleito, la zona de la salida de sur de la ciudad y las sindicaturas del sur eran el escenario del pleito.
Conforme pasaron los días, se extendió hacia los municipios de Elota, Mazatlán y Rosario.
La semana pasada en Potrerillos del Norote y Pueblo Nuevo, en Elota, hubo enfrentamientos, en los que dejaron un cadáver colgado en la entrada a Potrerillos, uno más en el panteón y cinco en un camino de terracería.
La carretera Internacional México 15, en Culiacán, era uno de los lugares donde los sicarios arrojaban cadáveres y sostenían enfrentamientos, pero en las últimas semanas, el sector oriente de Culiacán ha vivido con constantes balaceras.
La zona del Barrio, Amistad, 5 de Febrero y Guadalupe Victoria continuamente reportan tiroteos, asesinatos y quema de viviendas y comercios.
La ola de violencia obligó a autoridades federales a reforzar la presencia en la entidad y para diciembre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraba que había 11 mil agentes de las fuerzas federales; y en febrero pasado desplegaron a más de 3 mil agentes por el Carnaval de Mazatlán 2025.
La celebración transcurrió sin incidentes, pero con la cancelación de la presentación de Jorge Medina y Josi Cuen en la coronación del rey de la alegría y de Grupo Firme en la coronación de la reina, un día después de que en Tijuana les dejaron una manta con un mensaje con el que amenazaban con asesinarlos si se presentaban en el carnaval.
Por la inseguridad, en 2024 ya habían cancelado la celebración del Grito de Independencia en el Palacio de Gobierno y la Feria Ganadera en Culiacán.
En México, la violencia ha mutado de ejecuciones selectivas a una lógica de exterminio. Los grupos criminales han adoptado estrategias propias de limpieza étnica y genocidio, creando centros de eliminación donde han perfeccionado métodos para desaparecer cuerpos.
Este horror no es casual, se sostiene sobre la impunidad, la corrupción y un Estado debilitado que particularmente desde el sexenio pasado cedió el control de amplias regiones del país a los grupos criminales. La política de “abrazos” incentivó que más cárteles adoptaran tácticas de guerra, convirtiendo la violencia extrema en una herramienta de reclutamiento forzado y de poder.
La filósofa alemana Hannah Arendt advirtió que “el mayor mal no es cometido por gente perversa, sino por burócratas que no tienen empatía” con el dolor humano. En México, la impunidad no siempre responde a la maldad explícita, sino a instituciones débiles, políticos deshumanizados y corruptos y una sociedad que ha normalizado el horror.
Desde Causa en Común hemos documentado que, al menos desde 2019, el crimen organizado comprendió que desaparecer cuerpos es más efectivo que dejarlos en las calles. Sin embargo, fue hasta esta semana que el hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, por el colectivo Guerreros Buscadores, expuso a México ante el mundo como un país de salvajes. Las imágenes del centro de reclutamiento de crematorios, de fosas clandestinas, de cientos de zapatos y artículos personales tomadas por el fotoperiodista Ulises Ruiz Basurto que acompañó al colectivo en su recorrido, mostraron el nivel de sofisticación de la maquinaria del horror.
La desaparición no solo oculta los crímenes, sino también distorsiona las cifras oficiales, permitiendo a los gobiernos ocultar los homicidios y a la presidenta Claudia Sheinbaum presumir bajas inexistentes.
Además, esta violencia extrema tiene efectos profundos en quienes la ejecutan. Participar en la desaparición y destrucción de cuerpos no solo refuerza la impunidad, sino que se convierte en un ritual de iniciación que vincula a los perpetradores con la organización criminal. Quienes participan deben demostrar su lealtad mediante actos de barbarie que les provocan cambios psicológicos profundos y los sumergen en una lógica de aniquilación de la que, en la mayoría de los casos, no hay retorno a la sociedad de la que salieron.
Mientras el Estado ha sido incapaz de frenar esta evolución, además la ha perpetuado con su fallida estrategia de militarización de la seguridad pública, los cárteles han respondido con milicias privadas, disciplina militar y estrategias de exterminio. Este modelo, que tuvo su origen en Los Zetas, ha llevado a los cárteles a depender menos de las comunidades y más del reclutamiento forzado. Quienes no se adaptan, son ejecutados sin titubeos.
El costo humano es incalculable: miles de desapariciones, reclutamiento de menores, trata de mujeres, expansión de centros de exterminio y deshumanización sistemática.
En México quieren que creamos que se enfrenta solo un problema de narcotráfico, por las amenazas de los aranceles de Trump y la continua explicación en las mañaneras de detenciones de cargamentos y envíos de narcotraficantes al país vecino. Sin embargo, nuestro país enfrenta principalmente una mutación del terror donde la vida humana ha sido cosificada. La pregunta no es solo cómo frenar la violencia, sino cómo evitar que la desaparición y el exterminio sigan institucionalizándose. La historia ha demostrado que cuando la muerte se convierte en herramienta de poder, la sociedad entera queda atrapada en un ciclo de horror.
México está de luto. Hoy a las 5:00 p.m., hemos sido convocados a acompañar a los colectivos de búsqueda. Unámonos por nuestros desaparecidos. La omisión y la colusión de las autoridades, junto con la indiferencia social, nos han traído hasta aquí. ¿Hasta cuándo seguiremos aceptándolo? (Colaboró Fernando Escobar Ayala)
En los últimos 19 años, los ataques armados a las aeronaves de las fuerzas armadas también han representado un preciado trofeo para las mafias mexicanas.
Desde el inicio de la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón Hinojosa, en diciembre de 2006, hasta noviembre de 2024, ya en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al menos 90 helicópteros o aviones del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido atacados por miembros de organizaciones criminales.
El Ejército que hoy encabeza el general Ricardo Trevilla Trejo reportó en ese lapso 76 casos; la dependencia de la que es titular el almirante Raymundo Pedro Torres Ángeles registró 13 hechos y la Guardia Nacional, a cargo del general Hernán Cortés Hernández, informó sobre un ataque de esta naturaleza.
Según las respuestas de esas instituciones castrenses a solicitudes de información formuladas por MILENIO, el sexenio en donde se presentaron más agresiones a aeronaves militares fue en el del ex panista Felipe Calderón Hinojosa, con 38 casos.
El ataque más letal, sin embargo, se dio en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Ocho elementos de las Fuerzas Armadas perdieron la vida en ese hecho. Tres pertenecían a la Fuerza Aérea y cinco al Ejército. Todos fallecieron el mismo día en un solo ataque. El episodio ocurrió el 1 de mayo de 2015.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con el folio 330026424003208, la Secretaría de la Defensa Nacional anotó que la aeronave atacada fue un helicóptero en el que viajaban 16 efectivos militares y dos elementos de la extinta Policía Federal (PF). La agresión se dio en el estado de Jalisco y los daños registrados fueron catalogados por el Ejército como “pérdida total”.
Monte Alejandro Rubido, ex comisionado nacional de seguridad, declaró en aquella ocasión que el aparato derribado era un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea con matrícula 1009.
Detalló que esto se dio por el impacto, en el motor trasero de la aeronave, de una ojiva propulsada por un lanzacohetes RPG-7 de origen ruso.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Villa de Purificación, Jalisco. La organización criminal que se adjudicó este ataque fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que encabeza el capo Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.
Tienen lanzacohetes y misiles antiaéreos
David Saucedo, consultor en materia de seguridad, consideró que este fenómeno se ha dado por la lógica de las bandas criminales mexicanas de adquirir y enfrentar con armas más poderosas y letales la militarización implementada en los últimos tres gobiernos.
“En muchas ocasiones los grupos criminales utilizan estas ‘tácticas de espejo’ para responder a operativos militares, sobrevuelos para detección de narcolaboratorios o sembradíos de droga, y vuelos de vigilancia o reconocimiento en zonas inaccesibles por vía terrestre”.
“El tema aquí es que, como ya se ha visto, estas mafias ya cuentan con lanzacohetes e incluso misiles antitanques y antiaéreos”, dijo.
En el llamado ‘segundo culiacanazo’, el 5 de enero de 2023, fecha en la que se da la captura de Ovidio Guzmán López, uno de los líderes de la ramificación criminal de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, e hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fue cuando se presentaron más ataques a aeronaves del Ejército.
Durante ese episodio se registraron un total de nueve aeronaves del Ejército mexicano averiadas por proyectiles de armas de fuego: cinco helicópteros (uno con “daños mayores”) y cuatro aviones (uno con “daños mayores”).
En el ‘primer culiacanazo’, el 17 de octubre de 2019, el organismo castrense reportó el ataque a un helicóptero, que tuvo “daños menores” en su fuselaje.
Más ataques durante el calderonismo
De las 90 agresiones a aeronaves militares registradas por el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, sólo la Secretaría de la Defensa Nacional disgregó la información por fecha, tipo de aeronave, grado de daños causados y estado de la república donde se presentó el hecho.
El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) fue en el que se dio el mayor número de ataques a aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, con 38 en total.
En la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se reportaron 17 casos y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se presentaron 21 agresiones a aeronaves del Ejército.
Los años en los que las mafias mexicanas atacaron en mayor número a aeronaves militares fueron en 2012, con 11 casos, y 2010, con 10 eventos de ese tipo. Los periodos corresponden, en ambos casos, al gobierno de Calderón Hinojosa.
Sinaloa es el estado donde se han registrado más ataques a aeronaves del Ejército, con un total de 35. De estas agresiones, 19 se dieron en el sexenio de Felipe Calderón, 13 en el de López Obrador y cuatro en el de Peña Nieto.
Le siguen los estados de Guerrero y Durango, con nueve hechos cada uno. En el estado sureño se presentaron cuatro ataques en el gobierno de Peña Nieto, cuatro en el de López Obrador, y uno en el de Calderón Hinojosa. En tierras duranguenses se dieron seis en la administración del panista y tres en la del priista.
Saucedo señala que, en el caso de Sinaloa, donde se han presentado el mayor número de ataques a aparatos aéreos de las Fuerzas Armadas desde 2006, no son tanto por los vuelos militares para la detección de narcolaboratorios o sembradíos de droga, sino para “cuidar a las cúpulas de las fracciones del Cártel de Sinaloa”.
En cuanto a Durango, anota el especialista, “las agresiones a aeronaves del Ejército ahí sí son por los sobrevuelos para detectar y erradicar plantíos de droga o laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas, fentanilo, heroína o cocaína, pero además porque el estado forma parte del llamado Triángulo Dorado, una zona inaccesible por vía terrestre”.
El experto en temas de seguridad indicó que en el caso de Guerrero ocurre lo mismo que en Durango, específicamente en la región de la Montaña Alta y Tierra Caliente, donde operan diversos grupos criminales que se disputan los corredores para el tráfico de la goma de opio y la heroína.
Los números no son nada halagüeños en Sinaloa y el desastre no solo es inseguridad,tambien es debacle económica y desempleo, los datos oficiales advierten que 12 mil empleos se han perdido en comparación con 2024.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la disminución es específica sobre empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la mayor afectación corresponde a empleos de actividades primarias como la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, con 10 mil trabajadores menos.
La disminución es un impacto que se puede observar comparando los empleos registrados durante los meses de febrero de los últimos cinco años. La tendencia era a la alza, pero esta vez es diferente.
SE REVENTÓ LA NARCOINFLACIÓN: COPARMEX
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la disminución de empleos formales en el Estado tiene una explicación lógica: la confrontación entre dos grupos criminales ha reventado la burbuja del “narcomercado”.
“Había una economía ficticia”, dijo la empresaria Martha Elena Reyes Zazueta, Presidenta de Coparmex en Sinaloa.
“Definitivamente no fue empujada por esos negocios que no son los de nosotros. Nosotros que trabajamos generalmente empieza poco a poco y te toma años llegar al éxito, pero de pronto habían negocios que se hicieron líderes pero ahora los vemos desaparecidos, los vemos quebrados”.
Reyes Zazueta prefirió no nombrar aquellos comercios y negocios que florecieron bajo la economía criminal, pero citó dos datos importantes:
1.- El mercado automotriz disminuyó sus ventas en un 35 por ciento.
2.- La disminución de por lo menos un 70 por ciento en la venta de viviendas.
“Sabemos que esos precios se inflaron por esa economía”, afirmó la empresaria.
Sin embargo, agregó, esa economía ficticia no regresará de manera simple, pues la violencia que ha desangrado Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024 por la confrontación de dos grupos criminales del Cártel de Sinaloa, también ha desplazado esos capitales.
“Desgraciadamente y derivado de esta crisis de violencia, si los sinaloenses estamos esperando que la economía va a regresar a como estaba antes, eso no va a pasar”, afirmó.
“Estábamos viviendo en una burbuja, una economía negra. Era ficticia, basada en el narconegocio. Yo lo que invito a los empresarios a que reflexionen, a que sean innovadores, a crear dinámicas diferentes para poder sostenernos. Esos son los que tengan buenas administraciones, mejores desempeños con los bancos”.
COPARMEX LLAMA A RECONSTRUIR LA ECONOMÍA DE SINALOA
Para Reyes Zazueta, el tiempo es apremiante; ya pasó medio año y, aunque los indicadores oficiales presentan una disminución de delitos, no se puede declarar como el fin de la violencia.
En cambio, propuso emplazar a empresarios y autoridades estatales para que en un periodo de tres meses se haga un plan conjunto, que incluya planes de prevención y contención de seguridad, así como mecanismos y estrategias empresariales innovadoras para fortalecer la economía local.
“Esos 12 mil empleados que dejaron su trabajo se pueden volver más, pero hay que trabajar para la reconstrucción”, señaló la Presidenta de Coparmex Sinaloa.
