En su evaluación anual sobre México, la agencia antidrogas de Estados Unidos advierte que 70% del territorio nacional padece la espiral de violencia de los cárteles, sobre todo en Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México, destacando la pasividad de la Guardia Nacional. Para el gobierno de México, el reporte estadunidense está sesgado por la molestia de la DEA porque ya no puede actuar libremente en México, como ocurría en sexenios pasados, principalmente en el de Felipe Calderón.
LA CAPITAL DE LOS PODERES QUE NO PUEDEN:
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador admite que el principal problema en materia de seguridad en México es la violencia, pero rechaza que 70% del territorio nacional padezca esa problemática, como afirma la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en su más reciente evaluación.
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Proceso y medios estadunidenses fueron convocados en Washington por la DEA para escuchar un informe verbal de su evaluación anual sobre la amenaza del narcotráfico en México y América Latina. “La situación de México es muy preocupante porque la violencia relacionada con el narcotráfico afecta a 70% de ese país, y hay una región en particular que padece de la atomización de los cárteles de la droga”, expone uno de los funcionarios.
A los medios de comunicación convocados se les condicionó su presencia a no identificar por nombre a especialistas o encargados de la región, por la susceptibilidad a las críticas por parte de gobiernos de países como el de México.
“Los estados más afectados por la violencia relacionada directamente con el narcotráfico en México son el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos, donde La Familia Michoacana se atomizó en células que tienen aterradas a poblaciones enteras de algunos poblados y regiones”, dice uno de los especialistas de la DEA.
“Coincidimos en que la violencia es el principal problema y así lo hemos expresado en el contexto del (plan binacional de seguridad) Entendimiento Bicentenario, por eso les hemos dicho que el foco de nuestra estrategia está en eso”, dice en entrevista Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Durante dos semanas Proceso se comunicó en más de cuatro ocasiones por teléfono y vía mensaje con Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para obtener una respuesta del gobierno mexicano ante el planteamiento de la DEA; el funcionario dijo que daría una reacción, pero hasta el cierre de esta edición el reportero ya no recibió ningún contacto de su parte.
“Creemos que el tráfico de armas tiene que ser un elemento central de la cooperación porque, desde nuestra perspectiva, es el único elemento que puede tener un impacto real en la violencia que están generando algunas organizaciones criminales”, añade el funcionario de la SRE, responsable de la relación con Estados Unidos y Canadá.
En la DEA exponen que, de acuerdo con sus informes de inteligencia, sustentados en los reportes que les entregan sus (54) agentes asignados a México, la constante es que la gente se siente impotente ante la violencia en las regiones donde se atomizó La Familia Michoacana.
“En el Estado de México y Guerrero, sobre todo, células de La Familia Michoacana han impuesto reglas a todo; la gente está aterrada porque, aunque han hecho denuncias públicas de ello, la Guardia Nacional no les responde como debería”, dice uno de los especialistas de la DEA.
De acuerdo con sus reportes, los analistas estadunidenses pintan un escenario mexicano casi de anarquía. “Son los criminales quienes tienen retenes en las carreteras de poblados y regiones enteras en la sierra guerrerense que colindan con el Estado de México y que, a su vez, conectan con Michoacán y Morelos; pero esto no es lo más grave, también dictan la manera de vivir de los lugareños, les cobran piso, fijan precios de productos a vendedores independientes porque ellos (los narcos) son quienes se han impuesto como proveedores de casi todo. La gente está desamparada, está espantada”.
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