De acuerdo con información de la Marina, se presume que las lanchas tipo ‘go fast’ vendrían desde Ecuador, Guatemala y/o Colombia, en lo que han llamado la ruta pacífico-sureste; serían financiadas en territorio nacional por organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y desde Centro y Sudamérica por organizaciones como El Clan del Golfo, que ha logrado desplegar toda una red marítima.
Antes de llegar al territorio nacional, las embarcaciones hacen diversas paradas en gasolineras flotantes, compuestas por buques logísticos ubicados dentro de la misma ruta que habitualmente son disfrazados como barcos pesqueros.
Ahí, se abastecen las embarcaciones menores con combustible, agua, alimentos o baterías para los equipos de comunicación, para luego dirigirse como kamikazes a unos 100 kilómetros por hora hacia tierra firme, a menos que sean interceptadas por la inteligencia naval.
Pero tan solo en febrero, gracias al intercambio de información entre la Secretaría de Marina con la Armada de Colombia y de Estados Unidos, se logró el aseguramiento de por lo menos seis embarcaciones en los litorales mexicanos entre el Mar de Cortés, en Baja California y Chiapas, consiguiendo la detención de 18 personas, entre ellos, cinco de origen guatemalteco y cinco de Ecuador, todos cazados en alta mar con aviones, helicópteros, lanchas rápidas e Infantes de Marina.
El 19 de febrero, una embarcación menor acondicionada con dos motores fuera de borda y con dos tripulantes, pretendía ingresar a México con 29 costales de nylon con mil 119 kilogramos de clorhidrato de cocaína, pero quedó interceptada a 631.5 kilómetros al Suroeste de Puerto Chiapas.
Al corroborar los reportes de inteligencia, desde la base de operaciones de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México se lanzó la operación para ubicar la embarcación, se desplegó una aeronave de ala fija para su avistamiento y una patrulla oceánica; incluso se coordinó a personal de las regiones navales en Guerrero y Oaxaca para coadyuvar en la operación.
“Hay un trabajo previo con mucha anticipación a través de intercambios de información con autoridades nacionales e internacionales que nos facilita el trabajo; eso quiere decir que contamos con información previa para nosotros tener en consideración cuáles son las áreas susceptibles y desarrollar este tipo de eventos”, dijo a MILENIO el Contralmirante, Artemio Cuervo, actual director del Centro de Mando y Control de la Secretaría.
Ya en el lugar, cuando personal naval llegó al punto solo encontraron una embarcación sin gente y los costales flotando en el agua, lo que derivó en una nueva cacería por el mar.
“Para esta operación el concepto operacional es el trinomio; este trinomio está compuesto por una patrulla oceánica, conformada por un helicóptero y una embarcación menor de gran velocidad; cuando se detecta algo se despliegan y gracias a eso se pueda lograr el aseguramiento del sospechoso”, añade Artemio Cuervo.
Los tripulantes habían logrado alcanzar lo que hasta ese momento parecía un barco pesquero que se encontraba en la misma zona, y ese día ambas embarcaciones fueron aseguradas, junto con siete personas (cinco guatemaltecos y dos ecuatorianos), con un aparato GPS y cuatro teléfonos celulares.
En el mismo litoral, días antes, fueron asegurados 15 costales con 724 paquetes en forma de ladrillo con 716.488 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 100 litros de combustible. Se detuvo a tres ecuatorianos y dos mexicanos.
En esta cacería marítima por la ruta Pacífico-Sureste, también se logró frenar el ingreso de 3004.4558 kilogramos de cocaína pertenecientes al cártel de Sinaloa, que pretendían ingresar por las playas de Caborca, lo que habría generado el desfile de un convoy con más de 20 camionetas pertenecientes a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que se viralizó en redes sociales.
Incluso el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se refirió a los hechos: “Especulamos que una de las rutas posibles de esa de ese gran cargamento eran las playas de Caborca, rumbo a la frontera, obviamente con Estados Unidos.
“Ese dato ha estado fuera de la escena de la información y es una pieza fundamental para entender muchos acontecimientos”, dijo el Gobernador.
El pasado 24 de febrero, MILENIO dio a conocer que al menos 17 personas pelean por reducir sus sentencias u obtener su libertad en Estados Unidos, tras haber sido detenidos capitaneando o tripulando submarinos, método que desde 2020 se habría convertido en un problema de seguridad nacional.
Hacia finales del año pasado, durante la reunión del grupo de expertos sobre narcotráfico convocados la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en República Dominicana, el Capitán de Corbeta José Luis Pérez Carranza se refirió al tráfico ilícito desde América del Sur hasta México y hacia Centroamérica a través de la ruta del Pacífico Sureste.
Destacó el uso de semisumergibles, de embarcaciones de recreo y de pesca, y de lanchas go-fast, pero también se refirió a dos desafíos para ser atajados de manera conjunta con otras naciones: el creciente uso de teléfonos satelitales por el crimen organizado, así como la “contaminación” de contenedores, una modalidad recurrente en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán y en Manzanillo, en Colima.
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