A las mafias mexicanas no les bastó con tener el control del territorio nacional: necesitaban expandirse para controlar el suministro de cocaína y en Colombia hallaron campo fértil. Durante el último lustro los cultivos cocaleros se han triplicado en el país sudamericano y reportes de inteligencia achacan esa expansión al financiamiento de los diversos cárteles de México que se han afincado allá, absorbiendo a los pequeños grupos delincuenciales locales que se han afincado allá. Las autoridades colombianas ya catalogan este fenómeno como “un problema de seguridad nacional”.
BOGOTÁ (Proceso).- Una de las primeras cosas que hizo el periodista Francisco Santos cuando el presidente colombiano Iván Duque lo designó en agosto pasado como su embajador en Estados Unidos fue leer toda la información reservada a la que pudo tener acceso sobre lo que hay detrás de las 171 mil hectáreas de hoja de coca que hay sembradas en este país.
Santos, quien fue vicepresidente de Colombia entre 2002 y 2010, sabía que esa cantidad récord de cultivos ilícitos que ha hecho de Colombia el primer productor mundial de cocaína es el tema de la relación bilateral que más interesa a Washington.
Tanto así, que el presidente estadunidense Donald Trump ha amenazado con “descertificar” la lucha antidrogas de Colombia si el país no hace algo para reducir en forma “inmediata” los cultivos cocaleros, los cuales se triplicaron en los últimos cuatro años.
Pero lo que más sorprendió a Santos de sus averiguaciones sobre ese asunto no fue la rapidez con que aumentaron los cultivos ilícitos sino enterarse, por un reporte de inteligencia que le proporcionó un organismo nacional de seguridad, que las organizaciones que más alentaron ese crecimiento fueron los cárteles mexicanos de la droga.
Según el informe, conocido por Proceso, las organizaciones mexicanas del narcotráfico controlan cerca de 100 mil hectáreas de sembradíos de coca en Colombia –más de la mitad del total– a través de las bandas criminales y las disidencias de las FARC que trabajan para ellos y, además, son los compradores de “al menos, las dos terceras partes” de la pasta base y la cocaína que se produce en ese país.
Ese hecho convierte a cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas en una nueva amenaza de seguridad para Colombia.
Según diferentes estimaciones de organismos de seguridad nacionales y extranjeros sólo esas tres organizaciones criminales pueden tener ejércitos de entre mil y 3 mil 500 hombres armados a su servicio en territorio colombiano.
Y es que, desde hace seis años, los cárteles mexicanos vieron con preocupación el inicio de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC –que era la organización que controlaba la mayoría de cultivos ilícitos en Colombia— y se empeñaron en generar condiciones que les garantizaran el abasto continuo de esa droga.
Esto coincidió con la caída de grandes capos colombianos con los que negociaban directamente la compra de enormes cargamentos de cocaína. A finales de 2012 fueron capturados Daniel “El Loco” Barrera y Ericson Vargas Cardona, “Sebastián”, dos de sus principales socios en este país, lo que los obligó a buscar “fuentes de abasto alternativas”.
Las mafias mexicanas se dieron cuenta de que la fragmentación del negocio del narcotráfico en Colombia “era una oportunidad para establecer una hegemonía e imponer sus condiciones” en este país.
“De socios, casi se nos han convertido en patrones”, dice a este semanario un exnarcotraficante que asegura estar retirado desde hace varios años de esa actividad delictiva.
El hecho es que el enorme flujo de efectivo a disposición de los cárteles mexicanos, producto de que desde la década pasada dominan la parte más rentable del negocio –el transporte de cocaína de Colombia a Estados Unidos— les permitió imponer condiciones a sus socios colombianos.
El director Antinarcóticos de la Policía Nacional, general Fabián Laurence Cárdenas, señala que “hoy, los cárteles mexicanos, en su expansión agresiva del negocio, ya no quieren tener intermediarios, sino que quieren negociar directamente con el productor en Colombia, por eso están viniendo a hacer el negocio aquí”.
También, indica, “hace unos cinco años comenzaron a tener problemas porque contrataban cierta calidad de cocaína, de 85 por ciento o 90 por ciento de pureza, y les llegaba otra de más baja calidad, muy ‘rendida’, como se le dice aquí”.
Hoy tienen delegados supervisando todas las fases del proceso de producción: desde los sembradíos de hoja de coca, donde han sido capturados “in situ” emisarios mexicanos, hasta los laboratorios de clorhidrato de cocaína, donde verifican que la calidad de la droga sea la pactada en la negociación.
Muchos de esos delegados se embarcan incluso en las lanchas y semisumergibles que llevan la droga a Centroamérica y México en su trayecto a Estados Unidos, que es finalmente el destino de los cargamentos.
“Con su capacidad de financiamiento, los cárteles mexicanos compraron a bandas criminales y grupos residuales de las FARC para controlar la producción de coca. Ya controlaban la distribución y hoy están cerca de controlar la producción. Para esto necesitan control territorial y lo están adquiriendo muy rápidamente a través de organizaciones colombianas que trabajan para ellos”, señala un reporte de inteligencia militar.
El general Cárdenas, director Antinarcóticos de la Policía Nacional, descarta que las organizaciones mexicanas sean propietarias directas de sembradíos de hoja de coca, pero reconoce que tienen una red de delegados en varias regiones de Colombia a través de los cuales han puesto a trabajar para ellos a las bandas criminales locales y a las disidencias de las FARC.
Poder de fuego
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, considera que una columna de ex guerrilleros de las FARC al mando de “Guacho”, quien se separó del proceso de paz y se dedicó al narcotráfico en la suroccidental ciudad de Tumaco –el municipio del mundo donde más coca se siembra— es, en realidad, un “brazo armado” del Cartel de Sinaloa.
“Guacho” y Dairo Antonio Úsuga David, conocido como “Otoniel” y quien es jefe del Clan del Golfo, son los dos delincuentes más buscados de Colombia y son, también, dos de los principales socios de los cárteles mexicanos de la droga en este país.
Una fuente del Ministerio de Defensa indica que es altamente probable que “Guacho” y “Otoniel” sean dados de baja o capturados en el corto o en el mediano plazo, “pero hoy el problema principal para Colombia no son ellos, sino las organizaciones trasnacionales que están atrás: los carteles mexicanos del narcotráfico, que tienen una presencia creciente en el país”.
El general Cárdenas señala que esa presencia no es con estructuras armadas propias sino a través de emisarios que vienen a hacer negocios y con las bandas locales y las cuales les brindan “servicios de seguridad”.
Un estudio de la Policía Nacional indica que, en la medida en que reforzaron su presencia en Centroamérica y en Colombia, los cárteles mexicanos “se dieron cuenta que la droga que compraban tenía que pasar por varios intermediarios en su camino a México, lo que les encarecía el precio”.
Por ello, “junto con su expansión, fueron cortando esas cadenas logísticas narcotraficantes que les salían muy costosas”.
Y “hoy en día es claro que en Centroamérica hay una presencia y un dominio total de los cárteles mexicanos y que todas las cadenas logísticas las manejan ellos, lo que es cada vez más claro en Colombia”, agrega el reporte.
El general Cárdenas indica que el desafío que le plantean a este país las organizaciones criminales mexicanas “es una amenaza de seguridad nacional muy seria que estamos abordando con la mayor seriedad”.
Y no es para menos. Una agencia de inteligencia extranjera estima que los cárteles mexicanos de la droga ya tienen un ejército privado de entre 2,500 y 3,500 hombres armados con material de guerra en Colombia.
Un oficial de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (PNC) consultado al respecto refuta esa cifra y dice que las organizaciones mexicanas tienen el control de “unos 1,000” hombres armados en este país, que son tantos como los combatientes que tendría el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El tema es tan serio que cada vez se incorpora más a la agenda política. El senador y excandidato presidencial Gustavo Petro considera que “los factores de poder de las mafias en Colombia cada vez son más mexicanos”.
Los cárteles de las drogas de México, asegura, “ya están aquí con ejércitos privados a su servicio que están protagonizando una nueva guerra, la guerra por el control de la coca”.
El general Cárdenas plantea que lo que más preocupa a las instituciones de seguridad colombianas es “el acceso ilimitado a material militar” que tienen los cárteles mexicanos.
“Conocemos bien la capacidad que tienen las organizaciones criminales mexicanas de obtener armamento, armamento militar, de guerra, y estamos empeñados en evitar que ese ese tipo de armas acaben en manos de las bandas criminales colombianas”, asegura.
Pero eso ya está ocurriendo, según afirma un oficial de inteligencia de una agencia europea. “Muchos pagos de drogas se están haciendo con armas, y eso se puede ver en el moderno armamento que ya están usando los grupos colombianos”, asegura.
La hegemonía
Según el reporte de inteligencia de la Policía Nacional conocido por Proceso, la creciente presencia de los cárteles mexicanos de la droga en Colombia se enmarca en “la hegemonía narcotraficante que vienen desarrollando estas organizaciones a nivel mundial”.
Han logrado, agrega, diversificar sus mercados mediante el establecimiento “de alianzas estratégicas y/o acuerdos de cooperación con diferentes actores del crimen en el mundo y Colombia no es la excepción”.
El principal interés de los cárteles mexicanos, señala el informe, es supervisar la calidad y cantidad de droga en zonas de producción.
“Lo que les importa es el precio y la calidad de la cocaína y que se mantenga el nivel de producción que necesitan, el abasto. Ellos le pagan al grupo del crimen organizado que controla la zona donde se hacen los negocios, le pagan por su seguridad, y esos servicios pueden incluir un homicidio o el cobro de una deuda”, agrega.
Un agente antinarcóticos consultado al respecto sostiene que no han encontrado indicios de que los cárteles mexicanos traigan grupos armados de México “porque no lo necesitan hacer y se expondrían demasiado a la acción de nosotros”.
Ellos, asegura, “reciben esos servicios de grupos colombianos y lo que se da es una relación de negocios en la que (…) hacen adelantos para comprar droga y garantizar su producción y calidad”.
En el suroccidental departamento de Nariño, donde se concentra la cuarta parte de los cultivos ilícitos del país, la Policía Nacional ha recibido reportes de compra de tierras por parte de “inversionistas” mexicanos o de sus “testaferros”, y hasta han sido capturados ingenieros agrónomos mexicanos que supervisan la calidad de los plantíos de hoja de coca.
Al oficial antidrogas consultado por este semanario no le extrañaría que las fases de la producción de esa droga se trasladen cada vez a Centroamérica y México, donde hay condiciones atmosféricas propicias –clima tropical y subtropical– para sembrar hoja de coca.
Por lo pronto, un informe de inteligencia señala que cárteles mexicanos están llevando cada vez más pasta base de coca a México para transformarla en clorhidrato de cocaína, con ayuda de químicos colombianos, en laboratorios que instalan en ese país.
“Delincuentes mexicanos compran base de coca colombiana para procesarla en México y duplicar su peso”, precisa el documento.
De acuerdo con el reporte, la más antigua presencia en este país la tiene el Cártel de Sinaloa. Hay informes de que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exjefe máximo de esa organización, estuvo en Medellín en forma intermitente en los dos últimos años.
Ese cártel hace negocios con el Clan del Golfo, que es la mayor banda criminal colombiana a pesar de los duros golpes que le han dado las fuerzas de seguridad, como parte de la “interdependencia y complementariedad criminal”.
En la noroccidental región de Urabá, bastión del Clan del Golfo, agentes de inteligencia de la policía han recibido informes de que esa organización estaría negociando con el Cártel de Sinaloa un “traspaso de operaciones que permitiría a los mexicanos quedarse con la estructura del Clan del Golfo a cambio de un porcentaje de las operaciones, en la modalidad de franquicia”.
La influencia de los narcotraficantes mexicanos es tan creciente, que según fuentes de la Fiscalía colombiana están actuando cada vez más como reguladores del crimen.
“Sabemos que mexicanos participaron en el ‘Pacto del Fusil’ que paró una guerra entre bandas en Medellín en 2013 y que hoy hay enviados de cárteles mexicanos interesados en impulsar un acuerdo similar en la ciudad (donde se ha registrado este año un aumento de homicidios por las disputas entre facciones de La Oficina)”, asegura la fuente.
El experto en coca y conflicto, Camilo González Posso, plantea que el desmonte de los grandes cárteles colombianos –los de Medellín, Cali y Norte del Valle— y la fragmentación del negocio posibilitó que los cárteles mexicanos de la droga, que crecieron subordinados a los colombianos. fueran “asumiendo nuevos roles en la cadena hasta convertirse en las estructuras dominantes del negocio”.
Tan dominantes, que su presencia en algunas regiones de Colombia es ostensible.
Proceso conoció por una fuente cercana a una investigación criminal que el mes pasado, entre el 7 y el 11 de septiembre, narcos mexicanos y colombianos realizaron una fiesta de cuatro días en un hotel de un conocido municipio turístico al norte de Medellín, en la que hubo música continua, con grupos colombianos en vivo y un DJ que ponía música mexicana norteña y de banda.
“Los vecinos se quejaron por el ruido, pero ninguna autoridad se acercó al lugar”, asegura la fuente.
La irrupción del CJNG
Un informe elaborado por un grupo de élite del Ejército especializado en el combate al narcotráfico indica que la presencia de los cárteles mexicanos en Colombia se intensificó desde 2008 con los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, y a partir de 2014 “se empieza a notar” la llegada de enviados del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Agrega que “la decisión” de esas organizaciones de asumir mayor control sobre la producción y la transportación de la droga se produjo tras la captura de “El Loco” Barrera y “Sebastián”, quien era el jefe de La Oficina en Medellín.
En busca de reemplazos para los cargamentos de droga que enviaba “Sebastián”, los cárteles mexicanos encontraron muy pronto socios directos para la comercialización de narcóticos.
“Muchas bandas de Medellín terminaron asociadas y de cierta forma respaldadas por los cárteles mexicanos, que en la actualidad se dedican no sólo a negociar narcóticos con ellos sino también a recibir protección cuando se encuentran en la ciudad”, indica el reporte.
Señala que mientras los Cárteles de Sinaloa y Los Zetas han consolidado sus operaciones en el bajo Cauca antioqueño –al nororiente de Medellín— el Urabá, Cauca y Nariño, el CJNG tiene una presencia cada vez mayor en el Catatumbo (en la frontera con Venezuela); en Nariño y Putumayo, los dos departamentos colombianos con mayor cantidad de sembradíos de hoja de coca, y en la suroccidental Cali.
El pasado martes 9 de octubre fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el operador del CJNG en Cali, Bernabé Millán Rascón, un mexicano conocido como “El Manco” porque le falta parte de su brazo izquierdo y quien negociaba la compra de cargamentos de cocaína con bandas colombianas en esa región del país.
Fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
En el departamento de Nariño, la Policía Nacional tiene identificados laboratorios para procesar cocaína que periódicamente reciben visitas “de emisarios del cartel de Sinaloa, quienes hacen las veces de supervisores del proceso de conversión del alcaloide” y manejan un embarcadero clandestino de se semisumergibles que se fabrican bajo sus especificaciones.
En junio pasado, 16 mexicanos y un ecuatoriano vinculados al Cártel de Sinaloa fueron detenidos en manglares de Nariño con 1,300 kilogramos de cocaína que alistaban en un semisumergible para su envío a México.
En el suroccidental departamento del Cauca, en los sectores El Plateado, El Sinaí y El Mango, agentes de la Policía Nacional detectaron una “alianza” entre dos grupos criminales que trabajan para el Cártel de Sinaloa –“Los Cabezones” y “Los Mexicanos”– y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Esto, “para el tráfico de clorhidrato de cocaína con altos grados de pureza”.
También en el Cauca, en los municipios de Suárez y Buenos Aires, “se ha evidenciado presencia de miembros del cartel mexicano ‘Los Zetas’, coordinando actividades de narcotráfico”.
Pero la Policía Nacional también ha detectado que el ascenso del CJNG en México “se ha hecho evidente” en Colombia, donde el poderoso cártel que sostiene una disputa con el de Sinaloa “tiene una creciente incidencia en las principales regiones colombianas productoras de coca”.
El mes pasado, la Armada mexicana interceptó 2,259 kilos de cocaína del CJNG en costas de Oaxaca. La droga había salido de Timbiquí, una población de la costa del Pacífico colombiano, en una lancha en la que viajaban cuatro mexicanos, tres colombianos y un canadiense.
De acuerdo con el director Antinarcóticos de la Policía, general Fabián Laurence Cárdenas, el intercambio de información entre las autoridades de México, Colombia y Estados Unidos para atacar la cada vez mayor presencia de cárteles mexicanos en este país es “muy estrecha”.
Cada vez hay más seguimiento a ciudadanos mexicanos que, por algún motivo, llaman la atención de las autoridades colombianas. A algunos los retinen para interrogarlos y piden información de ellos a la Policía Federal o la Procuraduría General de la República de México.
“Se observa el ingreso de ciudadanos de nacionalidad mexicana por las ciudades de Bogotá, Neiva, Ibagué y Cali, donde se desplazan por tierra hacia municipios de Cuaca y Nariño, con el fin de sostener reuniones con integrantes de grupos ilegales”, indica el reporte de la Policía.
En los últimos cinco años han sido capturados en Colombia 276 mexicanos –casi cinco cada mes– por cargos de fabricación o porte de narcóticos. El 12 por ciento de ellos fueron detenidos en altamar, mientras transportaban cocaína en lanchas rápidas o semisumergibles en el Océano Pacífico.
El fenómeno llevó a las autoridades de Colombia, México y Estados Unidos a crear una fuerza de tarea conjunta para combatir el tráfico de drogas en el Pacífico. En ese operativo participan las Armadas y los servicios de guardacostas de los tres países y la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.
Modus operandi
Una modalidad que usan los cárteles mexicanos para empezar a “generar confianza” con bandas criminales colombianas es que dejan gentes suyas supervisando todo el proceso de producción y transformación de la coca en clorhidrato de cocaína (que es la cocaína en su estado más puro) y esas mismas personas se embarcan en los semisumergibles o en las lanchas que llevan la droga a México.
Si la cocaína se transporta en contenedores, ellos regresan en avión.
La organización colombiana, por su parte, manda “en garantía” a uno de sus integrantes a México que permanece en poder del cártel con el que hicieron el negocio hasta que el estupefaciente llega a su destino. Ya se han dado casos de ejecuciones cuando las cosas salen mal.
El general Fabián Laurence Cárdenas señala que los enviados, delegados y emisarios de los cárteles mexicanos son “generalmente, de perfil gerencial, negociantes empresariales de mucha experiencia y gente de mucha confianza de sus jefes”.
Pero también, señala, “han mandado a gente muy violenta, como pistoleros, cuando tienen problemas”.
“Vienen a generar presión, no a cometer homicidios. Para eso contratan gente aquí. Pero mandan gente muy violenta”, aclara el director Antinarcóticos.
Explica que el pago de los cargamentos se hace cada vez más por el sistema financiero, mediante transacciones de negocios con fachada legal, o a través de decenas de envíos de dinero en pequeñas cantidades, lo que hace difícil su rastreo.
Para el experto en seguridad y profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, Gustavo Duncan, la creciente presencia de los cárteles mexicanos en este país es preocupante, desde la perspectiva colombiana, por el efecto que puede tener en el repunte de la violencia tras el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC y por la repercusión en Colombia de las disputas entre las organizaciones criminales en México.
“La pregunta es si la guerra (entre cárteles) en México se traslada acá, y si la financiación de los mexicanos a las bandas locales puede ayudar a reestructurar organizaciones armadas que se volatilizaron y que perdieron capacidad de presión social, pero que alentadas por un factor unificador pueden tener una capacidad importante de control social otra vez”, señala el académico.
Y esto, dice, porque el gran éxito de la guerra contra las drogas en Colombia no fue detener el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, que se mantiene en los niveles de siempre, sino reducir la capacidad de control social de las organizaciones que participan o participaron –como el Cártel de Medellín y las FARC– en esa actividad delictiva.
“Ese es el punto”, afirma Duncan.
fuente.-
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