En los mas recientes episodios de la violenta guerra civil que se ha apoderado de esta ciudad y que parece no tener fin,sicarios tiraron un cuerpo desmembrado y continuaron con ejecuciones y amenazas.
Como Breitbart de Texas lo ha presentado a lo largo de casi ocho meses, dos facciones rivales del cártel de Los Zetas han estado dirigiendo una guerra brutal por el control de este estado.Una facción conocida como Grupo Bravo ha estado en ese frente intentando hacerse cargo de los territorios controlados por la facción rival de Los Zetas llamado Cartel Del Noreste (CDN).
Los combates en curso ha dado lugar a secuestros, decapitaciones casi a diario, tiroteos, ejecuciones y otros actos de violencia que han sembrado el terror entre los ciudadanos comunes.
Breitbart de Texas informó recientemente que una operación de rescate dio lugar a un intenso tiroteo donde sicarios se enfrentaron con las autoridades durante más de dos horas.
Nueva información obtenida por esta salida reveló que la víctima de secuestro era un contador local llamado Casimiro Mora Vásquez.
Sus parientes habían estado tratando de reunir los más de $ 100.000 en dólares estadounidenses que los secuestradores exigieron.
Durante la operación de rescate un líder dentro de la facción Grupo Bravo murió cuando trató de lanzar una granada a las autoridades, pero el artefacto explosivo detono dentro de la casa y lo mato.
En respuesta a la muerte de uno de sus líderes, la víctima fue desmembrada, sus restos envueltos en una manta y su cuerpo fue arrojado en una calle.
Poco después de que las autoridades hicieron el hallazgo espantoso, corrieron a otro barrio llamado Sagitario donde tres víctimas habían sido abatidas a tiros.En el lugar, las autoridades encontraron los cuerpos de una mujer y dos hombres y ningúna facción de los Cárteles ha tomado el crédito por ese asesinato.
También esta semana, el comandante de la CDN conocido como GAFE publico una "Narcomanta" haciendo más amenazas a sus enemigos.
El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón rechazó que existan en la entidad denuncias de secuestros de mujeres y aventuró que, si las posibles afectadas no son halladas, es porque tal vez, habrían escapado con su pareja.
“Nosotros no tenemos ninguna denuncia del secuestro de alguna mujer. Quizás se van con el novio. No ha habido ninguna denuncia de secuestro de alguna mujer en lo que llevamos de la administración. Puede ser problema del novio que se las lleve, sin el permiso de los papás”, enfatizó el lunes, en un evento del Palacio de Justicia de la entidad.
El mandatario afirmó que son verídicas las historias de hombres que escapan con mujeres menores que ellos. “Sí hay, evidentemente, eso de que una adolescente se enamora de un mayor de edad y se va con él. Es algo que tenemos que prevenir y para eso necesitamos platicar mucho con los papás y con las familias para que puedan estar más atentas de sus hijas”.
Mencionó que, en los casos de desapariciones de mujeres durante su mandato, no es un tema relacionado con la delincuencia organizada.
Este nuevo traspié, antecede al de ayer, cuando El Bronco afirmó que “a una niña gorda no la quiere nadie”. La expresión le generó numerosos reproches y lo obligó a ofrecer una disculpa.
Las declaraciones de hoy –al desestimar la desaparición de mujeres–, generaron respuestas airadas de organismos civiles que se concentran en la búsqueda de desaparecidos en Nuevo León.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), señaló que desde el 2011 han sido reportadas 85 mujeres desaparecidas en la entidad, de las cuáles 65 no han sido localizadas.
“Queremos saber dónde están. No debemos estigmatizar a las víctimas de desaparición. Las autoridades no deben criminalizar a las víctimas. Sin importar con quién salía y a qué se dedicaba, las autoridades tienen la obligación de investigar, encontrar la verdad y sancionar a los responsables.
“La desaparición es un delito que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias”, mencionó el organismo, en respuesta a las afirmaciones del mandatario.
Por su parte, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, (Fundenl) publicó en redes sociales una carta abierta a Rodríguez Calderón sobre la suposición de que las desaparecidas se fugaron con el novio y le demanda que cumpla su compromiso de crear una Fiscalía especializada en este delito.
En el texto se hace referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala que el número de desapariciones forzadas se ha incrementado de manera dramática en México.
Precisa el organismo que hasta septiembre del 2015 han sido reportadas 26 mil de estos casos, de los cuáles 7 mil 060 son mujeres y 549 de Nuevo León.
“Minimizar el hecho de que mujeres y niñas desaparezcan, señalando que se van voluntariamente con su novio, contribuye a intensificar el clima de agresión y violencia que vivimos. No permitiremos que se criminalice o estigmatice a ningún ser humano”.
Por ello, le exigieron “que indague con la debida seriedad los casos de desapariciones de hombres, mujeres, niñas y niños, en el estado de Nuevo león y que a la brevedad cumpla con la promesa realizada a las familias de personas desaparecidas, poniendo en operaciones las Fiscalías especializadas para desaparecidos, las cuáles acordó que comenzarían a funcionar desde enero del presente año y hasta el momento es otra promesa de su administración no cumplida”, señala Fundenl.
Inmujeres lo regaña por “las niñas gordas”
Luego de generar revuelo nacional, al afirmar que “a una niña gorda no la quiere nadie, el gobernador nuevoleonés fue catalogado de misógino y discriminador por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Al hablar el lunes de obesidad infantil y embarazos adolescentes, El Bronco dijo textualmente: “Es mejor que nosotros, como padres, le digamos a nuestros hijos, mira lo que te va a pasar. Mira, mijita, ven para acá: A una niña gorda no la quiere nadie. Sí, es duro pero la vas a hacer entender. Imagínate, al chamaco ese de 15 años, embaraza a su novia de 14. Ya cuando ve que le empieza a crecer el estómago, ese chamaco busca otra”.
En respuesta a estos señalamientos, Inmujeres publicó este martes un comunicado en el que airadamente rechaza los calificativos que considera discriminatorios, proferidos por el mandatario estatal sobre las niñas embarazadas y su condición de sobrepeso.
“Ni el tema de embarazo adolescente, ni el sobrepeso, que son problemas de salud pública, pueden ser tratados de manera superficial e irresponsable, con el lenguaje usado por quien es la máxima autoridad estatal”, señala el texto.
El Instituto le explica al gobernador sin partido que la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo Adolescente (ENAPEA) se ha fijado como meta para el 2030 la erradicación de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y la reducción, en un 50%, de la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.
También le recuerda a Rodríguez Calderón que para atender el problema de obesidad y sobrepeso en la población infantil y adulta, el gobierno de la República trabaja de manera coordinada en la Estrategia Nacional para Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Concluye la carta con un regaño para El Bronco: “Por todo ello, exhortamos respetuosamente, al señor gobernador a evitar el uso de un lenguaje sexista, misógino y discriminatorio que ofende a la sociedad en su conjunto”
En su cuenta de Facebook, Rodríguez tuvo que salir a hacer aclaraciones y a ofrecer disculpas.
Explicó que, lo que quiso decir, es que a algunas menores, al resultar embarazadas, las dejan sus parejas, porque ya no las desean.
“Les dije que desafortunadamente las niñas que se embarazan tienen luego un problema porque los jóvenes al ver que les crece el vientre las abandonan, y las dejan a su suerte, todo eso trae como consecuencia el que ellas solas o sus mamás les ayudan a criar a ese hijo, y a veces no les ponen toda la atención debida”.
“(…) Pido una disculpa a quien se sienta agredido o agredida por estos comentarios, que mi propósito es únicamente crear conciencia sobre este grave problema y así ponernos a trabajar para crear conciencia en nuestros hijos y los hagamos más responsables de sus actos. La adolescencia es para disfrutarla y creo que todos nosotros debemos de unirnos para lograrlo.
“Quiero expresar a todos los que malinterpretaron que quizás no fui lo demasiado explícito sobre el tema y eso pudo causar una confusión. Pero realmente mi propósito es ayudar”, expuso.
Demostrando que para seguir "CAUSANDO MALES,NECESITAN BIENES" la COBARDIA ZETA se FINANCIA y se ROBA un CAJERO de BANCO "SANTANDER-SERFIN" que se encontraba proporcionando el servicio en las instalaciones de la 'SECRETARIA de EDUCACION CULTURA y DEPORTE (SECUDE) ubicadas en la CALZADA LUIS CABALLERO en CIUDAD VICTORIA.
Cd.Victoria,15/Jun/2016 El trascendido en las "redes sociales" da cuenta del "ROBO" que se presume fue ejecutado por la "madrugada" por presuntos "SICARIOS ZETAS ENCAPUCHADOS que AMAGARON y MANIATARON a los GUARDIAS que estuvieron impedidos en todo momento para solicitar auxilio hasta que esta mañana fueron localizados por personal de la dependencia que entraba de turno.
A este "ROBO" se SUMAN OTROS a CAJEROS AUTOMATICOS ocurridos previamente e IMPUNES por IGUAL:
30 DE MAYO BANORTE EN HOSPITAL GENERAL
22 DE ENERO BANORTE HOMBRES ILUSTRES Y UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON
17 DE MAYO BANORTE O SANTANDER EN LA ULSA
19 DE FEBRERO 6 Y 7 CARRERA CAJERO FINANCIERA INDEPENDENCIA
20 DE ENERO SANTANDER EN TIEMPO NUEVO
Con información de: Imagen El Diario de Victoria/ "Epoca Violenta/
Unos 50 mil presos federales y locales pronto podrían estar en las calles.
Se trata de reos que no han sido sentenciados hasta ahora y que, de acuerdo con la miscelánea para el nuevo sistema penal aprobada ayer por el Senado, tendrán derecho a solicitar la libertad a partir del próximo sábado.
Entre los beneficiarios están aquellos acusados de fraude, robo de hidrocarburos, delitos fiscales, lavado de dinero, portación de armas, hurtos no violentos, todos los ilícitos de servidores públicos, falsedades (de documentos, de declaración, etcétera) o delitos menores de droga.
El artículo quinto transitorio del decreto respectivo permitirá a reos procesados bajo el sistema anterior tramitar ante el juez de su causa la "revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva" que les hubieran impuesto.
Lo anterior, ya que, a partir del 18 de junio, los únicos delitos que ameritarán prisión preventiva forzosa son los previstos en el artículo 19 de la Constitución: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas e ilícitos cometidos con armas o explosivos.
Al cierre de 2015, en las cárceles del País había 103 mil reos no sentenciados, de los cuales la mitad está relacionada con delitos graves.
Los internos podrán buscar la libertad provisional y optar, en cambio, por brazaletes electrónicos, arraigo domiciliario, prohibición de salir del País o de una localidad, presentación periódica ante el juez o pago de fianza.
Desde 2011, abogados defensores buscaron forzar la aplicación del artículo 19 por medio de amparos y tuvieron éxito en algunos casos, pero en 2013 la Corte aclaró que las reglas sobre prisión preventiva sólo tendrían efecto cuando estuviera en vigencia el nuevo sistema penal.
Senadores del PRI y PVEM debilitaron anoche la iniciativa ciudadana original 3de3 que pretendía obligar a funcionarios a presentar y publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
Los legisladores rechazaron que la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas retomara los formatos usados en el 3de3 y obligara a los servidores públicos a hacer públicas sus cuentas bancarias, inversiones, inmuebles, vehículos, posibles conflictos de interés y obligaciones ante el fisco.
Durante la madrugada de hoy, Senadores del PAN y PRD buscaron que la legislación reflejara esa exigencia de la sociedad civil, respaldada por 634 mil firmas. Sin embargo, perdieron la batalla por la ausencia y abstención de nueve Senadores del PAN, PRD y PT.
La intención de la Oposición era establecer un total de 12 obligaciones a los funcionarios para que rindieran cuentas sobre sus bienes y la evolución de sus fortunas.
En la redacción del Artículo 29 habían incluido 17 campos de información para declarar posibles conflictos de interés, en los que tenían que incorporar los datos de su cónyuge y dependientes económicos.
También proponían la obligación de publicar la declaración fiscal, señalando el rango en el que se encuentra su ingreso por el servicio público y otras actividades, tarifa aplicable de ISR, deducciones autorizadas y personales.
Sin embargo, la redacción propuesta por el PRI-PVEM para ese mismo artículo establece que no podrán hacerse públicas las declaraciones de los bienes e intereses de los burócratas, legisladores y candidatos si eso afecta su "vida privada".
Y en el caso de la de impuestos, sólo se obligara a los servidores públicos a acreditar que cumplieron con el trámite ante el fisco. Obligan a la IP
A propuesta del Senador independiente, Manuel Cárdenas, el pleno del Senado aprobó de última hora obligar a los empresarios que tengan contratos con el Gobierno a presentar su 3de3.
El subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, y el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, emprendieron, entre otros negocios de salud y energéticos, una operación de 33 millones de pesos a través de familiares cercanos y usando nombres de falsos y compradores de casas oriundos de comunidades pobres.
Como dato histórico, este 14 de junio se cumplen 10 años del desalojo de maestros en Oaxaca, con gases lacrimógenos y balas de goma, ordenado precisamente por Ulises Ruiz.
El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, integró junto con Eviel Pérez Magaña, actual subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal, una red de negocios, para la que usó nombres de pobladores humildes como falsos compradores de casas, con el fin de introducir en el sistema bancario al menos 33 millones de pesos en efectivo, de acuerdo con documentos y testimonios recogidos durante una investigación de Aristegui Noticias.
En 2008, dos años antes de que Ulises Ruiz dejara el gobierno, donde Pérez Magaña fungía como secretario de Obras Públicas, el sobrino del entonces gobernador, Álvaro Ortiz Alvarado; la esposa de Pérez Magaña, Gabriela López; así como socios de esos funcionarios públicos en otras empresas, y una familia poderosa de Oaxaca, los Bravo Bravo, formaronGrupo Inmobiliario del Papaloapan (GIPSA), compañía constructora del fraccionamiento “Los Álamos”, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en los límites con el estado de Veracruz.
Un día después de que la compañía fue constituida, Gabriela López, esposa del actual subsecretario encargado del combate a la pobreza en el país, pidió “no aparecer ya como integrante de la sociedad”, sin precisar si retiraría el capital aportado, según los libros notariales consultados.
Para llevar a cabo el proyecto inmobiliario denominado Los Álamos, la compañía adquirió en 22 millones de pesos un terreno propiedad de Sóstenes Bravo.
“El dinero fue entregado en efectivo, luego de ser trasladado de Oaxaca a la Ciudad de México, vía el aeropuerto de Toluca por el propio Pérez Magaña y Hugo Ruiz Ortiz, hermano de Ulises. Bravo lo recibió en sus oficinas de la colonia San Jerónimo”, dijo el sacerdote Alejandro Solalinde, presidente de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, citando a una fuente que atestiguó la operación y que después habló para Aristegui Noticias.
De acuerdo con las leyes fiscales, una compra de esta naturaleza debió haberse hecho a través de un cheque o una transferencia bancaria, sin embargo, la entrega en efectivo de esta cantidad de dinero permitió a Ruiz Ortiz y Pérez Magaña, evitar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registrara la operación y cuestionara el origen del dinero utilizado para la transacción. De acuerdo con fiscalistas consultados, bastaría una revisión fiscal del Sistema de Administración Tributaria a esta transacción, para corroborar el inexplicable origen de los recursos con los que GIPSA adquirió el terreno para el fraccionamiento Los Álamos.
El domicilio oficial de GIPSA es un departamento de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, propiedad (desde 2007) de la prima política de Ulises Ruiz, Aida Alvarado Baños,madre de Álvaro Ortiz Alvarado, según el Registro Público de la Propiedad de la capital del país. En este mismo domicilio está registrada la página de internet del periódico El Despertar de Oaxaca, que recibió, por lo menos, 2 millones 552 mil pesos en recursos públicos durante el último año de gobierno de Ruiz Ortiz.
Como parte de GIPSA aparece también Celestino Pedro Vásquez, quien en 2011 constituyó la empresa “Servicios Energéticos Huajuapan”, en sociedad con Adelina Ortiz Visairo, una tía de Ruiz Ortiz de casi 80 años de edad al momento de realizar la inversión.
Ortiz Visairo es también una de las accionistas del hospital Sedna, negocio en la capital del país del que la esposa del ex gobernador, Lourdes Salinas, también es socia.
De acuerdo con una minuta de la Asociación Nacional de Hospitales Privados del 11 de mayo de 2015, uno de los representantes del Hospital Sedna es Álvaro Ortiz Fernández,padre de Álvaro Ortiz Alvarado, accionista principal del fraccionamiento “Los Álamos”, desarrollado por GIPSA en Tuxtepec.
Otro de los representantes del hospital Sedna que aparece en esa minuta es el yerno de Ruiz Ortiz, Miguel Alejandro Castillo Praz, quien desde 2013 aparece como apoderado legal de GIPSA y en 2014 se presentó públicamente como director general de la constructora.
El 28 de noviembre de ese año, el yerno del ex gobernador cortó el listón de inauguración del fraccionamiento “Los Álamos”. Lo hizo junto al presidente municipal de Tuxtepec, Antonio Sacre Rangel, emanado del PRI.
“Estamos esperando siete casas más de venta y nos arrancamos con la segunda etapa y comenzamos con otras 97 y así hasta culminar las mil 75 casas”, declaró Castillo Praz al periódico Noticias Voze Imagen de Oaxaca.
Ese medio reportó que en ese momento la primera etapa terminada constaba de 118 casas, de las cuales sólo se habían vendido dos. También decía que el proyecto “Los Álamos” había iniciado cuatro años atrás.
Lo que no se sabía, hasta hoy, era los nombres de quiénes estaban detrás de la inyección de capital y cómo suplantaron los nombres de supuestos compradores de casas, para justificar las inversiones en efectivo.
Red familiar
Mientras Ruiz Ortiz era gobernador y Pérez Magaña secretario de Obras Públicas de Oaxaca, sus familiares y socios de negocios se reunieron en una notaría del Distrito Federal para firmar el acta constitutiva de GIPSA, creada oficialmente el 28 de enero de 2008.
En la primera versión del acta constitutiva aparecían como accionistas el empresario oaxaqueño Sóstenes Bravo Rodríguez, su esposa Teresa de Jesús Bravo Sobrón, la esposa de Eviel Pérez Magaña, Gabriela López, y el socio de negocios de la tía de Ulises Ruiz Ortiz, Celestino Pedro Vásquez, con un capital inicial de 100 mil pesos, de acuerdo con el acta constitutiva que consultó Aristegui Noticias.
En el historial de la notaría aparece una modificación a la sociedad, fechada un día después, el 29 de enero de 2008, y firmada por la esposa de Pérez Magaña, quien se había identificado como una mujer casada y ama de casa:
“La que suscribe forma parte de dicha sociedad, tanto en el capital social de la misma, como accionista, como en el encargo de vocal en el consejo de administración. Por así convenir a mis intereses, es mi deseo ya no pertenecer a dicha sociedad, ni como accionista ni como integrante del Consejo de Administración, ni como apoderada por lo cual solicitó realice los cambios necesarios y correspondientes en la escritura a efecto de no aparecer ya como integrante de la sociedad en mención”, dice la carta consultada.
En la carta reconoció que entregó capital para arrancar la compañía; pero no mencionó si, además de dejar de ser accionista y miembro del consejo, también retiró su aportación monetaria.
En una segunda versión del acta constitutiva, corregida con tachones en la notaría, sustituyeron el nombre de Gabriela López por el de Sóstenes Bravo Bravo, heredero de una de las familias más poderosas de Oaxaca.
Un año después, el 23 de marzo de 2009, todos los socios vendieron sus acciones, pero el control de la empresa siguió en el círculo cercano a Ruiz Ortiz. Quienes quedaron con la totalidad de las acciones fueron el sobrino del ex gobernador, Álvaro Ortiz Alvarado, y un hombre llamado Juan Carlos Salinas Gutiérrez, familiar de la esposa del ex mandatario.
Apenas un mes después, en abril de 2009, uno de los socios que había vendido sus acciones, recibió un poder para actuar a nombre de la compañía. Se trataba de Celestino Pedro Velásquez, el mismo socio que estuvo en la creación de la sociedad y quien dos años después también se haría socio de la tía de Ulises Ruiz.
Aristegui Noticias obtuvo documentos de 2011 en los que ese mismo hombre compró uno de los terrenos que posteriormente serían parte del fraccionamiento “Los Álamos”.
El yerno de Ulises Ruiz, Castillo Pratz, apareció oficialmente como apoderado legal de la constructora a partir del 1 de marzo del 2013, según documentos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, donde está registrada la compañía GIPSA.
El terreno más grande del fraccionamiento “Los Álamos” pertenecía a la familia Bravo hasta el 23 de noviembre de 2009; lo vendieron en 22 millones de pesos, 8 meses después de haber renunciado a sus acciones de GIPSA.
Los “compradores”
Aristegui Noticias también tuvo acceso a pagos de impuestos predial y planos del proyecto, así como a archivos electrónicos de contabilidad de GIPSA. En ese último archivo hay una lista de supuestos interesados en las casas, quienes habrían dado enganches de entre 500 y 10 mil pesos. Estos depósitos se llevaron a cabo de manera semanal durante por lo menos dos años en la sucursal de Banamex de la avenida Independencia.
Sin embargo, al revisar la información puede observarse que decenas de los supuestos compradores, tienen sus domicilios en la misma colonia. En una visita hecha al poblado de Chacaltianguis, Veracruz, los supuestos compradores dijeron que ni siquiera conocían el fraccionamiento y algunos de ellos habían fallecido incluso antes del inicio del proyecto inmobiliario. La mayoría de los consultados formaban parte del 61 porciento de personas que viven en la pobreza en este lugar, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Convela).
Esos pagos fueron hechos a dos cuentas bancarias registradas a nombre de GIPSA, en la sucursal de Banamex de Tuxtepec, y varios de ellos el mismo día, de acuerdo con los comprobantes de depósito originales. Ambas cuentas seguían activas hasta mayo de 2016, según comprobó este medio.
Estos comprobantes de depósito sumaron más de 33 millones de pesos, de acuerdo con una hoja de cálculo que da cuenta de las transacciones realizadas en efectivo, entre los años 2009 y 2010, al final del periodo de Ulises Ruiz como gobernador de Oaxaca.
Un empresario oaxaqueño consultado aceptó que durante la gestión de Ruiz Ortiz, debió pagar cuotas extra en efectivo para poder realizar obras públicas que formalmente se adjudicaban mediante licitaciones. El constructor asegura que lo mismo ocurrió con todos los demás empresarios que conoce y consideró esto parte de “los usos y costumbres del gobierno en Oaxaca”.
“El dinero en efectivo era trasladado vía terrestre de la ciudad de Oaxaca a Tuxtepec por un colaborador de Pérez Magaña llamado Sergio Moreno y en dos ocasiones se usaron incluso aeronaves”, de acuerdo con el testimonio dado al padre Solalinde y a Aristegui Noticias. José Alberto y Orlando Pérez Magaña, hermanos del subsecretario, recibían el dinero en Tuxtepec, en las oficinas de Comercializadora Tres Hermanos (COTESA), según esa misma fuente.
Para introducir al sistema bancario el dinero obtenido mediante estos “diezmos”, la red de Ruiz Ortiz y Pérez Magaña creó un registro electrónico de los supuestos compradores que incluyó a 80 personas, de Cosamaloapan y Chacaltianguis, Veracruz, poblados que se encuentran a dos horas de las casas de “Los Álamos” de Tuxtepec, Oaxaca.
Este medio tomó la lista de supuestos compradores de casas y acudió al poblado de Chacaltianguis para verificar la existencia de esas personas y preguntarles si habían estado interesadas en una casa de GIPSA, así como si habían realizado un depósito en la sucursal de Banamex ubicada en Tuxtepec, Oaxaca.
Seis de esas 15 personas fueron localizadas en sus domicilios. Todos negaron conocer el fraccionamiento “Los Álamos” y uno de ellos había fallecido desde el año 2007. José Luis Alarcón Cornejo dijo que tiene dos casas en Chacaltianguis, por lo que no necesita otra, y aseguró que nunca ha tenido propiedades en Tuxtepec.
Al acudir al domicilio de otro de los supuestos compradores, Rogelio Bravo Tinoco, su viuda dijo que había fallecido 8 años antes, en el 2007, y que jamás tuvo propiedades en Tuxtepec, Oaxaca.
La planeación financiera
Aristegui Noticias tiene en su poder dos facturas emitidas por el despacho de contadores Munir Hayek, que cobró a GIPSA 184 mil pesos desde el 30 de octubre de 2009.
Los conceptos de las facturas son: “Honorarios profesionales derivados del avance del estudio y estrategias de mercado, así como del control del ingreso y obras”, y “Honorarios profesionales derivados del registro de su contabilidad y otros trámites legales y fiscales, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2009, a razón de 20 mil pesos cada uno”.
El nombre de ese despacho coincide con el autor del archivo electrónico de contabilidad de los supuestos compradores de casas, en cuyos metadatos se puede leer “HAYEK”.
El contador Munir Hayek Domínguez formó parte del proyecto “Los Álamos” desde el inicio. Así lo demuestran las actas del Registro Público de GIPSA en las que aparece como “comisario”, una figura que “vigila ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad”, según las leyes mexicanas.
El contador Hayek Munir tiene el mismo cargo de “comisario” en otra sociedad llamada “Davizao Construcciones”, una de las seis empresas involucradas en la denuncia por peculado contra el ahora subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez, en el año 2010, cuando competía por la gubernatura de Oaxaca, apoyado por su mentor, Ulises Ruiz Ortiz.
La impunidad
Después de ser gobernador, Ruiz Ortiz fungió como delegado de su partido, el PRI,en el estado de Quintana Roo; pero dejó ese cargo en 2016, luego de que el PRD abanderó al priista Carlos Joaquín González, para competir en las próximas elecciones del 5 de junio de 2016.
Durante los comicios celebrados en Oaxaca el pasado 5 de junio, Ruiz Ortiz apoyó a José Antonio Estefan Garfias, candidato del PAN y PRD, respaldado también por el actual gobernador, Gabino Cué. Pérez Magaña, miembro del equipo de Ruiz Ortiz, después de perder la candidatura con el actual gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa, fue nombrado coordinador de su campaña, pero a los dos días, de manera intempestiva, renunció para ocupar el cargo de subsecretario de Desarrollo Social, en sustitución deErnesto Nemer, quien dejó el puesto después de haber tuiteado una foto al lado de un niño que le boleaba los zapatos en Chiapas.
Aunque no tiene ninguna experiencia en el combate a la pobreza y personal de la dependencia ha cuestionado su falta de conocimiento de términos básicos de la política social, Pérez Magaña ocupa el cargo más importante de la dependencia que encabeza el secretario José Antonio Meade, quien aspira a la candidatura presidencial priista en 2018.
El pasado 18 de mayo de 2016, Pérez Magaña presentó su declaración patrimonial, pero decidió mantener en secreto sus bienes, así como todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.
El ex gobernador Ruiz Ortiz ha logrado hasta ahora evitar la acción de la justicia en su contra, pese a los diversos señalamientos de crímenes de lesa humanidad, documentados por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, así como también de corrupción, como los que se indican en la averiguación previa UEIORPI FAM/157/2010 en contra de Miguel Ángel Ortega Habib, quien fungió como secretario de finanzas de su administración y en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia, tras haber triangulado alrededor de 800 millones de pesos del erario a cuentas de su hermana Martha Ortega Habib y su sobrino Daniel García Teruel Ortega, así como su trabajadora doméstica, Rosa Elvia Orozco.
Para esta investigación de Aristegui Noticias, se obtuvieron más de un centenar de documentos oficiales, algunos sobre otras empresas y otras transacciones que involucran al mismo círculo.
Este medio solicitó las versiones de Ulises Ruiz, a través de su celular; la de Eviel Pérez Magaña en la Sedesol; la del despacho Munir Hayek; así como las de Miguel Castillo, Álvaro Ortiz y Juan Carlos Salinas, en los teléfonos del Hospital Sedna, donde las operadoras confirmaron que allí podían recibir recados. Hasta el momento de publicar este reportaje, ninguno ha respondido a esa solicitud.
El Senado aprobó en comisiones reformas al Código Penal para castigar con hasta 18 años de cárcel a los legisladores federales que cobren moches a cambio de gestionar o bajar presupuesto a estados y municipios.
El dictamen aprobado por unanimidad por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos establece en el Artículo 222 del Código Penal Federal que será castigado el legislador que, en ejercicio de sus funciones o atribuciones, realice solicitudes o gestiones ilícitas en el marco de aprobación del presupuesto de egresos.
Será considerado como delito la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo y obteniendo a cambio una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie.
También se castigará el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
Con esta reforma al Código Penal Federal, los gestores también podrán ser sancionados hasta con 14 años de prisión.
"Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal, las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos", señala el documento.
Si el monto del moche o comisión no excede 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la pena será de tres meses a dos años de cárcel.
Si la dádiva supera ese monto, la sanción se elevará a 2 o hasta 14 años de prisión, así como de 300 a mil días de multa.
Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 212, en el caso de los delitos cometidos por servidores públicos electos popularmente, las penas podrán ser aumentadas hasta en un tercio, lo que podría dejar a diputados y senadores hasta 18 años y seis meses tras las rejas.
Por otro lado, el enriquecimiento ilícito también será castigado hasta con 14 años de cárcel.
Los legisladores agregaron que para comprobar este ilícito se contabilizarán los bienes que adquieran los servidores públicos o en los que se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que los obtuvieron por sí mismos.
También con 14 años se castigará a los funcionarios que utilicen fondos públicos para promover su imagen política o social, la de su superior, la de un tercero o a fin de denigrar a cualquier persona.
Los senadores acordaron hacer un adendum al dictamen para corregir el concepto de unidades de medida y quitar un inciso que induce a la tortura, pero dicho adendum se discutirá en el Pleno.
Así mismo, las comisiones dictaminadoras avalaron por unanimidad el proyecto de dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría de la República.
De acuerdo con la senadora Angélica de la Peña se realizará un adendum para aclarar algunas preocupaciones que tienen algunos legisladores sobre la independencia de la Fiscalía Anticorrupción.
"Creemos que tiene que tener una mayor posibilidad de nombrar a sus propios procuradores, tener posibilidad de nombrar a las policías que tendrían que trabajar con él y sobre todo, necesitaríamos lograr que la Procuraduría de la República no tengan tanta injerencia en la Fiscalía", explicó de la Peña al terminar la sesión.
La Cámara de Diputados aprobó dos nuevas leyes y modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para completar el marco legal del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual entrará en vigor el próximo sábado.
Las nuevas normas aprobadas son la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece las normas sobre las que se organizará el sistema penitenciario, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la que se crea un régimen especializado para atender a los adolescentes que incurren en la comisión de un delito.
La reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada armoniza esta norma con lo que establece el nuevo sistema de justicia penal y con los parámetros que fija la Convención de Palermo, instrumento de referencia en la materia a nivel internacional.
Al presentar en tribuna los dictámenes emitidos, el diputado priista Álvaro Ibarra, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que las normas se acoplan a las nuevas reglas de procuración e impartición de justicia que regirán en todo el País a partir del sábado y que derivan de la reforma constitucional de 2008, que entre otras cosas, establece la implementación de los juicios orales.
"Los proyectos antes mencionados forman parte del marco normativo que llevan a fortalecer un camino iniciado hace ocho años en esta aspiración de exigencia social de cambiar la realidad en el ámbito penal para transitar de una justicia escrita e inquisitiva, hacia una justicia oral y adversarial.
"En este nuevo sistema la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de un debido proceso para los imputados y sobre todo la atención del derecho de las víctimas", indicó.
En el caso de la reforma a Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se establecieron nuevos instrumentos de investigación, como son el fortalecimiento a las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica y la colaboración de informantes y usuarios simulados.
También se tipificaron nuevos delitos, como son el desvío de precursores químicos para el cultivo, el narcomenudeo, el de uso de moneda falsificada a sabiendas y el contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.
La Ley Nacional de Ejecución Penal fija las reglas que deben observarse durante la prisión y establece los alcances de la figura de juez de ejecución, para garantizar que la privación de la libertad de las personas procesadas y sentenciadas sea aplicada sin abusos ni privilegios.
Además, se incluyó la existencia de permisos humanitarios de salida de los internos, cuando se justifique con enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino.
Por lo que hace a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, su objetivo principal es que exista en todo el territorio nacional un instrumento jurídico especializado que atienda a los menores que hayan cometido un delito.
La ley establece que la pena máxima es de cinco años de cárcel y que se trata de una medida extrema, pues siempre de debe privilegiar otras medidas que permitan la reinserción social.
También se señala que el trato que recibirán los menores será siempre garantizando los derechos humanos, de acuerdo con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, velando en todo momento por el interés superior de la niñez.
Las tres normas aprobadas fueron remitidas al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
