El Senado aprobó en comisiones reformas al Código Penal para castigar con hasta 18 años de cárcel a los legisladores federales que cobren moches a cambio de gestionar o bajar presupuesto a estados y municipios.
El dictamen aprobado por unanimidad por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos establece en el Artículo 222 del Código Penal Federal que será castigado el legislador que, en ejercicio de sus funciones o atribuciones, realice solicitudes o gestiones ilícitas en el marco de aprobación del presupuesto de egresos.
Será considerado como delito la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo y obteniendo a cambio una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie.
También se castigará el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
Con esta reforma al Código Penal Federal, los gestores también podrán ser sancionados hasta con 14 años de prisión.
"Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal, las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos", señala el documento.
Si el monto del moche o comisión no excede 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la pena será de tres meses a dos años de cárcel.
Si la dádiva supera ese monto, la sanción se elevará a 2 o hasta 14 años de prisión, así como de 300 a mil días de multa.
Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 212, en el caso de los delitos cometidos por servidores públicos electos popularmente, las penas podrán ser aumentadas hasta en un tercio, lo que podría dejar a diputados y senadores hasta 18 años y seis meses tras las rejas.
Por otro lado, el enriquecimiento ilícito también será castigado hasta con 14 años de cárcel.
Los legisladores agregaron que para comprobar este ilícito se contabilizarán los bienes que adquieran los servidores públicos o en los que se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que los obtuvieron por sí mismos.
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También con 14 años se castigará a los funcionarios que utilicen fondos públicos para promover su imagen política o social, la de su superior, la de un tercero o a fin de denigrar a cualquier persona.
Los senadores acordaron hacer un adendum al dictamen para corregir el concepto de unidades de medida y quitar un inciso que induce a la tortura, pero dicho adendum se discutirá en el Pleno.
Así mismo, las comisiones dictaminadoras avalaron por unanimidad el proyecto de dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría de la República.
De acuerdo con la senadora Angélica de la Peña se realizará un adendum para aclarar algunas preocupaciones que tienen algunos legisladores sobre la independencia de la Fiscalía Anticorrupción.
"Creemos que tiene que tener una mayor posibilidad de nombrar a sus propios procuradores, tener posibilidad de nombrar a las policías que tendrían que trabajar con él y sobre todo, necesitaríamos lograr que la Procuraduría de la República no tengan tanta injerencia en la Fiscalía", explicó de la Peña al terminar la sesión.
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