El subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, y el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, emprendieron, entre otros negocios de salud y energéticos, una operación de 33 millones de pesos a través de familiares cercanos y usando nombres de falsos y compradores de casas oriundos de comunidades pobres.
Como dato histórico, este 14 de junio se cumplen 10 años del desalojo de maestros en Oaxaca, con gases lacrimógenos y balas de goma, ordenado precisamente por Ulises Ruiz.
El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, integró junto con Eviel Pérez Magaña, actual subsecretario de Desarrollo Social del gobierno federal, una red de negocios, para la que usó nombres de pobladores humildes como falsos compradores de casas, con el fin de introducir en el sistema bancario al menos 33 millones de pesos en efectivo, de acuerdo con documentos y testimonios recogidos durante una investigación de Aristegui Noticias.
En 2008, dos años antes de que Ulises Ruiz dejara el gobierno, donde Pérez Magaña fungía como secretario de Obras Públicas, el sobrino del entonces gobernador, Álvaro Ortiz Alvarado; la esposa de Pérez Magaña, Gabriela López; así como socios de esos funcionarios públicos en otras empresas, y una familia poderosa de Oaxaca, los Bravo Bravo, formaronGrupo Inmobiliario del Papaloapan (GIPSA), compañía constructora del fraccionamiento “Los Álamos”, en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en los límites con el estado de Veracruz.
Un día después de que la compañía fue constituida, Gabriela López, esposa del actual subsecretario encargado del combate a la pobreza en el país, pidió “no aparecer ya como integrante de la sociedad”, sin precisar si retiraría el capital aportado, según los libros notariales consultados.
Para llevar a cabo el proyecto inmobiliario denominado Los Álamos, la compañía adquirió en 22 millones de pesos un terreno propiedad de Sóstenes Bravo.
“El dinero fue entregado en efectivo, luego de ser trasladado de Oaxaca a la Ciudad de México, vía el aeropuerto de Toluca por el propio Pérez Magaña y Hugo Ruiz Ortiz, hermano de Ulises. Bravo lo recibió en sus oficinas de la colonia San Jerónimo”, dijo el sacerdote Alejandro Solalinde, presidente de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, citando a una fuente que atestiguó la operación y que después habló para Aristegui Noticias.
De acuerdo con las leyes fiscales, una compra de esta naturaleza debió haberse hecho a través de un cheque o una transferencia bancaria, sin embargo, la entrega en efectivo de esta cantidad de dinero permitió a Ruiz Ortiz y Pérez Magaña, evitar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registrara la operación y cuestionara el origen del dinero utilizado para la transacción. De acuerdo con fiscalistas consultados, bastaría una revisión fiscal del Sistema de Administración Tributaria a esta transacción, para corroborar el inexplicable origen de los recursos con los que GIPSA adquirió el terreno para el fraccionamiento Los Álamos.
El domicilio oficial de GIPSA es un departamento de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, propiedad (desde 2007) de la prima política de Ulises Ruiz, Aida Alvarado Baños,madre de Álvaro Ortiz Alvarado, según el Registro Público de la Propiedad de la capital del país. En este mismo domicilio está registrada la página de internet del periódico El Despertar de Oaxaca, que recibió, por lo menos, 2 millones 552 mil pesos en recursos públicos durante el último año de gobierno de Ruiz Ortiz.
Como parte de GIPSA aparece también Celestino Pedro Vásquez, quien en 2011 constituyó la empresa “Servicios Energéticos Huajuapan”, en sociedad con Adelina Ortiz Visairo, una tía de Ruiz Ortiz de casi 80 años de edad al momento de realizar la inversión.
Ortiz Visairo es también una de las accionistas del hospital Sedna, negocio en la capital del país del que la esposa del ex gobernador, Lourdes Salinas, también es socia.
De acuerdo con una minuta de la Asociación Nacional de Hospitales Privados del 11 de mayo de 2015, uno de los representantes del Hospital Sedna es Álvaro Ortiz Fernández,padre de Álvaro Ortiz Alvarado, accionista principal del fraccionamiento “Los Álamos”, desarrollado por GIPSA en Tuxtepec.
Otro de los representantes del hospital Sedna que aparece en esa minuta es el yerno de Ruiz Ortiz, Miguel Alejandro Castillo Praz, quien desde 2013 aparece como apoderado legal de GIPSA y en 2014 se presentó públicamente como director general de la constructora.
El 28 de noviembre de ese año, el yerno del ex gobernador cortó el listón de inauguración del fraccionamiento “Los Álamos”. Lo hizo junto al presidente municipal de Tuxtepec, Antonio Sacre Rangel, emanado del PRI.
“Estamos esperando siete casas más de venta y nos arrancamos con la segunda etapa y comenzamos con otras 97 y así hasta culminar las mil 75 casas”, declaró Castillo Praz al periódico Noticias Voz e Imagen de Oaxaca.
Ese medio reportó que en ese momento la primera etapa terminada constaba de 118 casas, de las cuales sólo se habían vendido dos. También decía que el proyecto “Los Álamos” había iniciado cuatro años atrás.
Lo que no se sabía, hasta hoy, era los nombres de quiénes estaban detrás de la inyección de capital y cómo suplantaron los nombres de supuestos compradores de casas, para justificar las inversiones en efectivo.
Red familiar
Mientras Ruiz Ortiz era gobernador y Pérez Magaña secretario de Obras Públicas de Oaxaca, sus familiares y socios de negocios se reunieron en una notaría del Distrito Federal para firmar el acta constitutiva de GIPSA, creada oficialmente el 28 de enero de 2008.
En la primera versión del acta constitutiva aparecían como accionistas el empresario oaxaqueño Sóstenes Bravo Rodríguez, su esposa Teresa de Jesús Bravo Sobrón, la esposa de Eviel Pérez Magaña, Gabriela López, y el socio de negocios de la tía de Ulises Ruiz Ortiz, Celestino Pedro Vásquez, con un capital inicial de 100 mil pesos, de acuerdo con el acta constitutiva que consultó Aristegui Noticias.
En el historial de la notaría aparece una modificación a la sociedad, fechada un día después, el 29 de enero de 2008, y firmada por la esposa de Pérez Magaña, quien se había identificado como una mujer casada y ama de casa:
“La que suscribe forma parte de dicha sociedad, tanto en el capital social de la misma, como accionista, como en el encargo de vocal en el consejo de administración. Por así convenir a mis intereses, es mi deseo ya no pertenecer a dicha sociedad, ni como accionista ni como integrante del Consejo de Administración, ni como apoderada por lo cual solicitó realice los cambios necesarios y correspondientes en la escritura a efecto de no aparecer ya como integrante de la sociedad en mención”, dice la carta consultada.
En la carta reconoció que entregó capital para arrancar la compañía; pero no mencionó si, además de dejar de ser accionista y miembro del consejo, también retiró su aportación monetaria.
En una segunda versión del acta constitutiva, corregida con tachones en la notaría, sustituyeron el nombre de Gabriela López por el de Sóstenes Bravo Bravo, heredero de una de las familias más poderosas de Oaxaca.
Un año después, el 23 de marzo de 2009, todos los socios vendieron sus acciones, pero el control de la empresa siguió en el círculo cercano a Ruiz Ortiz. Quienes quedaron con la totalidad de las acciones fueron el sobrino del ex gobernador, Álvaro Ortiz Alvarado, y un hombre llamado Juan Carlos Salinas Gutiérrez, familiar de la esposa del ex mandatario.
Apenas un mes después, en abril de 2009, uno de los socios que había vendido sus acciones, recibió un poder para actuar a nombre de la compañía. Se trataba de Celestino Pedro Velásquez, el mismo socio que estuvo en la creación de la sociedad y quien dos años después también se haría socio de la tía de Ulises Ruiz.
Aristegui Noticias obtuvo documentos de 2011 en los que ese mismo hombre compró uno de los terrenos que posteriormente serían parte del fraccionamiento “Los Álamos”.
El yerno de Ulises Ruiz, Castillo Pratz, apareció oficialmente como apoderado legal de la constructora a partir del 1 de marzo del 2013, según documentos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, donde está registrada la compañía GIPSA.
El terreno más grande del fraccionamiento “Los Álamos” pertenecía a la familia Bravo hasta el 23 de noviembre de 2009; lo vendieron en 22 millones de pesos, 8 meses después de haber renunciado a sus acciones de GIPSA.
Los “compradores”
Aristegui Noticias también tuvo acceso a pagos de impuestos predial y planos del proyecto, así como a archivos electrónicos de contabilidad de GIPSA. En ese último archivo hay una lista de supuestos interesados en las casas, quienes habrían dado enganches de entre 500 y 10 mil pesos. Estos depósitos se llevaron a cabo de manera semanal durante por lo menos dos años en la sucursal de Banamex de la avenida Independencia.
Sin embargo, al revisar la información puede observarse que decenas de los supuestos compradores, tienen sus domicilios en la misma colonia. En una visita hecha al poblado de Chacaltianguis, Veracruz, los supuestos compradores dijeron que ni siquiera conocían el fraccionamiento y algunos de ellos habían fallecido incluso antes del inicio del proyecto inmobiliario. La mayoría de los consultados formaban parte del 61 porciento de personas que viven en la pobreza en este lugar, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Convela).
Esos pagos fueron hechos a dos cuentas bancarias registradas a nombre de GIPSA, en la sucursal de Banamex de Tuxtepec, y varios de ellos el mismo día, de acuerdo con los comprobantes de depósito originales. Ambas cuentas seguían activas hasta mayo de 2016, según comprobó este medio.
Estos comprobantes de depósito sumaron más de 33 millones de pesos, de acuerdo con una hoja de cálculo que da cuenta de las transacciones realizadas en efectivo, entre los años 2009 y 2010, al final del periodo de Ulises Ruiz como gobernador de Oaxaca.
Un empresario oaxaqueño consultado aceptó que durante la gestión de Ruiz Ortiz, debió pagar cuotas extra en efectivo para poder realizar obras públicas que formalmente se adjudicaban mediante licitaciones. El constructor asegura que lo mismo ocurrió con todos los demás empresarios que conoce y consideró esto parte de “los usos y costumbres del gobierno en Oaxaca”.
“El dinero en efectivo era trasladado vía terrestre de la ciudad de Oaxaca a Tuxtepec por un colaborador de Pérez Magaña llamado Sergio Moreno y en dos ocasiones se usaron incluso aeronaves”, de acuerdo con el testimonio dado al padre Solalinde y a Aristegui Noticias. José Alberto y Orlando Pérez Magaña, hermanos del subsecretario, recibían el dinero en Tuxtepec, en las oficinas de Comercializadora Tres Hermanos (COTESA), según esa misma fuente.
Para introducir al sistema bancario el dinero obtenido mediante estos “diezmos”, la red de Ruiz Ortiz y Pérez Magaña creó un registro electrónico de los supuestos compradores que incluyó a 80 personas, de Cosamaloapan y Chacaltianguis, Veracruz, poblados que se encuentran a dos horas de las casas de “Los Álamos” de Tuxtepec, Oaxaca.
Este medio tomó la lista de supuestos compradores de casas y acudió al poblado de Chacaltianguis para verificar la existencia de esas personas y preguntarles si habían estado interesadas en una casa de GIPSA, así como si habían realizado un depósito en la sucursal de Banamex ubicada en Tuxtepec, Oaxaca.
Seis de esas 15 personas fueron localizadas en sus domicilios. Todos negaron conocer el fraccionamiento “Los Álamos” y uno de ellos había fallecido desde el año 2007. José Luis Alarcón Cornejo dijo que tiene dos casas en Chacaltianguis, por lo que no necesita otra, y aseguró que nunca ha tenido propiedades en Tuxtepec.
Al acudir al domicilio de otro de los supuestos compradores, Rogelio Bravo Tinoco, su viuda dijo que había fallecido 8 años antes, en el 2007, y que jamás tuvo propiedades en Tuxtepec, Oaxaca.
La planeación financiera
Aristegui Noticias tiene en su poder dos facturas emitidas por el despacho de contadores Munir Hayek, que cobró a GIPSA 184 mil pesos desde el 30 de octubre de 2009.
Los conceptos de las facturas son: “Honorarios profesionales derivados del avance del estudio y estrategias de mercado, así como del control del ingreso y obras”, y “Honorarios profesionales derivados del registro de su contabilidad y otros trámites legales y fiscales, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2009, a razón de 20 mil pesos cada uno”.
El nombre de ese despacho coincide con el autor del archivo electrónico de contabilidad de los supuestos compradores de casas, en cuyos metadatos se puede leer “HAYEK”.
El contador Munir Hayek Domínguez formó parte del proyecto “Los Álamos” desde el inicio. Así lo demuestran las actas del Registro Público de GIPSA en las que aparece como “comisario”, una figura que “vigila ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la sociedad”, según las leyes mexicanas.
El contador Hayek Munir tiene el mismo cargo de “comisario” en otra sociedad llamada “Davizao Construcciones”, una de las seis empresas involucradas en la denuncia por peculado contra el ahora subsecretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez, en el año 2010, cuando competía por la gubernatura de Oaxaca, apoyado por su mentor, Ulises Ruiz Ortiz.
La impunidad
Después de ser gobernador, Ruiz Ortiz fungió como delegado de su partido, el PRI, en el estado de Quintana Roo; pero dejó ese cargo en 2016, luego de que el PRD abanderó al priista Carlos Joaquín González, para competir en las próximas elecciones del 5 de junio de 2016.
Durante los comicios celebrados en Oaxaca el pasado 5 de junio, Ruiz Ortiz apoyó a José Antonio Estefan Garfias, candidato del PAN y PRD, respaldado también por el actual gobernador, Gabino Cué. Pérez Magaña, miembro del equipo de Ruiz Ortiz, después de perder la candidatura con el actual gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa, fue nombrado coordinador de su campaña, pero a los dos días, de manera intempestiva, renunció para ocupar el cargo de subsecretario de Desarrollo Social, en sustitución deErnesto Nemer, quien dejó el puesto después de haber tuiteado una foto al lado de un niño que le boleaba los zapatos en Chiapas.
Aunque no tiene ninguna experiencia en el combate a la pobreza y personal de la dependencia ha cuestionado su falta de conocimiento de términos básicos de la política social, Pérez Magaña ocupa el cargo más importante de la dependencia que encabeza el secretario José Antonio Meade, quien aspira a la candidatura presidencial priista en 2018.
El pasado 18 de mayo de 2016, Pérez Magaña presentó su declaración patrimonial, pero decidió mantener en secreto sus bienes, así como todos sus ingresos y sus posibles conflictos de interés.
El ex gobernador Ruiz Ortiz ha logrado hasta ahora evitar la acción de la justicia en su contra, pese a los diversos señalamientos de crímenes de lesa humanidad, documentados por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, así como también de corrupción, como los que se indican en la averiguación previa UEIORPI FAM/157/2010 en contra de Miguel Ángel Ortega Habib, quien fungió como secretario de finanzas de su administración y en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia, tras haber triangulado alrededor de 800 millones de pesos del erario a cuentas de su hermana Martha Ortega Habib y su sobrino Daniel García Teruel Ortega, así como su trabajadora doméstica, Rosa Elvia Orozco.
Para esta investigación de Aristegui Noticias, se obtuvieron más de un centenar de documentos oficiales, algunos sobre otras empresas y otras transacciones que involucran al mismo círculo.
Este medio solicitó las versiones de Ulises Ruiz, a través de su celular; la de Eviel Pérez Magaña en la Sedesol; la del despacho Munir Hayek; así como las de Miguel Castillo, Álvaro Ortiz y Juan Carlos Salinas, en los teléfonos del Hospital Sedna, donde las operadoras confirmaron que allí podían recibir recados. Hasta el momento de publicar este reportaje, ninguno ha respondido a esa solicitud.
Fuente.Diego Enrique Osorno e Irving Huerta
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