La Cámara de Diputados aprobó dos nuevas leyes y modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para completar el marco legal del nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual entrará en vigor el próximo sábado.
Las nuevas normas aprobadas son la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece las normas sobre las que se organizará el sistema penitenciario, y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la que se crea un régimen especializado para atender a los adolescentes que incurren en la comisión de un delito.
La reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada armoniza esta norma con lo que establece el nuevo sistema de justicia penal y con los parámetros que fija la Convención de Palermo, instrumento de referencia en la materia a nivel internacional.
Al presentar en tribuna los dictámenes emitidos, el diputado priista Álvaro Ibarra, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que las normas se acoplan a las nuevas reglas de procuración e impartición de justicia que regirán en todo el País a partir del sábado y que derivan de la reforma constitucional de 2008, que entre otras cosas, establece la implementación de los juicios orales.
"Los proyectos antes mencionados forman parte del marco normativo que llevan a fortalecer un camino iniciado hace ocho años en esta aspiración de exigencia social de cambiar la realidad en el ámbito penal para transitar de una justicia escrita e inquisitiva, hacia una justicia oral y adversarial.
"En este nuevo sistema la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de un debido proceso para los imputados y sobre todo la atención del derecho de las víctimas", indicó.
En el caso de la reforma a Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se establecieron nuevos instrumentos de investigación, como son el fortalecimiento a las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica y la colaboración de informantes y usuarios simulados.
También se tipificaron nuevos delitos, como son el desvío de precursores químicos para el cultivo, el narcomenudeo, el de uso de moneda falsificada a sabiendas y el contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.
La Ley Nacional de Ejecución Penal fija las reglas que deben observarse durante la prisión y establece los alcances de la figura de juez de ejecución, para garantizar que la privación de la libertad de las personas procesadas y sentenciadas sea aplicada sin abusos ni privilegios.
Además, se incluyó la existencia de permisos humanitarios de salida de los internos, cuando se justifique con enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino.
Por lo que hace a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, su objetivo principal es que exista en todo el territorio nacional un instrumento jurídico especializado que atienda a los menores que hayan cometido un delito.
La ley establece que la pena máxima es de cinco años de cárcel y que se trata de una medida extrema, pues siempre de debe privilegiar otras medidas que permitan la reinserción social.
También se señala que el trato que recibirán los menores será siempre garantizando los derechos humanos, de acuerdo con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, velando en todo momento por el interés superior de la niñez.
Las tres normas aprobadas fueron remitidas al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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