En menos de 48 horas se gestó una coordinación al más alto nivel político e institucional del Estado mexicano, desde la Presidencia, el Senado y el Tribunal Electoral para allanar el camino a la toma de posesión de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas.
El presidente de la República, el presidente del Senado y un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron parte de una operación política para cubrir un error jurídico de Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas cuya elegibilidad ha sido puesta en tela de juicio por la bancada del PAN en la cámara alta y por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En menos de 48 horas, Américo Villarreal solicitó ser reincorporado al Senado; envió un oficio pidiendo hacer caso omiso a su solicitud; fue registrado en la lista oficial de la cámara alta; fue ratificado por el presidente del Senado; pidió licencia y obtuvo el permiso del Pleno por segunda ocasión para separarse de su cargo.
Esto ocurrió horas antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera la impugnación de la elección a la gubernatura de Tamaulipas, solicitada por el PAN, que alegó presuntos vínculos de Américo Villarreal con el crimen organizado.
En ese contexto, el gobernador electo de Tamaulipas acusó a la fiscalía estatal de preparar órdenes de aprehensión en su contra, en contra de su familia y en contra de su entorno político. Además, nombró a Roberto Gil Zuarth y a Javier Coello Trejo, asesores del actual gobernador García Cabeza de Vaca, como los operadores de un complot para declarar la nulidad de la elección.
García Cabeza de Vaca, Gil Zuarth y Coello Trejo respondieron de inmediato.
La acusación de Américo Villarreal ocurrió en la semana posterior a la publicación de un presunto cable de la embajada de Estados Unidos que, a la fecha no ha sido desmentido de manera oficial, y que señala al hijo del gobernador electo como el conducto de una triangulación financiera para dirigir dinero a la campaña de Morena a la gubernatura del Estado de México.
El mecanismo habría transitado por un banco de las Islas Vírgenes Británicas y por un empresario con supuestos vínculos al Cártel del Noreste que desapareció en marzo, después de una comida con Villarreal y con el senador José Narro.
Hasta este momento, ninguna autoridad estadounidense ha desmentido de manera oficial el contenido de este presunto cable diplomático.
Días después de la filtración, Greg Abbott, gobernador de Texas, designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y Francisco García Cabeza de Vaca realizó una gira por Estados Unidos, que incluyó una reunión con el influyente congresista texano Henry Cuéllar.
Este clima de tensión entre Villarreal y García Cabeza de Vaca, la presunta presión de agencias de seguridad de Estados Unidos y el expediente abierto del caso Carmona en el Departamento de Justicia orillaron al equipo del gobernador electo de Tamaulipas a buscar su reincorporación al Senado.
Julio Carmona, ex administrador general de la aduana de Reynosa y hermano de Sergio Carmona, el empresario asesinado en San Pedro Garza García en noviembre del 2021 dirigió una red de tráfico de hidrocarburos que financió campañas del círculo político de Américo Villarreal. Actualmente, se encuentra acogido a un programa de testigo protegido.
Este contexto marcó el inicio de una cadena de errores legales del equipo de Américo Villarreal con la solicitud de reincorporación al Senado. En última instancia, esto reveló una red de protección política desde las instituciones del Estado a favor del proyecto de Morena en Tamaulipas.
Código Magenta habló con Jorge Salazar, uno de los mayores expertos en derecho electoral del país, para entender la magnitud de lo que estaba en juego con la integración al Senado de Américo Villarreal.
El primer error del equipo de Américo Villarreal fue asumir que, como senador con licencia, no contaba con fuero.
En el War Room del gobernador García Cabeza de Vaca se argumentó que el regreso de Villarreal al Senado podría ser causal de nulidad de la elección. Se citó una regla que obliga a un candidato a la gubernatura a separarse de cualquier cargo público al menos 120 días antes del inicio del proceso electoral.
No obstante, Salazar coincide con la tesis de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que esto aplica para los candidatos a la gubernatura, no para quien es gobernador electo.
El problema de Villarreal no estuvo en las consecuencias jurídicas de sus actos, sino en la operación política para instalarlo como gobernador de Tamaulipas.
Primero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente lanzó una amenaza contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación al caso de Américo Villarreal.
Segundo, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, intentó quitar el nombre de Américo Villarreal del tablero de votación del Senado. Cuando fue imposible negar este registro, se convocó al Pleno a una votación fast track para aprobar la solicitud de licencia de Villarreal.
Y tercero, el magistrado del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, cambió su proyecto de sentencia sobre la ratificación de la elección de Tamaulipas para hacer énfasis en que Américo Villarreal es un gobernador electo, elegible al puesto y que haberse incorporado al Senado de manera momentánea no cambia esa situación.
Esta modificación al proyecto es completamente ajena a la materia de discusión de la sesión de ayer en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, ¿por qué se tomó esta decisión? ¿Alguien habló con el magistrado?
Lo cierto es que, no hay duda de una coordinación al más alto nivel político e institucional del Estado mexicano, desde la Presidencia, el Senado y el Tribunal Electoral para allanar el camino a la toma de posesión de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas.