En pleno siglo XXI, Coahuila acaba de descubrir que el verdadero problema del estado no es la violencia, ni la corrupción, ni la pobreza: es la gente que dice “chirigüillo” en redes sociales.
Porque, según la burocracia iluminada, si metemos a un par de tuiteros a hacer trabajo comunitario por decir una palabra clasista, mágicamente vamos a corregir siglos de desigualdad estructural. El narco, la colusión policial, los municipios quebrados y las fosas clandestinas pueden esperar; primero lo urgente: el diccionario.
La titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Patricia Yeverino, nos viene a decir, con tono de regaño pedagógico, que “chirigüillo” puede ser discriminatorio, que es “negativo” y “estigmatizante”, y que hay que “cuidar el lenguaje”. Todo muy correcto, muy políticamente impecable… siempre y cuando uno viva en un país nórdico y no en un estado donde a la gente la desaparecen, la extorsionan y la reclutan niños a los 13, mientras el gobierno presume códigos penales inclusivos.
El Artículo 239 del Código Penal de Coahuila castiga actos de discriminación con prisión de tres meses a un año. Suena duro. Suena moderno. Suena progresista. Suena también a que es mucho más fácil citar artículos y dar entrevistas que irte a parar a la Fiscalía a denunciar a un comandante que extorsiona migrantes o a un alcalde que divide contratos entre sus cuates. Para eso no hay conferencia de prensa ni “invitación a hablar con respeto”.
El discurso es quirúrgico con las palabras, pero ciego con las estructuras. El Estado que no puede garantizar seguridad básica, ni justicia básica, ni igualdad material básica, de pronto se pone exquisito con los adjetivos. Eso sí, “hasta el momento no han recibido quejas o denuncias por el uso discriminatorio de esa palabra”. O sea: no hay casos, pero ya hay cruzada moral. No hay víctimas formales, pero ya hay narrativa. Es la burocracia de la corrección política: primero el boletín, luego vemos si el problema existe.
Yeverino tiene razón en algo: el clasismo mata, y el lenguaje no es inocente. Pero el clasismo institucional no está en la palabra “chirigüillo”: está en los presupuestos, en quien accede a justicia, en quién termina en la cárcel y quién cena con el gobernador; en quién se queda sin agua mientras a parques industriales no les falta ni gota. Criminalizar el lenguaje sin tocar el sistema es como prohibir la palabra “hambre” en colonias donde la gente no tiene para comer. Muy respetuoso, muy inclusivo… y profundamente hipócrita.
Además, la campaña viene con sermón de redes sociales: “evitar ser parte de la comunidad y del odio en redes sociales”. Traducido al dialecto oficial: critica, pero con cariño; insulta al poder, pero con lenguaje no violento; señala la desigualdad, pero sin usar palabras feas. Ese es el truco: disfrazar control del discurso de política antidiscriminación. Si la palabra molesta al funcionario, es odio. Si la política del funcionario condena a miles a la precariedad, es “complejidad del contexto”.
Mientras tanto, el propio Estado coahuilense lleva años produciendo “chirigüillos” a granel: salarios de miseria, contratos basura, colonias sin servicios, empleos sin derechos. Y después se ofende porque alguien se atreve a nombrar, con desprecio, lo que el gobierno fabrica con presupuesto. No quieren que se use la palabra; no porque les duela el clasismo, sino porque no soportan que se exhiba la desigualdad que administran.
La invitación oficial es “hablar desde el respeto”. El problema es que el respeto no se decreta, se construye. Y se construye dejando de tratar a la ciudadanía como menor de edad lingüística mientras se le trata como desechable en la práctica. Si el gobierno quiere que desaparezca “chirigüillo” del vocabulario, tiene dos caminos: o lo persigue penalmente en redes… o deja de producir condiciones materiales que hacen posible que esa palabra exista y tenga sentido.
Pero claro, lo segundo implicaría incomodar a quienes no se llaman “chirigüillos”, sino “licenciados”, “diputados”, “empresarios”, “proveedores del estado”. Y a esos nadie los va a llevar a hacer trabajo comunitario por discriminar, porque su discriminación viene en forma de presupuesto, decreto y licitación amañada. Esa no se castiga: se aplaude y se inaugura con moño tricolor.
En resumen: que sí, que “chirigüillo” es clasista y merece crítica. Pero cuando el Estado que te pide “lenguaje respetuoso” es el mismo que tolera, reproduce y se beneficia de la desigualdad que esa palabra refleja, el problema no es el adjetivo. El problema es el funcionario que se indigna por el insulto, pero no por el infierno que lo hace posible.
Con informacion: ELNORTE/
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