La pesquisa de la vieja PGR contra Tomás Yarrington no sólo apesta: se descompuso por completo. Un tribunal federal, con bisturí de precisión quirúrgica, la diagnosticó como un caso terminal de violación al debido proceso y al principio de legalidad. La magistrada Angélica Lucio Rosales no se anduvo con eufemismos: las pruebas con las que el exgobernador fue procesado eran, literalmente, fotocopias de otras averiguaciones. Copias, ni siquiera originales. La Fiscalía construyó una acusación de alto calibre con papel carbón.
En términos técnicos, eso equivale a decir que todo el andamiaje probatorio se vino abajo, porque la Suprema Corte lo ha dicho con todas sus letras: ningún testimonio arrancado en otro expediente puede servir como sustento penal si no se rinde ante el juez competente. Pero la PGR, en sus años de plenitud inquisitorial, prefirió el “copiar y pegar” a la ortodoxia procesal. Y con esa ligereza levantó el andamio de un proceso por narcotráfico contra uno de los símbolos más visibles de la corrupción priista.
La demolición de un montaje
Lucio Rosales fue más allá: advirtió que el tribunal de apelación en Matamoros ni siquiera valoró las pruebas de descargo ofrecidas por la defensa. Entre ellas, una carta del testigo protegido “Pitufo”, fechada en 2016, donde confiesa haber sido presionado por agentes estadounidenses para fabricar testimonios contra Yarrington y Eugenio Hernández. Un documento que, en cualquier sistema penal serio, bastaría para encender alarmas rojas sobre contaminación probatoria y colusión internacional.
El «Pitufo» ,quien a decir de las autoridades ,se suicidó en febrero de 2017 en Texas ,fue un delator por encargo reclutado en los tiempos de Marisela Morales, ex-titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y el ahora ex-fiscal de Tamaulipas,Irving Barrios Mojica,pero antes de morir,de puño y letra elaboro la carta «absolutoria«.
La otra omisión raya en lo grotesco: la propia FGR había dictado el no ejercicio de la acción penal para uno de los supuestos cómplices, al considerar que los testigos eran insuficientes para acreditar los delitos. Aun así, sus mismos dichos se mantuvieron como base para prolongar el proceso del exgobernador. Kafka habría sonreído con ternura ante semejante lógica.
El alcance jurídico del desastre
Desde el punto de vista técnico-penal, el fallo de la magistrada es devastador. Si se confirma en revisión, obliga a reponer el procedimiento, descartando las pruebas viciadas y considerando las de descargo omitidas. Esa reposición, en los hechos, equivale a una limpieza de cirugía mayor: el tribunal de Tamaulipas tendría que rehacer casi todo el expediente sin los testimonios apócrifos. Y sin esas piezas, el caso se queda sin armazón.
Lo que parece un trámite judicial menor es en realidad una bomba procesal. La resolución es el reconocimiento implícito de que la persecución penal estuvo viciada desde el origen. La FGR —heredera institucional de aquellos errores— enfrenta no sólo la pérdida de un caso, sino el descrédito de su propio método: la persecución a ciegas y sin garantías, la confesión como dogma, el expediente armado con engrudo y recortes.
Y aunque Yarrington siga preso por otros cargos, este golpe jurídico deja a la Fiscalía al borde del ridículo. Cada reposición de procedimiento es un recordatorio de su incompetencia metódica: montaron un caso de alto perfil con bases ilegales, y ahora un tribunal les devuelve los escombros envueltos en jurisprudencia.
Fabrica de condenas defectuosas
Lo que cayó en pedazos no es sólo una causa penal, sino una forma de investigar: la del expediente mal oliente, reciclado, sin control judicial ni lógica legal. Que un tribunal llame a recomponerlo es un acto de higiene institucional. En ese sentido, el fallo de la magistrada Lucio Rosales no sólo reivindica el debido proceso, sino que desnuda, de una vez por todas, a la PGR como lo que fue: una fábrica de condenas defectuosas, donde la justicia se imprimía en copias certificadas.
Con informacion: ELNORTE/
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