En Guanajuato la toga ya no es símbolo de justicia, es un chaleco antibalas que no sirve de nada: ser abogado ahí se volvió una profesión desechable, otra estadística perdida en un estado que normalizó matar hasta a quienes se supone que sostienen el Estado de derecho.
Un estado donde litigar es jugar a la ruleta rusa
Entre 2020 y 2025, al menos 15 abogados han sido asesinados en distintos municipios de Guanajuato, con León como epicentro de esta carnicería “profesional”.
No son casos aislados: forman parte de una lista nacional de al menos 168 abogados ejecutados en cinco años, con Guanajuato en la punta del ranking junto con Michoacán como territorios estrella del fracaso institucional.
León, despacho al aire libre… y al fuego cruzado
El mapa es casi una burla: muchos de estos crímenes se concentran en León, donde el Observatorio Ciudadano local habla de ataques directos, no de “daños colaterales” ni de balas perdidas con comunicados cursis.
Abogados baleados en la calle, en parques, en colonias urbanas, en trayectos cotidianos, como si la colegiación incluyera la cláusula tácita de “probabilidad alta de morir en horario laboral”.
El Estado de derecho en modo avión
Organismos y colectivos de abogados llevan meses advirtiéndolo: ejercer la abogacía en México, y en particular en Guanajuato, se volvió actividad de alto riesgo mientras las autoridades administran la tragedia con comunicados y mesas de trabajo.
Cuando matar a los abogados se vuelve rutina, el mensaje es brutalmente simple: si quienes conocen la ley no están a salvo, el resto solo tiene fe, rezos y un ministerio público saturado que archiva más rápido que lo que investiga.
Profesión de alto riesgo, pero sin prestaciones
En estos cinco años, México suma decenas de litigantes asesinados cada año, con picos de más de 30 casos anuales, en un conteo que ya rebasó la cifra de 160 homicidios relacionados con su labor profesional.
Son penalistas, laboralistas, catedráticos, defensores públicos: da igual la especialidad, el plomo no distingue entre quien defendía a víctimas, empresas o acusados incómodos para algún poder formal o fáctico.
Silencio oficial y miedo entre colegas
En Guanajuato, los gremios de abogados han tenido que salir a exigir algo tan básico como garantías mínimas para no ser ejecutados por hacer su trabajo, mientras despiden a colegas uno tras otro.
La respuesta institucional se resume en la fórmula clásica: condenas, promesas de investigación y una impunidad tan constante que ya parece política pública para administrar la violencia en lugar de desmontarla.
Cuando matar al abogado es parte del expediente
Especialistas en seguridad y derecho han advertido que muchos de estos asesinatos llevan sello del crimen organizado: ataques en vía pública, emboscadas en despachos, motosicarios, tiros a quemarropa; un guion que ya ni sorprende.
Pero no todo es narco, también hay casos ligados a conflictos de juicio y venganzas de contraparte, lo que termina por convertir el litigio en deporte extremo donde la audiencia puede terminar en morgue.
País donde la ley estorba
Que Guanajuato aparezca como uno de los estados con más abogados asesinados mientras se presume “fortaleza institucional” es la ironía máxima de este teatro sangriento.
En un país donde matar periodistas, defensores y ahora abogados se vuelve rutina estadística, la vida deja de valer y la ley se vuelve un trámite más, algo que se llena, se firma, se archiva… y se olvida junto al siguiente cuerpo.
Con informacion: LA SILLA ROTA/REPORTAJE COMPLETO
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