Podrá ir vestido de civil al tribunal, con traje azul y corbata, gracias a que el juez autorizó una petición al respecto de sus abogados, pero el destino de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pinta de color anaranjado, tal como el que se usa en los uniformes de los presos en los Estados Unidos.
Este martes 17 de enero comenzará en Nueva York el juicio en su contra, por tres cargos de “conspiración” para el tráfico de drogas, es decir, por tener tratos con el Cártel de Sinaloa, y no se ve de qué modo García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019, eluda un veredicto de culpabilidad que podría costarle una larga sentencia. La Fiscalía cuenta con los testimonios de diversos capos que lo señalan y con una montaña de documentos en torno al rápido enriquecimiento del hombre que dirigió la estrategia de combate al narco durante un sexenio, y que, al dejar el servicio público, se mudó a EE UU, se naturalizó allá y se transmutó repentinamente en empresario.
Pero hay más. En el marco de la campaña que el Gobierno estadounidense ha seguido en contra del narcotráfico mexicano, García Luna es, de lejos, el funcionario de más alto rango que se ha llegado a sentar en el banquillo de los acusados. Y ese es, quizá, uno de los mayores problemas que enfrenta: su condición de trofeo. A Estados Unidos ya no le basta con extraditar capos. Un negocio como el del narcotráfico no podría operar de manera multimillonaria, como lo hace, sin la participación de, cuando menos, algunas autoridades mexicanas, y eso la prensa y las agencias de seguridad de EE UU lo saben de sobra. Preso, García Luna cumple la función de demostrarlo.
Hay que recordar que otro exsecretario, el extitular de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, fue detenido en territorio estadounidense, en octubre de 2020, acusado también de sostener vínculos con los cárteles, pero quedó libre un mes más tarde, luego de una febril intervención del Gobierno mexicano. A García Luna, en cambio, no hay quien lo ampare. El propio Gobierno de su país hace changuitos para que reciba una sentencia condenatoria, e incluso para que termine embarrando a otros participantes de la última administración del PAN, en especial al expresidente Felipe Calderón.
Y es que el caso García Luna permite al Gobierno de López Obrador fortalecer la narrativa de que todo lo que no funciona en materia de seguridad en México viene de la corrupción de las administraciones pasadas y ayuda a desviar la atención de la falta de resultados actuales en el combate al crimen organizado y la percepción de que solo se actúa por presión del Gobierno de Estados Unidos, como sucedió con el reciente arresto de Ovidio Guzmán, hijo del extraditado capo Joaquín El Chapo Guzmán, a quien se detuvo horas antes de la reciente visita al país del presidente estadounidense Joe Biden.
Así, la situación del exsecretario parece perdida. El hecho de que su defensa esté citando como pruebas de descargo los premios y reconocimientos que recibió del propio Gobierno estadounidense cuando era funcionario no suena muy promisorio para su causa. La duda principal consiste en saber si García Luna se mantendrá en la línea de negarlo todo que ha sostenido o si, en el intento de protegerse, sacará a relucir los nombres de otros excolegas. Y, desde luego, queda por ver si tal "name dropping" no lo esgrime también, por su lado, el resto del elenco de testigos preparado por la Fiscalía estadounidense.
Como sea, queda claro que la única instancia que, hoy mismo, parece interesada en llevar adelante procesos judiciales a fondo al respecto del narcotráfico mexicano es el Gobierno de Estados Unidos, que sigue cosechando beneficios en otros terrenos (sin ir más lejos, el migratorio) con el simple recurso de apretarle las tuercas a México en los temas del narco.
Fuente.-Diario Español/Antonio Ortuño/
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