Un grupo de gobernadores de Morena están en comunicación desde ayer jueves con la Segob ante el temor de que la ruptura de la supuesta relación entre el Gobierno Federal y el Cartel de Sinaloa tenga consecuencias devastadoras en sus estados, en materia de seguridad.
Según pudo conocer LPO, David Monreal (Zacatecas), Alfonso Durazo (Sonora), Víctor Manuel Castro (BCS) y Carlos Manuel Merino (Tabasco) buscan orientación en Bucareli porque alegan que el Cartel de Sinaloa colabora en funciones de seguridad en los Estados que administran y tienen bajo su tutela el control de otros grupos delictivos de menor fuerza.
También hay preocupación en Michoacán, otro estado gobernado por Morena donde existe una fuerte disputa entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Los pedidos son diversos pero en casi todos los casos se reitera la necesidad de mayor presencia militar, algo que no es fácil por una cuestión meramente artimética. El tono de los llamados habla por si solo: los gobernadores entienden que el Gobierno Federal ignora la variedad de situaciones que se pueden precipitar por la captura de ayer jueves.
El gran temor es que se multipliquen episodios de narcoterrorismo y violencia contra la población civil, especialmente en aquellos Estados donde el predominio criminal está disputado.
Estos gobernadores, varios de ellos con situaciones de inseguridad descontroladas, avalaron la tesis que emanaba desde el Gobierno de que era preciso regresar a un esquema de décadas anteriores en las cuáles un cartel muy poderoso garantizaba la pacificación del país.
Esa doctrina, que influyó directamente a lo largo del sexenio en la planificación de la seguridad de los Estados, ha quedad pulverizada con el arresto de Ovidio Guzmán ayer jueves en Sinaloa. Hay un clima de zozobra entre los gobernadores cercanos a Palacio Nacional porque por estas horas es un enigma por qué se avanzó contra el hijo de El Chapo.
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