Una vez más quedó claro a quién responde y obedece el fiscal “autónomo” Alejandro Gertz Manero. Tras dos días de escándalo y de ignorar las críticas e indignación que causó la libertad de Emilio Lozoya para moverse sin restricciones ni arraigo domiciliario por la ciudad, el fiscal sólo reaccionó cuando el presidente López Obrador le pidió públicamente que proporcionara información sobre los privilegios de los que goza Lozoya y, en un escueto comunicado, la FGR afirmó que el exdirector de Pemex “sigue bajo proceso”, que sí “ha presentado pruebas” de sus acusaciones a exlegisladores federales y que tiene de plazo hasta el 3 de noviembre para acreditar sus dichos y declaraciones o de lo contrario tendrá que responder ante la justicia por los procesos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Para que no quedaran dudas de dónde y con quién está la lealtad del fiscal, la dependencia salió a respaldar el endeble argumento del presidente que se refirió a las imágenes que captaron a Lozoya Austin cenando en un restaurante de lujo en las Lomas de Chapultepec, como “algo legal pero inmoral, un acto de provocación”, y en su breve comunicado la Fiscalía defendió su “acuerdo” con el exfuncionario peñista y la prórroga que le otorgó, a petición de su defensa, para que año y medio después de su detención y extradición de España, Lozoya siga sin acreditar completamente y con pruebas fehacientes sus acusaciones contra otros políticos y exfuncionarios, para justificar que le hayan dado un trato de “testigo colaborador”.
Es como si al fiscal Gertz Manero, ocupado como está persiguiendo a científicos, familiares suyos y litigando contra la universidad de la que fue rector, las críticas y comentarios sobre su trabajo se le resbalaran cuando vienen de la sociedad civil y de la opinión pública, pero el más leve cuestionamiento y molestia de López Obrador —que tuvo que hacer malabares, piruetas y machincuepas para justificar la libertad de Lozoya y el que no haya sido objeto de un arraigo domiciliario— le calara tan hondo que de inmediato reacciona y obedece los designios del presidente que lo propuso para el cargo. Como si el encargo y la figura de ser titular de una “Fiscalía autónoma” no significara nada para el señor fiscal.
Curiosamente, mientras sobrerreacciona al humor presidencial, Gertz Manero se escuda en su “autonomía” para no rendirle cuentas ni explicaciones a los mexicanos a los que, según la ley, debiera servir. No sólo porque no explica sus cuestionadas actuaciones e investigaciones en contra de los 31 integrantes del Foro Consultivo del Conacyt, a los que persigue con una ferocidad inusitada a pesar de los fallos de un juez y de la SCJN sobre la falta de elementos para acreditar delitos en la actuación de los científicos, o porque encarceló a la hija política de su hermano fallecido, Alejandra Cuevas, que tiene un año en prisión por acusaciones poco claras, o su muy cuestionada intervención “por abajo del agua” para apurar una denuncia local contra la familia Jenkins, con quienes tuvo diferencias cuando trabajó para ellos en la Universidad de las Américas de Puebla.
Además de su muy dudosa actuación y criterios jurídicos en esos casos —que huelen más a venganzas personales y persecución política que a justicia— el fiscal Gertz tampoco ha explicado nunca en qué consiste el “acuerdo de extradición” que firmó con Emilio Lozoya Austin, con su padre Emilio Lozoya Thalmann y con los abogados españoles que los representaron a ambos en aquel país al momento de que aceptó ser extraditado a México. Ese acuerdo, por el que la familia Lozoya pagó 5 millones de dólares, fue negociado por Gertz Manero con los abogados del despacho Ilocad SL, (International Legal Office for Cooperation and Development) propiedad del afamado juez español, Baltasar Garzón.
El contenido de ese “acuerdo”, que nunca se ha hecho público, podría explicar muy bien el trato privilegiado que la FGR aceptó darle en todo momento a Lozoya Austin. Según fuentes cercanas a aquella negociación en España, el acuerdo incluía la promesa del fiscal Gertz de que Emilio “nunca sería fichado ni mostrado a la prensa o expuesto en su imagen personal”, además de no fincarle ni imputarle nuevos delitos más que los contenidos en la solicitud original de extradición. Ahí se establecieron las bases y el compromiso de la Fiscalía para facilitarle todo a Lozoya, incluido el otorgamiento del criterio de oportunidad y la figura de “testigo protegido”, en el que se le dio además otra concesión especial: que no fuera sujeto de prisión o arraigo domiciliario, a pesar de que la gravedad de los delitos que le imputan lo ameritaba, y que solo se le monitoreara a través de un brazalete electrónico que le impide salir de la Ciudad de México, pero no moverse libremente en ella, y la obligación de acudir a firmar cada 15 días ante el juez que lleva su caso.
Tantos privilegios tuvieron un alto costo monetario para Emilio Lozoya que pagó esos 5 millones de dólares que no se sabe con precisión si fueron, todos, para el despacho Ilocad. Para lograr un trato de príncipe, el presunto delincuente y exdirector de Pemex, contó con una “coincidencia” que le abrió las puertas de la confianza de Gertz Manero: la relación con la fiscal general de España, Dolores Delgado García, quien fue parte de la vía que facilitó el “acuerdo de extradición” entre la FGR y Lozoya. Delgado García tomó posesión del cargo de fiscal española el 26 de febrero de 2020 ante su majestad el Rey Felipe VI y, sin menoscabo de su brillante carrera judicial, es pareja sentimental del juez Baltasar Garzón, sí el mismo dueño del despacho que negoció la extradición de Lozoya por 5 mdd.
De hecho en España no son pocos los medios y periodistas que han señalado la existencia de la relación personal que sostienen la fiscal Delgado García y el juez Garzón. Recientemente la prensa española consignó su aparición juntos en Pontevedra, donde la fiscal y el juez se vieron abrazados durante la festividad de la Rapa das Bestas de Sabucedo, en donde ambos se dejaron ver en un sábado relajado participando de esa tradición sin tomar en cuenta los señalamientos que hablan de un posible conflicto de interés en su relación sentimental.
Sería bueno que el fiscal explicara a detalle qué y cómo fue que pactó con Lozoya un trato de privilegios pocas veces dado a un acusado o presunto delincuente por la justicia mexicana, sobre todo cuando en el gobierno de la 4T, del que al final forma parte el fiscal con todo y su “autonomía”, se pregona todos los días que ya no se protege a corruptos y que “ya no hay impunidad”, vaya que ni siquiera los “actos inmorales” se permiten. Y como sabemos que Gertz Manero no va a explicar nada que se le pida desde la sociedad o los medios, pues ojalá y a López Obrador se le vuelva a ocurrir ordenárselo al fiscal en su mañanera, que sólo así es como reacciona y obedece.
Fuente.-Salvador Garcia Soto/
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