Ese día jóvenes armados con largas varas de bambú, adiestrados en Japón en disciplinas como karate, judo y kendo, atacaron en las calles de la Ciudad de México una manifestación estudiantil. Se trataba, en su mayoría, de soldados dados de baja del Ejército, luchadores, boxeadores, expolicías y grupos de vagos del barrio de La Merced, que bajo las órdenes del teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa integraron el grupo paramilitar Los Halcones.
El financiamiento a los paramilitares provino de la CNOP del PRI a través de Martínez Domínguez, y del erario del DDF usufructuado por el general Alfonso Corona del Rosal, que tenía una larga experiencia en la creación y operación de grupos policiacos.
Como consecuencia del ataque, 32 mexicanos, en su mayoría estudiantes del IPN, perdieron la vida. Tres décadas más tarde, en 2002, un abogado de oscurísimos antecedentes, con una inhumación clandestina y torturas en su haber, Américo Ireneo Meléndez Reyna, integró la averiguación previa PGR/FEMOSPP/ 011/2002 que presentaba fallas de argumentación, como el hecho de señalar que durante la matanza del 10 de junio de 1971 hubo 45 muertos y únicamente presentó 12 actas de defunción; además de tener una interpretación errónea de algunos preceptos jurídicos. En julio de 2004 Meléndez presentó el pliego de consignación, 9 mil 832 fojas, en contra de los implicados en la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971. Ninguno de ellos pisó la cárcel.
No se ignoraba que Meléndez había sido delegado de la PGR en Michoacán en 1990 y que fue trasladado al Distrito Federal, acusado de tráfico de estupefacientes, homicidio calificado, acopio de armas y posesión de mariguana”. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard fue director del Consejo de Honor y Justicia de la policía capitalina y con Miguel Ángel Mancera pasó a la Dirección General de la Policía Auxiliar. En 2017 se presentó en el Senado, donde aseguró que sus 46 años de “experiencia en la materia” le otorgaban la idoneidad para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción.
I. El contexto
No es cierto que la manifestación del 10 de junio de 1971, efectuada en la Ciudad de México, tuviera como finalidad apoyar a la Universidad de Nuevo León en sus demandas.
Desde 1967 el rector de la UANL, Eduardo A. Elizondo, había propuesto un plan para aumentar las cuotas a los alumnos. Su publicación generó un grave conflicto entre quienes lo apoyaban y quienes lo rechazaban. En 1969 los estudiantes plantearon reformas a la Ley Orgánica de la Universidad y a la autonomía universitaria, por lo que entregaron al Congreso del Estado un proyecto de ley que fue archivado. Como gobernador, Elizondo promulgó la nueva Ley Orgánica, de factura gubernamental, lo que generó un gran rechazo entre estudiantes y académicos que se declararon en huelga. De forma que la gira del candidato presidencial del PRI, Luis Echeverría, tuvo que aplazarse por temor al repudio. El conflicto escaló debido a la actividad de grupos de “extrema izquierda”, integrados por las Juventudes Comunistas Mexicanas, y por la Obra Cultural Universitaria (OCU) de extrema derecha. Por lo que en 1971 se comisionó al secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, para negociar con los universitarios, “mas el verdadero plan que traía no era el que entonces tanto ansiaban los ilusos regiomontanos, sino era pedir la renuncia, por ‘orden superior’, como gobernador del estado al Lic. Eduardo A. Elizondo, pues la agitación era tremenda entre el estudiantado universitario”. De esa manera, el entonces presidente mató dos pájaros de un solo tiro: se deshizo de un gobernador que no le agradaba y frenó la protesta estudiantil con la promulgación de la Cuarta Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León el 5 de junio de 1971. ¿Qué demandas apoyaron los estudiantes de la Ciudad de México? Ninguna. Resultaron más papistas que el Papa.
II. Los grupos de presión
Mientras tanto en la Ciudad de México, el 3 de junio habían regresado de Chile los héroes del 68, y otros habían sido liberados. Ese grupúsculo, envuelto por un halo de heroísmo romántico, literalmente tomó todas las asambleas de las distintas facultades de la UNAM y sacrificó a decenas de estudiantes que no fueron otra cosa que carne de cañón. Heberto Castillo, “uno de los presos políticos recién liberados, con mayor prestigio e influencia, opinaba que la marcha tenía que suspenderse. Argumentaba que las demandas de los universitarios regios ya habían sido cumplidas”. Pero el comité de la Escuela de Economía decidió que asistirían. Joel Ortega Juárez presidió la asamblea general y señaló que la marcha tenía como finalidad “solucionar un problema político, o sea, tratar de continuar en una lucha contra el gobierno y en especial contra las estructuras del PRI, que son las que pretenden apoderarse del movimiento estudiantil para destrozarlo”. Pablo Gómez, Ortega Juárez y sus seguidores acordaron no realizar más asambleas, para impedir que pudieran imponerse aquellos que no querían realizar la manifestación. Pero ninguno de los dos asistió. El delegado de la UANL en el DF, Luis Ángel Garza, opinó, a tres décadas de los hechos, que “para los compañeros de México detrás del apoyo a la UANL estaba el afán de reconquistar las calles”. Más claro ni el agua. En consecuencia, murieron más de 30 personas en su mayoría estudiantes del IPN, de las preparatorias populares, de secundarias y hasta de primaria. No debemos olvidarlo. Ninguno de los líderes recibió ni un solo rasguño. A sólo cinco días de los fallecimientos, ya organizaban festivales musicales en el campus de la Universidad. Un grupo de vivos recordó a unos muertos de los que ignoraban hasta el nombre.
III. Los perpetradores
El día 10 a partir de las 15:15 horas empezaron a llegar contingentes estudiantiles al Casco de Santo Tomás. A las 16:55 se inició la manifestación con aproximadamente 8 mil personas encabezadas por Manuel Marcué Pardiñas. A las 17:35 se inició un tiroteo provocado por 400 integrantes del grupo paramilitar Los Halcones, creación del entonces teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa. Hubo también francotiradores que dispararon a la multitud y también a la policía del Distrito Federal. Lo hicieron desde varios puntos, en su mayoría domicilios particulares.
Posteriormente, en la calzada México-Tacuba y otros rumbos del Casco de Santo Tomás y de la Escuela Nacional de Maestros se detuvo a decenas de estudiantes. En el número 32 de Ribera de San Cosme fue detenido un francotirador. Su nombre era Héctor Oropeza Gómez. Tenía 20 años y admitió haber participado en el movimiento estudiantil de 1968 y practicar el tiro al blanco, lo mismo que el adolescente Juan Pablo Miller, estudiante de secundaria quien portaba una pistola Rohn calibre .22 con 10 cartuchos útiles en el momento de su detención.
A los periodistas y fotógrafos que se encontraban cubriendo el evento, en la esquina de Carpio y Lauro Aguirre, Los Halcones los golpearon y les destruyeron sus cámaras.
En el hospital Rubén Leñero se suscitó otro enfrentamiento, pues Los Halcones trataron de rescatar a dos de sus compañeros detenidos: Raymundo Gamboa García y Arturo García Leyva. Los médicos lo impidieron y hubo otra balacera. Finalmente, los paramilitares quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del nosocomio, que los liberó puesto que oficialmente no hubo ningún responsable de la matanza. No desde el punto de vista judicial.
Además de Los Halcones, intervino en la represión el grupo Las Avispas, agrupación de choque de la Confederación de Trabajadores de México.
A las 22:30 horas, Alfonso Martínez Domínguez, jefe del Departamento del Distrito Federal, declaró en conferencia de prensa que “habría orden en la Ciudad de México y no se permitirían actos que vulneraran la seguridad de la población”. Sin embargo, como consta en la declaración de un desertor de Los Halcones, Gabriel Millán Arellano –en cuyo domicilio se recogieron 50 credenciales de estudiantes del IPN y de la UNAM–, Martínez Domínguez recomendó un escarmiento público frente a los detenidos de la Vocacional No. 1.
Antes de renunciar a su cargo, el regente recibió a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes afirmaron contar con pruebas contundentes de la existencia del campo de entrenamiento de Los Halcones y de testigos presenciales del entrenamiento de karate y defensa personal. Pero no fueron ellos quienes aportaron las pruebas, sino la sólida investigación de Gerardo Medina Valdés, director de la revista La Nación, órgano de difusión del PAN. En 1972 Medina Valdés publicó el libro Operación 10 de junio, texto fundamental en la reconstrucción histórica de los hechos.
El 15 de junio Martínez Domínguez agradeció a su amigo Luis Echeverría la confianza depositada en su persona, “ya que siempre trabajamos de común acuerdo y llevando siempre el mismo plan de trabajo”. Sin embargo, había opinado en la campaña presidencial que su amigo personal “¡Es muy pendejo!”.
La Dirección General de Policía y Tránsito, a las 01:40 horas del 11 de junio, en un escueto boletín de prensa, dio cuenta de 26 lesionados y sólo cuatro muertos, que se encontraban todos en el Hospital Rubén Leñero. Además, admitió la detención de cuatro francotiradores y la aprehensión de 159 personas. Ninguno fue procesado. El procurador general Julio Sánchez Vargas obtuvo las nóminas del personal eventual que cobraba en la Tesorería del Departamento del DF, bajo el mando de Díaz Escobar, pero no consignó a persona alguna.
El Jueves de Corpus de 1971 sigue siendo expresión de un régimen autoritario cuya política clandestina cuida y favorece a sus operadores que, hasta el presente, se saben impunes.
* Especialista en archivos. Estudió la maestría en ciencias en el Ciecas-IPN y el doctorado en estudios históricos en la UAEM. Fue directora general de Información y Análisis Documental de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
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1 Castillo, Gustavo. Formaliza hoy la PGR apelación contra negativa de aprehender a Echeverría. En La Jornada, 28 de julio de 2004.
2 Barajas, Abel. Entrega pliego Fiscal Especial. En Reforma, 23 de julio de 2004.
3 Garduño, Roberto. A 30 Años del 10 de junio, en La Jornada, 10 de junio de 2001. “El 6 de mayo de 1990 ocurrieron dos enfrentamientos entre campesinos y elementos de la Policía Judicial Federal en el poblado Aguililla, Michoacán. El primer choque se suscitó cuando siete judiciales llegaron a la presidencia municipal para solicitar informes sobre la presencia de narcotraficantes en la región. Sin obtener respuesta, los policías se dirigieron a la comunidad Barranca Adentro, donde se dio una balacera en la que murieron dos agentes federales. “...Los Judiciales se retiraron pero regresaron tres horas después con más de 100 personas y comenzaron a detener a hombres y mujeres, con el argumento de que eran narcotraficantes. Lo que provocó un segundo tiroteo en el que murieron tres policías y dos ciudadanos.
4 Archivo General de la Nación AGN. Gob. IPS. Caja 2978. PRI Campaña Presidencial. Expediente 100-17-3-970. Hoja 34. Legajo 7
5 AGN. Fondo: Gobernación. Sección: DFS-Argena Exp. 100-17-1-67. Leg. 11. Hoja 380.
6 Salinas Rocha, Irma. Nostro Grupo. México, Editorial Isaro, 1978. p. 184.
7 AGN. IPS. Caja 2435. Gilberto Ramón Guevara Niebla, Luis Raúl Álvarez Garín, Miguel Eduardo Valle Espinosa, Federico Emery Ulloa, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Roberto Escudero Castellanos y Francisco Lino Oseguera Cáceres.
8 Petrich, Blanche. Exlíderes de la UANL plantean ir más allá de juzgar a LEA y a Martínez Domínguez. En La Jornada, 26 de julio de 2002.
9 Ídem. Caja 2436. Foja 596. El informe se refiere al Partido Comunista, PC, y no al PS como incorrectamente escribió.
10 Petrich, Blanche. Ex líderes de la UANL plantean ir más allá de juzgar a LEA y a Martínez Domínguez por el Halconazo. En La Jornada, 26 de julio de 2002.
***Ensayo publicado el 6 de junio en la edición 2327 de la revista Proceso/
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