Académicos, especialistas e investigadores aseguran que la actual administración no solo ha metido freno a los esfuerzos por transparentar la información del gobierno, sino que incluso ha habido retrocesos en la agenda para hacer que el acceso a los datos y la rendición de cuentas sea una práctica cotidiana, sencilla y enriquezca el diálogo público.
La falta de información, afirman, equivale a caminar en medio de la oscuridad, sin conocer los objetivos ni las pretensiones de la administración, así como el destino de los recursos públicos o el impacto real que tienen en la población.
La transparencia en la información pública es vital en el combate a los abusos y la corrupción. Para un gobierno cuyo principal objetivo es precisamente el combate a ese delito, los resultados no son los mejores.
Según la encuesta de percepción de la corrupción, realizada por Transparencia Internacional en 2019, México ocupó la posición 130 de 198 países, con una calificación de 29 puntos de 100 posibles. Además, las prioridades presupuestarias del gobierno muestran que la transparencia no ocupa un lugar relevante en su lista.
Desde su creación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), previamente conocido como IFAI, no había tenido dos años seguidos con reducciones presupuestarias hasta la llegada del actual gobierno. En 2019, el INAI recibió 900 millones 151 mil pesos de presupuesto, un 18 por ciento menos que el año anterior y para 2020, sus recursos asignados volvieron a caer otro 3 por ciento hasta 877 mil 435 millones, la menor cantidad desde al menos 2015.
“Lo que ocurre en esta administración es un doble juego”, afirmó Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Es un gobierno que se dice transparente, pero tenemos una simulación de esta en muchos niveles”.
Por ejemplo, relató que luego de meses de presión, el gobierno federal accedió a mostrar la base de datos y nómina de los llamados ‘Servidores de la Nación’, un grupo de 18 mil funcionarios públicos bajo el amparo de la Secretaría del Bienestar, cuya misión es llevar la ‘Cuarta Transformación’ a todos los rincones del país y cuestan al erario alrededor de 2 mil millones de pesos.
El documento únicamente constaba de los nombres de esos servidores públicos, seguido de un monto que era el salario percibido. No había otro identificador, como cargo, funciones, localización, CURP, RFC, u otra información que permitiera justificar el costo.
Otro caso es el del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una de las políticas sociales insignia del gobierno a cargo de la Secretaría del Trabajo. El padrón de centros de trabajo asociados al programa, que reciben además un monto del gobierno por dar empleo a los beneficiarios, era un desastre, de acuerdo con Núñez.
“De entrada, el padrón de becarios no es público”, dijo. “En el caso de los patrones, el padrón solo mostraba nombres genéricos, como ‘Abarrotes María’, de los cuales hay miles en el país. O categorías inverificables como ‘empleado’, o nombres propios imposibles de rastrear, como ‘Guadalupe’”.
El padrón mostraba más irregularidades, específicamente patrones difíciles de creer, como que prácticamente todos los días se inscribieron en el programa la misma proporción de becarios, de hombres y mujeres, de niveles educativos y de edades. Por ejemplo, salvo en tres días de inscripciones en el programa, en todos los demás se dieron de alta exactamente 1.36 mujeres por cada hombre. “La conclusión es que la información que da el gobierno es improbable e inverificable y, por lo tanto, no sirve”.
Otro caso con datos poco transparentes es el del Censo de Bienestar, un ejercicio del gobierno para identificar a los beneficiarios de los programas sociales en 2018. Los resultados del ejercicio fueron ‘peculiares’: una tabla única con datos por estado y número de personas consultadas, sin mayor detalle o con el nivel de desagregación que exigen las leyes de transparencia en el país. Los resultados también fueron poco claros, pues el censo arrojó divergencias entre la población con necesidad de apoyos y el número de personas en situación de pobreza registrados por el Coneval.
“Según los datos, el censo consultó a 2 millones 800 mil personas en el Estado de México, pero la entidad tiene más de 7 millones de pobres”, apuntó Núñez. “Su ejercicio de transparencia estuvo muy mal ejecutado”.
Las leyes de transparencia mexicanas piden a las autoridades desde hace años que se presenten datos e información recurrentes para el conocimiento del público, no obstante, varios programas importantes tienen desfases.
Los resultados del programa de Vivienda en Ámbito Urbano de la Sedatu o los de Producción para el Bienestar-Pequeños Productores y Crédito Ganadero a la Palabra de la Sader tuvieron su última actualización en diciembre del año pasado. Pemex dejó de publicar desde diciembre de 2018 su reportes de tomas clandestinas. Ahora, el Consejo Nacional de Seguridad Pública publica únicamente el volumen del combustible robado. También en materia energética, el Sistema de Información Energética no presenta desde hace varios meses los precios de ventas internas de electricidad por tipo de tarifa, un dato clave para los jugadores de ese mercado. Incluso la periodicidad con la que parte de la información del gobierno es presentada ha cambiado: el SAT solía dar a conocer un informe tributario y de gestión trimestralmente, pero a partir de este año decidió hacerlo solo de manera semestral.
Un punto que destacan los especialistas es que el presidente ha justificado que es él quien todos los días rinde cuentas a la nación y transparenta su gobierno a través de las conferencias matutinas. Sin embargo, buena parte de los datos que presenta el mandatario simplemente no pueden ser corroborados. A fines del año pasado, el sitio de noticias Animal Político encontró al menos 10 casos en los que el gobierno afirmó no tener datos de los dichos del presidente, incluyendo cifras sobre víctimas de violencia, las pruebas de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), las irregularidades en Estancias Infantiles o el número de ‘aviadores’ en administraciones anteriores.
“Es un ejercicio peligroso, porque cuando se trata de verificar lo que el presidente dice, la respuesta más socorrida es que no existe una obligación jurídica por parte de las dependencias del Estado para mantener un soporte documental de los dichos del presidente”, mencionó Núñez, y agregó que lo anterior se traduce en una asimetría en la que el titular del Ejecutivo puede decir lo que quiera ante millones de mexicanos, sin el respaldo serio y documentado al alcance para su corroboración. “Nos hemos perdido en un laberinto y sí, este es el gobierno del ‘no está disponible’”, agregó.
Para Marco Cancino, director de Inteligencia Pública y Justicia Cívica, dos organizaciones sin fines de lucro que evalúan el impacto del gasto y las políticas públicas en la economía y la impartición de justicia en México, resulta irónico que para la administración actual la transparencia no sea un tema relevante y se quede solo con un discurso. “La transparencia dejó de ser un tema, todo es simbolismo y poca política pública”, dijo. “Ellos no son corruptos, son transparentes, pero la realidad es necia”.
Cancino menciona, por ejemplo, que aunque el portal de Transparencia Presupuestaria (un sitio donde se detalla el ejercicio del gasto público realizado por la Secretaría de Hacienda) presenta su información ‘estándar’, esta se ha vuelto menos puntual y detallada que antes. El gobierno tampoco está presentando los criterios para la designación de presupuesto a programas sin reglas de operación, como las becas de universidades, transferencias al campo y otras realizadas por el novel Banco de Bienestar, que en total suman unos 220 mil millones de pesos. En las cuentas públicas, añadió, tampoco se han agregado los criterios empleados por Hacienda para la reasignación del gasto público, es decir, los motivos por los cuales se decidió darle más o menos dinero a una dependencia o programa que a otro.
“No sabemos con qué argumentos están repartiendo esos recursos o la manera en que se está distribuyendo el dinero”, dijo Cancino. “Antes por lo menos teníamos la lista de beneficiarios, ahora solo nos quedan las dudas de lo que no conocemos.
Para Mariana Campos, directora del programa de presupuesto de México Evalúa, un centro de investigación de políticas públicas, la gran paradoja de la transparencia de este gobierno se refleja en el área de contratos públicos. Por años, el presidente López Obrador se dedicó a criticar la opacidad en los contratos de obra pública, calificándolos de ser un “nido de corrupción” y el ejemplo perfecto de la relación dañina de los empresarios y los funcionarios de gobierno. No obstante, aseveró, esta administración ha sido una de las más opacas en ese rubro.
“El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se canceló por ser, supuestamente, una de las obras más corruptas de la historia y, sin embargo, tenía un portal que era uno de los ejercicios de transparencia más importantes que hemos tenido, con contratos visibles, modificaciones disponibles, avance de obras”, dijo. “Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía son quizá algunos de los proyectos más opacos de la historia, no conocemos casi nada al respecto”.
Por si fuera poco, y contrario a los dichos del presidente, las adjudicaciones directas se han vuelto la norma en los contratos públicos. En 2019, de acuerdo con MCCI, 139 mil 835 de ellos, equivalentes a 78.49 por ciento del total, se asignaron de manera directa. Se trata de la cifra más elevada en ese rubro desde 2011. En el caso de las licitaciones, consideradas por todos los especialistas como una de las formas más transparentes, aunque también con fallas, de asignar contratos, estas solo representaron poco más del 13 por ciento del total. El capítulo I del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 menciona textualmente la prohibición de las adjudicaciones directas por ser una conducta corrupta y frívola.
Campos añadió que uno los puntos más claros con la falta de compromiso con la transparencia de los contratos es el estado actual de CompraNet, la herramienta para conocer los contratos públicos realizados por el Estado. Desde hace años existe un diagnóstico para mejorar ese sitio y otras medidas para fortalecer la rendición de cuentas y la apertura de datos que realizaron México Evalúa, agencias de gobierno, el Banco Mundial, la OCDE y la iniciativa privada, aunque nadie en la administración actual se ha interesado en ello.
Con varios miles de millones de pesos en juego en contratos oficiales, Campos asegura que un gobierno que pretende ser el paladín contra la corrupción está en el camino contrario.
Incluso las iniciativas que pretendían fortalecer de alguna manera la transparencia se han quedado cortas o en el terreno de la simulación, aseveró la especialista. La Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada el año pasado, dijo, no tocó puntos importantes para evitar la corrupción a través de una mejor rendición de cuentas o mecanismos para abrir la información de las acciones del gobierno. De hecho, añadió, muchos de sus preceptos ya estaban contenidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haciendaria.
Hay algo adicional que preocupa a todos los especialistas de este artículo: la renuencia de los servidores públicos a dar la información y la línea que han adoptado en materia de apertura y rendición de cuentas. “Las respuestas que dan son las mismas que escuchábamos en 2001, cuando la transparencia comenzaba a ser un tema”, señaló Cancino de Inteligencia Pública y Justicia Cívica. “¿Por qué te tengo que dar esos datos? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Me vas a ‘golpear’? Esas eran cosas que pensábamos ya habíamos dejado atrás y ahora tenemos que volver a enderezar el camino”.
El presidente no piensa igual.
“Eso de que exista la transparencia, pues sí ya sabemos que es igual a la nada, es lamentable, muy lamentable que se destinen recursos a eso, porque no hay resultados, no hay beneficios”, dijo el mandatario en una conferencia matutina en julio.
fuente.-Gonzalo Soto/Bloomberg
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