EL "HUACHICOL CARRETERO y la PERMISIVIDAD PERNICIOSA del GOBIERNO FEDERAL"...otra estampita de la ausencia del estado de derecho.

La cuenta de Twitter de Caminos y Puentes Federales (Capufe) va informando a cada poco de las casetas de peaje secuestradas y de cómo van siendo liberadas en el curso de unas horas. “Se retiran los manifestantes en dir. Cuacnopalan… Continúa el cierre en dirección Oaxaca”. 

Es tanto como hacer un recuento en tiempo real del dinero que deja de ingresar el Estado mexicano por sus autopistas. O sea, pérdidas de millones de pesos que a saber dónde irán. Llega un grupo de personas, decide que por un espacio de tiempo esa caseta es suya y a recaudar. Así ha sido durante años y así sigue siendo, aunque ahora el Gobierno está mandando a la Guardia Nacional a poner orden en algunos de estos puestos. La toma de casetas ya tiene un nombre que la relaciona de forma inequívoca con el crimen organizado: el “huachicol carretero”. Lo dicen los afectados y lo repite el propio Andrés Manuel López Obrador.

La estampa a la que los mexicanos ya llevan años acostumbrados parece la misma, pero entre los que sufren directamente las consecuencias de estas extorsiones se extiende la idea de que los que ahora sacan partido ilegal a las casetas no tienen mucho que ver con aquellos que las tomaban antaño para visibilizar sus protestas: maestros, estudiantes, jornaleros, causas bien conocidas. “Ahora se agrupan para cometer un delito, no para reivindicar una causa, aunque se escuden tras el disfraz de una demanda social, no es más que una fachada”, critica Marco Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarias de Infraestructura Vial. “Se toman unas 20 casetas diarias, algunas lo están de forma permanente, en las vías federales calculamos pérdidas de más de 6.000 millones de pesos entre el año pasado y este”, añade.

La crisis del coronavirus no ha hecho más que incrementar esta práctica fraudulenta, dice Frías, porque se tiene más necesidad de hacerse con un dinero fácil, pero también porque en tiempos revueltos, la delincuencia se mueve con soltura. “Nos consta que hay grupos distintos liderados por la misma persona, son contextos económicos y de salud complicados y los están aprovechando”, añade el director de la asociación. Algunos acontecimientos recientes han puesto en guardia a las autoridades: hace un par de semanas, grupos armados se enfrentaron por el control de una caseta en Ecatepec, a una hora de la capital mexicana. Con el ruido, los medios de comunicación salieron a mirar y encontraron que la toma de casetas parecía en ocasiones custodiada por agentes de la Guardia Nacional, en lugar de perseguida por ellos.

El dinero en juego es suficiente para repartir. El presidente del Gobierno mostró el viernes pasado en su mañanera una diapositiva confusa, desordenada y de criterios desiguales titulada Prevención de Toma de Casetas CAPUFE, pero permitía, al menos, interpretar la cifra final: 7.922 millones de pesos que no se han ido al fraude, 202 millones más que 10 días antes. Lo llaman “prevención de pérdidas”, pero no explican en cuánto tiempo. Se entiende que son casetas liberadas por la policía donde se ha recaudado lo que de otro modo estaría perdido. Capufe no lo ha explicado. “Aquí ya no se permite la robadera, esto es como el huachicol y como muchas otras cosas, pero ya lo estamos tratamos constantemente”, dijo Andrés Manuel López Obrador, y enmarcó estas prácticas en la corrupción salvaje en que se ha movido el país: la gente se pregunta, “si roban arriba, ¿por qué nosotros no? Y así ocurría y a nadie le importaba”. Días antes, también cuestionado por este asunto, dijo a los manifestantes que buscaran otro trabajo, que estaban robando al pueblo.

Hay varias secretarías implicadas en atajar este problema, que cuenta con la colaboración a todos los niveles de Gobierno. La Guardia Nacional ha desarrollado operativos en Nayarit y otras vías puntuales para liberar casetas en las que se cobraba de forma obligatoria. Y los concesionarios aplauden la iniciativa, pero piden más “acción penal” para estos grupos, que se los trate también a los huachicoleros, es decir, como la delincuencia organizada que roba combustible de los ductos y de los camiones que lo transportan, un asunto al que el Gobierno de López Obrador ha tratado de poner freno. “La violencia en la toma de casetas ha escalado", dice Marco Frías. “Si nosotros mermamos nuestra capacidad de recaudar el Estado también merma nuestra aportación en impuestos, pierde todo el mundo”, afirma.

El reglamento por el que se rigen las concesiones del cobro en autopistas establece un “reequilibrio” para circunstancias muy concretas, por ejemplo, si ocurre un desastre natural y no se puede ofrecer el servicio. En esos casos el Estado recompensa las pérdidas, lo más común es que les amplíe el plazo que tienen otorgado para la explotación de las casetas, que suele ser de 30 años más otros 30 adicionales. Pero la toma de casetas, por más que en ocasiones es algo permanente, no está contemplado como un factor para reclamar medidas de reequilibro.Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron la caseta de Palo Blanco para pedir cooperación a los automovilistas y destinar ese recurso a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala FOTO: Dassaev Tellez /CUARTOSCURO

“El impacto económico de la toma de las casetas es modesto, las concesionarias no van a quebrar por eso. El reequilibro es para causas de fuerza mayor, pero esto es fortuito y es un riesgo que deben tomar las concesionarias. Siempre se han quejado, pero el Gobierno ha sido muy condescendiente con ellos, desde 2006. Tampoco hace falta modificar la ley porque lo que hacen ya es delito, solo hay que enviar a la Guardia Nacional”, dice el ingeniero Esteban Figueroa, que sabe bien de lo que habla, profesor en la UNAM y consultor durante años en Planeación de infraestructuras, financiera y técnica de la Secretaría de Comunicación y Transportes.

Figueroa coincide con Frías en que ahora los delincuentes se están disfrazando de causa social, y eso es lo primero que hay que determinar antes de proceder a una intervención policial. “Cuando la cuota que piden es obligatoria parece que lo que hay detrás es solo una recaudación de dinero, mientras que si lo que se solicita es una cooperación de cuantía voluntaria puede que sea para una causa honesta”, asegura. “Discriminando esas dos clases de toma de casetas se puede enviar a la policía”, dice Figueroa, “lo deberían haber hecho hace tiempo”. Frías confía en que las nuevas tecnologías permitirán también reducir estos fraudes, porque ya se habrá pagado antes de llegar a la caseta y no habría siquiera barreras que bajar o subir.

A falta de trenes, México está atravesado por 407.958 kilómetros de carreteras. La red federal es responsable de 50.590, la mayoría (40.000) libres de peaje. La estatal Capufe gestiona 3.760 kilómetros con cuota, según sus datos; el resto queda en manos de empresas concesionadas aunque en la Asociación de Concesionarias de Infraestructura vial afirman que esos 10.000 kilómetros se los reparten con Capufe en dos mitades prácticamente iguales.

La toma de casetas comenzó con fuerza en el sexenio pasado, aunque mucho antes diversos colectivos cortaban las vías para protestar. “Era muy práctico, se tomaba la caseta y se bajaba la pluma. Pero antes se bloqueaba, por ejemplo aprovechando el tráfico de vacaciones a Cancún, porque se trataba de hacer visible una protesta; no estará bien, pero era su forma de hacer presión. Ahora todo se ha pervertido, cobran y no bloquean”, dice el ingeniero Figueroa. Recuerda los noventa, cuando el trazado de las nuevas autopistas dividía comunidades enteras y “aquellas gentes tenían la percepción clara de una injusticia: unos se hacían ricos con la carretera para la que ellos habían cedido sus tierras sin que nadie, a cambio, solucionara sus acuciantes problemas". “Las tierras se las pagaron bien, aunque ellos no lo vean así”, asegura Figueroa, "pero había rencor social y ciertos inconvenientes para estos pueblos eran reales también”.

Fue en los noventa, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, prosigue Figueroa, cuando se modernizaron las vías existentes, recurriendo para su financiación al peaje. En cuatro años se hicieron 6.000 kilómetros con recursos público-privados. El Tratado de Libre Comercio firmado por entonces con Estados Unidos requería una infraestructura solvente para abaratar los costes logísticos y la geometría de aquellas carreteras que se hicieron en décadas anteriores, cuando de lo que se trataba era de conectar e integrar a la población, no lo permitía". Así nacieron los peajes y a la postre la toma de casetas. Siempre se miró para otro lado. “Se trató con mucha tolerancia porque todo aquello, como tantas cosas en este país, era una yesca, cualquier chispa podía incendiarlo todo”. Ahora las autoridades están tratando de apagarlo.

fuente.-Carmen Moran/Diario Español/