La licitación, compuesta por cuatro partidas, marcaba la búsqueda del INDEP por contratar empresas especializadas en seguridad privada que pudieran encargarse de la protección, vigilancia, monitoreo y supervisión de los bienes que están en custodia del Instituto: jets, helicópteros, terrenos, casas, locales comerciales, automóviles, motocicletas, joyas...
Las partidas tres y cuatro quedaron en manos de una vieja conocida: Adamantium Private Security Services, S. de R.L. de C.V., cuyo director general es Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario público y quien fuera uno de los hombres más cercanos al secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
El fallo de la licitación LA-006HKA001-E500-2019 ocurrió sólo tres días después de que García Luna fuera detenido en Dallas, Texas, acusado por el gobierno estadounidense de conspiración para tráfico de drogas y de realizar declaraciones falsas.
“García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de “El Chapo” Guzmán, mientras controlaba a la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”, declaró el fiscal del Distrito este de Nueva York, Richard P. Donoghue.
En total, el INDEP le otorgó dos contratos por un total de 348 millones de pesos a la empresa que comanda Cárdenas Palomino –actualmente perseguido por la justicia mexicana– para cuidar los bienes incautados a miembros de la delincuencia organizada.
Datos relevantes del contrato.
Sin embargo, días después, en el marco de la detención de García Luna y pese al fallo presenciado por el testigo social, Ing. Enrique Aurelio González Romero, ambos contratos fueron cedidos a otra empresa. Esta es la historia de los efímeros contratos que Adamantium Private Security Services obtuvo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
CUIDANDO LOS BIENES ROBADOS DEL PUEBLO
El 8 de noviembre de 2019, el todavía llamado Instituto de Administración de Bienes Activos –que antes se llamó Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y que en enero de 2020 se convirtió en el INDEP– publicó en Compranet los detalles de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-006HKA001-E500-2019 para contratar empresas que custodiaran los bienes incautados de miembros del crimen organizado.
En sus notas, el Ing. González Romero, testigo social de ese proceso, reporta que 14 días después, en el piso 11 de las oficinas de Insurgentes Sur 1931, se analizaron las propuestas económicas de 15 licitantes para las cuatro partidas que integran la licitación. Adamantium participó en las partidas tres y cuatro que corresponden a la zona C y la zona D del país.
Testigo social reconoce a Adamantium como ganadora.
En una sala de juntas ubicada en el piso 14 del mismo edificio, reporta el testigo social, se colocaron computadoras e impresoras a modo de consolidar así un centro de evaluación de las propuestas, mismo que fue dirigido por el Ing. Javier Calderón Calderón, Director Ejecutivo de Bienes Inmuebles. El análisis de las propuestas ocurrió entre el 25 de noviembre y el 12 de diciembre de aquel año y no hubo “aspecto que mencionar fuera de lo normal”.
Tras preguntar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –la misma dependencia que en el sexenio de Felipe Calderón fuera dirigida por Genaro García Luna– sobre todos los licitantes, su capacidad de operación y si tienen autorización oficial para brindar los servicios, se le dio visto bueno a 13 de las 15 empresas, entre ellos a Adamantium.
De esos 13, cuatro quedaron como finalistas y la empresa que dirige Cárdenas Palomino y que es filial de Grupo Salinas –propiedad del empresario que asesora a López Obrador, Ricardo Salinas Pliego– fue la ganadora de las partidas tres y cuatro para las zona C y D del país y están compuestas por los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y por el Estado de México; Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos y la Ciudad de México.
ADAMANTIUM, CÁRDENAS PALOMINO Y GARCÍA LUNA
Luis Cárdenas Palomino fue la mano derecha de García Luna durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. En los años 90 pasó por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y dirigió el primer grupo operativo del “Centro Nacional de Control de Drogas” de la Procuraduría General de la República (Hoy Fiscalía General de la República).
Luego llegó a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y en la administración de Vicente Fox se convirtió en el primer director general de Investigación Policial de la AFI, justo cuando García Luna asumió la titularidad de la Agencia.
Desde entonces se volvieron inseparables hasta llegar al punto clave: el montaje de diciembre de 2005, en el que el periodista Carlos Loret de Mola reportó en televisión nacional el supuesto rescate de un secuestro, presuntamente perpetrado por la ciudadana francesa Florence Cassez y su pareja sentimental, Israel Vallarta.
Genero García Luna, como titular de la AFI, señaló a Cassez y a Vallarta como integrantes de “Los Zodiacos”, una banda de secuestradores. Años después, en 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de Cassez, se supo que todo había sido un montaje creado por García Luna, con apoyo de Cárdenas Palomino.
Después, cuando Calderón llegó a la Presidencia, Cárdenas Palomino ocupó el cargo de director de seguridad regional de la Policía Federal, donde llegó a tener bajo su cargo a más de 35 mil agentes en todo el país. A la par, García Luna fungía como Secretario de Seguridad Pública.
Desde entonces, se especulaba que Cárdenas Palomino protegía las actividades del narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según reportó el semanario Proceso, luego de que el 25 de junio de 2012 ocurriera en el AICM una balacera entre policías federales que dejó como saldo la muerte de tres uniformados.
Con la transición gubernamental, la mano derecha de García Luna ingresó en enero de 2013 a la dirección de Adamantium, una empresa de Salinas Pliego especializada en seguridad privada y espionaje.
Con oficinas ubicadas en la calle de Luz Saviñón en la colonia Narvarte Poniente, ofrece servicios de guardias y custodios, monitoreo de alarmas, capacitaciones sobre uso de la fuerza y defensa policial.
Así fue que Adamantium se volvió una de las empresas privilegiadas con contratos en la administración de Enrique Peña Nieto para prestar servicios de seguridad en aeropuertos, estaciones de combustibles y puertos, entre ellos el de Manzanillo y Veracruz, este último puerto señalado por López Obrador como uno de los puntos clave del trasiego de drogas en el país, específicamente de fentanilo.
Tan sólo en el sexenio de Peña Nieto, Adamantium acumuló una bolsa de más de 500 millones de pesospor prestar servicios de seguridad al gobierno federal.
García Luna, mientras tanto, se estableció en Estados Unidos y creó dos empresas de consultoría sobre seguridad, la más reconocida y fundada cuatro días después de terminar su cargo en el gobierno mexicano: GL & Associates Consulting.
Una investigación de Reporte Índigo, publicada en 2014, reveló que esta empresa y otra, propiedad de Mauricio Samuel Weinberg, ICIT Private Security México, S.A. de C.V., compartían dirección y números de teléfono y ambas ofrecían los mismos servicios: atención a crisis de seguridad, rescates de secuestros o la creación de unidades de seguridad.
Hasta que el 10 de diciembre de 2019 el gobierno estadounidense detuvo al exsecretario de seguridad pública de Felipe Calderon. A la par, algunos de sus allegados, incluido Cárdenas Palomino, comenzaron a estar en la mira del gobierno de AMLO.
Fallo del contrato.
CUENTAS CONGELADAS Y UN BREVÍSIMO CONTRATO
El 13 de diciembre de 2019, tres días después de que Genero García Luna fuera detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos de Joaquín Guzmán Loera, considerado el líder del Cártel de Sinaloa, Adamantium fue elegida como el mejor postor del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Dos contratos deberían ser firmados los próximos días para cerrar el acuerdo. El primero por un monto de 137 millones y el segundo por casi 211 millones. Sin embargo, algo se cruzó en el camino.
El 14 de diciembre, durante la participación de la ceremonia por el 11 aniversario del Servicio de Protección Federal, el presidente López Obrador ordenó investigar a todo funcionario activo que haya trabajado para García Luna y despedirlos. “Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, ineficientes”, señaló.
El mandatario agregó que había girado instrucciones para que una exhaustiva revisión dentro del gobierno mexicano para ubicar a los cercanos de García Luna que se mantuvieron con Calderón, Peña Nieto y aún conservan un cargo. “¡Para afuera! ¡Para afuera!”, amenazó. Además, habló sobre actos de corrupción a través de contratos públicos.
A la par, se especulaba que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, estaba ya analizando abrir una investigación contra García Luna en México y que había congelado 11 cuentas de personas cercanas al exfuncionario.
Días después, el 17 de diciembre, en el edificio de Insurgentes Sur, debía ocurrir la firma de los dos contratos otorgados a Adamantium, dirigida por Cárdenas Palomino.
La versión del testigo social, Ing. González Romero, da cuenta de que la empresa Adamantium Private Security Services, S. de R.L. de C.V. no se presentó a la firma del contrato y que, se le informó, los representantes habían enviado un escrito dos días después manifestando su desacuerdo por el monto establecido en los contratos y asentados en el acta de fallo. El testigo social, sin embargo, no declara haber visto dicha carta.
Reporte de no presentación a la firma.
En CompraNet es posible observar dos documentos que contienen los datos generales de los contratos otorgados a Adamantium, que tenían vigencia del 14 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2022, sin embargo, la información se actualizó el 6 y el 28 de enero de 2020 modificando la vigencia y el nombre del contratista.
Adamantium se quedó sin contratos y ambos fueron entregados, con los mismos montos, a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V.
Coincidentemente, el mismo día que Adamantium debía firmar los contratos con el INDEP, Santiago Nieto hizo público que había ordenado congelar todas las cuentas de Cárdenas Palomino, por considerarse uno de los cinco exfuncionarios vinculados a García Luna.
Así fue que la empresa dirigida por la mano derecha de García Luna tuvo y perdió en días su primer contrato con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Esta revista digital solicitó la versión de lo ocurrido al INDEP y a Adamantium sin que hasta la publicación de este reportaje se haya dado respuesta.
ENTRE EL INDEP Y LA ORDEN DE APREHENSIÓN
Los caminos del INDEP y de Cárdenas Palomino que coincidieron brevemente en diciembre de 2019 se separarían meses después.
Actualmente el INDEP vive una reestructuración interna, a causa de la renuncia de Jaime Cárdenas, luego de más de tres meses liderando el instituto. Antes, había renunciado Ricardo Rodríguez Vargas, quien era director cuando se otorgó el contrato a Adamantium.
Jaime Cárdenas, por medio de una carta de renuncia, el 22 de septiembre señaló las irregularidades internas del instituto, cuyo director actual es Ernesto Prieto (quien llegó de Lotería Nacional). Entre las cosas que denunció estaban irregularidades administrativas en el otorgamiento de contratos.
Como mera coincidencia, el 24 de septiembre, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, director general de Adamantium y excolaborador cercano de García Luna, por golpear y torturar a cuatro supuestos integrantes de la banda de secuestradores “Los Zodiaco” el 27 de abril de 2012.
La orden de captura es por considerársele instigador y autor material del delito de tortura por la detención de Mario Vallarta Cisneros –hermano de Israel Vallarta, expareja de Cassez– y Sergio Cortéz Vallarta –sobrino de Israel– y obligarlos a firmar declaraciones falsas en las que aceptaban que eran integrantes de “Los Zodiaco”.
La Fiscalía General de la República señaló que las víctimas de Cárdenas Palomino fueron amenazadas, golpeadas y torturadas con bolsas –para provocar asfixia– y toques eléctricos.
Fuente.-@alecrail/
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