La figura punitiva de prisión preventiva oficiosa es una regresión en el sistema de justicia, ya que violenta la presunción de inocencia y el debido proceso. Por ello, el senador Emilio Álvarez Icaza presentó una iniciativa que busca eliminarla de la Constitución.
El legislador opinó que con esta figura jurídica se apela a “concepciones autoritarias y retrogradas” que van en contra de un modelo democrático de seguridad. Que, incluso, la reforma en esta materia provocó “una colisión de derechos en consistencia con lo que establece la Constitución y los instrumentos internacionales que México ha ratificado”.
Álvarez Icaza consideró que “el problema” en el sistema de justicia es la falta de capacidad en el actuar de quienes operan la justicia, como el personal de los ministerios públicos, peritos, policías, y no en la apuesta de aplicar de manera generalizada la prisión preventiva oficiosa, ni con “el endurecimiento de las penas como medida para contener la inseguridad”.
Es por eso que el senador independiente sugirió devolver al Poder Judicial la posibilidad de valorar individualmente cada caso. De este modo se consolidaría el sistema de justicia penal acusatorio y garantista, “para contribuir a la independencia judicial. Por lo que es indispensable retomar la naturaleza procesal de la medida cautelar, sin atentar contra los derechos a la libertad ni a la integridad personal”.
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