Las redes de empresas fantasma que facilitan el saqueo de recursos públicos a nivel nacional, utilizando como supuestos socios a personas de colonias populares que desconocen su existencia, están cada vez más arraigadas en México y Nuevo León.
Un ejemplo de ello son los fondos del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft), que durante el sexenio del priista Enrique Peña fue "ordeñado" por empresas fantasma que acapararon, tan sólo en Nuevo León, más de 150 millones de pesos.
La operación incluyó compañías recién creadas, con prestanombres involuntarios, algunas que desaparecieron una vez que recibieron los apoyos y otras que figuran en las listas de empresas sospechosas del SAT.
Del 2013 al 2018, el Prosoft repartió 3 mil 318.2 millones de pesos en 29 entidades de la República, incluyendo a personas físicas y morales, ya sea públicas o privadas.
En Nuevo León se distribuyeron un total de 337.9 millones de pesos durante todo el sexenio, entre 122 empresas, 13 personas físicas y 14 asociaciones civiles e instituciones educativas, según listados obtenidos por EL NORTE.
Varios de los prestanombres resultaron vecinos de sectores populares de Nuevo León, como Valle Verde, Ciudad Solidaridad y Moderna, en Monterrey; Metroplex, en Apodaca, y Santa Martha, en Escobedo, quienes no sabían que figuran como "accionistas" o representantes de las compañías.
Ayer EL NORTE publicó que el SAT investiga por defraudación fiscal y lavado de dinero a una red de al menos 45 empresas fantasma que fueron usadas por cabecillas de los Zetas en Nuevo León, así como la Administración de Peña y varios Gobiernos estatales.
Una de las "socias" de una de las empresas fantasma investigadas es Irene, una vecina de la popular Colonia Valle Verde de la tercera edad cuyo nombre fue utilizado en una compañía que ella no conoce.
El nombre de Irene, de 76 años de edad, aparece también en otra empresa inexistente que resultó beneficiada por el Prosoft.
En Nuevo León, de acuerdo con una investigación realizada por EL NORTE, existen al menos ocho redes de sociedades anónimas que acapararon 152.8 millones de pesos, equivalentes al 45 por ciento del total.
La más grande de esas redes incluye a 33 compañías que se van entrelazando unas con otras por medio de sus socios, representantes, apoderados, comisarios, y familiares.
En otros casos se trata de grupos de entre dos y 11 firmas.
Entre las empresas fantasma hay 13 que fueron liquidadas o disueltas después de la autorización de apoyos.
Por ejemplo, SP Sultana se creó en el 2015, recibió 2.4 millones de pesos del Prosoft en el 2016 y ese mismo año fue disuelta.
FG Tecnología en Sistemas Avanzados y Vital Redes y Telecomunicaciones figuraron respectivamente con 1.4 y 1.3 millones de pesos en el 2015 y desaparecieron al año siguiente.
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