"GUACHITO de AYOTZINAPA se HIZO TESTIGO PROTEGIDO y YA EMPINO a MANDOS del EJERCITO TRAFICANDO DROGA por AUTOBUSES"...y en "modo calculado",el gobierno busca librarlos.

Ayotzinapa es un caso conflictivo en Palacio Nacional. No es algo nuevo. Ya desde la campaña del 2018 era un tema que Andrés Manuel López Obrador prefería evitar hablar en detalle. Ayer el presidente reiteró lo que había dicho el sábado en el acto por los 6 años de la Noche de Iguala, que habría detenciones a integrantes del Ejército, aunque en la Fiscalía General deslizan que estas se centraran en soldados y a lo sumo algunos capitanes directamente involucrados en la desaparición de los normalistas.

Ni el ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ni nadie de su entorno deberá afrontar consecuencias. Un modo calculado de evitar conflictos de envergadura con los militares, que tienen un rol de gran preponderancia en la 4T.

Las historias que cuentan algunos de los primeros arrestados, ya convertidos en testigos protegidos, hablan de una organización delictiva integrada por altos oficiales y que monitoreaba el envío de droga desde Guerrero hasta Estados Unidos, concretamente la ciudad de Chicago.

Según esas declaraciones, esos traslados se realizaban mediante autobuses que tenían la vía libre asegurada por el Ejército hasta el país vecino. En la noche de Iguala los normalistas tomaron uno de estos transportes en cuestión, sin saber su carga real y, según dirán los flamantes testigos, sellaron su destino.

EJERCITO SALPICADO:

"ESTRELLA de ORO 1531",el AUTOBUS que el ESTADO quiso "DESAPARECER".

Esta trama en parte guía la pesquisa del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero solo abarca a un grupo de soldados que intervinieron en la desaparición. La investigación no llegaría hasta la cúpula militar.

De momento, Gertz enarbola un discurso muy similar al del sexenio anterior: la desaparición de los normalistas se debió a un cruce de fuego entre bandas criminales.  Los nuevos testigos podrían aportar un nuevo giro aunque de magnitud muy controlada.

Ayotzinapa no es el único affaire de los militares en la pasada administración que el Gobierno actual evita promover. En la ASF hay una investigación sobre compras supuestamente irregulares de la que muy poco se dice. No hay tampoco demasiada urgencia en capturar al general desaparecido León Trawuitz, acusado de huachicoleo. Y casi nada se ha dicho del rol de la Sedena en el caso de espionaje ilegal Pegasus.

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