El Ejecutivo federal publicó el Jueves la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio que causó críticas de la Oposición al considerar que la redacción de las nuevas disposiciones podría afectar a personas inocentes con la pérdida de su patrimonio.
La ley crea el Gabinete Social de la Presidencia, comandado por el jefe del Ejecutivo e integrado por cinco secretarios de Estado, los directores del IMSS e ISSSTE y otros funcionarios.
La reforma también sustituye al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por un Instituto, que no se llamará "Para Devolver lo Robado", como ha mencionado el Presidente López Obrador, sino Instituto de Administración de Bienes y Activos.
El Gabinete Social será "la instancia colegiada de formulación y asignación de transferencias de los bienes a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución, así como bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales federales".
Dicho Gabinete podrá usar lo obtenido por extinción para pagar programas sociales o repartir fondos a estados y municipios, según considere.
También está prevista la "venta anticipada" de los bienes, es decir, se podrán rematar antes de que se dicte sentencia declarando la extinción. El Gobierno tendrá que devolver el dinero si, eventualmente, pierde el juicio.
La ley crea el Gabinete Social de la Presidencia, comandado por el jefe del Ejecutivo e integrado por cinco secretarios de Estado, los directores del IMSS e ISSSTE y otros funcionarios.
La reforma también sustituye al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por un Instituto, que no se llamará "Para Devolver lo Robado", como ha mencionado el Presidente López Obrador, sino Instituto de Administración de Bienes y Activos.
El Gabinete Social será "la instancia colegiada de formulación y asignación de transferencias de los bienes a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución, así como bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales federales".
Dicho Gabinete podrá usar lo obtenido por extinción para pagar programas sociales o repartir fondos a estados y municipios, según considere.
También está prevista la "venta anticipada" de los bienes, es decir, se podrán rematar antes de que se dicte sentencia declarando la extinción. El Gobierno tendrá que devolver el dinero si, eventualmente, pierde el juicio.
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