Una Corte federal en Estados Unidos anuló la sentencia de muerte dictada en contra del nacional mexicano Carlos Avena Guillén, impuesta en 1982, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La cancillería explicó que el abogado de Carlos Avena fue deficiente en la fase de sanción de su juicio, al no presentar pruebas de mitigación suficientes ni contrarrestar las pruebas agravantes presentadas por el Estado.
En este contexto, el jueves pasado, la corte de apelaciones del noveno circuito, en California -que anuló la pena- se centró en que el abogado no llevó a cabo ninguna investigación para informar sus decisiones sobre qué evidencia presentar durante dicha fase de sanción.
Ahora, si el estado de California así lo decide, tendrá la oportunidad de volver a juzgar al señor Avena Guillén en una nueva fase de sanción. Sin embargo, ya no enfrenta la pena de muerte.
Para la SRE lo anterior resulta un logro importante, pues las cortes estadunidenses rechazan rutinariamente las solicitudes que argumentan asistencia legal ineficaz cuando el delito es considerado como grave.
Avena Guillén fue acusado y sentenciado por, supuestamente, asesinar a dos personas en un intento de robo. Fue capturado por la policía de Los Ángeles en 1981 y sentenciado un año después, en un juicio que presentó irregularidades.
Entre ellas, la falta de notificación consular y que confesara ser culpable del crimen del que se le acusaba al ser interrogado en inglés sin que tuviera conocimiento pleno de dicha lengua.
Este asunto forma parte del llamado “Caso Avena”; una demanda que presentó en en 2003 el Gobierno de México contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de las Naciones Unidas, la cual incluía a 51 nacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte en el país vecino del norte.
En 2004 la CIJ resolvió que la Unión Americana violó el derecho a la notificación y asistencia consular del medio centenar de mexicanos sentenciados, lo cual constituyó una falta grave en perjuicio de su derecho al debido proceso legal.
La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que este caso trascendió a nivel internacional y fue la base de un asunto similar entre Pakistán e India.
La oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard concluyó que “el Gobierno de México reitera su postura en contra de la pena de muerte, por considerarla una pena cruel e inusual, que atenta contra la dignidad humana. Asimismo, refrenda su compromiso de proteger los derechos de todos los mexicanos en el exterior, cualesquiera que sean las circunstancias”.
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