Después de la violencia desatada en Matamoros tras la captura de Axel Alfredo Cárdenas, la discusión no debería agotarse en cuántos bloqueos se retiraron ni en cuánto puede desgastarse la imagen del gobernador de Morena Américo Villarreal o la del alcalde «Escorpión» Alberto “Beto” Granados. Para las víctimas y sus familias, el daño no es una caída en las encuestas: es una pérdida irreparable. Para los gobernantes, tendría que representar algo más incómodo que una crisis de comunicación: la obligación de explicar qué estructura permite al crimen organizado interrumpir la vida de una ciudad.
La pregunta de fondo tampoco es únicamente si Granados merece otro periodo. Es si las autoridades están dispuestas a investigar las posibles redes de protección política del grupo criminal, aunque las diligencias terminen tocando al Ayuntamiento, al gobierno de Américo Villarreal o a operadores del partido gobernante.
Porque una cosa es capturar a un presunto integrante del cártel y otra investigar el sistema que lo sostiene. Para lo primero puede bastar un operativo; para lo segundo hace falta que la voluntad no se termine donde empieza el poder.
Los votos no son un certificado de inocencia; los señalamientos tampoco son una sentencia
Granados ganó holgadamente en 2024: la suma de los votos del PT, el PVEM, Morena y sus combinaciones arroja 127,891 sufragios, frente a los 55,045 de la candidatura del PAN y el PRI.
Pero una victoria electoral no absuelve de responsabilidades que pudieran acreditarse después. El respaldo ciudadano no es una póliza contra investigaciones penales.
Los señalamientos que hemos documentado sobre de la estructura de “El Contador” a las campañas de Américo Villarreal y de Granados deben ser esclarecidos no solapados por calculo politico y sumados a la cuenta que ya tienen el gobernador y el alcalde en EE.UU.
tratarse como líneas por esclarecer, no como hechos judicialmente establecidos. Lo mismo corresponde a la versión de que el alcalde habría intervenido en la supervisión de una medida cautelar del capo: antes de proclamar la complicidad, hay que exhibir la resolución, identificar quién fue designado, precisar sus obligaciones y documentar qué hizo o dejó de hacer.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ofrece una ruta bastante menos decorativa que la fotografía del detenido.
Su artículo 11 permite investigar las estructuras de organización, las formas de operación, los ámbitos de actuación y la identidad de sus integrantes; incluye también a las personas morales utilizadas para realizar sus fines delictivos. Es decir: la investigación puede seguir hacia empresas, operadores y mecanismos de funcionamiento. No tiene por qué quedarse estacionada junto al vehículo asegurado.
Los artículos 9 y 10 contemplan coordinación con Hacienda para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita y auditorías bajo los supuestos previstos en la ley. Seguir las transferencias, identificar beneficiarios y contrastar patrimonios no es una ocurrencia editorial: existen instrumentos legales para hacerlo.
Además, el artículo 2o. Ter sanciona, bajo sus condiciones específicas, la participación intencional y activa en actividades que contribuyan a los fines de la organización, con conocimiento de su finalidad y actividad delictiva general. La cuestión no es únicamente quién disparó, sino quién contribuyó conscientemente a que la estructura funcionara.
Artículo 2o. Ter.- También se sancionará con las penas contenidas en el artículo 4o. de esta Ley a quien a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza cuando conozca que con su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva.
Eso exige individualizar conductas. No basta con decir “todos estaban enterados”. Hay que establecer quién avisó de un operativo, quién entregó recursos, quién facilitó una operación o quién utilizó sus atribuciones para beneficiar al grupo, si eso ocurrió.
La diferencia entre una acusación estridente y una investigación sólida está precisamente ahí: en demostrar los verbos, no solamente amontonar los apellidos.
¿Y si a Axel le plantearan una colaboración eficaz?
Esa es la pregunta que merece entrar a la discusión pública: ¿se explorará legalmente si Axel Cárdenas puede aportar información comprobable sobre la estructura criminal y sus posibles protectores?
No se trata de prometerle libertad a cambio de que pronuncie el nombre políticamente conveniente. Se trata de valorar, con su defensa y conforme a sus imputaciones y etapa procesal, si puede aportar información útil para perseguir responsabilidades mayores.
El artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla beneficios por colaboración eficaz. Su fracción III permite una reducción de hasta la mitad de la pena cuando, durante el proceso, el imputado aporte pruebas ciertas y suficientes para sentenciar a otros miembros de la organización con funciones de administración, dirección o supervisión. No premia la simple delación: exige una aportación probatoria con las características que establece la norma.
Por otra vía, el artículo 256, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales permite considerar un criterio de oportunidad cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para perseguir un delito más grave que el que se le atribuye y se comprometa a comparecer en juicio. Su aplicación está sujeta a los demás requisitos y exclusiones del artículo. No significa que cualquier nombre de mayor rango político habilite el beneficio: la gravedad debe ser jurídica, no mediática.
No son mecanismos intercambiables ni un derecho automático del detenido. Pero sí desmienten la idea de que el Estado carece de herramientas para obtener cooperación y utilizarla contra una estructura más amplia.
“Que hable” puede ser una exigencia política. “Que aporte información verificable y jurídicamente aprovechable” debe ser el objetivo de la fiscalía.
Nombres, fechas, dinero y pruebas: no un concurso de acusaciones
Una colaboración seria tendría que precisar quién se reunió con quién, cuándo, dónde, para qué y con qué consecuencias. Si hubo aportaciones ilegales, quién las entregó y quién las recibió. Si hubo protección institucional, mediante qué actos. Si hubo intervención electoral criminal, cómo operó y qué registros permiten acreditarla.
Después habría que contrastar esas afirmaciones con comunicaciones obtenidas legalmente, documentos, movimientos financieros, testimonios independientes y demás elementos pertinentes.
Porque un imputado que busca beneficios tiene incentivos para hablar, pero también podría tenerlos para exagerar, ajustar cuentas o desviar responsabilidades. La fiscalía no debe convertirse en su oficina de transcripción. Y la presunción de inocencia sigue vigente para cada persona señalada, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
También habría que proteger a quien aporte información cuando corresponda: el artículo 34 de la ley contra la delincuencia organizada dispone apoyo y protección suficientes por parte de la FGR para quienes lo requieran por su intervención en estos procedimientos. Colaboración y protección tienen condiciones propias; ninguna debería improvisarse después de que aparezca el primer nombre incómodo.
El propósito no sería lavar la biografía del detenido. Sería impedir que la eventual responsabilidad de uno sirva de cortina para las responsabilidades de otros.
Si la evidencia sube al gobierno, la investigación no debe bajar la mirada
En ese escenario, ni Granados ni Américo Villarreal tendrían por qué ser considerados culpables por anticipado. Pero tampoco deberían quedar excluidos de una investigación por el cargo que ocupan o por el partido al que pertenecen.
La propia ley contempla una consecuencia agravada cuando participa un servidor público: el artículo 5o., fracción I, establece el aumento de hasta una mitad de las penas del artículo 4o., además de destitución e inhabilitación. El nombramiento no es una atenuante de cortesía.
El límite real podría no estar en la ley, sino en quién resulte señalado
Aquí está el punto políticamente más incómodo: una colaboración de Axel podría ser celebrada mientras sirviera para identificar rivales criminales. La prueba de voluntad llegaría si aportara datos verificables sobre posibles beneficiarios o protectores dentro del poder en turno.
Entonces sabríamos si se busca desmantelar una estructura o administrar el alcance de sus revelaciones.
Pero hay una sospecha que debe formularse con toda su fuerza: ¿habría el mismo entusiasmo por escuchar al detenido si sus respuestas comprometieran a quienes hoy gobiernan?
La autoridad tendría que despejarla con diligencias, corroboraciones y resultados sujetos a los límites legales de publicidad; no con el acostumbrado “no hay impunidad”, esa frase que resulta tan económica cuando no viene acompañada de expedientes.
Porque si la colaboración solamente interesa mientras acusa hacia afuera, no se está buscando toda la verdad: se está seleccionando la parte políticamente soportable.
Matamoros no necesita que le expliquen otra vez lo importante que fue la captura. Necesita saber si habrá una investigación capaz de cruzar la frontera que de verdad importa: la que separa al delincuente exhibido del poder que lo mantenía protegido en nombre de los arreglos con su padre, el verdadero capo.
Con información: LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA/ CNPP/ medios/redes/
