“ADUANAS MILITARES DISTRAÍDA$: HUACHICOL de DIÉSEL con ACENTO GRINGO se DISPARA 520% y ALCANZA 3.1 MILLONES de BARRILES de CONTRABANDO”… algo pasa para que eso pase y no deje de pasar.

El huachicol fiscal de diésel procedente de Estados Unidos se puso particularmente aplicado en junio: alcanzó 3.1 millones de barriles, un salto de 520 por ciento frente a los cerca de 500 mil barriles registrados en enero, según un análisis del Observatorio Ciudadano de la Energía.

Traducido al idioma de las aduanas distraídas: durante junio habrían entrado al país unos 102 mil barriles diarios de diésel de contrabando. No por arte de magia ni por un error de captura, sino a través de una red que aprovecha la brecha entre lo que Estados Unidos registra como exportación y lo que México admite oficialmente como importación.

El estudio, elaborado por Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio, estima que el huachicol fiscal ya abastece 16 por ciento de la demanda nacional de diésel. En 2021 llegó a representar 26 por ciento: prácticamente uno de cada cuatro litros circulando por la economía con una relación creativa con el fisco.

Y el cálculo todavía se queda corto. Las estimaciones se concentran en el combustible que entra desde Estados Unidos y no incorporan el contrabando originado en otros países. Canadá, por ejemplo, también aparece en el radar: investigaciones del FBI han señalado que parte del diésel introducido ilegalmente a México provino de ese país. La internacionalización del negocio, pues: tratado comercial para unos, ducto fiscal alterno para otros.

Barnés de Castro sostiene que, en los últimos tres años, aproximadamente 25 por ciento del diésel estadounidense que llegó a México ingresó de manera clandestina. Mientras tanto, el consumo aparente nacional promedió 498 mil barriles diarios durante el primer semestre de 2026.

La combinación de producción de Pemex, importaciones legales y combustible con papeles más flexibles ha permitido cubrir la demanda interna. La dependencia total respecto de Estados Unidos bajó de 70 por ciento en 2021 a un promedio de 44 por ciento en el primer semestre de 2026, una reducción atribuida al aumento de la producción nacional y a la operación de Dos Bocas.

Es decir: México presume menos dependencia energética de Washington, pero una parte relevante del diésel sigue cruzando la frontera por la puerta de atrás.

Con información: ELNORTE/

“CARMONA MURIÓ, NEGOCIO NO: FIGURÍN de MORAL PUTRIDA NOMBRÓ PRESIDENTE de JUNTA de CONCILIACIÓN a CUÑADO de VIUDA del REY del HUACHICOL”… y la CRE le otorgó permisos petrolíferos hasta 2052.

En Tamaulipas, la muerte de Sergio Carmona Angulo no significó que el negocio se apagara. Ni siquiera que le bajaran a la cortina. Más bien ocurrió el viejo milagro empresarial mexicano: cuando el dueño cae, la razón social se sacude el polvo, mueve acciones, cambia de administrador y sigue despachando combustible como si el escándalo fuera parte del mobiliario.

Grupo Gasolinero S-91 fue constituido en 2020 por Perla Sharaza McDonald Sánchez —viuda de Carmona— y Alejandro Angulo García, primo del empresario. Su objeto social era claro y nada poético: comercializar gasolina, diésel y lubricantes de Pemex, además de operar en una amplia gama de negocios vinculados con transporte, maquinaria, suministros y comercio.

Luego vino la coreografía de las “cuestiones personales”. En agosto de 2021, McDonald Sánchez vendió sus acciones; después del asesinato de Carmona, y en medio de investigaciones de la Fiscalía tamaulipeca de Cabeza de Vaca contra personas de su círculo, incluido Américo Villarreal,destacados cuadros de Morena y hasta su familia, la empresa volvió a modificar su estructura. 

En mayo de 2022, Alejandro Angulo y Alma Rosa Saldívar transmitieron acciones a Jesús Elías Reyna de Anda y a Héctor Raúl Ulloa Velasco , identificado por EMEEQUIS como familiar de la viuda de Sergio Carmona. 

Meses después, Américo Villarreal —ya como gobernador de Morena, y no como candidato patrocinado por el dinero del trafico “huachicol”— nombró a Ulloa presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 4, en Reynosa,donde ha sido acusado de favorecer otros intereses e incluso ha sido señalado de amedrentar y ente cercano a la Senadora de Morena Olga Sosa,implicada también en la trama del huachicol. 

Es decir: no hubo funeral corporativo; hubo relevo familiar y administrativo. Y para que nadie se confundiera sobre las responsabilidades del pasado, el acta citada por el medio incluyó un deslinde expreso de los socios salientes frente a obligaciones civiles, fiscales, penales y laborales de la compañía. En la política y los negocios de Tamaulipas, hasta el olvido parece protocolizado ante notario. 

La empresa, además, no quedó suspendida en el limbo. La Comisión Reguladora de Energía otorgó a Grupo Gasolinero S-91 dos permisos para expendio de petrolíferos, ambos con vigencia de 30 años —hasta septiembre de 2052— y con inversiones proyectadas por alrededor de 10.15 y 14.85 millones de pesos. O sea, el horizonte del negocio quedó garantizado hasta que medio estado haya cambiado de partido tres o cuatro veces. 

El vínculo con Américo

En 2022 se difundieron bitácoras de vuelos sufragados por Sergio Carmona en las que aparecía Villarreal, entonces candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, junto con Mario Delgado,hoy Secretario de Educación Federal entre muchos otros.

Dicho sin maquillaje: Américo Villarreal no aparece en la documentación citada como accionista de S-91, pero su nombre sí quedó salpicado por el debate público sobre los vuelos asociados a Carmona y el patrocinio de su campaña con dinero del contrabando de combustibles. 

Y mientras ese expediente político sigue oliendo a combustible, la empresa creada por la viuda del llamado “Rey del Huachicol” conserva permisos para operar hasta 2052 y un amplio repertorio de cómplices en el gabinete de Tamaulipas.

Con información: EMEEQUIS/

«PENAL NUEVO, VIEJA TENTACIÓN: PRIMO de AMÉRICO que ENTREGÓ CONTRATO a NARCO BUSCA ENTREGAR a EMPRESA PRIVADA la ADMINISTRACIÓN de NUEVO RECLUSORIO»… al estilo García Luna.

El nuevo Cedes Victoria todavía no tiene definido su esquema financiero, pero ya asoma una idea que Tamaulipas haría bien en examinar con lupa: entregar a una empresa privada la administración y el mantenimiento del penal mediante una asociación público-privada. La alimentación, los talleres y el vestido de las personas presas también quedarían del lado empresarial; la seguridad y la custodia seguirían a cargo del Estado. 

Según Pedro Cepeda Anaya,el primo del Gobernador de Morena Américo Villarreal Anaya,que aun finge de secretario de Obras Públicas, el gobierno aportaría 50% del costo de la obra.

La fórmula merece una pregunta incómoda: ¿cuánto terminará pagando el contribuyente, durante cuántos años y por cuáles servicios, aunque el penal no esté lleno? 

No es una ocurrencia alarmista. Durante la gestión federal de Genaro García Luna se firmaron ocho contratos de prestación de servicios para penales federales cuyo costo global, antes de renegociarse, ascendía a 276 mil 619 millones de pesos. 

El gobierno federal informó que se pagaba el monto mensual completo sin importar la ocupación; los contratos fijaban costos diarios de entre 2 mil 600 y 6 mil 600 pesos por persona privada de la libertad. Una cárcel medio vacía podía facturarse como llena. Negocio redondo para quien cobraba; no tanto para quien ponía los impuestos. 

Conviene ser puntillosos: el proyecto de Victoria no es, por ese solo hecho, el esquema de García Luna. Aún no se conocen sus cláusulas definitivas ni se ha demostrado un desvío en este proyecto. 

Pero el antecedente sí obliga a preguntar antes de firmar, no cuando llegue la factura. García Luna cumple una condena de 460 meses de prisión en Estados Unidos por ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. 

Por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera atribuyó a una red auspiciada por él la extracción de 745.9 millones de dólares mediante contratos con distintas instituciones de seguridad pública. 

Tamaulipas, además, llega a esta discusión con un problema propio de confianza en sus contrataciones. Una investigación de Artículo 7señaló que JF Konstruyendo y Megamax, empresas que vinculó con José Francisco Mendoza Gómez y su pareja, recibieron contratos estatales por aproximadamente 68 millones de pesos. 

Mendoza Gómez fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de narcotráfico. El propio Cepeda Anaya reconoció contratos con Megamax, aunque habló de unos 27 millones de pesos y seis contratos; negó, en cambio, el vínculo atribuido a JF Konstruyendo con Mendoza Gómez. Hay una denuncia periodística y una parte reconocida por el funcionario, pero también una discrepancia que no debe borrarse a conveniencia.

Antes de que la palabra «APP» sirva para envolver la operación en papel brillante, el gobierno de Villarreal debería publicar la propuesta completa, el plazo de los pagos, la fórmula de actualización, los riesgos que asumirá el Estado, los criterios para elegir a la empresa y las verificaciones sobre sus beneficiarios reales. 

No se trata de prohibir por reflejo la participación privada. Se trata de impedir que, dentro de unos años, Tamaulipas descubra que compró una prisión a plazos y regaló la calculadora.

Con información: HoyTamaulipas/

“¿QUÉ IMPORTA el COLOR? CAMBIEN de MAÑAS: INE OPTA por UNIFORME GRIS, pero BORRAN CONTRATO con ESPOSA de LA CHISPA del CÁRTEL del GOLFO»… y tambien lo hizo en Matamoros.

El Instituto Nacional Electoral (INE) pasó del rosa al lila y del lila al gris en cuestión de días, con el discurso de la “neutralidad” por delante. Pero la ironía se vuelve más grave si, al mismo tiempo, documentos oficiales muestran que la junta distrital 02 de Reynosa adjudicó en 2025 un contrato de limpieza a Ana María Juárez Hernández —identificada en el acta como CABIEXM—, esposa de Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, reconocido lugarteniente del Cartel del Golfo cercano a Morena y el gobernador Americo Villareral Anaya.

El acta de adjudicación que dolosamente fue borrada del enlacepublicado, registra la operación por $304,000 antes de IVA y $328,320 IVA incluido. 

Aunque otro documento en PDF de la 04 Junta Distrital de Matamoros en 2023 ,registra a la misma proveedora,Ana Maria Juarez Hernández en otra propuesta al mismo instituto electoral ,con ofertas comparadas y montos. 

Del lila al gris: el INE se cambia de color más rápido de lo que aclara sus contratos incómodos

Al INE le bastaron unos cuantos días para descubrir que el lila ya no era tan neutral, tan imparcial ni tan institucional como les vendieron el manual recién estrenado. Después de abandonar el rosa mexicano —porque otro partido ya se lo había apropiado—, el árbitro electoral se pintó de lila, recibió una tormenta de críticas y ahora decidió vestirse de gris con beige: la paleta oficial de quien quiere pasar desapercibido después de que lo cacharon estrenando uniforme.

La Junta General Ejecutiva determinó que el gris será el tono dominante, acompañado de beige, blanco y negro, mientras desaparecen el lila, el violeta y todas las gamas de azul. El argumento es casi poético: evitar confusiones con gobiernos y partidos políticos y proyectar “neutralidad” e “imparcialidad”. El problema es que la neutralidad no se imprime en una lona ni se plancha en un chaleco: se acredita con decisiones transparentes, expedientes completos y explicaciones que resistan una revisión pública. El cambio fue aprobado apenas dos semanas después de que el instituto sustituyera su histórico rosa por el lila. 

Porque mientras el INE debate si el beige comunica mejor la autonomía que el morado, en Reynosa existe un documento que merece bastante más atención que la combinación cromática de la papelería. 

El acta de presentación y apertura de proposiciones de la invitación IA3-INE-02JDE-TAM-001/2025 señala que la 02 Junta Distrital Ejecutiva adjudicó el servicio de limpieza de dos inmuebles a Ana María Juárez Hernández, identificada como CABIEXM, por $328,320 con IVA incluido. 

El vínculo entre CABIEXM y Ana María Juárez puede advertirse en un documento de 2015, en el que ambas partes aparecen como firmantes. 

No es un rumor ni una captura borrosa: el propio documento consigna el nombre de la adjudicataria, el concepto contratado y el monto. También deja constancia de que Yunerí Jiménez Mora, de JM Servicios Integrales, y Quick Shine Reynosa S.A. de C.V. no fueron adjudicadas por no haber ofertado el precio más bajo. 

La parte que el INE no puede despachar con una nueva guía de colores es la necesidad de esclarecer, documentalmente, cualquier vínculo entre la contratista y Mario Guitián Rosas, alias “La Chispa”, relacionado con el Cártel del Golfo e importantes figuras de Morena,incluido el gobernador Américo Villarreal,con el que aparece en imagen vinculada a una cena entre amigos.

Y ahí está la contradicción: el INE quiere que nadie lo confunda con un gobierno, un partido o cualquier otra institución que use lila, violeta o azul. Excelente. Pero la ciudadanía tampoco debería confundir “imparcialidad” con decoración institucional. La independencia no se demuestra cambiando el color del logotipo cada quince días; se demuestra explicando a quién se contrata, con qué verificaciones, bajo qué criterios y qué mecanismos operan cuando saltan alertas públicas alrededor de una persona o empresa beneficiada.

Primero rosa. Luego lila. Ahora gris con beige. La metamorfosis visual avanza a velocidad de imprenta: papelería, mantas, spots, chalecos y playeras tendrán que seguir el nuevo capricho cromático. Lo que no puede seguir cambiando al ritmo del diseño es el estándar de rendición de cuentas. Porque cuando el árbitro electoral se pinta de gris para parecer neutral, pero deja zonas oscuras en sus contratos, el problema ya no es de identidad gráfica: es de credibilidad. 

Con información: ELNORTE / MEDIOS/ REDES