México ya “exporta talento” al continente africano: cocineros de metanfetamina del Cártel de Sinaloa y del CJNG operan laboratorios industriales en Nigeria y Sudáfrica, según autoridades estadounidenses e informes internacionales.
México, potencia exportadora… de narcos
Estados Unidos ha advertido que los cárteles mexicanos dejaron de usar África solo como escala para el tráfico de drogas y ahora se han instalado en el continente para producir metanfetamina a nivel industrial.
Operativos recientes en Sudáfrica y Nigeria han permitido desmantelar narcolaboratorios donde, una y otra vez, aparecen técnicos y operadores mexicanos dando el “toque de calidad” al producto.
Cocineros mexicanos en Nigeria y Sudáfrica
De acuerdo con testimonios presentados ante el Senado estadounidense, en 11 de 12 laboratorios desmantelados en África se encontraron miembros de organizaciones criminales mexicanas, principalmente vinculados al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades describen a estos “cocineros” como piezas clave en la fabricación de metanfetamina, capaces de montar y operar plantas en territorio africano con estándares industriales.
África, plataforma de producción
Los laboratorios detectados en Sudáfrica y Nigeria ya no son bodegas de paso, sino plantas completas que procesan precursores químicos para surtir mercados de alto valor como Europa, Estados Unidos, Australia y un creciente mercado interno africano. Esa transformación convierte al continente africano en una plataforma de producción estratégica donde el know-how corre por cuenta de los cárteles mexicanos.eluniversal.
El sello mexicano en el crimen global
Altos mandos del Comando de África de Estados Unidos señalan que los cárteles de la droga mexicanos se han vuelto actores centrales en la cadena global de metanfetamina, compartiendo escenario con grupos yihadistas y otras redes criminales en el sur y oeste de África. Esta expansión implica que no solo se exporta droga desde México, sino también cuadros especializados, logística y métodos de producción que se adaptan sin problema a nuevas geografías.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ/
En el nuevo México mágico de la 4T y la “República de la No Impunidad”, el crimen organizado ya no solo extorsiona o vende droga: ahora te arma un casino clandestino en la tiendita de la esquina… y a la fuerza.
País de tienditas–casino
Mientras en el sur de Tamaulipas pululan las maquinitas operadas por de Los Rojos afiliados al Cartel del Golfo y con total impunidad. En el sur de Zacatecas, a los dueños de abarrotes ya no les preguntan si quieren maquinitas: llegan sujetos, las meten, las conectan y punto; si no aceptan, ya saben cuál es el menú: amenazas, represalias o cierre forzado.
Las maquinitas que tambien han sido instaladas en tiendas del «Bienestar» como denuncia «Mural» de Grupo Reforma», son operadas por grupos criminales, ellos cobran, ellos controlan, el comerciante solo pone el local… y el miedo. Todo esto, mientras las autoridades se dicen “sorprendidas” de que el narco ahora también juegue a ser casino móvil.
En Peribán, Michoacán, en febrero de 2026,militares incursionaron en un negocio de maquinitas y un video de más de 14 minutos los exhibio practicando su propio método de “interrogatorio operativo».
La cereza legal del pastel
La Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe esas máquinas en establecimientos públicos o privados, pero si no las aceptas te mata el narco y si las aceptas te puede perseguir el Estado aunque lo haga tarde y selectivamente.
México, edición 2026: tú pones la tiendita, el crimen pone la maquinita y el gobierno pone el discurso.
Diez estados, mismo truco
El problema ya no es un chisme local, se extiende al menos por 10 estados donde las “maquinitas” son una modalidad más de las ganancias de carteles y extorsión normalizada que lo mismo operan en Sinaloa, Tamaulipas,Michoacán, Nayarit, Sonora, Veracruz y Baja California Sur con decomisos esporádicos.
O sea: el mapa ya parece catálogo nacional de casinos pirata, administrados por el crimen y “regulados” por la omisión oficial que recibe moche. Y cuando sí decomisan, presumen las fotos como si hubieran desmantelado Las Vegas, no una maquinita enchufada junto a las Sabritas.
Extorsión con sello federal
La jugada es redonda: el grupo criminal instala la máquina, se queda con la ganancia y, de paso, amarra control territorial y flujo de efectivo en efectivo, sin bancos ni rastros.
Legalmente, la maquinita es delito federal; políticamente, es un problema “heredado”; mediáticamente, es nota de un día; para el comerciante, es la diferencia entre seguir vivo o no. En resumen: la extorsión se viste de “juego de azar” y el Estado juega a hacerse el distraído.
Seguridad de «grafiquita»
Mientras tanto, el gabinete de seguridad se prepara para presumir la baja de homicidios y el éxito de la “estrategia nacional”. En las grafiquitas desmañanadasa, México es un país cada vez más seguro, aunque la única diferencia sea el ritmo al que te matan.
La narrativa oficial habla de “atender las causas” mientras la realidad muestra que las causas ya tienen marca, franquicia y red de distribución. Entre tanto informe y conferencia, nadie explica cómo es que, en un país tan vigilado con policías y militares , una economía paralela de casinos ilegales florece con tanta comodidad en la esquina de tu casa.
La escena es simple: Sheinbaum quería foto de “luna de miel” con Washington y salió retratada como fiadora política de gobernadores incómodos para la justicia de EE.UU.
La visita que salió mal
La reunión con MarkWayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional de los EE.UU, estaba pensada como relanzamiento de la relación bilateral, con narrativa de “nueva etapa” y cooperación ejemplar. Lo que terminó ocurriendo fue lo contrario: los funcionarios estadounidenses la describen como un encuentro frío, sin acuerdos sustantivos y con choques directos en el tema que más les importa: las redes político-criminales en México.
Desde el minuto uno, Washington puso sobre la mesa su prioridad: reforzar la lucha contra lo que ya llaman “grupos narcoterroristas” mexicanos, no sólo a balazos ni con discursos, sino desmontando la protección política que los mantiene intocables.
La exigencia: entreguen a Rocha Moya
Mulling fue directo: México tiene que entregar a Rubén Rocha y a los otros siete implicados en la trama que ya reventó en tribunales de Estados Unidos, después de que Gerardo Mérida (ex secretario de Seguridad) y Enrique Díaz (ex secretario de Finanzas) se entregaran, se declararan culpables y entraran en proceso judicial allá.
Ese movimiento cambió el estatus legal del resto del grupo, empezando por el gobernador Rocha, que pasó de presunto a pieza central de un caso donde ya hay confesiones y cooperación con fiscales estadounidenses. La respuesta de Sheinbaum fue el manual clásico: “los juzgamos en México, no hay pruebas suficientes”, como si la frontera fuera un muro también contra la presión judicial internacional.
La lista negra: gobernadores en la mira
Y ahí no paró la cosa: EE.UU. avisó que la justicia va por más, y no precisamente por regidores de pueblo. En la mira inmediata, según lo planteado en la reunión, están cuatro gobernadores:
Américo Villarreal, Tamaulipas.
Marina del Pilar, Baja California.
Ramírez Bedoya, Michoacán.
Alfonso Durazo, Sonora.
Más varios funcionarios de su círculo cercano, cuyos nombres —según se subraya— ya están listados y perfectamente ubicados.
En Tamaulipas el “secreto” es de dominio público: están en el punto uno de la mira estadounidense. A Marina del Pilar, de plano, ya le cancelaron la visa, y como efecto dominó el castigo estaría alcanzando a muchos otros funcionarios de su entorno.
La realidad pega más duro que el mensajero
La reunión terminó helada: sin acuerdos, con desacuerdos y con un mensaje implícito de Washington de que ya no se traga el cuento de la “soberanía selectiva” que protege a aliados con expediente criminal. Eso es lo que se ha reflejado en los medios en los últimos días, mientras la presidenta se enfurece más con lo que se escribe que con lo que realmente pasa.
El periodista lo dice sin anestesia: el problema no es quien narra la historia, es la realidad misma. Y la realidad es que la relación México–Estados Unidos en seguridad está lastimada por una negativa sistemática del gobierno mexicano a entregar políticos ligados al narco a la justicia norteamericana.
El nudo: redes político-criminales intactas
Mientras no se toque el corazón del problema —las redes políticas de complicidad que protegen al crimen organizado— todo lo demás es escenografía de cooperación. Puedes tener mesas de trabajo, comunicados conjuntos y fotos sonrientes, pero si los gobernadores con expediente en EE.UU. siguen blindados desde Palacio, la agenda de fondo con la Unión Americana no se va a mover ni un milímetro.
En resumen: Sheinbaum quería relanzamiento diplomático y Homeland Security le contestó con una lista de gobernadores, un reclamo por Rocha Moya y un recordatorio brutal de que la realidad, tarde o temprano, siempre se impone.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental(ENCIG) 2025 del INEGI acaba de hacer lo que ni la oposición, ni los medios «fifís», ni el Poder Judicial habían logrado: ponerle números duros al desencanto ciudadano con Morena. Y lo más incómodo para Palacio Nacional es que esta vez no pueden alegar «manipulación neoliberal» ni invocar el mantra del complot: los datos vienen del propio instituto autónomo que durante años le dio buenos resultados a López Obrador.
Del amor al hastío en dos años
La analista Viridiana Ríos explicó en entrevista con Enrique Acevedo para Grupo Fórmula que estamos ante un «cambio dramático» en la percepción pública. Durante todo el sexenio de AMLO (2019-2023), la ciudadanía reportaba mejoras en la mayoría de los servicios públicos, con excepción del acceso al agua potable. Pero la ENCIG 2025 —levantada entre octubre y diciembre pasados— marca un punto de quiebre: es la primera vez que se puede comparar directamente el final de la era obradorista con el arranque de Claudia Sheinbaum, y los números son demoledores.
El Top 5 del deterioro (o cómo caer sin ayuda de la mafia del poder)
Los cinco servicios que más empeoraron en percepción ciudadana son, en orden descendente: las autopistas de cuota, los hospitales y centros de salud estatales, y —sorpresa— la educación universitaria pública. Ríos confesó que este último dato ni siquiera lo tenía «en el radar», evidenciando que el colapso va más allá de las áreas tradicionalmente problemáticas. Pero la debacle no se detiene ahí: también cayeron las calificaciones ciudadanas para carreteras y caminos, el IMSS, la CFE, el drenaje, el alcantarillado, el alumbrado público y hasta la policía.
Más grave que cualquier escándalo de corrupción
La politóloga fue contundente: este deterioro en la percepción de servicios básicos es «más grave que cualquier escándalo político» reciente, porque refleja directamente cómo los ciudadanos evalúan la gestión cotidiana del gobierno. Ya no se trata de filtraciones, acusaciones de vínculos con el narco o peleas con el INE: es la gente común diciendo que las calles están peor, que los hospitales no funcionan, que las universidades se desmoronan. Morena construyó su legitimidad bajo la promesa de que «al menos la vida de la gente común estaba mejorando», y ahora ni eso se sostiene.
El beneficio de la duda se acabó
Cuando Acevedo preguntó si se trataba de desgaste natural tras siete u ocho años en el poder, Ríos descartó la hipótesis. El deterioro no fue gradual: ocurrió de manera abrupta en los últimos dos años. Dos factores explicarían el desplome: primero, gobernadores que «de plano no están dando el ancho»; segundo, un trato diferenciado entre presidentes: «se le dio más beneficio de la duda a López Obrador y menos a Sheinbaum». El segundo término presidencial de Morena permite a la ciudadanía evaluar con mayor rigor, sin el entusiasmo inicial del cambio.
La encuesta que no pueden descalificar
Acevedo destacó la importancia de que esta medición provenga del INEGI, no de un periódico o empresa privada. La serie de datos comparable desde 2017 elimina cualquier argumento de sesgo metodológico o agenda editorial. Esto desmonta la percepción peligrosa —que según Acevedo permea conversaciones cotidianas— de que «no pasa nada, no se mueve la aguja por nada», un fenómeno que desalienta la participación ciudadana y el activismo. Los datos del INEGI demuestran que sí hay reacción inmediata a las políticas públicas, y que la rendición de cuentas es posible cuando se mide con rigor.
Inventario del desastre: todo lo que empeoró según el INEGI
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI documenta un deterioro generalizado en la percepción ciudadana sobre servicios públicos en México. A continuación, el catálogo completo de lo que cayó, empeoró o fracasó según los datos oficiales:
Servicios públicos básicos: caída dramática en satisfacción ciudadana
Recolección de basura: cayó de 72.6% a 71.5% de satisfacción
Agua potable: desplome de 50.7% a 51.4% de satisfacción (con problemas graves de suministro constante: solo 54.7% reporta agua constante, bajando 1.6 puntos)
Drenaje y alcantarillado: cayó de 45.4% a 43.4% de satisfacción
Parques y jardines públicos: cayó de 43.3% a 42.0% de satisfacción
Alumbrado público: cayó de 43.4% a 41.1% de satisfacción
Policía: desplome de 29.7% a 27.9% de satisfacción
Carreteras y caminos sin cuota: cayó de 33.3% a 27.3% de satisfacción
Calles y avenidas: cayó de 27.2% a 23.7% de satisfacción, con deterioro en reparación de baches (de 16.6% a 14.7% de evaluación positiva) y señalamientos claros (de 55.3% a 53.4%)
Servicios públicos bajo demanda: el desplome histórico
Autopistas con casetas de cuota: desplome de 70.4% a 62.0% de satisfacción (pérdida de 8.4 puntos porcentuales)
Centros de salud y hospitales estatales: caída de 58.1% a 49.7% de satisfacción (pérdida de 8.4 puntos)
Educación pública universitaria: desplome de 81.6% a 74.2% de satisfacción (pérdida de 7.4 puntos)
Servicios de salud del IMSS: cayó de 48.7% a 43.3% de satisfacción (pérdida de 5.4 puntos)
Servicios de salud del ISSSTE: cayó de 49.3% a 45.8% de satisfacción
Energía eléctrica: cayó de 78.0% a 74.5% de satisfacción
Educación pública obligatoria (primaria, secundaria, bachillerato): cayó de 71.0% a 69.0% de satisfacción
Transporte público metro o tren ligero: cayó de 62.2% a 57.1% de satisfacción
Transporte público tipo autobús urbano, van, combi o microbús: cayó de 38.3% a 36.9% de satisfacción
Autobús de tránsito rápido: cayó de 76.7% a 74.3% de satisfacción
Calidad del agua: crisis de suministro y potabilidad
Suministro constante de agua: cayó de 56.2% a 54.7% de evaluación positiva
Pureza y claridad del agua: cayó de 58.3% a 56.2%
Control de fugas: cayó de 36.6% a 35.0%
Potabilidad (bebible sin temor a enfermarse): solo 19.0% considera el agua potable, prácticamente sin cambio respecto a 2023 (20.9%)
Guerrero con agua no potable: solo 4.3% considera el agua bebible
Baja California Sur con suministro intermitente: solo 30.5% reporta agua constante
Guerrero con peor suministro: solo 20.0% tiene agua constante
Energía eléctrica: apagones y variaciones de voltaje
Servicio continuo (sin apagones frecuentes): cayó de 92.7% a 87.2%
Servicio estable (sin variaciones de voltaje): sin cambio significativo en 89.3%
Reinstalación inmediata (en caso de apagón): desplome de 68.0% a 60.9%
Campeche con peor continuidad: solo 77.2% reporta servicio sin apagones frecuentes
Yucatán con peor estabilidad: solo 70.0% reporta servicio sin variaciones de voltaje
Tabasco con reinstalación lenta: solo 26.9% reporta reinstalación inmediata tras apagones
Salud pública: el colapso sistémico documentado
IMSS-Bienestar:
Solo 47.0% de satisfacción general
Saturación de clínicas: solo 29.3% reporta instalaciones sin saturación
Desabasto de medicamentos: solo 34.1% reporta disponibilidad
Personal insuficiente: solo 55.8% considera que hay personal médico suficiente
Atención diferida: solo 62.8% reporta atención inmediata
Deficiencias que obligan al pago privado: 57.4% ha tenido que pagar servicios privados por deficiencias
ISSSTE:
Solo 45.8% de satisfacción general
Saturación: solo 24.1% reporta instalaciones sin saturación
Desabasto de medicamentos: solo 42.3% reporta disponibilidad
Personal insuficiente: solo 51.5% considera que hay personal médico suficiente
58.6% ha tenido que pagar servicios privados por deficiencias
IMSS:
Solo 43.3% de satisfacción general
Saturación crítica: solo 18.1% reporta instalaciones sin saturación
Desabasto de medicamentos: solo 42.8% reporta disponibilidad
Personal insuficiente: solo 54.7% considera que hay personal médico suficiente
Atención diferida: solo 51.3% reporta atención inmediata
58.6% ha tenido que pagar servicios privados por deficiencias
Transporte público: deterioro en seguridad y calidad
Autobús de transporte masivo:
Seguridad en delincuencia: cayó de 65.3% a 42.0%
Operadores respetuosos de señalamientos: cayó de 56.5% a 53.0%
Horarios disponibles: subió de 22.6% a 23.5% (sin cambio significativo)
Espacio confortable: cayó de 39.6% a 37.3%
Unidades en buen estado: cayó de 37.4% a 35.4%
Autobús de tránsito rápido:
Seguridad en delincuencia: cayó de 74.8% a 60.5%
Unidades en buen estado: cayó de 84.5% a 81.9%
Ascenso en paradas oficiales: subió de 95.9% a 97.1%
Operadores respetuosos de señalamientos: cayó de 89.4% a 87.8%
Corrupción: aumento histórico en prevalencia e incidencia
Prevalencia de corrupción: incremento de 13,966 a 15,642 personas por cada 100 mil habitantes que experimentaron al menos un acto de corrupción
Hidalgo con mayor prevalencia: 21,452 personas por cada 100 mil habitantes
Ciudad de México: aumento dramático de 13.8% en prevalencia
Estado de México: incremento de 48.8% en prevalencia
Hidalgo: explosión de 63.7% en prevalencia
Yucatán: incremento de 36.4% en prevalencia
Coahuila: incremento de 27.5% en prevalencia
Incidencia de corrupción (actos por cada 100 mil habitantes): 27,438 actos en 2025, sin cambio estadísticamente significativo respecto a 2023 (25,394)
Costo económico de la corrupción:
Costo total: disparado de 11,911 millones de pesos (2023) a 17,707 millones de pesos (2025), incremento de 48.7%
Costo promedio por persona: de 3,368 pesos (2023) a 3,865 pesos (2025), incremento de 14.8%
Trámites con mayor corrupción: los campeones del soborno
Contacto con autoridades de seguridad pública: 63.5% reporta actos de corrupción (incremento desde 59.4% en 2023)
Permisos relacionados con la propiedad: 32.0% reporta corrupción (incremento desde 23.5%)
Otros trámites o solicitudes: 29.3% reporta corrupción (incremento desde 21.2%)
Trámites ante el ministerio público o fiscalía estatal: 22.3% reporta corrupción
Trámites municipales: 20.7% reporta corrupción
Trámites en juzgados o tribunales: 17.3% reporta corrupción
Trámites vehiculares: 11.0% reporta corrupción
Servicios municipales: 9.7% reporta corrupción
Pago de tenencia o impuesto vehicular: 5.3% reporta corrupción (incremento desde 3.7%)
Problemas en trámites: burocracia que paraliza
39.1% de los trámites (179.9 millones) enfrentaron algún problema
Largas filas: 54.5% de quienes acudieron a instalaciones de gobierno
No se exhibían requisitos: 34.7% en instalaciones de gobierno
Horarios restringidos: 32.4% en instalaciones de gobierno
Lugar muy lejano: 23.8% tuvo que trasladarse lejos
Pasar de ventanilla en ventanilla: 21.9% experimentó este problema
Costos excesivos: 14.6% reporta cobros elevados
Percepción de corrupción generalizada
83.0% de la población considera que la corrupción es «muy frecuente» o «frecuente» en su entidad federativa
Michoacán con mayor percepción: 89.4% considera la corrupción frecuente o muy frecuente
Ciudad de México: 88.8% percibe corrupción frecuente
Estados con peores evaluaciones ciudadanas
Guerrero: el campeón del desastre:
Peor satisfacción en recolección de basura: 50.3%
Peor satisfacción en agua potable: 19.9%
Peor suministro constante de agua: 20.0%
Peor potabilidad de agua: 4.3%
Peor recolección oportuna de basura: 57.8%
Oaxaca:
Segunda peor satisfacción en recolección de basura: 53.8%
Tercera peor satisfacción en agua potable: 33.4%
Segunda peor prevalencia de corrupción: 20,330 por cada 100 mil habitantes
Baja California Sur:
Tercer peor suministro constante de agua: 30.5%
Segundo peor servicio oportuno de recolección de basura: 60.5%
Este inventario documenta que en prácticamente todos los rubros medidos, la percepción ciudadana sobre servicios públicos empeoró entre 2023 y 2025, consolidando el periodo como el de mayor deterioro desde que inició la serie en 2017.
En Tamaulipas, donde la memoria política suele ser selectiva y la indignación un recurso de temporada, el diputado federal de Morena, Carlos Canturosas,ex-alcalde de Nuevo Laredo que gobernó el municipio con ayuda ZETA,ya decidió ponerse el traje de guardián electoral. Ahora resulta que impulsa filtros y “blindajes” para evitar que personajes ligados al crimen organizado lleguen a cargos públicos. Dicho así, suena casi heroico. El problema no es la propuesta. El problema es quién la dice.
Porque no estamos hablando de un actor político inmaculado que descubrió de pronto la importancia de la ética pública. Hablamos de un personaje que, según señalamientos periodísticos previos y material que circula desde hace años en el ecosistema informativo tamaulipeco, ha sido vinculado en el pasado con estructuras y personajes asociados al crimen organizado —incluyendo referencias indirectas al entorno de Los Zetas y figuras del círculo de Osiel Cárdenas.
Nada de eso ha sido explicado con sobriedad ,ni tampoco desmentido con la contundencia que se exigiría a alguien que hoy pretende erigirse como filtro moral de la democracia.
Y ahí está la contradicción: el político que no aclaró del todo su propio expediente mediático ahora quiere revisar el de los demás.
De acuerdocon la la nota mas reciente de sus dichos, la iniciativa acompañada por el Diputado de Morena Humberto Armando Prieto Herrera,ex-panista igual que Canturosas, busca impedir que aspirantes con antecedentes o vínculos dudosos compitan en elecciones y que aya obligó a pronunciarse en torno a esta farsa a Guadalupe Taddei, la mismísima presidenta del INE.
En abstracto, parecería una medida necesaria y saludable en un estado donde la frontera entre política y crimen ha sido, durante años, más porosa que institucional.Tan asi que el hoy gobernador de Morena, Americo Villarreal y su antecesor panista Francisco García Cabeza de Vaca,son los mejores «malos ejemplos» y ambos deberían estar en prisión.
Pero en la práctica, el discurso pierde peso cuando proviene de alguien cuya trayectoria ha sido cuestionada en ese mismo terreno.
Más aún, el silencio selectivo también cuenta. En el material que ya ha sido difundido hemos señalado cómo Canturosas ha evitado pronunciarse sobre personajes y episodios específicos relacionados con redes de poder y criminalidad en la región. Es decir: indignación quirúrgica. Se habla cuando conviene, se calla cuando incomoda.
La política mexicana tiene una larga tradición de conversos de último minuto: funcionarios que descubren la legalidad justo cuando les toca legislarla, o que encuentran la moral pública cuando ya sortearon sus propias zonas grises. Canturosas parece encajar perfectamente en esa escuela.
Porque si el objetivo es limpiar candidaturas, el primer filtro debería ser la congruencia. Y ahí, la pregunta es inevitable: ¿quién audita al auditor?
En Tamaulipas no faltan leyes, sobran antecedentes. Y mientras los mismos nombres sigan rotando entre señalamientos y cargos públicos, cualquier intento de “blindaje” suena menos a reforma estructural y más a control narrativo.
Al final, no es que la iniciativa sea mala, aunque en los hechos duplicaría y hasta triplicaría funciones que ya estan determinadas en otras autoridades. Es que en boca de ciertos actores, suena a chiste involuntario.
