La situación del desorden y caos que prevaleció en la Ciudad de México, tras los disturbios y actos vandálicos en la marcha conmemorativa del 2 de octubre, acusa responsabilidades dobles,a los manifestantes actuando como delincuentes y al gobierno en la misma posición al renunciar a su papel de autoridad negándose a ejercer control que permitió actos delictivos graves, como incendios, saqueos, agresiones a policías y periodistas, y vandalización de comercios en pleno centro histórico.
La ciudad parece estar peor que nunca
La Ciudad de México bajo el gobierno de Morena no solo padece infraestructuras fallidas ,inundaciones, fallas en el metro, cierres del aeropuerto, calles llenas de baches,tambein la creciente inseguridad ,asesinatos de altos funcionarios del gobierno, ahora la violencia sin precedente durante marchas.
- Más de 123 personas heridas, incluyendo 94 policías y 29 civiles.
- Saqueos y vandalización de locales comerciales y edificios históricos.
- Prendieron fuego a policías y cometieron múltiples delitos a la vista de todos.
Crítica al Gobierno y el Concepto de «No Reprimir»
Para Carlos Loret de Mola , la postura oficial de presumir que «todo salió bien porque no cayeron en la provocación de reprimir», es un triunfo de la anarquía y fracaso gubernamental.
Distingue entre represión y el deber básico de gobernar: impedir que se cometan delitos flagrantes, algo que claramente no sucedió a pesar del despliegue de 1,500 policías y una sola detención.
La pieza concluye cuestionando la imagen internacional de la CDMX ante el próximo Mundial de Futbol y denuncia que las autoridades prefieren eludir respuestas directas sobre la violencia, priorizando la imagen política sobre la seguridad y el orden público.
Delitos Presumibles por Omisión
Desde el punto de vista penal y de la abogacía, la actuación u omisión del gobierno ante los hechos narrados en la CDMX puede configurar varios delitos por comisión por omisión, es decir, por no ejercer sus deberes legales a pesar de tener la capacidad y la obligación de hacerlo. Estos serían algunos de los principales delitos presumibles en los que pudo haber incurrido el gobierno según la narración de los hechos y el análisis jurídico correspondiente.
- Ejercicio ilícito del servicio público: Los funcionarios responsables pueden ser acusados de este delito por no ejercer sus funciones y permitir que se cometan delitos flagrantes durante las manifestaciones, aun teniendo los medios y la presencia policial para intervenir.
- Abandono de funciones: Omisión deliberada de las tareas básicas de gobierno, como la preservación del orden público y la protección de las personas y bienes, lo cual puede tener consecuencias penales y administrativas.
- Encubrimiento por omisión: Al no impedir ni detener a quienes cometieron delitos graves (lesiones, daños, saqueos, intento de homicidio, etc.), las autoridades pueden ser consideradas encubridoras indirectas al favorecer la impunidad
- Responsabilidad en lesiones y daño en propiedad ajena: Por no evitar actos vandálicos, durante los cuales hubo incendios, robos, daños a edificios públicos y privados, y agresiones físicas, se puede imputar responsabilidad compartida a la autoridad por su pasividad.
- Posible omisión de auxilio y protección a víctimas: Permitir agresiones a civiles, policías y periodistas sin intervenir podría constituir una omisión de auxilio legalmente exigible.
Contexto y Elementos
Jurídicamente, los funcionarios que cuentan con la competencia y capacidad de actuar ante delitos flagrantes deben intervenir o, de lo contrario, responder por omisión. En este caso, se desplegaron 1,500 policías, pero solo hubo una detención a pesar de múltiples delitos cometidos a la vista de la autoridad.
Esta omisión puede traducirse en responsabilidad penal, administrativa y hasta civil, por permitir el desarrollo de situaciones que pusieron en riesgo la seguridad, la integridad física de las personas y los bienes de la ciudad.
En conclusión, el gobierno pudo incurrir en comisión por omisión, ejercicio ilícito del servicio público, encubrimiento y abandono de funciones, al no ejercer su deber básico de garantizar el orden y la protección de los derechos fundamentales durante los disturbios.
Con informacion: LATINUS/CARLOS LORET/








