Dos plebes gringos, criados en Wilmington, California en EE.UU, acaban de estrenar la misma franquicia del horror que México lleva décadas exportando: sicariato juvenil made in Cártel de Sinaloa, ahora con sede procesal en San Diego.
La escena: Chili’s como frontera del narco
En vez de secundaria y videojuegos, Andrew “Shooter/Felon” Nunez (16) y Johncarlo “Dumper” Quintero (17) manejaron desde Wilmington hasta un Chili’s en Chula Vista para levantar a un objetivo del Cártel de Sinaloa, cuando tenían apenas 15 años.
Ahí, en el estacionamiento de una franquicia familiar, Quintero tira una bala, le pega en las piernas al blanco, el arma se traba, y Nunez intenta rematarlo con el coche como si fuera nivel extra de GTA, pero salen huyendo como los amateurs que son.
Horas después regresan a la casa de la víctima, ya no solos: se suma Ricardo Sánchez, 28 años, el adulto de la película, cada uno esperando unos 50 mil dólares por el trabajito, tarifa premium por matar a alguien que ni siquiera conocen.
Tocan la puerta, el amigo abre, y los menores abren fuego a lo idiota contra él y contra la vivienda, disparando a todo lo que se mueva dentro de la “zona de impacto” que ellos mismos ayudan a teorizar en sus acuerdos de culpabilidad.
El amigo, con la sangre fría que no tuvieron los “sicarios”, se defiende, contesta los tiros y mata a Sánchez; los niños asesinos huyen, pero terminan confesando un homicidio por “acto provocador”.
El truco legal: la adolescencia como chaleco antibalas
Lo más brutal no es el plomo, sino la lógica: los reclutaron precisamente porque eran menores de 16 años y sabían que, bajo la ley de California, no podían ser transferidos a la jurisdicción de adultos.
Según las admisiones incluidas en sus acuerdos de culpabilidad, suscritos en diciembre de 2025, los acusados fueron reclutados específicamente por ser menores de edad y, más precisamente, por tener menos de 16 años al momento de los hechos, lo que los hacía inelegibles para ser procesados como adultos conforme a la ley estatal de California.
Los propios implicados reconocieron haber comentado entre sí, tras su arresto, que no podrían ser sujetos a la transferencia a la jurisdicción adulta establecida en la Sección 707 del Código de Bienestar e Instituciones de California.
El fiscal federal Adam Gordon, titular de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, señaló que la Ley Senatorial 1391 de California convirtió el enjuiciamiento estatal de menores de 14 y 15 años en una imposibilidad práctica, independientemente de la gravedad del delito, situación que el Cártel de Sinaloa y la pandilla Westside Wilmas, afiliada a la Mafia Mexicana, aprovecharon para reclutar a los adolescentes.
El juez federal Todd W. Robinson, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, advirtió durante la audiencia de sentencia que el Cártel de Sinaloa, la Mafia Mexicana, los Westside Wilmas y organizaciones similares “necesitan ser notificadas de que no obtienen impunidad cuando hacen que un menor cometa un delito de esta naturaleza”.
Por su parte, el agente especial en funciones TJ Holland, de la Oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Diego, California, afirmó que la sentencia envía un mensaje inequívoco de que quienes cometan actos de violencia, sin importar su edad, serán responsabilizados plenamente ante la ley.
En febrero de 2026, un gran jurado federal procesó formalmente a tres presuntos asociados del Cártel de Sinaloa identificados como Poly Antunez, Antonio Quinones y Jovanny Enriquez, acusados de haber conspirado con los adolescentes para ejecutar al objetivo del cártel.
Esa causa, registrada bajo el número de caso 26cr402-TWR, se encuentra pendiente de resolución. Las investigaciones fueron conducidas por el FBI, el Departamento de Policía de Chula Vista, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Patrulla de Carreteras de California.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, enfocada en desmantelar cárteles, pandillas transnacionales y redes de tráfico humano que operan en territorio estadounidense.
Con informacion: ZETA TIJUANA/SEMANARIO/JUSTICE.GOV/
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