La Secretaría Anticorrupción de la Presidenta Claudia Sheinbaum —esa oficina que suena a virtud pero se comporta como espejo de humo— publicó siete mamotretos con las “pensiones millonarias” de casi cien mil exfuncionarios. El cálculo politico no pudo ser más quirúrgico: un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara su cruzada contra las “jubilaciones doradas”. Reforma constitucional en mano, el gobierno quiere limitar las pensiones a la mitad del sueldo presidencial (unos 70 mil pesos netos), como si el límite moral de la república cupiera en una nómina.
El diagnóstico es presentable: más de 8 mil exempleados de CFE, Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro cobran más que la presidenta. Cuatro exfuncionarios superan el millón mensual. A primera vista, parece justicia social. Pero la foto es engañosa. Sheinbaum presume que con ese recorte el erario ahorraría 5 mil millones de pesos al año, un dinero que —asegura— irá a programas sociales.
Lo que no se dice es cuánto se pierde en mantener las empresas militares de la 4T que no producen ni rinden cuentas: el tren que no es negocio, los hoteles con huéspedes fantasmas, las aerolíneas con vuelos a la nada. Comparado con eso, las pensiones parecen propinas de otra época.
El desfile de cifras tiene su propio decorado. Más de la mitad de los pensionados vienen de la CFE; otros tantos de Pemex y LyFC, ese fantasma administrativo que sigue devorando presupuesto desde su tumba burocrática gracias al primer piso. Los tres casos tienen algo en común: fueron empresas sometidas por décadas a una mezcla de corrupción sindical, gestiones ruinosas y rescates políticos que hoy se reciclan como bandera de moral pública.
El Ejecutivo sostiene que este ajuste constitucional encarna los principios de “austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera”. Suena noble y loable, pero también oportuno: mientras los generales administran aeropuertos y parques industriales sin contrapeso, el gobierno monta un espectáculo de indignación retroactiva. Se trata, al fin, de lo que mejor sabe hacer el sistema mexicano: exhibir los excesos del pasado mientras normaliza los del presente.
La oposición, entre tanto, hace su papel: apoya la idea, critica la ejecución, y se queja de que el tope esté atado al sueldo presidencial. La discusión técnica apenas disfraza lo esencial: no se discute si las empresas estatales deben seguir improvisando como agencias de subsidio político, sino cuánto ruido mediático conviene hacer mientras tanto.
En resumen, el gobierno muestra los dientes a los jubilados del pasado y los abrillanta ante la prensa, pero mantiene su silencio contable frente a las joyas de la nueva élite presupuestal. Lo llaman austeridad republicana. En realidad, es un ejercicio refinado de distracción republicana.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/RODRIGO SORIANO/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: