Los delitos contra la salud, la economía y la seguridad nacional –aquellos de jurisdicción federal– alcanzan una disminución del 37.9 por ciento con respecto del último año de Peña Nieto, y del 41.1 por ciento del de Felipe Calderón, revela informe del SESNSP. Advierte una reconfiguración de las rutas del trasiego de drogas en México y un reacomodo de las regiones de operación e influencia de los cárteles.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documenta una clara disminución de la comisión de delitos del fuero federal en los últimos 3 años. Sin embargo, tal reducción sólo se ha reflejado marginalmente en los índices de violencia, que se mantienen en niveles similares a los de 2018. También advierte mayor actividad criminal en estados antes casi ajenos a la industria del narcotráfico.
El Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-2021 señala que el año pasado se cometieron 114 mil 864 delitos del fuero federal. Se trata de una disminución del 41.1 por ciento en comparación con el último año del sexenio de Felipe Calderón, pues en 2012 se cometieron 194 mil 773 delitos federales.
La disminución con respecto del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto es del 37.9 por ciento, toda vez que en 2018 se registraron 185 mil 72 delitos del fuero federal.
Según los datos del SESNSPP, en los últimos 3 años se ha registrado una acelerada tendencia a la baja en la comisión de delitos federales. En 2019 se reportaron 144 mil 496; en 2020 fueron 117 mil 359 y en 2021 los 114 mil 864 citados.
Los delitos del fuero federal son aquellos tipificados en el Código Penal Federal; el Código Fiscal de la Federación; las Leyes de la Propiedad Industrial, de Vías Generales de Comunicación, Federal del Derecho de Autor, Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de Migración, General de Salud, Federal contra la Delincuencia Organizada; las Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros, y otras Leyes Especiales.
De manera destacada, entre los delitos del fuero federal se encuentran los relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Pero también otros delitos contra la salud, los ataques a las vías generales de comunicación, el contrabando, la defraudación fiscal, los de carácter ecológico, el uso de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas, la piratería, el robo de bienes de la nación, el lavado de dinero, la trata de personas, los delitos electorales, los daños y robos contra el patrimonio arqueológico, entre otros. Son perseguidos por el Ministerio Público Federal, investigados por la Fiscalía General de la República y juzgados por el Poder Judicial de la Federación.
Emilio Vizarretea Rosales, doctor en teoría crítica y especialista en seguridad nacional, señala que la disminución en la comisión de delitos federales es multifactorial. Advierte que el problema de la criminalidad está lejos aún de resolverse porque no se trata sólo de un asunto de México sino de la región geopolítica a la que pertenece el país.
Explica que delitos como el trasiego de drogas, el tráfico de personas y otros que comete la delincuencia organizada tienen causas y consecuencias de carácter trasnacional. Y sólo con la concurrencia de esfuerzos entre los países se pueden enfrentar.
Por su parte, Valeriano Ramírez Medina, doctor en estudios políticos y sociales, explica que a nivel local la criminalidad tanto en materia común como federal tiene una raíz económica. Se trata de la principal razón de la incorporación de jóvenes a las filas del narcotráfico y otras modalidades de la delincuencia organizada.
Hay otras causas de índole familiar, social y cultural en algunos casos. Pero el fondo de todo se encuentra en la situación económica. Entre más pobreza exista, más jóvenes vulnerables estarán propensos a engrosar las filas de las organizaciones criminales. Por ello, la erradicación del narcotráfico y demás delitos cometidos por la delincuencia organizada pasa por abatir los índices de pobreza.
Explica que sólo el desarrollo integral, desde dentro de las comunidades, podrá hacer que disminuyan y se erradiquen conductas delictivas. Advierte que no sólo con apoyos al consumo –como las becas y las pensiones– se revertirá la incorporación de jóvenes a la delincuencia, sino que es necesario generar apoyos a la producción y el empleo.
“No se trata de dar beneficios económicos, sino construir un proyecto de desarrollo regional, nacional, en donde converjan los diferentes proyectos. Claro que para eso se necesita una estrategia de organización social, y una colaboración muy estrecha del gobierno con un proyecto muy claro.”
Narcotráfico, arraigado
Valeriano Ramírez, especialista en movimientos sociales y académico de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), califica de multifactorial el crecimiento de los cárteles en México. Por un lado, se tiene al mercado de drogas más grande del mundo apenas cruzando la Frontera Norte. Al mismo tiempo, la pobreza es extrema en amplias regiones del país donde, además, hay una tradición de violencia.
“Esto ha generado un caldo de cultivo. Persiste una condición histórica de falta de oportunidades de desarrollo y crecimiento, particularmente en la población joven, la que tiene entre 14 y 22 años de edad; no hay alternativas para ellos. No hay empleo, no hay posturas de educación. No hay condiciones que les permitan no abstenerse de ingresar a la delincuencia.”
A lo anterior se suma que “ya van varias generaciones de gente involucrada en el crimen organizado. Es decir, primero empezaron los abuelos… y esto se fue reproduciendo, de tal manera que hay comunidades enteras en donde lo más natural es convertirse en integrante, o ser partícipe, en la organización delictiva”.
Otra condición es el reclutamiento –voluntario o forzado– que llevan a cabo los cárteles. Están en guerra, y necesitan soldados, productores, distribuidores y vendedores.
Una vertiente más que anima el engrosamiento de las actividades criminales es la propia diversificación de las organizaciones. El trasiego de drogas es sólo uno de los negocios ilícitos, pero sus actividades delictivas también incluyen la extorsión, la trata de personas, el secuestro, el cobro de “rentas”, entre otras. Hay una oferta amplia para la gente que no tiene oportunidades.
Finalmente, se encuentran los aspectos culturales. Las muchas generaciones de familias vinculadas al crimen organizado han establecido una cultura. Y también hay una apología de esta cultura. “Ya no solamente a través de corridos o canciones, sino en formas de vida, manifestaciones concretas y maneras de comportamiento”.
Agrega que la complejidad del fenómeno sólo puede tener solución a largo plazo y de raíz. “Se necesitan programas, participación colectiva, un trabajo intenso de la sociedad en conjunto para empezar a revertirlo. De otra manera, esto se expandirá”.
Ocho estados concentran actividades del narco
Los delitos asociados a la industria del narcotráfico se cometen a lo largo del territorio nacional. El SESNSP reporta actividades de producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión de drogas; narcomenudeo, y delincuencia organizada en todas las entidades de la República. Sin embargo, ocho concentran la mayor cantidad de estas actividades ilícitas: Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.
El Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-2021, elaborado por el SESNSP, también revela una reconfiguración de las rutas del trasiego de drogas y de las zonas de operación e influencia de los cárteles. Destaca la incorporación de Querétaro como una de las zonas de mayor comisión de delitos asociados al narcotráfico, incluso por encima de otras entidades históricamente vinculadas al tráfico de estupefacientes, como Guerrero y Durango.
Emilio Vizarretea Rosales, académico de la UNAM y el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina– advierte de “una ruta de riesgo” en la que “pareciera ser que las autoridades locales tienen una vinculación cercana a algunos de los cárteles”.
El también politólogo, filósofo, internacionalista y abogado señala que actualmente hay una pulverización de grupos. Se trata de varias decenas que operan de manera independiente y, mayoritariamente, en conflicto entre sí. Sólo en Guerrero y Michoacán hay alrededor de 30 grupos en cada estado.
Recuerda que con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) había tres grandes cárteles: el Pacífico, el Golfo y el Centro. Al inicio del periodo de Felipe Calderón pasaron a nueve. Y al final de ese sexenio ya eran 36.
Profesor en el Colegio de la Defensa Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Vizarretea Rosales señal que, al parecer, los cárteles empiezan a acercarse de nuevo; en algunos casos, a compartir información y apoyarse. Incluso van generando fusiones, acuerdos, alianzas. Por lo que podría estar en marcha un proceso de aglutinamiento en dos o tres grandes organizaciones.FOTO:
De los 114 mil 864 delitos de jurisdicción federal cometidos el año pasado, según el documento del SESNSP, 37 mil 227 se sancionan en el Código Penal de la Federación. De ellos, contra la salud fueron 7 mil 21. En materia de producción de drogas, Sinaloa tuvo 20; Jalisco, 18; Nuevo León, 16, y Baja California, 11. Son las entidades con mayor número de casos.
En materia de transporte de drogas, destacan San Luis Potosí, 313; Sonora, 167; Sinaloa, 155; Baja California Sur, 154; Baja California, 130; Querétaro, 128. Con respecto de tráfico (entrega) de estupefacientes, el primer lugar lo tiene la Ciudad de México, con 263 casos; seguida de Baja California, con 146; Jalisco, 129; Querétaro, 117, y Sonora, 113. En comercio, los más destacados son Nuevo León, con 32; Chihuahua, 28; Sonora, 27, y Jalisco, 23.
No se trata de los únicos delitos asociados con la industria de las drogas. Con respecto de delitos del fuero federal tipificados en leyes federales, se cometieron en todo el año pasado 77 mil 637.
En específico contra la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se cometieron 13 mil 517. Los estados con más casos son Baja California, con 1 mil 292; Sonora, con 1 mil 173: Jalisco, con 1 mil 59; Guanajuato, 917; Tamaulipas, 848; la Ciudad de México, 814, y Chihuahua, 803. Se trata, al mismo tiempo de las entidades con mayor número de asesinatos y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada.
Con respecto de la Ley General de Salud, se cometieron 715 delitos; en su modalidad de narcomenudeo fueron 594. Destacan: Sonora, con 162; Chiapas, 63; Chihuahua, 52, y Baja California, con 38.
Finalmente, los delitos contra la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fueron 227 en 2021. De ellos, 43 fueron en la Ciudad de México; 27 en Jalisco; 19 en Baja California; 17 en Tamaulipas; 14 en Sonora, y 12 en Guanajuato.
Vizarretea Rosales abunda en la hipótesis de una actual unificación de cárteles. Señala que los liderazgos de estas organizaciones han visto amenazados sus negocios, sobre todo por la coordinación entre el gobierno mexicano y el estadunidense.
“Esta situación la comento con sumo cuidado. No es homogénea. Sin embargo, es una hipótesis muy fuerte. Existe una especie de colaboración entre ellos para tratar de mantener el control de las plazas.”
Considera que el Entendimiento Bicentenario –el acuerdo con 101 acciones alcanzado entre México y Estados Unidos en sustitución de la Iniciativa Mérida– es una oportunidad para fortalecer la relación entre ambos países y resolver algunos problemas que les son comunes.
“Es resultado de un trabajo de varias de las instancias de seguridad, Fuerzas Armadas, relaciones exteriores en México y, en particular de los acuerdos de alto nivel que se han venido sosteniendo desde las visitas y las llamadas entre el presidente [Andrés Manuel] López Obrador y, del lado estadunidense, el presidente [Joseph] Biden y la vicepresidenta Kamala [Harris]. Las autoridades estadunidenses, en particular las agencias que se encargan de este tipo de temas, han logrado coordinarse y establecer puntos de acuerdo con el gobierno mexicano. Lo cual habrá que aplaudir, cuando menos en esta etapa de conciliación.”
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