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miércoles, 2 de junio de 2021

EL EJERCITO MEXICANO y la "ANOMALIA de la ENTREGA de ARMAS y MUNICIONES a ESTADOS y MUNICIPIOS...un desorden regulatorio.


Imagine que es una persona funcionaria pública de un municipio donde hay disputas diarias entre bandas delictivas. Por los casquillos que han encontrado, y por testimonios, sabe que algunas tienen armas de alto calibre. Imagine también que una de sus responsabilidades es comprar equipamiento de la policía municipal, incluyendo armas de fuego. No obstante, usted, que sólo puede comprar armas y cartuchos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sigue esperando las que le solicitó hace dos años. Aunque aquí termina el ejercicio imaginativo, en realidad, esto podría no ser un caso hipotético. Algunas entidades y municipios en México podrían estar viviendo ese problema y, quizá, otros más.  

De manera general, distingo al menos dos tipos de anomalías en la entrega de armas y municiones a instituciones de seguridad y justicia locales en los últimos años: de regulación e implementación. En este artículo abordo irregularidades en el plano regulatorio tras revisar disposiciones, convenios, actas de entrega y recepción e informes de la Auditoría Superior a la Federación (ASF). En síntesis, no son claros los procesos para otorgar armamento; por tanto, la Sedena termina por tener más control del que debería para decidir qué, cuándo y cómo entregar.

Como contexto, tenemos que los gobiernos estatales y municipales únicamente pueden comprar armas para sus policías a la Defensa Nacional, y hacer la solicitud correspondiente para este fin.1 Para ello, destinan recursos2 y gestionan cotizaciones, licencias, permisos ordinarios o extraordinarios para adquisición, convenios, contratos, entre otros. Por su parte, la Defensa Nacional produce o adquiere con proveedores el equipamiento y hace entrega del mismo.

Problemas de regulación

La regulación para la adquisición de armamento por entes de seguridad y justicia locales no es del todo clara, y la situación parece beneficiar a la Defensa Nacional que puede estipular los mecanismos para entregar armas de fuego y municiones a gobiernos locales.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que “Sedena podrá establecer, mediante disposiciones administrativas generales, términos y condiciones relativos a la adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios”.3 Aunque dichas disposiciones deben permitir a “autoridades federales y locales cumplir con la función de seguridad pública”,4 esta institución puede elegir cómo y cuándo entregar el armamento a los gobiernos locales. Esto es problemático, porque llevaría a escenarios en los que la Sedena podría tardar, quizá, año y medio en procesos de cotización y entrega de armas a autoridades estatales o municipales, como se detallará en el segundo artículo de este tema.

En el ámbito federal no se cuenta con una legislación que permita vigilar que el proceso de compra de armamento se lleve a cabo de manera eficiente y óptima. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, que regula las contrataciones y contenido de contratos (como fecha de entrega), no se aplica a compras “entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa”.5 Es decir, no regula la adquisición de armas de fuego por parte de los gobiernos estatales a la Sedena. Asimismo, la compra de armas de fuego tampoco está regulada de manera específica por legislación de nivel estatal, pues como se señaló, estados y municipios están obligados a someterse por disposición federal a realizar sus compras ante la Sedena.6 Esto es perjudicial, porque no se regularía el contenido de los contratos de armas, como fecha y condiciones de compra, por lo que la Sedena podría presentar irregularidades (como entregar bienes con retrasos o mala calidad) sin ser sancionada.

Otras anomalías pueden surgir, también por un problema de regulación, en la comprobación del proceso de adquisición de armamento. La Ley General de Contabilidad Gubernamental estipula que las autoridades locales deben “mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido”.7 Aunque el Manual de Contabilidad Gubernamental ejemplifica documentos justificativos (como contratos y acuerdos) y comprobatorios (como facturas),8 no especifica respecto de la compra de armamento por gobiernos locales qué documentos son válidos: ¿sería un documento justificativo una cotización, un permiso para la adquisición o sólo un contrato, un acuerdo o un convenio? Esto es problemático, porque podrían tramitarse entregas de armamento sólo a base de cotizaciones o permisos de adquisiciones, que son documentos que no estipulan claramente obligaciones o derechos de las partes. Los compradores (gobiernos estatales o municipales) podrían no pagar o tardar en realizar el pago, y el vendedor (Sedena) podría entregar la cantidad de bienes que desee, con la calidad que desee, en el momento que desee, en el lugar que desee y a quien desee, sin sanciones.

Algunos ejemplos específicos

Algunos ejemplos de problemas en la regulación ya han sido detectados por la ASF en su análisis de la Cuenta Pública, y los he detectado tras analizar convenios y actas de entregas y recepción de armamento de 2016 a 2020 que obtuve mediante solicitud de acceso a la información.

Primero, en ocasiones la Sedena y los gobiernos locales no formalizaron un instrumento jurídico para la entrega de armamento. Por ejemplo, la ASF señaló que la institución castrense no formalizó algunos contratos o convenios de compraventa de armamento con el gobierno de Michoacán en 2018; con el de Sonora en 2018; con el de Baja California Sur en 2019; con el de Quintana Roo en 2019; con el de Coatzacoalcos, Veracruz, en 2019; con el de León, Guanajuato, en 2018 y 2019.9 Esto significa que no se establecieron obligaciones o derechos para la adquisición de armamento.

Segundo, la Sedena entregó equipamiento sin justificación robusta. Por ejemplo, dio carabinas, pistolas, cargadores, cartuchos y fundas por 10 millones de pesos (mdp) a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas en 2018, y señaló como únicos antecedentes de la operación dos “puestas a disposición”. Es decir, podría presumirse que el nivel de operatividad no basta para justificar la entrega. No aludió a algún convenio, contrato o permiso ordinario/extraordinario de adquisición.10

Tercero, algunos convenios entre gobiernos locales y la Sedena no especifican la fecha de entrega de armamento. En 2018, la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina firmó un convenio con la institución federal para adquirir pistolas y subametralladoras por 18 millones de pesos.11 Éste menciona que los bienes “serán entregados por la ‘SEDENA’ a la ‘Secretaría’ con toda oportunidad, informándole a la Secretaría que su material se encuentra disponible”. Sin embargo, no estipula fecha de entrega.12 Esto significa que podría entregar armamento en un mes o, quizá, en años.

El mismo año la SSP de Quintana Roo y la institución castrense firmaron dos convenios de compraventa de armamento. En ambos se estableció que “‘SEDENA’ realizará la entrega de los bienes a ‘la SECRETARÍA’, de acuerdo con los tiempos de entrega señalados por los proveedores en sus propuestas técnicas y económicas, pudiendo ser plazos prorrogables”.13

En resumen, existe constancia de que, en años recientes, algunos de los más violentos en México, existieron anomalías en la entrega de armas de fuego y municiones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a gobiernos subnacionales. Tales anomalías pueden deberse a debilidades en la regulación de los procesos de adquisición y comprobación de los mismos. Las consecuencias tienen implicaciones en seguridad pública, toda vez que puede permitirse o justificarse que no se entregue armamento, que se entregue mucho tiempo después del que se necesita y que no haya consecuencias para estos problemas. En la siguiente entrega, ejemplificaré retrasos, falta de entrega o falta de operación de armamento en entidades y municipios.14 

Fuente.-Belem Barrera González
Politóloga por el CIDE y maestra por el IDS, de la Universidad de Sussex. Investigadora y activista enfocada en disminuir la corrupción y violencia, con experiencia en sociedad civil, universidades, gobierno y consultorías en esos temas.


1 DECRETO que reforma y adiciona el artículo 49 del Reglamento Interior de la SEDENA, 11 de abril de 1995Artículo 66, Fracción VI del Reglamento Interior de la SEDENA.

2 Hay que señalar que la compra de armamento puede realizarse con los recursos locales  o federales, como  el “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (Fortamun), el “Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal” (FASP) y, entre 2016 y 2020, el “Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función” (Fortaseg).

3 Artículo 52 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

4 Id.

5 El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público también menciona: “No obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización”. También el artículo 1 de la Ley en cuestión menciona que ésta no será aplicable a los recursos que aparecen en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (es decir, FASP). Ello significa que, posiblemente, podrían ser regulados por esta Ley los casos en que a) entidades no utilicen recursos FASP y b) entidades realicen compras de armamento con Sedena y ésta no tenga los bienes y tenga que adquirirlos con proveedores. Artículo 1 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.

6 El Congreso podría hacer regulaciones en toda la República sobre el proceso de adquisición de armas, municiones y explosivos. El artículo 73, Fracción X de la Constitución establece que el Congreso tiene la facultad: “Para legislar en toda la República sobre (…) explosivos”. Artículo 7, Fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7 Artículo 70, Fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

8 Manual de Contabilidad Gubernamental, NACG 01 Norma de Archivo Contable Gubernamental.

9 ASF, “Sistema Público de Consulta de Auditorías”.

10 El documento refiere a las puestas a disposición 026/2018 del 20 de enero de 2018 y 027/2018 del 22 de enero de 2018. Secretaría de Defensa Nacional. Dirección General de Industria Militar. Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, Acta de entrega y recepción de material No. 018/2018.

11 Monto calculado en precios reales. Se consideró que el monto del contrato era 777 497.25 dólares americanos y que el dólar americano equivalía a 20.3129 pesos mexicanos el día de la firma del convenio. Convenio Interinstitucional No. SSP/BE/CI/A/166/2018, Diario Oficial de la Federación, “Tipo de Cambio y Tasa. Dolar. Fecha 01/06/2018 a 13/06/2018”.

12 Convenio Interinstitucional No. SSP/BE/CI/A/166/2018.

13 Convenio Interinstitucional No. SEDENA-SSP 004-2018 y Convenio Interinstitucional Número SEDENA-SSP 005-2018.

14 Agradezco los comentarios a este artículo de Reynaldo Alejandro Saldívar Gutiérrez, Emilio Marcel Regidor Eternod y José Francisco de Villa Soto. Los errores que pudieran existir son míos. Todos los convenios y actas de entrega-recepción mencionados en esta investigación fueron obtenidos mediante respuesta a la solicitud de información a SEDENA con folio 700050620 y pueden ser visualizados aquí.

"NI VERDAD,NI JUSTICIA,PURAS DISCULPAS": EL JUEVES de CORPUS de 1971 y la EXPRESION CRIMINAL e IMPUNE del REGIMEN AUTORITARIO...que favorece a sus operadores.


“Que tiraste a mis espaldas niegas, Martínez Domínguez. Alfonso no te persignes, fuiste halcón pero con faldas”, escribió el periodista y político panista Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, en relación con la responsabilidad del entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, en la matanza del Jueves de Corpus de 1971, que este 10 de junio cumple medio siglo. 

Ese día jóvenes armados con largas varas de bambú, adiestrados en Japón en disciplinas como karate, judo y kendo, atacaron en las calles de la Ciudad de México una manifestación estudiantil. Se trataba, en su mayoría, de soldados dados de baja del Ejército, luchadores, boxeadores, expolicías y grupos de vagos del barrio de La Merced, que bajo las órdenes del teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa integraron el grupo paramilitar Los Halcones. 

El financiamiento a los paramilitares provino de la CNOP del PRI a través de Martínez Domínguez, y del erario del DDF usufructuado por el general Alfonso Corona del Rosal, que tenía una larga experiencia en la creación y operación de grupos policiacos. 

Como consecuencia del ataque, 32 mexicanos, en su mayoría estudiantes del IPN, perdieron la vida. Tres décadas más tarde, en 2002, un abogado de oscurísimos antecedentes, con una inhumación clandestina y torturas en su haber, Américo Ireneo Meléndez Reyna, integró la averiguación previa PGR/FEMOSPP/ 011/2002 que presentaba fallas de argumentación, como el hecho de señalar que durante la matanza del 10 de junio de 1971 hubo 45 muertos y únicamente presentó 12 actas de defunción; además de tener una interpretación errónea de algunos preceptos jurídicos. En julio de 2004 Meléndez presentó el pliego de consignación, 9 mil 832 fojas, en contra de los implicados en la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971. Ninguno de ellos pisó la cárcel. 

No se ignoraba que Meléndez había sido delegado de la PGR en Michoacán en 1990 y que fue trasladado al Distrito Federal, acusado de tráfico de estupefacientes, homicidio calificado, acopio de armas y posesión de mariguana”. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard fue director del Consejo de Honor y Justicia de la policía capitalina y con Miguel Ángel Mancera pasó a la Dirección General de la Policía Auxiliar. En 2017 se presentó en el Senado, donde aseguró que sus 46 años de “experiencia en la materia” le otorgaban la idoneidad para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. 

I. El contexto

No es cierto que la manifestación del 10 de junio de 1971, efectuada en la Ciudad de México, tuviera como finalidad apoyar a la Universidad de Nuevo León en sus demandas. 

Desde 1967 el rector de la UANL, Eduardo A. Elizondo, había propuesto un plan para aumentar las cuotas a los alumnos. Su publicación generó un grave conflicto entre quienes lo apoyaban y quienes lo rechazaban. En 1969 los estudiantes plantearon reformas a la Ley Orgánica de la Universidad y a la autonomía universitaria, por lo que entregaron al Congreso del Estado un proyecto de ley que fue archivado. Como gobernador, Elizondo promulgó la nueva Ley Orgánica, de factura gubernamental, lo que generó un gran rechazo entre estudiantes y académicos que se declararon en huelga. De forma que la gira del candidato presidencial del PRI, Luis Echeverría, tuvo que aplazarse por temor al repudio. El conflicto escaló debido a la actividad de grupos de “extrema izquierda”, integrados por las Juventudes Comunistas Mexicanas, y por la Obra Cultural Universitaria (OCU) de extrema derecha. Por lo que en 1971 se comisionó al secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, para negociar con los universitarios, “mas el verdadero plan que traía no era el que entonces tanto ansiaban los ilusos regiomontanos, sino era pedir la renuncia, por ‘orden superior’, como gobernador del estado al Lic. Eduardo A. Elizondo, pues la agitación era tremenda entre el estudiantado universitario”. De esa manera, el entonces presidente mató dos pájaros de un solo tiro: se deshizo de un gobernador que no le agradaba y frenó la protesta estudiantil con la promulgación de la Cuarta Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León el 5 de junio de 1971. ¿Qué demandas apoyaron los estudiantes de la Ciudad de México? Ninguna. Resultaron más papistas que el Papa. 

II. Los grupos de presión

Mientras tanto en la Ciudad de México, el 3 de junio habían regresado de Chile los héroes del 68, y otros habían sido liberados. Ese grupúsculo, envuelto por un halo de heroísmo romántico, literalmente tomó todas las asambleas de las distintas facultades de la UNAM y sacrificó a decenas de estudiantes que no fueron otra cosa que carne de cañón. Heberto Castillo, “uno de los presos políticos recién liberados, con mayor prestigio e influencia, opinaba que la marcha tenía que suspenderse. Argumentaba que las demandas de los universitarios regios ya habían sido cumplidas”. Pero el comité de la Escuela de Economía decidió que asistirían. Joel Ortega Juárez presidió la asamblea general y señaló que la marcha tenía como finalidad “solucionar un problema político, o sea, tratar de continuar en una lucha contra el gobierno y en especial contra las estructuras del PRI, que son las que pretenden apoderarse del movimiento estudiantil para destrozarlo”. Pablo Gómez, Ortega Juárez y sus seguidores acordaron no realizar más asambleas, para impedir que pudieran imponerse aquellos que no querían realizar la manifestación. Pero ninguno de los dos asistió. El delegado de la UANL en el DF, Luis Ángel Garza, opinó, a tres décadas de los hechos, que “para los compañeros de México detrás del apoyo a la UANL estaba el afán de reconquistar las calles”. Más claro ni el agua. En consecuencia, murieron más de 30 personas en su mayoría estudiantes del IPN, de las preparatorias populares, de secundarias y hasta de primaria. No debemos olvidarlo. Ninguno de los líderes recibió ni un solo rasguño. A sólo cinco días de los fallecimientos, ya organizaban festivales musicales en el campus de la Universidad. Un grupo de vivos recordó a unos muertos de los que ignoraban hasta el nombre. 

III. Los perpetradores

El día 10 a partir de las 15:15 horas empezaron a llegar contingentes estudiantiles al Casco de Santo Tomás. A las 16:55 se inició la manifestación con aproximadamente 8 mil personas encabezadas por Manuel Marcué Pardiñas. A las 17:35 se inició un tiroteo provocado por 400 integrantes del grupo paramilitar Los Halcones, creación del entonces teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa. Hubo también francotiradores que dispararon a la multitud y también a la policía del Distrito Federal. Lo hicieron desde varios puntos, en su mayoría domicilios particulares. 

Posteriormente, en la calzada México-Tacuba y otros rumbos del Casco de Santo Tomás y de la Escuela Nacional de Maestros se detuvo a decenas de estudiantes. En el número 32 de Ribera de San Cosme fue detenido un francotirador. Su nombre era Héctor Oropeza Gómez. Tenía 20 años y admitió haber participado en el movimiento estudiantil de 1968 y practicar el tiro al blanco, lo mismo que el adolescente Juan Pablo Miller, estudiante de secundaria quien portaba una pistola Rohn calibre .22 con 10 cartuchos útiles en el momento de su detención. 

A los periodistas y fotógrafos que se encontraban cubriendo el evento, en la esquina de Carpio y Lauro Aguirre, Los Halcones los golpearon y les destruyeron sus cámaras.

En el hospital Rubén Leñero se suscitó otro enfrentamiento, pues Los Halcones trataron de rescatar a dos de sus compañeros detenidos: Raymundo Gamboa García y Arturo García Leyva. Los médicos lo impidieron y hubo otra balacera. Finalmente, los paramilitares quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del nosocomio, que los liberó puesto que oficialmente no hubo ningún responsable de la matanza. No desde el punto de vista judicial. 

Además de Los Halcones, intervino en la represión el grupo Las Avispas, agrupación de choque de la Confederación de Trabajadores de México.

A las 22:30 horas, Alfonso Martínez Domínguez, jefe del Departamento del Distrito Federal, declaró en conferencia de prensa que “habría orden en la Ciudad de México y no se permitirían actos que vulneraran la seguridad de la población”. Sin embargo, como consta en la declaración de un desertor de Los Halcones, Gabriel Millán Arellano –en cuyo domicilio se recogieron 50 credenciales de estudiantes del IPN y de la UNAM–, Martínez Domínguez recomendó un escarmiento público frente a los detenidos de la Vocacional No. 1.

Antes de renunciar a su cargo, el regente recibió a los dipu­tados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes afirmaron contar con pruebas contundentes de la existencia del campo de entrenamiento de Los Halcones y de testigos presenciales del entrenamiento de karate y defensa personal. Pero no fueron ellos quienes aportaron las pruebas, sino la sólida investigación de Gerardo Medina Valdés, director de la revista La Nación, órgano de difusión del PAN. En 1972 Medina Valdés publicó el libro Operación 10 de junio, texto fundamental en la reconstrucción histórica de los hechos.

El 15 de junio Martínez Domínguez agradeció a su amigo Luis Echeverría la confianza depositada en su persona, “ya que siempre trabajamos de común acuerdo y llevando siempre el mismo plan de trabajo”. Sin embargo, había opinado en la campaña presidencial que su amigo personal “¡Es muy pendejo!”. 

La Dirección General de Policía y Tránsito, a las 01:40 horas del 11 de junio, en un escueto boletín de prensa, dio cuenta de 26 lesionados y sólo cuatro muertos, que se encontraban todos en el Hospital Rubén Leñero. Además, admitió la detención de cuatro francotiradores y la aprehensión de 159 personas. Ninguno fue procesado. El procurador general Julio Sánchez Vargas obtuvo las nóminas del personal eventual que cobraba en la Tesorería del Departamento del DF, bajo el mando de Díaz Escobar, pero no consignó a persona alguna. 

El Jueves de Corpus de 1971 sigue siendo expresión de un régimen autoritario cuya política clandestina cuida y favorece a sus operadores que, hasta el presente, se saben impunes.  

* Especialista en archivos. Estudió la maestría en ciencias en el Ciecas-IPN y el doctorado en estudios históricos en la UAEM. Fue directora general de Información y Análisis Documental de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). 

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1 Castillo, Gustavo. Formaliza hoy la PGR apelación contra negativa de aprehender a Echeverría. En La Jornada, 28 de julio de 2004. 

2 Barajas, Abel. Entrega pliego Fiscal Especial. En Reforma, 23 de julio de 2004. 

3 Garduño, Roberto. A 30 Años del 10 de junio, en La Jornada, 10 de junio de 2001. “El 6 de mayo de 1990 ocurrieron dos enfrentamientos entre campesinos y elementos de la Policía Judicial Federal en el poblado Aguililla, Michoacán. El primer choque se suscitó cuando siete judiciales llegaron a la presidencia municipal para solicitar informes sobre la presencia de narcotraficantes en la región. Sin obtener respuesta, los policías se dirigieron a la comunidad Barranca Adentro, donde se dio una balacera en la que murieron dos agentes federales. “...Los Judiciales se retiraron pero regresaron tres horas después con más de 100 personas y comenzaron a detener a hombres y mujeres, con el argumento de que eran narcotraficantes. Lo que provocó un segundo tiroteo en el que murieron tres policías y dos ciudadanos.

4 Archivo General de la Nación AGN. Gob. IPS. Caja 2978. PRI Campaña Presidencial. Expediente 100-17-3-970. Hoja 34. Legajo 7

5  AGN. Fondo: Gobernación. Sección: DFS-Argena Exp. 100-17-1-67. Leg. 11. Hoja 380. 

6 Salinas Rocha, Irma. Nostro Grupo. México, Editorial Isaro, 1978. p. 184.

7 AGN. IPS. Caja 2435. Gilberto Ramón Guevara Niebla, Luis Raúl Álvarez Garín, Miguel Eduardo Valle Espinosa, Federico Emery Ulloa, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Roberto Escudero Castellanos y Francisco Lino Oseguera Cáceres.

8 Petrich, Blanche. Exlíderes de la UANL plantean ir más allá de juzgar a LEA y a Martínez Domínguez. En La Jornada, 26 de julio de 2002. 

9 Ídem. Caja 2436. Foja 596. El informe se refiere al Partido Comunista, PC, y no al PS como incorrectamente escribió. 

10 Petrich, Blanche. Ex líderes de la UANL plantean ir más allá de juzgar a LEA y a Martínez Domínguez por el Halconazo. En La Jornada, 26 de julio de 2002.

***Ensayo publicado el 6 de junio en la edición 2327 de la revista Proceso/

AL "BB y VT LLEGO y los MATO": EL "CHUMA PANISTA" PIDIO PARO a su COMPADRE CABEZA de VACA para "ENCUBRIR a su HERMANO el "BEBO" MORENO en DOBLE ASESINATO en BAR de REYNOSA en 2019...la justicia protegio la huida.



La impunidad con que se ha conducido la "gavilla panista" que desde Reynosa ha controlado Tamaulipas como una Organización Criminal encabezada por Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,tal y como lo señala la FGR en las ACUSACIONES por DELINCUENCIA ORGANIZADA,ha permitido a los cercanos al gobernador cometer todo tipo de tropelías que han sido solapadas por el mandatario y respaldadas por la Procuraduría de Justicia,que en infinidad de delitos cometidos,han desviado la mirada y torcido investigaciones para obedecer al gobernador  en vez de lo que mandaban las leyes.

Pero la "DENUNCIA CIUDADANA y ANONIMA", ahora pone a relieve un "DOBLE ASESINATO" ocurrido en 2019 en la Cantina Bar "BB y VT" de Reynosa, ubicada a escasos 50 metros de la las instalaciones de la Policia Ministerial,donde pese a ello; "Nadie vio nada,nadie indago nada y no detuvieron a nadie" y ahora eso ahora tiene explicación al calor de una infidencia,pues el autor del artero crimen es identificado como el "BEBO MORENO",hermano del CANDIDATO PANISTA a la ALCALDIA de REYNOSA JESUS MA. MORENO IBARRA...aqui el TEXTO INTEGRO:

"...Familiares y beisbolistas de Reynosa recordamos a Randey Dorme un excelente deportista que con alevosía y ventaja fue acribillado por las balas del bebo moreno quien es hermano del actual candidato del Jesús María el CHUMA del partido acción nacional nos dijeron que calláramos fuimos amenazados y al señor juan quintero dueño de la cantina desde ese día su salud empeoro Dos muertos a balazos en bar de Reynosa Los hechos se registraron en la cantina bar "BB y VT”, justo atrás de las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado en esta frontera, logrando darse a la fuga el homicida Por: Noé Gea/ReynosaEl Día Domingo 05 de Mayo del 2019 a las 18:11 este hecho es criminal fue nuestro compañero un gran ser humano amigo de muchos beisbolistas y el hecho no puede quedar impune si el mismo, procurador gobernador son sus cómplices no podemos seguir solapando a estos asesinos menos de que un dia tu hijo tu hermano o tu padre sean asesinados por manos de cobardes que haciendo valerse de su poder no los alcance la ley queremos justicia el pueblo de Reynosa la hora a llegado de ponerlos en la cárcel sea quien sea no le hace que sean ciudadanos americanos justicia aquí o en estados unidos decimos justicia..."


Y es que el "señalamiento" es contundente y ahora se sabe el hoy CANDIDATO PANISTA y COMPADRE del GOBERNADOR de la misma filiación,le pidió que interviniera para que su hermano el "BEBO MORENO" NO FUERA DETENIDO ,pues hubo TESTIGOS cuyo  TESTIMONIO lo INCRIMINABAN,por lo que DELIBERADA y DOLOSAMENTE se OMITIERON para PROTEGER al ASESINO en su huida el 5 de Mayo de 2019 y, hoy una CARPETA de INVESTIGACION esta archivada esperando el cambio sexenal y la caída del "imperio criminal panista" para acceder a la justicia y e consecuente castigo al responsable, que actuando sigilosamente entro como sicario al bar para dispararles a quemarropa.

Con informacion de:Medios/redes/

"HASTA GENERAL de la GUARDIA NACIONAL TIENE GUARDADITO": AL MENOS 7 FUNCIONARIOS de AMLO "REPORTAN CUENTAS BANCARIAS" en el EXTRANJERO...no les gustan los bancos en Mexico que tambien son extranjeros.


Al menos siete funcionarios de la Cuarta Transformación, entre integrantes del gabinete legal y ampliado, y mandos policiacos, reportaron en sus declaraciones patromoniales y de conflicto de intereses cuentas bancarias en naciones extranjeras como Francia, Estados Unidos y Costa Rica.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a la plataforma DeclaraNet, al presentar la modificación de su declaración patrimonial para 2021, la directora General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, informó que cuenta con cuatro cuentas bancarias en Francia, cuyos montos no se detallan en la versión pública de los documentos.

En su declaración, la encargada de la política hídrica y quien será la próxima embajadora de México en Francia, dio a conocer que tiene tres cuentas de ahorro y una es de inversión en dólares.

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Blanca Jiménez Cisneros. 

Las instituciones bancarias, cuentas o valores donde se localizan estas cuentas son: una en Societe Generale y tres en SEPU, en euros y dólares.

Jiménez Cisneros informó que por su cargo al frente de la Conagua recibió 2 millones 148 mil 346, así como 136 mil 58 por arrendamientos y 138 mil 106 de una pensión que recibe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En total, sus ingresos netos fueron por 2 millones 422 mil 510 pesos.

Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuenta con dos cuentas en el Bank Fund Staff Federal Credit Union, en Estados Unidos. Una de las cuentas es de ahorro y otra es de cheques. Los montos no están reportados en la declaración en su versión pública.

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Arturo Herrera Gutiérrez. 

Lo que sí está detallado son las tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios que tiene con este mismo banco. En su tarjeta de crédito, adquirida el 31 de diciembre de 2018, tiene un monto de adeudo por 44 mil 87 dólares y en un crédito hipotecario adquirido el 30 de noviembre de 2018 por 540 mil dólares.

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), también informó que tiene una cuenta bancaria de ahorro en el banco francés BNP Paribas y en Estados Unidos tiene cuenta en el Banco Fidelity. Los montos no fueron detallados.

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Irma Eréndira Sandoval. 

Sandoval Ballesteros señaló que su único ingreso en 2020 fue su salario como secretaria, el cual fue de un millón 580 mil 829 pesos.

En el caso del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, reportó cinco cuentas en Estados Unidos y Costa Rica.

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Víctor Manuel Villalobos. 

Villalobos reportó que tiene una cuenta en dólares en Bank of America, en Estados Unidos, pero no hizo público el monto, así como una cuenta en Scotiabank en Costa Rica, la cual está en dólares estadounidenses.

También maneja tres cuentas en el Federal Credit Union en dólares, dos de cheques y una de ahorro, donde tampoco reveló los montos.

El funcionario reportó un ingreso como titular de Agricultura de un millón 591 mil 968 pesos, además de un millón 146 mil 684 pesos anuales por la pensión que recibe de parte de Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Así, anualmente Villalobos percibe 2 millones 738 mil 652 pesos.

El general en retiro Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional (GN), reportó una cuenta bancaria en dólares en Citibank, Estados Unidos, pero no precisó los montos de su inversión.

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Luis Rodríguez Bucio. 

El general Rodríguez Bucio informó que anualmente recibe una percepción económica de un millón 607 mil 706 pesos, exclusivamente por su cargo como servidor público.

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia de la República, detalló en su declaración patrimonial que tiene una cuenta en Morgan Stanley, la multinacional financiera estadounidense enfocada a actividades como agente de bolsa y como banco de inversiones. Pero también cuenta con una tarjeta de crédito en Bank of America, en la que tiene un adeudo por 400 dólares.

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Julio Scherer Ibarra. 

El consejero jurídico de Presidencia reportó en DeclaraNet que sus ingresos netos en 2020 fueron de 10 millones 971 mil 616 pesos, de los cuales 7 millones 600 mil pesos fueron por un fideicomiso; un millón 585 mil 062 derivados por su cargo público, y un millón 786 mil 554 pesos por fondos de inversión.

Mientras que Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Asesores de Presidencia, cuenta con una cuenta de cheques y otra de ahorro en Bank of America, ambas en dólares. Además, registró que posee una tarjeta de crédito con el mismo banco y con la cual tiene un adeudo por mil 479 dólares.

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Lázaro Cárdenas Batel. 

El próximo lunes 31 de mayo vence el plazo para que todos los integrantes de la administración pública federal presenten la modificación de su declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés.

Fuente.-

GOBERNADOR "MALANDRO" de TAMAULIPAS MANDA al "GOPES" a DETENER a FUNCIONARIO de MAKI en REYNOSA y lo RESPONSABILIZA la ALCALDESA en REDES...operador de la alcaldesa y Morena en la elección del domingo.


Pese a que una y otra vez,el aun Gobernador de Tamaulipas,Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca ha señalado las "coincidencias" de las ORDENES de CAPTURA en el PERIODO ELECTORAL,en alusión a la PERSECUCION del APARATO FEDERAL que lo ACUSA de DELINCUENCIA ORGANIZADA,AHORA su SISTEMA de JUSTICIA a MODO decidio en el preámbulo electoral "ORDENAR la DETENCION" de ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ funcionario de Reynosa del la SECRETARIA de DESARROLLO SOCIAL e involucrado en la OPERACION ELECTORAL de MORENA en el animo de "TORCER la ELECCION" ante la VENTAJA del CANDIDATO a la ALCALDIA CARLOS PEÑA ORTIZ,hijo de la ALCALDESA MAKI ORTIZ que desde su cuenta en "TWITTER" CONDENO la DETENCION de su FUNCIONARIO por parte de elementos del "GRUPO de OPERACIONES ESPECIALES (GOPES) que actúan como el "BRAZO ARMADO" del GOBERNADOR "PROFUGAMENTE LIBRE" al que hizo responsable de lo que pase en el contexto de la VIOLENCIA ELECTORAL.
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Quien es Horacio Ortiz Renan Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Estatal


De acuerdo a la informacion un Juzgado en San Fernando habria librado la "ORDEN de CAPTURA" por ORDEN del GOBERNADOR al Presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia Horacio Ortiz Renan,un sujeto con amplia curricular criminal, involucrado en 2006 en la entrega de un permiso al Capo del Cartel del Golfo Osiel Cardenas para que apoteósicamente celebrara a los niños en su dia en el Parque de Beisbol Adolfo Lopez Mateos,cuando Garcia Cabeza de Vaca era alcalde de Reynosa (2005-2007) y cateado por la Marina en 2016 por alojar en la torre de su Notaria, el sistema de radiocomunicación del Cartel del Golfo.

CON CATADURA INMORAL Y CRIMINAL:




Las acciónes emprendidas por Garcia Cabeza de Vaca,como un acto desesperado ante la inminente debacle electoral panista, busca descarrilar a nivel estatal todos los "cuadros" vinculados a Morena haciendo uso de la estructura criminal de su Gobierno.

Con informacion de:Medios/redes/

"OTRO HAMPA_RADO": JUEZ FEDERAL "SUSPENDE TEMPORALMENTE CUALQUIER ORDEN de CAPTURA FEDERAL o LOCAL CONTRA el PRIISTA BELTRONES"...otro indefendible inquieto.



Un juez federal suspendió temporalmente cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido girada, por delitos federales y locales, contra el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez tercero de distrito en amparo de la Ciudad de México, concedió al sonorense la suspensión provisional contra un mandamiento de captura, en caso de haber sido girado en las últimas horas.

Beltrones presentó esta demanda de garantías apenas el pasado jueves, pero fue admitida hasta el día siguiente y la suspensión se notificó este martes en la lista de acuerdos del juzgado.

La concesión del juez no significa que exista la orden de aprehensión contra el priista, ya que incluso el impartidor de justicia así ha dado informes a distintas autoridades judiciales y ministeriales para que le confirmen si existe o no este mandamiento privativo de libertad que reclama el quejoso.

El Juez Mejía Ojeda acordó celebrar el próximo 10 de junio la audiencia en la que determinará, ya con información corroborada sobre la existencia de la orden de aprehensión, si concede o no la suspensión definitiva.

Este es por lo menos el tercer amparo que presenta el también ex Gobernador de Sonora contra la posible existencia de una orden de aprehensión solicitada por las Fiscalías de Chihuahua o la General de la República, desde que el 21 de diciembre del 2017 fue detenido Alejandro Gutiérrez, su ex colaborador y ex secretario general del CEN del PRI, acusado de peculado.

A Gutiérrez se le atribuyó participar en el desvió de 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua en tiempos de César Duarte para las campañas del PRI.

La primera vez en que pidió un amparo, Beltrones dijo que había recurrido a este recurso ante la posibilidad de que le fabricaran una "acusación a modo" en el caso de los desvíos de Chihuahua.

Fuente.-

"MIEDO ?...TEMOR ? o los DOS": ACUSAN al EJERCITO y la POLICIA de "ABANDONAR AGUILILLA a MERCED del CJNG del MENCHO en MICHOACAN...



Pese al asedio criminal, los elementos de la Policía de Michoacán y del Ejército ya no están presentes desde hace una semana sobre la vía Apatzingán-Aguililla, acusaron habitantes de la región.

EL ORIUNDO DE ESAS TIERRAS:


Apenas el 28 de mayo, a más de un mes de operativos conjuntos, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a pedradas en la comunidad de El Terrero, Municipio de Buenavista.

EL NUEVO DUEÑO DE AGUILILLA:


Este martes, en el tramo carretero de El Terrero a División del Norte, grupos criminales bloquearon en dos puntos, en uno con un tráiler y en otro con un vehículo blindado artesanalmente, conocido como "monstruo".

"No hay ningún tipo de Policía, de seguridad en el camino, en Aguililla tampoco hay estatales, sabemos que en días pasados los habían corrido por Catalinas y Pizándaro los habían corrido a huevazos y pedradas, entonces ahorita no hay nadie, ni el Ejército ni nadie, la carretera está nuevamente en esta tensión entre los Jalisco y Viagras, allá por El Terrero que tienen un 'monstruo' ahí, y los de este lado que están en alerta máxima con el carro atravesado", narró un poblador.

"El hecho es que no hay ninguna Policía estatal, ningún elemento del Ejército y pareciera que no sé si ya nos abandonaron o momentáneamente están replanteando la estrategia, no lo sé, pero es así".

El 28 de mayo, Michoacán registró al menos 11 narcobloqueos, el incendio provocado de dos comercios y 16 vehículos, cuatro patrullas destruidas y ataques contra efectivos policiacos y militares.

La ola violenta, que afectó durante el fin de semana a Apatzingán, Morelia, Buenavista, Aguililla, Parácuaro y Múgica, fue relacionada con la pugna que mantienen Cárteles Unidos, Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de los territorios.

Desde el 19 de abril, luego de al menos cuatro meses de bloqueos carreteros sin presencia de seguridad pública, la Policía de Michoacán inició un operativo sobre la vía Apatzingán-Aguililla para inhibir los cierres, pero no lo logró.

Desde esa fecha, se ha registrado una decena de bloqueo, con vehículos incendiados, ponchallantas y destrucción de asfalto, aunque horas después policías estatales han restablecido la circulación.

fuente.-

"VIVO lo QUEREMOS ?...y SALIO BIEN VIVO": FISCALIA de QUERETARO ACUSA a "CANDIDATO de FINGIR su SECUESTRO" HOSPEDANDOSE en HOTEL con NOMBRE FALSO...y por su propia voluntad.



Porfirio Lima Cervantes, candidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de Acajete en Puebla, es señalado de haber fingido su propio secuestro, según información difundida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Este martes, la Fiscalía dio a conocer que luego de la denuncia interpuesta en Puebla por la desaparición de Lima Cervantes el pasado 29 de mayo, en colaboración con la fiscalía poblana, se logró encontrar a Porfirio Lima en las inmediaciones de la carretera 57 a la altura del municipio de El Marqués en la zona metropolitana.

Según el reporte de la fiscalía queretana, al candidato se le encontró en buenas condiciones físicas, sin presentar lesiones de algún tipo, sin embargo, fue enviado al hospital para su valoración médica.

Horas más tarde, la misma FGE de Querétaro emitió otra ficha informativa donde asegura que el candidato poblano estuvo en Querétaro por voluntad propia.

“Dando seguimiento a la línea de investigación de la Fiscalia de Puebla en torno a la presunta desaparición de un candidato en aquella entidad, se informa que esta persona habría permanecido por voluntad propia en un hotel en la capital del estado de Querétaro”.


Detalla que Porfirio Lima se registró en un hotel de la capital con un nombre falso desde el pasado 29 de mayo, y del cual salió ayer martes por la mañana.

“El 29 de mayo, se registró con un nombre falso y salió del mismo está mañana”, dice la propia fiscalía queretana.

Ante esto se informó que el candidato fue trasladado al estado de Puebla para continuar las investigaciones en relación a los delitos de falsedad de declaraciones o secuestro simulado.

Fuente.-

"SIN DECIR AGUA VA": "POLINEGRO" de CABEZA de VACA "MATO a POLINEGRO" en DESTACAMENTO de SEGURIDAD en NUEVO LAREDO...es el espiritu de "puerco en vez de cuerpo del cancer polinegro".



La informacion publicada por la REVISTA VERTICAL,volvio a poner de manifiesto la temeridad de los POLICIAS ESTATALES de TAMAULIPAS que NO DUDAN en MATARSE ENTRE ELLOS MISMOS,tal y como ha OCURRIDO en NO POCAS VECES en que DROGADOS y/o DISCUTIENDO por el BOTIN del CRIMEN, se ASESINAN a MANSALVA, como ocurrio el pasado fin de semana en Nuevo Laredodonde policías investigadores tuvieron que trasladarse el complejo de Seguridad Pública donde está destacamentada la Policía Estatal Acreditable (PEA) de Tamaulipas, tras una balacera entre los mismos elementos que dejó un policía estatal muerto y otro herido de gravedad.

CONSUMEN las DROGAS QUE INCAUTAN AL CRIMEN:


Según versiones de los elementos estatales, el presunto agresor un policía estatal activo uniformado y con su arma larga de cargo calibre 223, en presunto estado inconveniente con sustancias químicas en su metabolismo (drogado) llegó a donde estaba su compañero Julian que era conocido como el chaparrito, del área de mantenimiento que en ese momento en los patios del complejo se encontraba echando mecánica a una patrulla.

SIN DECIR AGUA VA:


El policía agresor sin decir nada a la víctima le descargó unos tiros del arma larga hiriendo de muerte al mecánico, al ver a su compañero ensangrentado el policía estatal que según andaba drogado se apuntó a la cabeza solo dándose un rozón de bala, fueron los estatales de la caseta de vigilancia que repelieron la agresión desatándose una balacera infernal.

EL CRIMEN UNIFORMADO a tono con la moral del gobernador:

El agresor huyó dentro del complejo y policías tras de él, mientras otros compañeros le daban apoyo médico a Julian quien lamentablemente ya no tenía signos vitales, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tamaulipas, quien en en estos momentos realiza los peritajes de campo en el complejo de Seguridad Pública y da número a una carpeta de investigación.

Con informacion de.-