La Fiscalía General de la República (FGR) desmentirá la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2006, dada a conocer por la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
En la nueva investigación de lo ocurrido hace casi seis años en Iguala, Guerrero, la FGR argumentará que los estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y finalmente incinerados en diferentes lugares, desechando la versión de que fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, base de la versión sostenida por la extinta PGR.
En el informe sobre la “verdad verdadera” del caso que presentará la FGR, que en algunos puntos fue compartida con Excélsior, se detallará que los normalistas fueron separados en varios grupos.
El nuevo informe sobre el caso incorpora una serie de “informaciones reservadas” que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entregó a la PGR y que aún no salen a la luz pública.
“Los 43 fueron calcinados en distintos lugares”
En la nueva investigación de lo ocurrido hace casi seis años en Iguala, la FGR argumentará que fueron víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y desechará que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, base de la verdad histórica.
La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa —hace casi 6 años— fue producto de una desaparición forzada; fueron separados en varios grupos; ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos incinerados en distintos lugares. Éste es un compendio jurídico y científico de las investigaciones de la “verdad verdadera” del caso que presentará la Fiscalía General de la República (FGR).
Las investigaciones de la FGR apuntan hacia que ninguno de los estudiantes desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fueron llevados, ni ejecutados ni calcinados en el emblemático basurero de Cocula, como se afirmó en la llamada verdad histórica de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), desde el 27 de enero de 2015.
La postura de la FGR, que en algunos puntos fue compartida a Excélsior, plantea que restos óseos, presumiblemente de los jóvenes, fueron localizados en distintos sitios que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa escudriñó en los últimos 15 meses. Esos restos son independientes de los 114 fragmentos localizados en el basurero de Cocula y el Río San Juan, que presumiblemente debieron ser enviados a la Universidad de Innsbruck para su análisis genético.
En una concatenación entre las nuevas investigaciones y lo que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tanto en el expediente del caso, con más de un millón de hojas y en su Recomendación 15VG/2018 caso Iguala del 28 de noviembre de 2018, de 2 mil 177 páginas, hay varios puntos convergentes.
En el informe sobre el Caso Ayotzinapa de la FGR estarán incorporadas una serie de “informaciones reservadas” que la CNDH entregó a la PGR y que aún no se conocen públicamente. Esos documentos forman parte de las investigaciones realizadas por el órgano autónomo y a partir de las cuales obtuvo pruebas con las cuales forjó una narrativa de los hechos diferente a la verdad histórica del gobierno anterior. Aunque fue soslayada y su recomendación archivada, ya que no es vinculante.
Entre los puntos que la investigación de la FGR desarrollará está la segunda ruta de desaparición de los normalistas, en el Puente del Chipote, punto que fue ampliamente documentado por la CNDH.
Es en el escenario del Puente del Chipote donde se plantea la participación de elementos de la Policía Federal, de la Policía Federal Ministerial y de la PGR, lo que permitirá a la FGR determinar la desaparición forzada de los estudiantes; esa misma aseveración fue establecida en su oportunidad por la CNDH y está en comunión con la evidencia sobre la participación de la policía estatal y ministerial del estado de Guerrero.
Las indagatorias federales abrirán un espectro de al menos 18 sitios investigados y en los cuales se localizaron restos óseos, presuntamente de los estudiantes; de esos 18 lugares, la CNDH incorporó en su recomendación 10 sitios, como posibles destinos de los normalistas, incluido el basurero de Cocula.
La FGR planteará en su informe la intervención en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, de las policías de Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco, además de la de Iguala y Cocula. Es en este tema donde se perfilan varias de las 46 órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR a un juez.
De la “información reservada que la CNDH entregó a la PGR es sobre la cual la FGR encauzó su investigación en torno a que otros miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos participaron en los hechos.
Para ahondar en este capítulo, es donde se tomaron en cuenta los testimonios de personas que voluntariamente decidieron dar su testimonio, algunas obteniendo una recompensa económica y otras de orden jurídico, ya durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la recomendación de la CNDH, éstas proporcionaron información y documentación sobre la identidad, fotografías, datos, como apodos y nombres completos, incluso la ubicación de distintos presuntos criminales relacionados con los hechos. Entre ellos, la de un sujeto que es mencionado como El Caminante y que la PGR identificó con un nombre que no es el verdadero.
La nueva investigación del Caso Ayotzinapa rectificó lo que pasó por alto la PGR, sobre las distintas omisiones de diferentes autoridades municipales, estatales (de Guerrero), federales y militares, a partir de su intervención en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo conocido como C4, evidenciadas en el trabajo de la CNDH en 2018.
La FGR, que dejó las nuevas indagatorias en manos de Omar Gómez Trejo, como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y quien fue secretario técnico del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), hizo suyas las investigaciones sobre la georreferencial de los teléfonos celulares de los estudiantes para seguir ciertas hipótesis. Sobre todo porque fue una demanda de algunos padres de los normalistas.
Hipótesis que en la recomendación de la CNDH es el punto que permitió establecer, entre otras cosas, la ubicación de normalistas, policías y miembros del grupo delictivo de Guerreros Unidos en distintos escenarios criminales en los momentos críticos de los hechos de hace casi seis años.
En el tema de presuntas omisiones o presuntas responsabilidades penales de funcionarios federales, como el caso del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio —que está prófugo— y particularmente su actuación en el Río San Juan, la FGR determinará irregularidades, insuficiencias, deficiencias y errores; todos estos planteamientos tienen similitud con los presentados por la CNDH, que en su momento sirvieron para la presentación de seis denuncias penales y 12 administrativas en contra de 375 servidores públicos del ámbito estatal y federal, entre ellas a Zerón de Lucio.
Sobre el punto de la separación de los normalistas en varios grupos, la FGR plantea presentar un mapa de distintas rutas.
Aunque las investigaciones de la CNDH plantean dos, una en Juan N. Álvarez y Periférico, que es el llamado tercer autobús de la caravana de seis. Presuntamente en ese grupo estaban entre 23 y 28 normalistas, que fueron llevados a la comandancia de policía de Iguala. De donde fueron sacados y llevados a Loma de Coyotes, donde los habrían entregado a los Guerreros Unidos) y presuntamente conducido al basurero de Cocula, donde según la PGR resultaron ejecutados e incinerados.
En el otro grupo de estudiantes estaba entre 15 y 20; todos ellos fueron bajados de un autobús interceptado en el Puente del Chipote y subidos en cuatro camionetas de policía (una de Iguala y tres de Huitzuco). Fueron conducidos hacia Huitzuco. Ninguna investigación ha podido probar si en el camino hubo cambio de orden, por lo que no llegaron a Huitzuco y hayan sido llevados a otros sitios, en donde cabe la posibilidad de que también hayan ido al basurero de Cocula.
Científicamente lo que está demostrado, hasta el momento que la FGR emita el resultado de su investigación, es que los 43 normalistas desaparecidos, dos de ellos, Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz, están muertos y que sus cuerpos fueron incinerados. La postura de la PGR es que fueron incinerados en el basurero de Cocula. Donde científicamente también se confirmó que entre 21 y 41 personas fueron calcinados, sin que se sepa aún si se trata de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
En el plano jurídico del caso, de acuerdo a las pruebas existentes es que los 43 normalistas fueron ejecutados y sus cuerpos incinerados. La postura de la verdad histórica de la PGR es que eso ocurrió en el basurero de Cocula. Eso se podría confirmar o descartar con el análisis genético de los 114 restos óseos, que la CNDH propuso enviar a Innsbruck. Mientras que las investigaciones de la FGR apuntan a que los normalistas sí fueron incinerados, pero en distintos lugares y no en el basurero de Cocula.
Los datos
- Varios inculpados obtuvieron su libertad con reserva, lo cual propicia que el Ministerio Publico esté en actitud de reencausar la indagatoria y, por ende, ejercer de nueva cuenta la acción penal, haciendo valer hipótesis delictivas distintas.
- Durante la indagatoria, se reportaron irregularidades, mismas que fueron reconocidas por instancias internacionales.
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