Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, figura clave en la defensa de su gobierno y en el diseño de las reformas estructurales, renunció el viernes 9 como consejero jurídico sin que hasta la noche de ese día se informara oficialmente si va a otro cargo o queda fuera de la administración federal.
Con un paso breve por la vida pública, en apenas seis años Castillejos Cervantes –el más joven de una dinastía de abogados influyentes relacionados de un modo u otro con crímenes de alto impacto– acumuló escándalos de deshonestidad profesional, conflicto de interés y opacidad.
De manera inusual, en el contexto de la visita de la canciller alemana Angela Merkel a México, la Presidencia de la República emitió un comunicado la tarde del viernes en el que expresó su reconocimiento a la labor desarrollada por Castillejos desde el arranque de la administración.
El comunicado, que tenía faltas de ortografía y sintaxis, precisó que en lugar de Castillejos fue designado titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Misha Leonel Granados Fernández (sin incluir su segundo apellido), otro abogado que se desempeñaba como consejero jurídico adjunto.
Como sus primos, el procurador general de la República Raúl Cervantes Andrade y el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo Cervantes, Castillejos integró el equipo de Peña Nieto desde el gobierno estatal mexiquense, lo acompañó en la campaña y, finalmente, en la Presidencia de la República.
Los señalamientos
Con 40 años de edad, Castillejos Cervantes ya pasó por la implicación –jamás probada– en el asesinato de Enrique Salinas de Gortari; también por faltas a la Ley de Responsabilidades, así como por señalamientos que lo colocan como personaje clave en el deterioro de las relaciones internacionales del gobierno de México.
En el caso de Enrique Salinas, una serie de registros telefónicos condujeron la investigación a Castillejos Cervantes, quien tuvo que declarar ante el Ministerio Público, pues presuntamente llamó a aquel desde un teléfono registrado a nombre de su padre, el abogado Marcos Castillejos, aproximadamente al momento del crimen, cuya motivación, se dijo, estaba relacionada con la extorsión.
Por ese caso también comparecieron José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes estuvieron presos durante un año, así como los comandantes Édgar Eusebio Millán Gómez e Igor Alfredo Labastida Calderón, mandos de la misma agencia que estaban bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino, uno de los mandos policiacos más prominentes del panismo. Por entonces Cárdenas Palomino era yerno del abogado Marcos Castillejos y, por tanto, cuñado de Castillejos Cervantes.
En diciembre de 2007 Humberto fue nombrado coordinador de asesores en la Procuraduría General de la República (PGR), durante la gestión de Eduardo Medina Mora, pero duró sólo unos meses pues renunció el 30 de abril de 2008. En las semanas siguientes se sucedieron una serie de crímenes: Edgar Eusebio Millán fue asesinado el 8 de mayo; Igor Alfredo Labastida Calderón, el 26 de junio, y Marcos Castillejos el 8 de julio.
El asesinato de Enrique Salinas fue investigado por el entonces procurador de justicia mexiquense Alfonso Navarrete Prida, hoy secretario del Trabajo, quien nunca cerró la averiguación, sino que la turnó a la PGR, donde se le dio carpetazo (Proceso 2087).
Clave en el peñanietismo
Castillejos Cervantes es integrante de esa dinastía de abogados con importante presencia política en el Estado de México, y diferentes trabajos periodísticos lo relacionan, lo mismo que a su primo Alfredo Castillo, con Tomás Zerón, el extitular de la AFI y actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, a quien se le atribuye la construcción de la fallida “verdad histórica” de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El año pasado, en el desencuentro entre el gobierno peñanietista y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar lo ocurrido con los normalistas, fue Castillejos quien salió a descalificar la indagatoria y, de acuerdo con información publicada por el periodista Ricardo Raphael, fue el autor del rompimiento del gobierno con esa tercería internacional.
En 2015 salió a dar la cara por la familia presidencial en el caso de la segunda mansión en el exclusivo sector de Lomas de Chapultepec que usufructuó Peña Nieto durante su campaña y era propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista gubernamental y cabeza visible del Grupo Higa.
Como ocurrió semanas antes con la Casa Blanca de Peña Nieto tras la investigación del equipo de Carmen Aristegui, la explicación oficial fue que la propiedad no era del mandatario, sino de Castillejos Cervantes, quien la rentaba para usarla como despacho y que en algunas ocasiones recibió ahí al candidato priista y luego presidente electo Enrique Peña Nieto.
Proceso documentó en su edición 2087 que, a pesar de que la ley es explícita al respecto, Castillejos Cervantes no tuvo cédula profesional hasta 2015, por lo que al asumir la CJEF violó diferentes disposiciones legales y las había violado en el pasado al litigar sin cédula.
En la CJEF, cuyo titular acuerda directamente con el presidente, Castillejos Cervantes se destacó por su participación en la redacción de las reformas estructurales aprobadas luego por la vía del Pacto por México. Posteriormente las defendió en las diferentes controversias constitucionales que se interpusieron contra ellas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así lo expresa el comunicado de la Presidencia que informa de su renuncia, en el que incluso le atribuye un papel en el diseño de la reforma laboral, aunque ésta se aprobó cuando Castillejos no era funcionario:
“Ha sido fundamental en el diseño, construcción, negociación y aprobación de las reformas estructurales de educación, financiera, fiscal, energía, competencia económica, telecomunicaciones, política, laboral, transparencia, anticorrupción, amparo, justicia penal y justicia cotidiana que han dado al país un nuevo marco constitucional para el siglo XXI”, se enumera en el documento oficial.
También se expone que Castillejos Cervantes se destacó en la defensa de la constitucionalidad de las reformas ante la SCJN y otros tribunales, además de haber defendido “eficazmente los intereses de la federación”.
Tal eficacia, según la Presidencia, consistió en decenas de juicios ganados por la dependencia que encabezó hasta el viernes, en la cual ha prevalecido la opacidad.
Precisamente en estos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) debe resolver la procedencia de una solicitud realizada por Proceso a fin de que se transparenten los diferentes procesos de controversia constitucional en los que participa la Presidencia de la República y que, por ley, corresponde a la CJEF representar.
Luego de que el gobierno de Peña Nieto controvirtiera la constitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México –es decir, argumentara la inconstitucionalidad de esta última respecto a la federal– y también los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ante lo que parece ser la defensa de los intereses de las grandes cadenas de medios, se solicitó acceso a las actuaciones judiciales, pero la oficina de Castillejos las declaró reservadas porque aún no son “cosa juzgada”, como si se tratara de un litigio entre particulares.
Tan sólo por los casos que se han hecho públicos, el paso de Castillejos por la CJEF queda marcado por convertir a la administración peñanietista en la más litigiosa en materia de constitucionalidad, no obstante que hasta ahora es imposible conocer la dimensión de los litigios que abrió.
A cargo de la consejería se quedó Misha Leonel Granados Fernández, un abogado fiscalista de 37 años egresado de la Universidad Panamericana –donde también estudió Peña Nieto– y quien desde el arranque de la administración fue consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales, como parte del equipo de Castillejos Cervantes.
Esto significa que los procedimientos ante la SCJN que este semanario solicitó conocer estuvieron técnicamente bajo su responsabilidad en estos años.
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