Las
políticas públicas contra la delincuencia organizada de Estados Unidos y de
cualquier otro país servirán de muy poco en la medida en que sigan disociadas
entre sí, aseveró el investigador de El Colegio de México, Sergio Aguayo.
Dijo
que a esa nación “hay que combatirles la tendencia que tienen de negar su
responsabilidad en los problemas de seguridad que tenemos”.
El
académico explicó que, si bien Estados Unidos no es responsable de nuestra
seguridad, debe quedar claro que si los vendedores de armas pueden exportar a
México todo lo que quieren, los cárteles de las drogas tienen acceso al arsenal
más sofisticado, lo cual pone en debilidad a las policías municipales y en
ocasiones a las fuerzas armadas.
Puso
como ejemplo de ello el arma con el que integrantes del Cártel Jalisco Nueva
Generación derribó un helicóptero del ejército en el 2015.
Parte
de la batalla cultural es recordarles que ellos son corresponsables en los
problemas de seguridad en México.
Luego
reprochó el hecho de que el gobierno de Estados Unidos se niegue a compartir la
información que tienen sobre los cárteles mexicanos.
“Ellos,
de voluntad, no nos quieren informar, lo cual los hace cómplices de lo que está
pasando en el país”.
Común que gobiernos
evadan atención
a crimen organizado
Expuso
que es muy común que los gobiernos y las sociedades evadan la atención hacia la
delincuencia organizada. Incluso recordó que Estados Unidos se tardó al menos
50 años para adoptar una política pública para atacarla.
Relató
que fue hasta 1970 cuando se decretan las llamadas Leyes Rico, que es la
esencia de la política de esa nación contra del problema y que consisten
básicamente en descabezar y fragmentar a los cárteles, la cual fue seguida
acríticamente por México.
“México
imitó esa estrategia a partir de 1969 cuando fue chantajeado por la Operación
intercepción, en la cual el presidente Gustavo Díaz Ordaz cedió ante la amenaza
de que si no cooperaba, el presidente Nixon divulgaría una lista de 20
políticos y empresarios de alto nivel mexicanos involucrados en el
narcotráfico”, expuso.
En ese
tenor mencionó que lo que funcionó razonablemente bien en Estados Unidos ha
sido un fracaso en México porque tenemos un tejido institucional y social
radicalmente diferente.
El
mejor indicador es el costo social que han pagado ambas sociedades.
Puso
como ejemplo que el número de ejecuciones atribuidas al crimen organizado en
Nueva York de 1970 a 1985 fue de 30 ejecuciones por año, cuando en México esa
cantidad se puede alcanzar en un día y sólo en una ciudad.
Para el
especialista es indispensable replantear la estrategia de seguridad y en ese
sentido, “el germen” que constituye la redefinición hecha por el presidente de
la República Enrique Peña Nieto a la política pública de México para atender
ese problema “es saludable”, aunque necesita madurar con el concurso de
diferentes instituciones.
Desde
su perspectiva, lo que debe ocurrir es una “mexicanización” en las políticas
públicas que empieza por lo planteado por el gobierno actual pero no queda ahí.
Dijo
que en México las bases del crimen organizado se sentaron en la década de 1920,
cuando ocurrió la prohibición en Estados Unidos y fue hasta el sexenio del
presidente Miguel de la Madrid (1987) cuando se reconoce como un problema de
seguridad nacional y fue en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto cuando
se toma un enfoque más adecuado para enfrentarlo.
Dijo
que desde 1987 lo que ocurrió fue seguir la política desarrollada en Washington
para combatirlo.
En ese
aspecto se manifestó por que México adopte una visión regional sobre el
problema principalmente por el parroquialismo que hay que ha implicado no haber
podido salir del trauma de haber perdido la guerra con Estados Unidos y la
actitud de siervos y vasallos “cuando se va a Estados Unidos” la cual es
sorprendente porque parece difícil entender que hay que competirles como
iguales.
Integralidad va más allá de ligar comercio con armas y lavado de dinero
Aguayo
explicó que el crimen organizado está asentado en cinco circuitos: las drogas,
las migraciones, tráfico de armas, la cultura y el lavado de dinero, que es el
gran articulador de sus actividades.El investigador señaló que tal vez el
crimen organizado es la amenaza mayor para el Estado-Nación.
“Sostengo
que es importante elaborar un consenso nacional que reconozca que la
integralidad va más allá que libar comercio con armas y el lavado de dinero. Es
correcto pero insuficiente; es un fenómeno infinitamente más complicado que va
a requerir de un esfuerzo sobre todo tomando en cuenta que son casi 100 años de
una planta que surgió de la semilla plantada por los Estados Unidos y que llevó
a la creación de los cárteles del narcotráfico en México”.
En el
caso de la migración, añadió, hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas
reconoció la declaración de Brasil de diciembre del año 2015 que la violencia
criminal tal vez si permitiría que algunos de sus desplazados puedan declararse
refugiados. De esto en particular dijo que, si bien se trata de una declaración
sin validez jurídica tiene un valor enorme porque implica que la comunidad
internacional empiece a reconocerlo, pero Estados Unidos no lo acepta y hace lo
posible por evitarlo porque pasa lo que ocurre con el asunto de los mexicanos
que piden asilo político.
Estamos
hablando de una guerra intelectual. Tenemos que ir a los foros académicos
internacionales llevando una visión de seguridad mexicanizada y llamo a no
comprar las tesis en la materia de Estados Unidos.
Aguayo
abundó en que es importante que no dejemos que nos colonicen con la idea de
descabezar a los grandes cárteles porque si se sigue eso en México, no habrá
política pública para atacar a los 200 cárteles más que hay de menor tamaño y
por eso el costo social es tan alto.
Lógica
del crimen organizado
El
investigador planteó sus ideas sobre la lógica en que opera el crimen
organizado:
Busca riqueza y poder
político y usa la violencia.
Las mafias y los cárteles son los hijos bastardos del
capitalismo y la declaración universal de los derechos humanos.
Las mafias y los cárteles florecen mejor en las economías
de mercado y el Estado de Derecho. Ello explica porque en un régimen como el
cubano o en Nicaragua hay menos crimen organizado.
El tamaño e influencia de los cárteles está determinado
por la fortaleza de las instituciones y lo adecuado de las políticas. En ese
terreno, México está muy mal y eso explica el alto costo social.
Mencionó que en tanto no se ataque de frente la
corrupción y la desigualdad, será imposible que se logre reconfigurar el Estado
para restablecer al estado paralelo.
La delincuencia organizada necesita de una base social
que justifique su existencia y le permita renovar sus filas. En otras palabras,
hay capital social positivo y negativo. El crimen organizado no opera sobre un
vacío sino que hay tejido social que lo sustenta. Dependiendo del municipio,
hay encuestas que señalan que un tercio de la población apoya al crimen
organizado o tienen opiniones que le permiten asentarse.
fuente.-
