Dar cuenta en unas cuantas páginas de la evolución del crimen organizado en México en los últimos 10 años implica precisar el alcance del trabajo. La idea es informar, de manera muy sucinta, de la transformación del mapa de las organizaciones criminales, sus nuevos conflictos, la geografía de la violencia, así como registrar los cambios ocurridos en sus actividades y estrategias delictivas que incluyen la captura y reconfiguración de instituciones estatales.
Considerando lo reducido del espacio, lo amplio que es el fenómeno y la escasez de información sólida y confiable sobre las organizaciones criminales, este texto es apenas un bosquejo, con trazos muy gruesos. Tómese pues como un acercamiento inicial y general, lleno de hipótesis a investigar.
¿Cómo eran las organizaciones criminales en 2006?
Entender qué ha pasado en los últimos 10 años en materia de crimen organizado requiere tener claros los principales elementos que constituían el panorama de las organizaciones dedicadas al narcotráfico al inicio del sexenio de Felipe Calderón, pues al compararse con la situación actual se podrán identificar los cambios ocurridos y las principales tendencias de evolución de las organizaciones y de su actuación criminal.
A fines de 2006 se sabía que el narcotráfico se había expandido y fortalecido. En su discurso de toma de posesión, Felipe Calderón aseguró que “hoy la delincuencia pretende atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al gobierno; la inseguridad pública amenaza a todos y se ha convertido en el principal problema de estados, ciudades y regiones enteras”. Por su parte, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en un documento titulado “Hacia un nuevo sistema integral de combate al crimen organizado. Estrategia y plan de acción”, hizo el siguiente diagnóstico:
El fenómeno del narcotráfico se ha transformado en estos últimos años; ya no es sólo un problema de producción y de tráfico de drogas, sino que se ha convertido en una red de grupos supraestatales, organizados, que combaten entre sí para apoderarse de regiones, ciudades o plazas. Su objetivo es asegurar el tráfico y el control de los narcóticos en el mayoreo y en el menudeo; organizar otro tipo de actividades delictivas como el contrabando, el robo de mercancías, de vehículos; apoderarse de giros negros y de lavado de dinero…
Esto ha llevado a la conformación de una especie de anti-Estado o antigobierno, que tiene como resultado una población que opera sobre un territorio y ejerce su poder a través de dinero, del manejo de la violencia física y de las armas o de la amenaza de su utilización. En este año han aumentado radicalmente el número de ejecuciones, siendo más de dos mil las que se han registrado”.1
Detrás de este diagnóstico muy general de un problema que había adquirido características nuevas y alarmantes estaba un mapa de organizaciones criminales dedicadas fundamental pero no únicamente a la producción y exportación de drogas. A ese panorama criminal estaban asociados tres fenómenos inéditos: a) el inicio de conflictos armados entre varias de esas organizaciones, hecho que suponía la ampliación y profesionalización de sus brazos armados; b) la diversificación de las actividades delictivas hacia delitos patrimoniales y otros mercados ilegales junto con la “federalización” de la organización criminal; c) la captura y reconfiguración del Estado en el ámbito estatal y municipal.
La descripción siguiente del fenómeno criminal a fines de 2006 está extraída del libro Historia del narcotráfico en México.2
Mapa de las organizaciones criminales del narcotráfico en 2006
En aquel año operaban en el país cinco organizaciones:
Sinaloa o Pacífico. La más grande e importante. Controlaba la producción y exportación de marihuana, heroína y metanfetaminas así como el traslado a Estados Unidos de cocaína comprada a sus socios colombianos. Su presencia abarcaba todos los estados del Pacífico, desde Chiapas hasta Baja California, además de Durango y Chihuahua.
Tijuana. Su poder se derivaba del control de esa estratégica ciudad fronteriza (cobraba derechos por su uso para trasladar droga a Estados Unidos) por donde exportaba todo tipo de drogas compradas a otras organizaciones. Era una organización familiar liderada por los hermanos Arellano Félix.
Ciudad Juárez. Al igual que Tijuana, era una organización regional basada en el control de una plaza fronteriza estratégica. Vivió su mejor época en los noventa cuando El Chapo estaba preso en Puente Grande, y Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, la dirigió. En esos años operó aliada a Sinaloa y formó lo que se llamó la Federación. Controlaba además Quintana Roo, que era el lugar de entrada de la coca proveniente de Colombia.
Golfo-Zetas. Fue el último cártel en formarse a fines de los ochenta. Su expansión por todo el Golfo hasta el sureste (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche) y varios estados del centro (Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas) y norte (Coahuila y Nuevo León) e incluso a Michoacán, fue posible por la existencia de Los Zetas, el primer brazo armado profesional creado por una organización del narcotráfico.
La Familia Michoacana. Michoacanos que participaban en el llamado Cártel del Milenio o de los Valencia y luego colaboraron con Los Zetas se rebelaron contra éstos para controlar el negocio en su entidad. Después de dos años de lucha (2006-2008) los expulsaron y controlaban el narcotráfico en Michoacán, Guanajuato, partes de Guerrero, Morelos y Estado de México.
Los conflictos entre organizaciones y la profesionalización del sicariato
En 2006 los dos mil asesinatos a los que se refieren los gobernadores en su documento eran producto, en gran medida, de los enfrentamientos entre esas cinco organizaciones que se disputaban el control de rutas, plazas y puertos de acceso y salida de las drogas. Estaban bien documentados los siguientes conflictos:
Sinaloa contra Tijuana. El más antiguo de todos tenía como escenario las dos Baja Californias y de manera especial la ciudad de Tijuana. Ya desde 1993 El Chapo Guzmán y Ramón Arellano Félix se intentaron asesinar mutuamente. El incidente en el aeropuerto de Guadalajara, donde murió el cardenal Posadas Ocampo, era parte de esa guerra.
Sinaloa contra Golfo-Zetas. Desde 2001 se enfrentaban por el control de Nuevo Laredo, luego continuaron su lucha en Guerrero a donde llegaron Los Zetas a tratar a desplazar a la gente de los Beltrán Leyva que entonces eran parte de Sinaloa.
Sinaloa contra Juárez. En 2004 ambas organizaciones se declararon la guerra por el incumplimiento del pago por el uso de la plaza que hacía la gente de Sinaloa para cruzar sus cargamentos a Texas. El Chapo mandó asesinar a Rodolfo Carrillo, hermano de Vicente, quien estaba al frente de Juárez desde la muerte de Amado Carrillo.
La Familia Michoacana contra Golfo-Zetas. Conflicto que sorprendió por la manera espectacular de ser anunciado: mediante seis cabezas decapitadas que arrojó La Familia en una discoteca de Uruapan en septiembre de 2006, para informar de su guerra contra Los Zetas, hacerles “justicia divina” a los michoacanos y liberarlos del “yugo” de los enviados del Golfo.
Es importante señalar que a partir de que el Golfo creó a Los Zetas como un grupo paramilitar, dirigido por soldados de elite que habían desertado del ejército, se generalizó un fenómeno nuevo en el mundo del narcotráfico en México: la expansión y profesionalización de sus sicarios, de manera que todas las organizaciones tuvieran capacidades similares a las de sus rivales, pues de lo contrario serían derrotadas. Los cárteles siempre tuvieron un grupo dedicado a ejercer la violencia. Eran sicarios, muchos de ellos policías en activo o ex policías, pero no tenían mayor entrenamiento; simplemente eran matones profesionales. La novedad fue que Los Zetas crearon campos de entrenamiento para enseñarles a esos matones el uso de todo tipo de armas, tácticas de combate, interrogatorio y tortura, técnicas de contrainteligencia, telecomunicaciones. La violencia usual de los judiciales se transformó en violencia sofisticada de seudomilitares entrenados en contrainsurgencia.
Como reacción a Los Zetas, El Chapo creó a Los Pelones; Beltrán Leyva a las Fuerzas Especiales de Arturo (FEDA); Juárez a La Línea y La Familia, sin darle nombre especial también tenía un poderoso brazo armado entrenado por kaibiles guatemaltecos, igual de violento que Los Zetas, de quienes aprendieron el poder del terror por el uso ilimitado de la crueldad y su exhibición mediática.
No hay manera de precisar el número total de sicarios armados y entrenados que peleaban en las calles para todas esas organizaciones. Sin embargo, las 160 mil armas decomisadas (dos terceras partes de ellas eran armas automáticas de alto poder, además de lanzagranadas, metralletas calibre .50) en los primeros cinco años de lucha contra ellas, dan una idea de la enorme capacidad de fuego que llegaron a acumular.
Diversificación delictiva y federalización del crimen organizado
La segunda característica del fenómeno del crimen organizado a fines de 2006 era la diversificación de su actividad delictiva. En el siglo pasado las organizaciones del narcotráfico centraron su actividad en la producción y exportación de drogas; la violencia era selectiva y no se metía con la población: no fomentaban el consumo interno de estupefacientes, ni la agredían con delitos patrimoniales. Los Zetas y después La Familia generalizaron un cambio en el modelo criminal, pues además del narcotráfico se dedicaron a extraerle el patrimonio a la sociedad a través del secuestro y la extorsión.
Para operar de manera masiva los delitos de secuestro y extorsión, Los Zetas y La Familia cooptaron a las bandas delictivas de las ciudades bajo su control. Es decir, las incorporaron por la fuerza a sus estructuras, las capacitaban, las armaban y las pusieron a operar en su beneficio, a cambio de un porcentaje de lo obtenido. De esa manera, en muchas ciudades la delincuencia “ordinaria”, dedicada al robo de vehículos, casas habitación, se fusionó con organizaciones criminales profesionales y ambas partes ampliaron su capacidad operativa. Así, crearon unas “federaciones criminales” bajo el mando de Los Zetas y La Familia en varios estados del país.
La captura y reconfiguración del Estado en estados y municipios
Ante la pasividad del Estado para frenar la evolución del crimen organizado, éste dio un paso más en la búsqueda de nuevas rentas y de mayor poder e impunidad: la captura y reconfiguración de las instituciones públicas, como los ayuntamientos con todos sus recursos presupuestales, políticos y policiacos, y en algunos casos lo consiguieron con gobiernos estatales (procuradurías y policías, e incluso hasta el gobernador). Michoacán y Tamaulipas eran los estados emblemáticos de este fenómeno.
A diferencia de la corrupción tradicional por medio de la cual la organización compra la complicidad policial para operar sin riesgos, la captura y reconfiguración del Estado implica mucho más que la omisión o el silencio de los policías. Se trata, en primer lugar, del cambio de bando de los aparatos de seguridad y justicia, los cuales operan para las organizaciones criminales, se convierten en parte de ellas; las defienden combatiendo incluso a las fuerzas federales; participan activamente en las actividades delictivas en contra de la sociedad. En segundo lugar, al convertir a policías, ministerios públicos, funcionarios de diferente nivel, legisladores locales y federales y hasta gobernadores en parte de las organizaciones criminales crean redes no sólo de protección, sino de legitimación política y social del crimen organizado.
Como consecuencia de lo anterior la reconfiguración del Estado en municipios y estados anula la democracia (¿para qué elegir autoridades si luego éstas se ponen o son puestas al servicio del crimen organizado y no de la ciudadanía?) y también el Estado de derecho (la única ley en esos territorios es la que dictan los capos de las organizaciones, no las leyes del país).
¿Cómo se ha transformado el mapa de las organizaciones?
El mapa criminal actual, comparado con el de hace 10 años, registra cambios relevantes (desaparición de algunos cárteles y su fragmentación en cientos de bandas delictivas) dentro de una constante muy sólida: la permanencia del narcotráfico como una actividad muy rentable y que por tanto goza de buena salud. Tendremos narcotráfico por muchos años más. Aunque suene paradójico, ambas afirmaciones tienen sustento en la realidad.
En lo referente al negocio del tráfico de estupefacientes, lo ocurrido en esta década puede sintetizarse en una frase: producir y exportar drogas a Estados Unidos sigue siendo una actividad muy rentable, pues su demanda es sólida y creciente (ver gráfica 1), al mismo tiempo que el riesgo para las organizaciones de ser desarticuladas por las autoridades se ha incrementado como nunca lo había hecho en toda su historia.
¿Por qué afirmo que el negocio del narcotráfico se volvió mucho más riesgoso? Porque por primera vez el Estado emprendió una lucha sistemática contra las organizaciones, por un periodo y una intensidad nunca antes registrada, cuyo resultado ha sido una reconfiguración profunda de las empresas que conforman la industria —la cual, insisto, tiene mucho futuro pese a los pasos sólidos para legalizar por completo la marihuana en Estados Unidos— y la desaparición de prácticamente todos sus dueños y líderes, los que durante los últimos 25 años controlaron el negocio y se apropiaron de sus utilidades.3 Hoy hay nuevos jugadores dispuestos a correr el riesgo de usufructuar ese rentable negocio. Los rasgos de esa profunda reconfiguración son los siguientes:
• Las cinco organizaciones existentes en 2006 se volvieron siete cuando los hermanos Beltrán Leyva rompieron con El Chapo en 2008, y Los Zetas se independizaron del Golfo en 2010. De esas siete, sólo la del Pacífico se mantenía, hasta fines de 2015, como la organización más grande y sólida del narcotráfico en el país. Tijuana, el Golfo y La Familia (Los Caballeros Templarios a partir de 2010) desaparecieron como organizaciones; Beltrán Leyva, Juárez y Los Zetas redujeron su tamaño, poder y probablemente participación en el mercado de manera considerable.
• En términos generales la desaparición o reducción de las organizaciones se debió a la combinación de acciones del Estado en su contra (detención o eliminación de líderes y desarticulación de estructuras operativas) y las luchas con sus rivales. En qué proporción operó esa ecuación en cada caso debiera ser motivo de investigaciones más profundas.
• La desaparición o reducción de las organizaciones produjeron la fragmentación del crimen organizado. Ante la ausencia de información oficial, Eduardo Guerrero ha documentado una buena parte del fenómeno con la información disponible en medios y redes sociales. Hasta mediados de 2015 la base de datos de su consultora Lantia tenía registradas 208 bandas originadas en los cárteles desarticulados (ver cuadro 1).
Ante los vacíos dejados surgió una nueva organización, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), producto de la fusión de restos de la organización de los Valencia (antecesora de La Familia) y de un grupo que trabajaba con Ignacio Coronel, uno de los líderes de la organización de Sinaloa y responsable de la producción de metanfetaminas en Guadalajara, que fue asesinado por el ejército durante el operativo para detenerlo en 2010. El CJNG bajo la dirección de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, ha demostrado capacidad organizativa y de liderazgo, que junto a la experiencia adquirida en la organización de Sinaloa ha consolidado en pocos años a una organización poderosa y en expansión que tiene presencia —según NarcoData, la excelente investigación de Animal Político— en 14 estados y actualmente le disputa a Sinaloa el predominio del narcotráfico en México.
Junto a Sinaloa y al CJNG como las dos principales organizaciones del narco, operan regionalmente restos de los Beltrán Leyva en Guerrero, Sinaloa y Sonora; Juárez en esa ciudad fronteriza, los Guerreros Unidos y Los Rojos en Guerrero y Morelos. Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí son los territorios donde los fragmentos de Zetas y Golfo se disputan pedazos del negocio.
Organizaciones, nuevos conflictos y violencia
No obstante que cinco de las siete organizaciones que existían en 2010 han disminuido en tamaño, poder y participación en el mercado de la exportación de drogas (la sexta, Tijuana, parece haber desaparecido por completo), mantienen una elevada capacidad de fuego, como lo demuestra el recrudecimiento de los conflictos entre ellas. Probablemente, esa es una de las causas del incremento de los homicidios a partir de 2015, tendencia que ya revirtió prácticamente todo lo ganado en términos de la reducción de asesinatos dolosos, ocurrida entre mediados de 2011 y fines de 2014 (ver gráfica 2).
Estos serían los principales conflictos de los últimos años:
• El más relevante es el que protagonizan el CJNG y Sinaloa. El incremento de homicidios en estados o plazas controlados por la organización de El Chapo (Colima, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa) revela que ésta sufre un asedio por parte del CJNG, los Beltrán Leyva y La Línea de Juárez. Una hipótesis de esta ofensiva es que sus adversarios lo perciben débil y tratan de arrebatarle esas plazas estratégicas para el negocio. A ello se suman dos hechos en el mismo sentido. Que gente de Beltrán Leyva haya atacado el rancho de la mamá de Guzmán Loera en Badiraguato y el CJNG haya secuestrado a los hijos de El Chapo en Puerto Vallarta son señales de que los enemigos de Sinaloa le han perdido miedo a las eventuales represalias por meterse con la familia cercana de quien fuera el narcotraficante más poderoso durante varios lustros. Al parecer las condiciones del encarcelamiento de Guzmán Loera después de su recaptura en enero de 2016 no le permiten seguir dirigiendo la organización y quienes pudieran estar haciéndolo en su lugar —sus hijos, su hermano Aurelio, el Mayo Zambada o Dámaso López, el Mini-Lic.— no han demostrado la habilidad y visión estratégica de El Chapo. ¿Hay un frente unido en contra del Pacífico? ¿Estamos frente al principio del fin del predominio de Sinaloa?
• Guerrero ha sido territorio de desastre toda la década a pesar de numerosos operativos federales. A la disputa entre Sinaloa y Zetas le han seguido recientemente las luchas entre varios grupos formados de los restos de la organización de Beltrán Leyva, La Familia, Los Caballeros Templarios, del Cártel Independiente de Acapulco. La pugna entre los Guerreros Unidos y Los Rojos ha sido de las más violentas y crueles por el control de la producción y exportación de la heroína (ver gráfica 3).
• De la poderosa organización Golfo-Zetas quedan —según Lantia— cerca de 70 células muy violentas —dispersas en los estados donde han sido los amos del narco, secuestros, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de indocumentados— que se disputan a balazos (ha habido algunos intentos infructuosos de acuerdos) el control de las estratégicas plazas fronterizas de Tamaulipas, antes de que el CJNG o Sinaloa, mediante pactos con algunos de esos grupos sueltos, se queden con ellas.
Diversificación delictiva e intento de control de mercados regionales legales
La creciente fragmentación de las organizaciones criminales produce que la mayor parte de los grupos realicen actividades delictiva alternas a la producción y exportación de drogas, ya que no conservan las capacidades requeridas para ello (por ejemplo, no tienen los contactos para comprar cocaína en Colombia o los recursos para corromper a las autoridades y los contactos necesarios para garantizar su transporte, el cruce fronterizo o su venta en Estados Unidos). Las actividades más socorridas entonces son el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y el robo de hidrocarburos, actividades que suelen implicar un mayor uso de violencia.
Este último se ha incrementado de manera alarmante por ser uno de los más lucrativos. Pemex retiró de su página de internet la información, pero algunas notas periodísticas conservan datos sueltos que confirman la expansión acelerada y la elevada rentabilidad del negocio. En 2015 se detectaron cinco mil 252 tomas clandestinas en el país, mil 617 más que en 2014. En 2006 apenas eran 213 y, en 2010, mil 550.4 De ellas se extraen 27 mil barriles de gasolina y diesel diariamente, cuyo valor en el mercado era de 20 mil millones de pesos al año.5Guanajuato Tamaulipas y Puebla encabezan la lista con 968, 926 y 758 tomas, respectivamente.6 Es probable que la presencia de organizaciones criminales en Puebla y Guanajuato dedicadas al robo de hidrocarburos sea la causa del crecimiento desproporcionado de homicidios en esas entidades, sumándose a la lista de estados violentos (ver gráficas 4 y 5).
Si en materia de la diversificación de delitos patrimoniales, presente desde 2006, con los años la tendencia sólo se ha intensificado por el crecimiento de las bandas, a partir de 2011 se registra un fenómeno nuevo en la búsqueda de nuevas rentas. Se trata del intento de controlar actividades económicas legales. Han sido los casos de Los Caballeros Templarios en Michoacán de apropiarse las concesiones mineras que producen el mineral para la siderúrgica de Lázaro Cárdenas o los ranchos limoneros de la Tierra Caliente para controlar el mercado regional de ese producto. En Coahuila Los Zetas también invirtieron en minas de carbón y hierro y en Tampico se han apoderado de empresas y embarcaciones pesqueras. Se trata de un fenómeno que no sólo les produce más ganancias a los criminales, sino que trastoca por completo la vida económica de las regiones afectadas, ya que los pequeños o grandes empresarios y productores agropecuarios, para sobrevivir, tienen que someterse y volverse “socios” de las organizaciones delictivas y a sus reglas, lo que anula el Estado de derecho y “normaliza” el Estado mafioso. Evidentemente que este fenómeno requiere de ser investigado más a fondo.
La captura del Estado
Es difícil disponer de evidencias sólidas y contundentes de los diferentes grados de captura y reconfiguración de las instituciones. En la mayor parte de los casos de lo que se puede disponer son de indicios que revelan la voluntad de las organizaciones criminales de lograr esa captura de los ayuntamientos a través de la intimidación —la famosa ley de plata o plomo— que en numerosos casos dejó de ser una amenaza para hacerse real. La Asociación de Autoridades Locales de México tiene registrados un total de 85 asesinatos de funcionarios de ayuntamientos (alcaldes, regidores, síndicos, ex alcaldes, alcaldes electos) entre 2006 y 2016. En cuanto al sometimiento de las instituciones y su puesta al servicio del crimen es muy difícil tener las evidencias. No obstante, en algunos casos se ha tenido. La famosa “videoteca” de La Tuta, jefe de Los Caballeros Templarios, que grababa las entrevistas que tenía con alcaldes y funcionarios estatales (incluidos el secretario general de gobierno y el hijo del gobernador) en las que les daba órdenes o le era informado de acciones que realizaría el gobierno federal, confirman lo extendido de ese fenómeno en Michoacán (incluso se puede especular, por los personajes involucrados del gobierno estatal, que se trataba de establecer un “pacto de convivencia”, como los del siglo pasado) pero no era el único estado en donde se presentaba.
Detrás del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido en Guerrero en septiembre de 2014 —escándalo nacional e internacional— estaba la captura y reconfiguración de los municipios de Iguala y Cocula. Las policías municipales obedecían órdenes sin chistar de la organización asesina, los Guerreros Unidos; los vínculos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa con los jefes de la organización están bien documentados; ella es hermana de dos capos de la organización de los Beltrán Leyva, de la cual surgieron los Guerreros Unidos. Con menos difusión pero en 2011, la policía de San Fernando, Tamaulipas, ayudó a Los Zetas a trasladar a jóvenes michoacanos secuestrados de autobuses que se dirigían de Morelia a Matamoros para llevarlos a un rancho donde eran asesinados. Averiguar con más precisión la dimensión y profundidad de este fenómeno debiera ser una de las prioridades de los órganos de inteligencia del Estado.
La indefensión de las autoridades locales (condición básica para su captura) es producto de la debilidad de las instituciones de seguridad y justicia en los tres ámbitos de gobierno. Hay municipios donde el número de sicarios duplica o triplica el de los policías. Por eso, la solución de fondo de los procesos de captura de instituciones implica fortalecer policías, ministerios públicos, poderes judiciales y sistemas carcelarios. La tragedia del país es que esos procesos van muy lentos e incluso algunos están detenidos. Si la voluntad de transformar esas instituciones se puede observar en el presupuesto asignado a las áreas de seguridad y justicia, dos gráficas son elocuentes. Hubo un esfuerzo serio de cubrir rezagos y faltantes entre 2005 y 2013. A partir de entonces el presupuesto cae y se estanca (ver gráfica 6).
Y los apoyos de la federación a estados y municipios tienen la misma tendencia, pero con el agravante de que la caída para 2017 será de 25%, justo donde más hace falta: las policías locales (ver gráfica 7).
El descuido reciente en materia de fortalecimiento de las policías locales no es sólo presupuestal. Desde que en 2010 los legisladores del PRI frenaron en el Congreso la iniciativa del entonces presidente Calderón para crear el mando único entre policías estatales y municipales, no se ha resuelto el problema la distribución de responsabilidades entre los tres ámbitos de gobierno en materia de seguridad, considerando la ineficacia del diseño actual. El presidente Peña tardó dos años en enviar una iniciativa al respecto que al momento del cierre de la revista no se había aprobado en la Cámara de Diputados. Seis años perdidos.
Conclusiones provisionales para el debate
Después de este apretado repaso, las preguntas pertinentes son: ¿hemos o no avanzado en el combate al crimen organizado?, ¿estamos mejor, igual o peor que hace 10 años? De bote pronto y a la luz de los datos sobre la cantidad de organizaciones criminales operando por el territorio nacional y las cifras de homicidios y otros delitos, las respuestas obvias e inmediatas no pueden ser positivas. Sin embargo, es necesario profundizar en el problema y las respuestas.
¿Cuál es o debe ser el objetivo del Estado en materia de crimen organizado y seguridad? Si éste es terminar con el narcotráfico, el fracaso es rotundo y lo seguirá siendo muchas décadas más, ya que al permanecer y crecer la demanda de drogas en Estados Unidos habrá empresas criminales en México que se arriesguen a satisfacerla. Así de simple. Podrá legalizarse la marihuana en un plazo relativamente corto (ojalá y sea lo más rápido posible) y eso ayudará, pero no resolverá el problema ya que no hay en el horizonte un movimiento fuerte, en ninguna parte del mundo, que impulse la legalización de las llamadas drogas duras (cocaína, heroína y metanfetaminas) que son más rentables que la marihuana. Así que en México seguirá habiendo narcotráfico.
Entonces ¿a qué se puede y debe aspirar en materia de combate al crimen organizado? Un objetivo realista y ambicioso a la vez, sería —es una sugerencia—que el Estado tenga la capacidad real de imponerle a las organizaciones criminales un conjunto de reglas muy estrictas sobre lo que les es permisible y tolerable. No se trata, que quede muy claro, de negociar con ellas un pacto al viejo estilo de la relación entre narcos y la Federal de Seguridad, que intercambiaba permisividad del Estado (impunidad) por “civilidad” de los criminales (violencia reducida y no consumo interno). No. Se trataría de la imposición de “reglas o normas” decididas unilateralmente por el Estado, por la vía de la aplicación de la ley de manera rigurosa, impecable e implacable a las organizaciones que no las cumplan.
Por ejemplo, la persecución estatal será prioritaria para acabar con las organizaciones más grandes o las más violentas, o las más expoliadoras de la sociedad, o las que capturan más municipios. Y si el Estado tiene las capacidades reales (inteligencia, grupos operativos eficaces, procesos judiciales confiables y apegados a derecho, cárceles sin corrupción) para castigar severamente a las organizaciones que tengan esas características, los criminales ajustarán sus estrategias y conductas.
Desde esa perspectiva y objetivo lo ocurrido en la década analizada sí registra un avance. Las capacidades del Estado mexicano para perseguir y desarticular a las grandes organizaciones del narcotráfico se han incrementado significativamente. Aunque la industria del narcotráfico mundial permanece —ello no depende de México— los jugadores en México saben que ya no son intocables y que el riesgo de ser detenidos o “abatidos” se han incrementado de manera exponencial. De los 37 líderes históricos del narco a partir de los noventa sólo uno —el Mayo Zambada— vive y está en libertad; de los nuevos, también muchos han caído. De las siete poderosas organizaciones de entonces sólo queda como tal la de Sinaloa y parece que sus mejores tiempos están pasando. Hay una nueva, CJNG, que sabe (después de la persecución de la que ha sido objeto a raíz del helicóptero del ejército que derribó en mayo de 2015) que si quiere subsistir tendrá que adaptarse a las reglas que establezca el Estado.
Para dimensionar este logro debe recordarse que el narcotráfico operaba a plena luz del día; que Miguel Ángel Félix Gallardo —máximo líder del narco en los ochenta— era figura pública, consejero de un banco, operaba en un despacho conocido en Mazatlán y nadie lo perseguía; que el Nuncio apostólico recibía y confesaba a los Arellano Félix y no pasaba nada; que los cárteles tenían duración de décadas. Eso se acabó. Los Zetas, esa poderosísima y violenta organización —que construyó una federación de organizaciones criminales en más de 15 estados, que planeaba y ejecutaba masacres como la de Allende, Coahuila, y las de San Fernando, Tamaulipas— fue desmantelada en cuatro años, una vez que el Estado se lo propuso. En otras palabras, comienza a haber una relación entre el tamaño o la escala de la organización y su nivel de violencia, con el riesgo a ser perseguida y desmantelada por el Estado. Eso es un avance y no menor, si se sostiene.
Pero es claramente insuficiente. Porque la desarticulación de las grandes organizaciones degeneró en la formación de cientos de bandas muy violentas y depredadoras, sin que el Estado haya avanzado con la velocidad y en la profundidad necesarias para enfrentar el reto de seguridad pública —ya no de seguridad nacional— que representan. Esa ha sido una de las omisiones más graves y costosas cometidas por la clase política actual —no sólo en el ámbito federal, sino también en los estados, donde la mayoría de los gobernadores han evadido irresponsablemente el problema— en los últimos seis años: no haberle dado prioridad política ni presupuestal al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en los estados y municipios. Garantizar la seguridad ciudadana —a fin de cuentas, ese es el objetivo que le interesa a la sociedad— no se logrará con las instituciones que tenemos en la actualidad. El rumbo está marcado y aunque algo se ha avanzado aún falta mucho camino por andar.
Fuente.-
