Omar García Harfuch confirmó públicamente 23 agresiones con explosivos en Zacatecas durante la actual administración federal: seis fueron perpetradas mediante vehículos. La más reciente fue un atentado contra la comandancia de Ojocaliente.
Sin embargo, no evidencia pública suficiente para sostener que todos los responsables de los 23 casos estén detenidos; el propio funcionario dijo que continuaban las labores para localizar y capturar a los demás.
El epicentro más reciente de esa escalada fue Ojocaliente. La noche del 30 de agosto, un vehículo cargado con alrededor de 200 kilos de explosivos estalló frente a la comandancia de la Policía Municipal; el saldo fue de 11 personas lesionadas y daños en viviendas y vehículos cercanos.
La autoridad federal vincula el ataque con la confrontación territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico o de Sinaloa.
Harfuch dijo que el uso de explosivos está “muy focalizado” y lo atribuyó principalmente al CJNG. También aseguró que se ha detenido a quienes colocan esos artefactos. Pero su propia frase contiene el matiz que impide convertir esa afirmación en una victoria definitiva: las corporaciones federales y locales “estamos trabajando en la ubicación y la detención de los demás”. Es decir, reconoce que la estructura criminal no está desarticulada y que aún hay responsables fuera del alcance de la justicia.
En el caso de Ojocaliente, sí existe una base verificable para afirmar que hubo detenciones: las autoridades reportaron la captura de Juan Pedro “N”, señalado como presunto responsable principal de colocar los explosivos, además de Hipólito “N” y Miguel “N”, a quienes se atribuyen labores de vigilancia vinculadas con la agresión.
A Juan Pedro “N” le habrían asegurado una granada, un artefacto explosivo improvisado, cartuchos, cargadores, droga, ponchallantas y un vehículo. Sin embargo, son detenidos y presuntos implicados, no culpables sentenciados; hasta ahora, la información pública disponible no acredita condenas judiciales ni permite asegurar que la autoridad haya capturado a todos los operadores de los 23 ataques.
Qué está comprobado
- Zacatecas acumula 23 agresiones con explosivos durante la presente administración federal; seis se cometieron con vehículos.
- El ataque de Ojocaliente ocurrió contra una comandancia municipal y habría empleado aproximadamente 200 kilos de explosivos.
- La agresión dejó 11 personas lesionadas.
- Se reportaron tres detenidos relacionados con el caso de Ojocaliente: Juan Pedro “N”, Hipólito “N” y Miguel “N”.
- La indagatoria continuaba abierta y las autoridades admitían estar buscando a más participantes.
Qué no está demostrado
- Que los 23 ataques hayan sido esclarecidos uno por uno.
- Que todos sus autores materiales, mandos, financistas y proveedores de explosivos estén presos.
- Que exista ya una sentencia firme contra los tres detenidos de Ojocaliente.
- Que la atribución al CJNG haya sido probada judicialmente en la totalidad de los casos; por ahora se trata de la línea y atribución oficial de seguridad.
¿Son terroristas?
En el lenguaje político y periodístico, un coche bomba contra una comandancia, con una carga de 200 kilos de explosivos y daños en población civil, tiene una finalidad evidentemente intimidatoria: demostrar capacidad de fuego, sembrar miedo, castigar a la autoridad y disputar control territorial. Eso explica que se abra el debate sobre narcoterrorismo.
El artículo 139 del Código Penal Federal contempla terrorismo cuando alguien usa explosivos u otro medio violento contra bienes, servicios o personas y produce alarma, temor o terror, con el propósito de atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o particular para obligarlo a tomar una determinación.
Por tanto, la conclusión responsable es esta: los hechos podrían encuadrar en la hipótesis penal de terrorismo, pero no basta llamarlos “terroristas” para que jurídicamente lo sean. La Fiscalía tendría que acreditar, caso por caso, no sólo la explosión y el daño, sino el propósito específico exigido por la ley: presionar u obligar a la autoridad, o atentar contra la seguridad nacional. Hasta donde llega la información pública revisada, el gobierno ha hablado de células del CJNG, disputa territorial y agresiones con explosivos; no ha informado que haya judicializado formalmente estos casos bajo el delito federal de terrorismo.
No fue un incidente aislado ni una “agresión focalizada” menor:fueron 23 ataques con explosivos en Zacatecas. Harfuch puede exhibir tres capturas en Ojocaliente, pero no presentar como asunto resuelto una cadena de atentados cuya propia autoridad reconoce que sigue investigando.
Si un cártel coloca coches bomba frente a instalaciones policiales, usa cientos de kilos de explosivos y deja una estela de miedo entre civiles, la discusión ya no es semántica: México debe explicar por qué esa violencia todavía se administra como estadística criminal y no se persigue, con todas sus consecuencias, como una estrategia de terror.
Con información: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: