La percepción generalizada, de que las declaraciones de las autoridades bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal,con respecto al combate a la corrupción en Tamaulipas son repetitivas y reflejan un claro fracaso institucional está respaldada por datos y análisis periodísticos recientes.
Desde octubre de 2022, con el cambio de administración estatal, el Gobierno “humanista y trasformador” en voz de diferentes actores y “actrices” han prometido resultados con acciones contundentes, pero los indicadores muestran una realidad distinta y ya transcurrieron desde el 1 de octubre de 2022 a la fecha , 973 días, 09 horas y 02 minutos en que la administración anuncio la detección de daños al erario y la presentación de múltiples denuncias , los resultados concretos son desoladores, pero abundantes en saliva, mucha saliva.
Declaraciones escurren fracaso
En síntesis, las promesas y declaraciones oficiales desde octubre de 2022 “escurren y chorrean fracaso” porque, a pesar de los anuncios de mas anuncios, los resultados reales en materia de judicialización y sanción de casos de corrupción siguen siendo mínimos y poco satisfactorios para la sociedad tamaulipeca,mientras el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL se dirige al ocaso.
La ecuación se torna peor: lentitud y corrupción, dos caras de la misma moneda
La crisis en la procuración de justicia en Tamaulipas no solo se agrava por la opacidad y los intereses políticos, ademas de la complicidad manifiesta,tambien por la preocupante lentitud institucional que, lejos de ser solo un defecto administrativo, se convierte en una forma de corrupción.
Es una estrategia que perpetúa la impunidad y protege a quienes temen rendir cuentas. Cuando el aparato de justicia se mueve a paso de tortuga, cuando los procesos se alargan y los expedientes duermen el sueño de los justos, no estamos ante simples fallas administrativas: estamos frente a una corrupción institucionalizada que se disfraza de burocracia.
La designación Jesús Govea Orozco
Pero la ecuación se torna peor cuando quien nuevamente nos habla de “ya casi o ya mero”, es un ex-recluso del penal federal de La Palma por delincuencia organizada que es impulsado por los mismos actores políticos que han hecho de la justicia un botín: Américo Villarreal y Tania Contreras.
La sociedad tamaulipeca merece algo más que promesas y simulaciones. La justicia retrasada es justicia negada. Y en Tamaulipas, la lentitud en el combate a la corrupción es, en sí misma, una forma de corrupción. Porque proteger a los corruptos de los “Vientos de cambio” con demoras, omisiones y dilaciones es tan grave como encubrirlos abiertamente.
No basta con señalar nombres o dar cifras,ni con esperar a que los procesos se destraben por sí solos. Hay que denunciar que la lentitud también es corrupción, pero ademas que los que estan al frente de la anticorrupción no pueden ser ex-acusados de corruptos, deben estar libres de sospecha, qu representen un verdadero cambio, no una continuidad de las mismas prácticas que han hundido a Tamaulipas en la desconfianza y la impunidad.
La lentitud institucional se convierte en el mejor aliado de la corrupción. No hay peor justicia que la que nunca llega.
La sociedad exige respuestas y resultados, no más excusas ni maniobras dilatorias. Porque la corrupción no solo se perpetúa por la acción de unos cuantos, sino por la inacción y la lentitud de quienes deberían combatirla.
El anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) de que el escrutinio y conteo de votos para la inédita elección judicial tomará hasta 10 días envía, más allá de la justificación oficial, varios mensajes negativos y preocupantes sobre el proceso, su diseño y sus posibles consecuencias.
Mensaje negativo entre líneas del escrutinio de 10 días en la elección judicial
1. Desconfianza en la capacidad operativa y transparencia
Aunque el INE insiste en que el proceso será íntegro y transparente, el hecho de que el conteo tome 10 días, cuando en elecciones federales ordinarias los resultados preliminares se conocen la misma noche y los oficiales en pocos días, puede interpretarse como una señal de falta de preparación, eficiencia o incluso de opacidad.
La ausencia de resultados preliminares y la demora en los definitivos alimentan la percepción de que algo se oculta o que el proceso podría ser manipulado durante ese extenso lapso.
2. Complejidad excesiva y riesgo de errores
El propio INE reconoce que la elección es compleja por la cantidad de boletas, cargos y candidatos. Esta complejidad, sumada al inédito método de escrutinio en consejos distritales y no en casillas, incrementa el riesgo de errores humanos, confusiones y votos nulos, lo que puede provocar frustración, desconfianza y hasta desmovilización ciudadana. Además, la falta de experiencia en este tipo de procesos puede derivar en inconsistencias que tarden aún más en resolverse.
3. Alejamiento del escrutinio ciudadano
El conteo de votos ya no lo harán los ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla, sino en los consejos distritales por personal designado, lo que se percibe como un retroceso democrático y una reducción del control social directo sobre el proceso. Esto puede interpretarse como una medida que resta legitimidad y abre la puerta a suspicacias sobre la manipulación de los resultados.
4. Falta de certeza y posible judicialización
El INE ha advertido que los resultados que se publiquen serán definitivos, pero no indicarán de inmediato qué candidaturas ganaron, ya que primero se revisará el cumplimiento de requisitos de elegibilidad (paridad, “8 de 8 contra la violencia”, derechos políticos, etc.). Esto anticipa un escenario de incertidumbre y posibles impugnaciones masivas, pues los ajustes de última hora pueden ser vistos como decisiones discrecionales o arbitrarias que vulneran la voluntad popular.
5. Exclusión y desigualdad
El proceso deja fuera a sectores históricamente marginados, como personas privadas de la libertad sin sentencia y mexicanos en el extranjero, quienes en elecciones ordinarias sí pueden votar. Además, la delimitación de los distritos judiciales no es proporcional al padrón electoral, lo que genera desigualdad en el peso del voto según la región.
6. Simulación de legitimidad democrática
Aunque se presume que la elección acerca el Poder Judicial al pueblo, la falta de información sobre los candidatos, la complejidad del proceso y la exclusión de sectores clave (como personas sin sentencia) sugieren que la legitimidad buscada es más simbólica que real. El pueblo, en este contexto, se convierte en una “creación imaginaria”, mientras las decisiones de fondo siguen en manos de élites políticas y administrativas[4][7].
¿Qué provoca este mensaje negativo?
Desconfianza en la imparcialidad y transparencia del proceso.
Mayor riesgo de impugnaciones, judicialización y polarización política.
Desmovilización o apatía ciudadana ante la percepción de que el proceso es complejo, poco claro y potencialmente manipulado.
Sensación de que la reforma judicial es más un ejercicio de simulación democrática que una verdadera apertura al control ciudadano.
En suma, el escrutinio extendido a 10 días, lejos de fortalecer la confianza, deja entrever problemas estructurales, improvisación y riesgos que pueden minar la legitimidad del proceso y del propio Poder Judicial que surja de él.
La elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación en México ha sido calificada como un fraude democrático por diversos actores políticos, analistas y organizaciones civiles, quienes argumentan que el proceso está viciado de origen y que su diseño favorece intereses políticos sobre los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
Razones por las que se considera un fraude democrático
1. Falta de consenso y origen partidista La reforma que permitió esta elección fue aprobada sin diálogo democrático ni consenso con la oposición. Fue impulsada y avalada únicamente por el partido en el poder, utilizando el aparato estatal para bloquear a la oposición e incluso corromper a legisladores para asegurar la mayoría necesaria.
2. Selección opaca y parcial de candidatos El proceso de selección de aspirantes estuvo plagado de irregularidades: nombres duplicados, datos incompletos, candidatos que no cumplían requisitos legales y otros que, a pesar de cumplirlos, fueron excluidos sin criterios claros. La mayoría de los seleccionados son afines al partido oficialista, Morena, incluyendo exfuncionarios y personas cercanas al gobierno.
3. Riesgo de infiltración del crimen organizado Se han documentado denuncias sobre aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado, a quienes el INE no puede excluir por limitaciones legales. Esto pone en riesgo la independencia judicial y abre la puerta a la corrupción y la captura de las instituciones por intereses ilícitos.
4. Manipulación y coacción del voto Se han reportado prácticas como la entrega de “acordeones” para inducir el voto a favor de candidatos del oficialismo, uso de recursos públicos y movilización de servidores de la nación para promover el voto dirigido, violando los principios de equidad y transparencia electoral.
5. Inequidad y simulación democrática La distribución de casillas es menor a la de elecciones ordinarias y el valor del voto no es igual en todas las regiones. Además, sectores como personas privadas de la libertad sin sentencia y mexicanos en el extranjero fueron excluidos, lo que limita la representatividad y la legitimidad del proceso.
6. Falta de transparencia y certeza El conteo de votos se realizará en consejos distritales, no en casillas, y los resultados definitivos se conocerán hasta 10 días después, sin resultados preliminares. Esto genera sospechas de manipulación y falta de vigilancia ciudadana directa, debilitando la confianza pública en el proceso.
7. Simulación de participación ciudadana Aunque se promueve como una elección ciudadana, en realidad el control del proceso y la selección de candidatos estuvo en manos de comités afines al gobierno, por lo que la ciudadanía no tiene una verdadera capacidad de decisión sobre quiénes integrarán el Poder Judicial.
Conclusión
Por todas estas razones, diversos sectores han calificado la elección judicial como una simulación democrática y un fraude, pues lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo somete a los intereses del gobierno y pone en riesgo la imparcialidad, la legalidad y la confianza en las instituciones de justicia.
La dinamica de un “levanton” en Tamaulipas,perpetrado por el crimen autorizado,ya sean “Golfos o Zetas”, es muy simple,ademas de descarada y participa el gobierno, pero únicamente cuando considera que las victimas le “merecen la pena de pedir un favor a sus amigos y cómplices en los Carteles”.
Asi ocurrió en Nuevo Laredo con el alcalde de Guerrero Coahuila,levantado a su paso por esta ciudad por Zetas en Octubre 14 de 2022,intervendria enseguida el abogado Juan Pablo Penilla,entonces asesor de Americo Villarreal y abogado intermediario de las ordenes de Miguel Angel Treviñ1o,el Zeta-40 y enseguida los zetas lo liberaron.
Asi ocurrió en Matamoros en marzo de 2023 con el plagio de estadounidense y luego en Rio Bravo con migrantes en enero de 2024, bajo la misma estrategia mañosa de rescate, el gobernador le llama al Fiscal,el Fiscal a su comisario Olegario Contreras con acceso directo a la “maña” y deciden entre todos con darle la mano a uno y soltárselas a otros,quien debe morir ,con tan solo no llamar o hacerlo tardiamente.
“Unos sí y otros no”
Es mas reciente caso de aquellos que si sobreviven, se dio recientemente tras el plagio de un Guardia Estatal en Nuevo Laredo.
Caso reciente contrastante: Días antes, en Nuevo Laredo, un policía estatal y nueve miembros de su familia fueron secuestrados por hombres armados, pero posteriormente liberados ilesos, no se aclaró el móvil ni las razones de su liberación y del criterio selectivo en medio de negociaciones, mensajes de autoridades y los acuerdos no oficiales— en la actuación de los grupos criminales.
Patrón de impunidad y colusión: Tamaulipas ha sido escenario de múltiples denuncias sobre colusión entre autoridades y el crimen organizado tacitamente autorizado y politizado.
El caso de los cinco músicos de Reynosa ilustra la dinámica de violencia selectiva en Tamaulipas: mientras algunos secuestrados son liberados sin explicación, otros, como el Grupo Fugitivo, terminan asesinados.
La sociedad tamaulipeca, atrapada entre la impunidad y la inseguridad, difícilmente obtendra respuestas claras y justicia bajo el contexto actual ,un gobernador,el Fiscal y su policia ligados todos al crimen organizado,dificultan la esperanza de un esclarecimiento pleno y transparente,pero lo que si queda claro es que ellos deciden quien vive y quien muere,no el crimen autorizado políticamente organizado.
El Secretario de Seguridad de N.L, Gerardo Escamilla,experto en pretextos, ahora justifica el repunte de homicidios culpando a la liberación de presuntos generadores de violencia por parte de jueces federales.
Además, es relevante recordar sus declaraciones previas, como sugerir a los ciudadanos evitar ciertas carreteras por la violencia o atribuir el aumento de asesinatos al calor, lo que revela una tendencia a buscar explicaciones externas a la gestión propia.
Análisis Crítico de los Argumentos de Gerardo Escamilla
1. Desplazamiento de Responsabilidad
Argumento oficial: Escamilla culpa a jueces federales por la liberación de presuntos delincuentes y el repunte en homicidios.
Contraargumento:
Falta de autocrítica: El funcionario omite analizar si las detenciones fueron sólidas y bien fundamentadas, o si la falta de pruebas o errores procesales permitieron la liberación. Si las capturas no se sostienen ante un juez, la falla es de la autoridad investigadora, no del Poder Judicial.
Justicia y debido proceso: Los jueces están obligados a liberar a personas cuando la Fiscalía no acredita debidamente su responsabilidad. Exigir que el Poder Judicial actúe como brazo ejecutor de la policía es peligroso y contrario al Estado de derecho.
2. Estadísticas y Narrativa Inconsistente
Argumento oficial: Presume que mayo tiene la cifra más baja de homicidios en el año, pero señala un repunte por las liberaciones recientes.
Contraargumento:
Manipulación de datos: Destacar una reducción anual y, a la vez, alarmar por un repunte puntual es una estrategia para distraer de la tendencia general y justificar la falta de resultados estructurales.
Falta de transparencia: No se ofrecen detalles sobre las liberaciones, los casos concretos ni las pruebas presentadas, lo que impide una evaluación objetiva de los hechos.
3. Explicaciones Simplistas y Falta de Estrategia Integral
Antecedentes: Escamilla previamente recomendó a la ciudadanía evitar ciertas carreteras por inseguridad y atribuyó el aumento de asesinatos al calor.
Contraargumento:
4. Llamado al Poder Judicial: ¿Colaboración o Presión?
Argumento oficial: Escamilla pide mayor coordinación con el Poder Judicial.
Contraargumento:
Riesgo de presión política: El llamado puede interpretarse como una presión indebida para que los jueces fallen conforme a intereses políticos y no a derecho.
Separación de poderes: La colaboración interinstitucional es necesaria, pero no puede implicar la subordinación del Poder Judicial a la agenda de seguridad del Ejecutivo.
Conclusión
El Secretario Escamilla recurre sistemáticamente a argumentos externos para justificar la ineficacia de su gestión: culpa a jueces, al clima y a la ciudadanía, en vez de asumir responsabilidad institucional y corregir fallas estructurales en prevención, inteligencia y procuración de justicia. Esta narrativa evasiva debilita la confianza pública y perpetúa la impunidad.
Preguntas clave para el funcionario:
¿Cuántas de las detenciones realizadas por Fuerza Civil han resultado en sentencias condenatorias?
¿Qué acciones concretas se han tomado para fortalecer la integración de carpetas de investigación?
¿Cuál es el plan para garantizar la seguridad en todas las carreteras y zonas conflictivas?
¿Qué mecanismos de evaluación y rendición de cuentas existen para la Secretaría de Seguridad?
El asesinato de 4 integrantes del Grupo Fugitivo y su representante en Reynosa, Tamaulipas, que es atribuido a una célula criminal denominada “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo (CDG) comanda por Ulises Raga Ortiz, alias “El Fayuca” o “M-40”, no es el unico que deberia ser acusado del múltiples asesinato,tambien su Jefe el ex-militar Carlos Humberto Acuña de los Santos,apodado el “Comandante Mono y Cesar Morfin Morfin, alias “Primito”,esto de acuerdo con la Ley contra la Delincuencia Organizada,aunque hay esfuerzos del gobierno de Americo Villarreal,por dejarlos legalmente a salvo.
Las investigaciones oficiales,por cierto a cargo de la Fiscalia “manchada” de Tamaulipas,a cargo de Irving Barrios Mojica y el Comisario Genera,Olegario Contreras con curricula de secuestrados,todos bajo responsabilidad del gobierno multiacusado de Morena y Americo Villarreal,deben verse con recelo y profunda duda, dados los antecedentes de colusión de todos.
De acuerdo a los trascendidos,las versiones apuntan a un problema generado por una fémina en un bar que detono la muerte de uno de los jovenes músicos y que degenero en el levanton del resto que finalmente habrían sido calcinados en un sitio de exterminio operado por el crimen organizado.
¿Por qué la acusación bajo la Ley de Delincuencia Organizada no se limita a Ulises Raga?
1. Naturaleza colectiva de la delincuencia organizada
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México establece que no solo es responsable quien ejecuta materialmente un delito, sino también quienes forman parte de una organización criminal que planifica, ordena o facilita la comisión del ilícito. En este caso, la ejecución de los músicos no fue un acto aislado, sino una acción coordinada por una célula del CDG, con mando y estructura jerárquica clara.
2. Responsabilidad de los mandos superiores
En organizaciones criminales, la responsabilidad penal se extiende a los líderes y jefes de la estructura, aunque no hayan participado directamente en el hecho material. Así, si Ulises Raga (M-40) fue el autor intelectual y responsable operativo, el jefe inmediato superior, identificado como Carlos Humberto Acuña De los Santos,alias el “Comandante Mono y su jefe César Morfín, alias “El Primito”, también pueden y deben ser acusados bajo la ley, pues son quienes dirigen la “orquesta” criminal que también dirige a las autoridades”, es decir, toman las decisiones, dan órdenes y controlan a los subordinados que ejecutan los crímenes, de la misma manera con que ordenaron al gobierno ir contra algunos de los imputados con carácter de inocentes.
3. Ejemplo de aplicación: cadena de mando criminal
La acusación bajo la ley de delincuencia organizada se fundamenta en la existencia de una cadena de mando y la ejecución de delitos como parte de un plan o política criminal. El hecho de que el crimen haya sido cometido por varios integrantes de una célula, con recursos logísticos (armas, vehículos, sitio de exterminio), y que haya habido nueve detenidos ligados a la misma estructura, refuerza la hipótesis de que se trató de una acción orquestada y no de un acto individual.
4. La figura de “jefes de la orquesta”
El jefe de la célula, en este caso “El Primito y el Comandante Mono”, son responsable penal y legalmente porque son quienes dirigen las actividades ilícitas, asignan tareas y mantienen el control sobre los miembros. Aunque no hayan disparado un arma ni estado presente en el lugar, su papel directivo lo hace corresponsable de los delitos cometidos por sus subordinados, según la ley mexicana y los criterios de persecución penal de la delincuencia organizada.
Resumen comparativo: Responsabilidad en delincuencia organizada
Rol en la organización
Responsabilidad penal bajo la ley
Autor material (ejecutor directo)
Responsable directo del delito y de delincuencia organizada
Autor intelectual (planeador, como Ulises Raga)
Responsable por ordenar o planear el crimen, bajo la ley de delincuencia organizada
Jefe o líder superior (como César Morfín “El Primito”)
Responsable por dirigir la estructura, ordenar o permitir los delitos dentro de la organización
Conclusión
Bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, tanto Ulises Raga (por su rol de autor intelectual y líder operativo) como Carlos Humberto Acuña De los Santos,alias “Comandante Mono” y César Morfín “El Primito” (por su posición de mando superior) pueden ser acusados por el multihomicidio de los músicos, ya que la ley sanciona no solo a quienes ejecutan el delito, sino a toda la estructura criminal que lo permite, ordena o facilita. La responsabilidad penal se extiende a quienes “dirigen la orquesta”, pues sin su liderazgo y control, el crimen no podría haberse cometido de manera coordinada y con los recursos de una organización criminal.
Por que desconfiar del Fiscal de Cabeza de Vaca,ahora complice de Americo
El llamado “michoacanazo” (2009) —operativo orquestado por Irving Barrios Mojica durante el gobierno de Felipe Calderón— es un antecedente clave para cuestionar la imparcialidad de sus investigaciones como Fiscal de Tamaulipas. Este episodio, junto a su historial posterior, evidencia un patrón de fabricación de pruebas, según documentos y testimonios recabados en fuentes periodísticas y judiciales.
Contexto del “michoacanazo”
Acciones realizadas: En mayo de 2009, Barrios Mojica coordinó la detención de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios estatales y un juez en Michoacán, acusados de narcotráfico. El operativo fue ejecutado por el Ejército y la Policía Federal.
Resultado: Todos los detenidos fueron absueltos al demostrarse que las acusaciones carecían de sustento. El caso fue descalificado como un montaje político para criminalizar a gobiernos opositores al entonces presidente Calderón.
Métodos cuestionables: Barrios Mojica utilizó testigos protegidos con beneficios ilegales (como José Salvador Puga, “El Pitufo”) para fabricar declaraciones falsas contra los acusados, el “Pitufo” moriria después en Texas.
Impacto en su credibilidad como Fiscal de Tamaulipas
Irregularidades en casos emblemáticos:
Feminicidio de Pilar Garrido: Condenó a Jorge Fernández González a 47 años de prisión con pruebas circunstanciales y testimonios manipulados. Un tribunal federal ordenó reponer el proceso por violaciones al debido proceso, pero la Fiscalía de Tamaulipas no ha actuado.
Asesinato de perioistas en Nuevo Laredo (2018): Acusó injustamente a tres comunicadores de participar en un homicidio. Dos fueron absueltos por falta de pruebas, y el tercero murió en prisión.
Vínculos con estructuras de poder:
Cercanía con Genaro García Luna: Académicos como Guadalupe Correa Cabrera lo señalan como “el Genaro de Cabeza de Vaca”por su historial de sembrar pruebas y proteger intereses políticos, similar a las prácticas del exsecretario condenado en EU.
Blindaje legal: Reformas constitucionales en Tamaulipas extendieron su mandato hasta 2027 y facilitaron su inamovilidad, avaladas por la SCJN en 2023.Aun asi se especula su salida esta próxima,se va impune y con las alforjas llenas.
Repercusiones actuales
La desconfianza hacia Barrios Mojica se agudizó en 2023 al asignársele el caso del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, donde dos fueron asesinados. Expertos y víctimas de sus procesos previos exigen su destitución, argumentando que sus investigaciones están viciadas por métodos ilegales y sesgos que pretenden siempre ayudar a la delincuencia organizada.
En síntesis, el “michoacanazo” no fue un hecho aislado, sino la piedra angular de un modus operandi que ha marcado la trayectoria de Barrios Mojica, erosionando la credibilidad de la Fiscalía de Tamaulipas y generando dudas sobre la imparcialidad en casos de alto impacto, donde siempre, como en el caso de los músicos de Reynosa,el objetivo es AYUDAR al CRIMEN ORGANIZADO.
